Privatizadores carentes de argumentos
“Pemex y el petróleo pertenecen a los mexicanos”, dijo Germán
Martínez, presidente del PAN. Pero todos sus alegatos consisten en un
grosero discurso de adjetivos y la insistencia en contravenir la
Constitución mediante sesgada interpretación privatizadora. El PAN
no tiene elementos para defender las iniciativas de Calderón, mismas que
deben ser retiradas del debate.
Martínez no ha leído las iniciativas
En su comparecencia al Foro sobre la
Reforma Energética del 13 de mayo, el presidente nacional del PAN dijo
que “Queremos hacer de PEMEX un instrumento efectivo del desarrollo del
país ... Queremos con claridad de propósito y con la mirada puesta
en el mañana, sin nostalgias ancladas en falsos tabúes, fortalecer
a Petróleos Mexicanos ... PEMEX y el petróleo pertenecen a los
mexicanos, y así se mantendrán”. Hueco discurso en apoyo a
la privatización de Pemex.
Martínez señaló
que “El gobierno del Presidente Calderón y el Partido Acción
Nacional nunca han pretendido la transferencia a particulares de los activos,
bienes o del dominio sobre la renta petrolera”. ¡Caray! Se necesita
ser cara dura porque las iniciativas de reformas a la legislación
petrolera secundaria, precisamente, proponen el otorgamiento de concesiones y
contratos a los particulares en materia de hidrocarburos, hecho expresamente
prohibido por la Constitución.
“Miente quien afirma que el
Presidente o el PAN queremos convertir a PEMEX en una empresa privada. Miente
quien afirma que queremos venderla al capital extranjero”. Bueno, el que
miente es el panista. Basta leer las iniciativas presentadas al Senado para
notar la incongruencia entre el discurso y las propuestas. Obviamente,
también hay manejo manipulador. Las iniciativas no hablan de
“vender” sino de ceder funciones constitucionales
estratégicas (al capital extranjero) que es peor.
Privatizadores de la política
En un discurso dirigido a atacar directamente a
Andrés Manuel López Obrador (AMLO); Germán Martínez
dijo que “Con la fuerza de esa convicción de futuro defenderemos a
PEMEX de la verdadera amenaza privatizadora, de esa privatización
política que algunos buscan para desestabilizar a la democracia mexicana
y para conseguir lo que no obtuvieron en las urnas”.
Provocador,
en referencia a AMLO, el presidente del PAN expresó que “La
privatización política de hoy no es lejana, en intención y
finalidad, a la quema de pozos petroleros de hace un par de décadas o a
la reciente colocación de explosivos en los ductos de PEMEX”.
Luego dio su particular definición de privatización al
expresar que “Se privatiza a PEMEX cuando se busca conseguir fines
políticos propios, cuando se atizan los resentimientos de derrotas
electorales ... Se privatiza y se traiciona a PEMEX, cuando se usa al
petróleo para fomentar odio, división y violencia entre
mexicanos”. ¡El burro hablando de orejas!
Ya encarrerado,
espetó que “PEMEX no debe ser rehén ni botín de
nadie. Acción Nacional no pretende la privatización
económica, ni permitirá la privatización política de
los recursos que pertenecen a todos”. Luego dijo que “La primera
condición de entendimiento político, de convergencia socialmente
útil en la pluralidad democrática, es aceptar que PEMEX y el
petróleo mexicano son recursos estratégicos para el desarrollo de
la Nación; es asumir que PEMEX y el petróleo mexicano no son
capillas de interesada veneración ideológica”
(sic).
Yéndose a fondo aseveró que “El tema del
petróleo es un recurso gastado y premoderno del falso nacionalismo que
algunos vehementemente insisten en proclamar ... El falso nacionalismo como
ideología se inventa enemigos para desplazar la conciencia de los males y
desafíos internos ... El falso nacionalismo como ideología inventa
fantasías, conspiraciones y complots para dejar las cosas como
están y seguir lucrando políticamente con PEMEX”.
Martínez olvida que el PAN se opuso a la Expropiación Petrolera en
1938 y cree que la industria debe ser regresada a las compañías
extranjeras.
Toda esta catilinaria la mencionó para criticar a
quienes se oponen a la privatización de Pemex. “Desde ese
nacionalismo falsario, se ha intentado combatir a la iniciativa que ha
presentado el Presidente Felipe Calderón y que respalda, sin reservas, el
Partido Acción Nacional. Ese falso nacionalismo, que en el fondo, que
paradoja, es un argumento conservador, no permite tocar ni reformar nada”.
Ahora resulta que los conservadores son quienes se oponen a la
privatización. ¡Faltaba más!
Martínez se
refirió a la participación privada exitosa señalando la
compra de acciones por Pemex de la refinería Deer Park en
asociación con Shell. Luego preguntó qué ¿no
sería bueno que esos empleos y esa recaudación fiscal estuvieran
en México? Si fuera honesto se hubiera contestado de inmediato. La
respuesta es simple: la política petrolera oficial en manos del PRI y el
PAN ha sido desastrosa, hace 30 años que no se construye en México
ninguna refinería. ¿Por qué? Simplemente porque no han
querido, su “política” es otra.
