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Iniciativas anticonstitucionales

La Constitución no es una ley jurídica ni un conjunto de normas, es una institución que expresa un pacto político, expresó Arnaldo Córdoba al participar en uno de los Foros de Debate organizados por el Senado. Las iniciativas de reforma a las leyes secundarias son inconstitucionales porque contravienen a la Constitución. El pueblo debe decidir, en ejercicio de la soberanía nacional, acerca del derecho que es de la nación, propuso. Advirtió que, de imponer decisiones unilaterales, se pondría en riesgo la “paz social” y la “enclenque” democracia quedando todo en un “diálogo de sordos”.

Rechazar leyes inconstitucionales

El 20 de mayo, al participar en el Debate sobre la Reforma Energética que organiza el Senado, Arnaldo Córdoba, profesor de la UNAM, dijo que al discutirse “la reforma energética (que es sólo una reforma petrolera)” faltó “algo que previamente debió haberse hecho: una reforma fiscal a fondo”. Cierto, si bien, conviene precisar que la susodicha reforma se refiere principalmente al petróleo pero, incluye la privatización de TODAS las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos, según se indica en una de las iniciativas, la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal referente a las “nuevas” atribuciones que se otorgarían a la secretaría de energía (Sener).

Luego dijo que “el Senado debió haber devuelto al Ejecutivo estas iniciativas y solicitarle que las presentara hasta que ofreciera una o varias iniciativas que nos resolvieran el problema fiscal del gobierno”. En realidad, tales iniciativas (con o sin el tema fiscal) deben ser rechazadas por improcedentes. El mismo Córdoba lo explicó.

“Hay un punto de técnica parlamentaria que en nuestro país no se atiende y es que toda iniciativa de ley debe estar fundamentada expresamente en una institución de la Carta Magna. Una ley que no se fundamente en la Constitución es inconstitucional; una que vaya en contra del espíritu y la letra de la misma es anticonstitucional. No debe permitirse aprobar leyes que no estén debidamente fundadas en nuestro Pacto Político que es la Constitución”.

De esta manera, Córdoba indicó que las iniciativas de reforma energética, relacionadas con la privatización de Pemex, son inconstitucionales, asunto clave en la actual discusión. Arnaldo Córdoba lo precisó con sencillez y claridad: una ley que no se fundamente o contradiga a la Constitución es inconstitucional. Esto que parece tan sencillo, los legisladores y el gobierno parecen no comprenderlo cuando afirman en su campaña propagandística que sus iniciativas son constitucionales cuando no lo son. Eso revela que la acción del gobierno no es jurídica sino política.

Córdoba expresó que “En el futuro, las Cámaras del Congreso deberían exigir a quienes les envían iniciativas de ley y están autorizados para ello que fundamenten constitucionalmente sus propuestas”. Creemos que no es al futuro sino ahora mismo y las iniciativas enviadas, mismas que no se fundamentan constitucionalmente, deben ser desechadas.

La Constitución es un Pacto político

La crítica a las iniciativas, desde el punto de vista constitucionalista, fue muy clara y contundente. Dijo Arnaldo que “cuando estas iniciativas dicen, en sus exposiciones de motivos, que no tocan el texto constitucional, se refieren, sin decirlo, al contenido del artículo 27. Sólo afirman que no lo tocan, pero en los hechos subvierten todos sus principios. Ustedes no pueden ignorarlo. Es verdad, que los legisladores no son jueces constitucionales, pero están obligados a salvaguardar la Constitución cuando aprueban sus leyes”.

Entonces expresó que “Es por eso que mi propósito en esta presentación es, ante todo, reivindicar el artículo 27 constitucional y confrontarlo con las violaciones a su letra y a su espíritu que resultan más ostentosas en las iniciativas sobre las que estamos debatiendo”.

Lo que a continuación expresó el doctor Córdoba fue una verdadera lección. Dijo que “la Constitución no es una ley jurídica. Es un pacto político del pueblo mexicano. Y sus artículos no son normas, sino, cada uno, una institución. La Constitución no regula ni norma. Ella instituye. Sus mandatos son instituciones de un pacto político”.

En efecto, con las iniciativas inconstitucionales, el gobierno y partidos políticos que le apoyan, auspician la ruptura del pacto político de la nación. Esa ruptura de la legalidad constitucional es un hecho político que llevaría al país a una situación límite.

Convocar a un plebiscito

Gobierno y legisladores del PRI y el PAN ni siquiera quieren oír la palabra plebiscito e, inmediatamente, argumentan que tal figura no está considerada en la Constitución. Arnaldo Córdoba explicó que “La Constitución de 1857 establecía que el derecho de propiedad privada era un derecho inherente a la persona humana”, mientras que, “La Constitución de 1917 considera, en cambio, que el derecho de propiedad del individuo es un derecho otorgado por la Nación y se lo da haciéndolo responsable del mismo”.