En la misma
línea sesgada de su argumentación, el panista volvió a
insistir que “El falso nacionalismo también es nocivo y hasta
inútil para defender el petróleo”.
Guardianes de la Constitucionalidad
Martínez se lanzó contra los
legisladores del FAP a quienes acusó de violar la Constitución
(sic) y dijo que “La reforma propuesta por el Presidente, en modo alguno,
contraviene lo dispuesto por el texto constitucional”.
Explicó que “La prohibición de otorgar concesiones o
contratos, establecida para petróleo e hidrocarburos solamente
está relacionada con la actividad de explotación, es decir, la
extracción de recursos del subsuelo, no así con otras actividades
relacionadas con el mismo objeto”.
Se trata, por supuesto, de una
interpretación sesgada. Se nota que Martínez no ha leído la
Constitución. Esta NO se refiere solamente a la
“explotación” (producción) de “recursos del
subsuelo” sino a todas las actividades que constituyen el proceso de
trabajo relacionado con los hidrocarburos.
Dijo Martínez que
“La iniciativa del Presidente Calderón bajo ninguna circunstancia
transfiere a los particulares la posibilidad de explotar para sí la
riqueza natural del petróleo y de los hidrocarburos, ni compromete un
sólo peso de la renta petrolera”. Martínez tampoco ha
leído las iniciativas de su Jefe; en todas se indica claramente la
transferencia a los particulares de las funciones constitucionales que el
Estado, a través de Pemex, debe realizar de manera exclusiva.
Dándole vuelta al discurso, Martínez se enredó en
su propias contradicciones al señalar que “Si bien es cierto que
los cambios legales propuestos tienen como finalidad permitir la
participación de la sociedad (sic) a través de figuras como la
prestación de servicios o el régimen de permisos, en ningún
caso la iniciativa abre la puerta a que PEMEX o el gobierno Federal concesionen
o contraten la explotación de los yacimientos de petróleo o de
hidrocarburos”.
Una vez más, Martínez se ve mal por
no leer las propuestas que apoya. En las diversas iniciativas reiteradamente se
habla de otorgar concesiones o permisos (privados) en TODAS las fases del
proceso de trabajo petrolero, incluyendo la exploración y
explotación (producción) de yacimientos.
El otorgamiento
de esos contratos y permisos propuestos por la iniciativa de Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
serían parte de las nuevas atribuciones de la Secretaría de
Energía, indicadas en las reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal. Para concretar esos permisos, se
modifica la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y se crea a
la Comisión del Petróleo para “regular” (privatizar)
lo concerniente al petróleo crudo.
Interpretación sesgada de la Constitución
Repitiendo a Georgina Kessel, secretaria de
energía, Germán Martínez trató de disertar acerca de
la interpretación a la Constitución. “Quiero subrayar que
muchas de las referencias al artículo 27 constitucional en el debate
político, suelen olvidar la última frase del párrafo
correspondiente, cito: “la Nación llevará a cabo la
explotación de esos productos, en los términos que señala
la Ley Reglamentaria respectiva”. Técnicamente, esa
expresión constituye una reserva de ley.
Con toda la
técnica y reservas del caso que Martínez quiera, la
Constitución NO autoriza a nadie a contravenirla en su propia
reglamentación. En cualquier caso debe haber coherencia.
Resultaría absurdo que la Constitución establezca ciertas
disposiciones y las leyes reglamentarias (secundarias) dijeran lo contrario. La
Constitución expresa las decisiones políticas fundamentales de la
nación y las leyes derivadas las concretan, por eso son
reglamentarias.
Según Martínez, “La
Constitución ha ordenado al legislador democrático (sic) que
defina las modalidades y términos de la explotación del
petróleo y de los hidrocarburos, así como las condiciones de
realización de las actividades relacionadas con el uso y aprovechamiento
de esos recursos naturales.
Al trasladar al legislador esa
responsabilidad, la Constitución ha habilitado (sic) a la mayoría
(sic) a decidir, según la realidad y la necesidad, sobre los derroteros
institucionales y normativos que la Nación demanda (sic)”. No,
Martínez está mal; el petróleo NO es de los legisladores,
ni del gobierno, ni siquiera es del Estado sino de la nación.
Las
“modalidades y términos” a que hace referencia
Martínez, en ningún caso autorizan a ningún legislador a
contravenir la Constitución. Si así fuera, una Ley Reglamentaria
también podría ser contradicha por su correspondiente Reglamento y
así sucesivamente. Eso no lo hace ningún Estado a menos que sea
totalitario, fascistoide o bárbaro. Las propuestas del PAN y la
“argumentación” del PAN son, evidentemente,
tramposas.
Lo anterior revela una grotesca debilidad de los promotores de
la privatización que carecen de los mínimos argumentos,
políticos, técnicos, económicos, teóricos y
culturales para defender la privatización compulsiva de Pemex.
Las
iniciativas privatizadoras del gobierno federal deben ser RETIRADAS del debate
parlamentario. Ese debate muestra que el PRI y el PAN proceden solamente con
base en la ideología y compromisos imperialistas. Se trata de una
verdadera “rebelión neoliberal” que implica la ruptura del
Pacto político de la nación en materia energética. (b144,
27 mayo 2008).
Comisión de Energia