Entonces dijo a los legisladores: “Ustedes son representantes del pueblo y de la Nación, porque los ciudadanos los eligieron. ¿Por qué no dejan o deciden que el Pueblo se pronuncie sobre estas graves materias, convocando a un plebiscito en el que se le pregunte si es partidario de la propiedad nacional o de la propiedad privada como regalo de Dios? Para una ley sobre plebiscito y referéndum ustedes pueden fundarse en el 39 constitucional, que instituye la soberanía nacional”. Así es, en ejercicio de su soberanía, el pueblo mexicano tiene el derecho no solamente de ser consultado sino, incluso, cambiar la forma de gobierno”. Córdoba tiene razón.

Propuso Córdoba que, al consultar al pueblo, “También se le puede preguntar, en plebiscito, si es partidario de que Pemex siga siendo saqueado por las finanzas públicas o se le deja usar de sus enormes ganancias para renovarse y modernizarse. O también, si considera que son los empresarios nacionales y extranjeros quienes deban financiar a nuestra empresa nacional, mientras el fisco la sigue saqueando”. ¡Por supuesto!

El derecho es de la nación

Refiriéndose al artículo 27 constitucional, el profesor universitario explicó que “El 27, en su redacción final de 1917 sólo habla del dominio directo de la Nación sobre el subsuelo. La reforma de 1940 introduce el concepto de explotación directa y la de 1960 (hoy vigente) mejora el concepto y prohíbe los contratos de riesgo”.

Enseguida puso en evidencia que “Ahora resulta que los amigos de la reforma no entienden qué quiere decir en el texto constitucional el término “explotación” que se concede a la Nación y de la que se encargará el Estado y nos vienen con la peregrina idea de que a la Nación sólo corresponde el “producto”, porque en el texto constitucional, malamente, hay que admitirlo, sólo se habla del producto. Pero el error de ellos consiste en que identifican dos conceptos que son, de suyo, muy diferentes: explotación y producto. La primera es el proceso productivo o cadena productiva como hoy se dice; el segundo es su resultado. Si ambos pertenecen a la Nación, entonces los privados no tienen nada que ver en ellos, aunque se insista que eso no lo dice la Carta Magna. Si ésta dice que ambos son de la Nación, entonces son de ella y nada más”.

Para el FTE, lo anterior se basa en el concepto del proceso de trabajo, mismo que los legisladores mal interpretan y lo fragmentan a discreción y sin bases técnicas. El proceso de trabajo está determinado por las materias primas, en este caso, los hidrocarburos. La explotación de los mismos implica la producción, misma que ocurre cuando las materias primas son transformadas mediante la intervención de la fuerza de trabajo y el uso de los medios de producción.

El proceso de trabajo significa el conjunto de fases necesarias para la transformación de las materias primas hasta convertirlas en productos diversos. De manera que, explotación (producción) y producto no son fases aisladas sino parte de un mismo proceso. Lo que ocurre es que los “amigos” de la privatización pervierten los conceptos privilegiando no al proceso de trabajo sino, solamente, al proceso de valor.

En el presente caso, los hidrocarburos (petróleo crudo y gas natural) y los productos, petrolíferos y petroquímicos, que se obtienen de su procesamiento y transformación pertenecen a la nación. Lo que ocurre es que, el gobierno y legisladores, tuercen los conceptos para “redefinir” a la industria petrolera y la fragmentan unilateralmente con el propósito de privatizarla por partes, como lo han venido haciendo ilegalmente desde 1995 a la fecha.

Córdoba expresó que “Sin ninguna razón legal ni constitucional, quieren que se deje la primera (la explotación) a los privados, porque son ellos los que tienen el dinero y que la Nación se contente con el producto. Y ése es su argumento fuerte que, repito, no tiene nada que ver con la Constitución ni con la ley. Para ellos, el dilema no es legal ni constitucional. Es operativo. Es por eso que alegan que el problema es de administración de recursos, de asociaciones estratégicas y de alianza con los privados, y no legal y menos aun constitucional”.

¿Mayoriteo o respeto a la Constitución?

Precisó Arnaldo que “La Constitución y la ley son sólo adornos innecesarios. Y lo que no me explico es por qué vienen aquí a tratar de convencerlos a ustedes de que hagan una ley como ellos quieren”. Preguntó “¿Cómo piden una ley que no se base en la Carta Magna? ¿Cómo piensan hacerla? ¿Mayoriteando en el Congreso, aunque no se respete nuestra Ley Fundamental? Lo que todos nos preguntamos, si no les gusta la Constitución, ¿por qué no la cambian? ¡Que lo intenten!”.

En referencia a uno de los participantes previamente en el Debate del Senado dijo que “El mismo ignorante que vino aquí a decir que el 27 es pura mitología y que, además, nadie lo cumple, planteó bien el problema: ¿de dónde van a sacar los legisladores los cuarenta centavos de cada peso que el fisco obtiene de Pemex? Y, concluyó, candorosamente, que no puede ser más que de los bolsillos de los contribuyentes, descubriendo el hilo negro. Por supuesto, no hay de donde más. El problema es saber de qué clase de contribuyentes estamos hablando”.

Luego preguntó “¿Cuánto pagan en impuestos los monopolios? ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? Al gobierno ni hay que preguntarle. Lo que quiere y lo demuestra, por lo que sé, está en su nueva propuesta de Ley Federal de Derechos, al usar como estímulo la exención de impuestos. ¿Qué más estímulos desean los grandes empresarios privados cuando tienen al hombre que oscila entre ser el primero y el segundo más rico del mundo y nos hace pagar los precios más caros en tarifas telefónicas del mundo?”. Obviamente, los legisladores no responden, carecen de argumentos; su especialidad es el mayoriteo previo “cañonazo” de a 50 mil euros o más.

Ni teólogos ni pontífices del petróleo

Córdoba expresó que “Los que nos oponemos a las iniciativas de ley de la industria petrolera que ha presentado el gobierno también deseamos la modernización de Pemex; la queremos como una empresa nacional que tenga suficientes recursos para desarrollarse a sí misma y apoyar el desarrollo integral de México; la queremos con su Instituto Mexicano del Petróleo bien abastecido de recursos para que nos vuelva a dar tecnología de punta, en lugar de andar comprándola en el extranjero; la queremos libre de la corrupción, a la que las iniciativas no hacen mención alguna; la queremos libre de ese sindicato mafioso que la sangra sin que ello redunde en beneficio de sus trabajadores (no queremos más la vergüenza de nuevos Pemexgates); abogamos porque la iniciativa privada contribuya activamente al desarrollo de nuestra industria petrolera, pero sin sacar ventajas ilegales ni anticonstitucionales; queremos que Pemex sea operada eficientemente y que sea más productiva de lo que ahora es”.

También dijo el doctor que “no somos “teólogos” ni “pontífices del petróleo” (hasta ahora me entero de que el petróleo es un dios), ni ideólogos de un trasnochado credo nacionalista, ni hacemos culto a una llamada “mitología del 27”, ni creemos que seamos reaccionarios, santannistas, alamanistas ni porfiristas. Somos ciudadanos que creemos, simplemente, que debemos emprender una nueva etapa en la que impidamos que los únicos beneficiarios de nuestro desarrollo sigan siendo los dueños de la riqueza. Si permitimos eso, pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos y, sobre todo, nuestro enclenque régimen democrático”.

Organización y movilización contra la sordera

El FTE considera que la intervención de Arnaldo Córdoba en los Foros de Debate del Senado fue precisa, central y objetiva. Abordó uno de los problemas políticos más serios: la ruptura de la legalidad constitucional. Luego de múltiples reformas a la Constitución, muchas de ellas regresivas, los párrafos 4º. y 6º. del artículo 27 son algo de lo poco bueno que queda. Ahora, el gobierno federal pretende terminar de destruir el Pacto político de la nación.

Este Pacto surgió por una Revolución; la ruptura del Pacto, entonces, tendría grandes consecuencias. La reforma privatizadora de los recursos de hidrocarburos, incluida la regulación (privatización) de todas las demás fuentes energéticas (carbón, uranio, geotermia, agua, mareas, viento, radiación solar y alimentos) llevaría al país a una situación límite.

Este proceso no se inicia ahora, lleva ya varios años. La privatización energética furtiva (petroquímica, gas natural, energía eléctrica y agua) empezó en 1992. Al momento tal privatización es alarmante. En materia eléctrica hemos perdido ya el 47% de la capacidad de generación total a nivel nacional, algo similar ocurre en materia de gas y agua. Así pues, la defensa del Artículo 27 constitucional tiene connotaciones políticas relevantes. La amenaza a la “paz social” y al “enclenque régimen democrático” es real, el gobierno de la ultraderecha auspicia la violencia. La ofensiva neoliberal significa una verdadera “rebelión” neoliberal que debe juzgarse como lo indica el artículo 136 constitucional en términos del artículo 39 de la propia Constitución que concede al pueblo el ejercicio de su propia soberanía.

Al final de su intervención, Arnaldo Córdoba dijo, respecto al Debate del Senado: “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos y lo estamos ya viendo”. Así es, desafortunadamente, el gobierno, legisladores y partidos proclives a la privatización energética furtiva no quieren mirar ni escuchar, probablemente ven y oyen pero no atienden razones.

Esto hace imprescindible intensificar la movilización extendiéndola a todo el territorio nacional, fortaleciendo a las actuales organizaciones y/o creando nuevas y/o integrándose a las existentes. La movilización implica tomar decisiones, la primera es decir ¡NO! a la privatización de Pemex. En este proceso, desarrollar la organización y la política, con base en la mayor información posible, son cruciales para el necesario proceso de Re-Nacionalización Energética que nos permita recuperar lo que ha perdido la nación, debido a la Expropiación Extranjera en marcha, y aprovechar adecuadamente los recursos naturales e infraestructura física que son un patrimonio colectivo. (b153, 9 jun 2008).

El FTE de México en lucha contra la privatización energética