IX Foro Nacional de Energía
DECLARACION FINAL
El gobierno federal, siguiendo los lineamientos del Banco
Mundial, está promoviendo la ruptura de la legalidad constitucional en
materia energética, expresada en el Pacto político de la
Nación surgido de la Revolución Mexicana.
Mediante un
primer paquete de 6 iniciativas de reforma a la legislación petrolera
secundaria, se proponen serias medidas que atentan gravemente contra la
soberanía, seguridad e independencia nacional. Las diversas propuestas,
particularmente, la referida a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo, contienen disposiciones
inconstitucionales inaceptables.
Apoyado por los partidos
políticos proclives al neoliberalismo, se propone explícitamente
la privatización casi total de la industria petrolera nacionalizada.
Desde 1992 está en marcha un proceso de privatización furtiva.
Tratándose de la energía eléctrica, la Comisión
Reguladora de Energía ha otorgado 744 ilegales permisos de
generación eléctrica a las corporaciones transnacionales y sus
filiales. Al momento, el 46.55% de la capacidad de generación
eléctrica total a nivel nacional es privada.
Desde 1995 a la
fecha, la CRE ha otorgado 200 permisos ilegales para la distribución,
transporte y almacenamiento de gas natural, distribución de gas LP y
transporte por ductos. La distribución del gas natural se ha entregado
totalmente a las transnacionales reorganizando al país en 15 regiones. A
través de los Contratos de Servicios Múltiples se han entregado,
también, la exploración y explotación del gas seco.
Mediante Contratos de Servicios Integrales, las transnacionales participan
ejecutando funciones que corresponde realizar a Pemex. La intervención
privada ocurre también en la perforación de pozos, así como
en la extracción de petróleo crudo y gas.
Todas estas
acciones son inconstitucionales. Ahora, las nuevas iniciativas proponen nuevas
medidas privatizadoras. Con la reforma a las leyes secundarias se pretende
privatizar las actividades relacionadas con la refinación del crudo, el
almacenamiento, transporte y distribución de productos
petrolíferos y petroquímicos, así como el sistema nacional
de ductos. Se pretende, incluso, la intervención del capital privado en
la exploración y producción de crudo. A este respecto, el
interés del gobierno y transnacionales se centra en los recursos
prospectivos de las aguas profundas del Golfo de México, precisamente, en
la dirección determinada por la geopolítica energética
norteamericana.
Todas estas acciones son privatizadoras e
inconstitucionales. La Constitución política del país
establece el dominio de la nación sobre los hidrocarburos y, en esta
materia, no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares. Sin
embargo, la reforma propuesta indica lo contrario.
La
privatización que se propone se basa en dos mecanismos principales, a
saber, 1- ceder las funciones constitucionales, en áreas
estratégicas, que corresponde realizar al Estado de manera exclusiva, 2-
otorgar concesiones y contratos a los particulares de manera discrecional,
incluyendo los llamados contratos de riesgo que entregarían a las
corporaciones los recursos naturales energéticos y la parte
correspondiente de la renta petrolera.
A partir de estas medidas, se
plantea la redefinición de la industria petrolera. La fórmula a
seguir consiste en suprimir áreas y funciones del proceso de trabajo
petrolero a las cuales, mediante decisiones legislativas unilaterales, no se les
considera estratégicas. Por tanto, se fragmenta a la industria y las
funciones, ahora denominadas “prioritarias”, se ceden al capital
privado.
La estructura de la industria petrolera se altera
sustancialmente. Petróleos Mexicanos (Pemex) se orientaría
solamente a la administración de los contratos y la promoción de
las inversiones privadas, incumpliendo su papel. Para ello, el gobierno insiste
en otorgarle a Pemex la llamada “autonomía de gestión”
que implica la libertad, sin controles ni procedimientos, para que las
cúpulas administrativa y sindical decidan las acciones de
privatización entre cuatro paredes.
La operación de la
privatización sería llevada a cabo a través de la
Comisión Reguladora de Energía y la Comisión (Reguladora)
del Petróleo, instrumentos antinacionales encargados de privatizar TODAS
las fuentes de energía, incluyendo el petróleo, el gas, el agua,
el carbón, el uranio, la geotermia, las mareas, el hidrógeno, el
viento y el Sol, así como las semillas, los vegetales y las frutas
destinadas a la producción de agrocombustibles. Se trata del más
grande atentado contra la nación desde 1847 cuando Antonio López
de Santana entregó más de la mitad del territorio nacional a
Norteamérica.
Las propuestas de reforma energética del
gobierno federal son inaceptables para la nación y deben ser RETIRADAS
del debate.
Lo que se necesita es una Política Energética
Independiente radicalmente diferente a la actual. Esta nueva política
implica la observancia de la constitucionalidad vigente. Todos los recursos
naturales, la energía y el agua son de la nación, no son del
Estado, ni de los gobiernos en turno, mucho menos de los partidos
políticos, gobernadores, legisladores o burocracias sindicales.
En
términos de esta política independiente, es preciso INTEGRAR todo
el proceso de trabajo energético. En materia de hidrocarburos, esto
incluye la planeación, la investigación y el desarrollo, la
exploración de hidrocarburos, la perforación, la
producción, el procesamiento, tratamiento, almacenamiento, transporte y
distribución de petróleo crudo, gas, productos petrolíferos
y petroquímicos.
En materia de investigación y desarrollo
proponemos la integración de los institutos del sector en uno solo, el
Instituto Mexicano de la Energía, organismo integrado a su vez a la
industria energética nacionalizada.
Con relación a la
planeación energética es necesario un adecuado Plan Nacional de
Hidrocarburos así como acciones específicas, tales como, un
Programa de Cogeneración Eléctrica entre Pemex y CFE, así
como, un Programa de Inversiones Propias ejecutadas por administración
directa. En lo inmediato, proponemos el diseño y construcción de 5
refinerías “energéticas” por parte de Pemex y el
IMP.
Todos los contratos, concesiones y permisos privados
inconstitucionales deben ser cancelados. Si las corporaciones oponen
resistencia, deben ser expropiadas sin indemnización.
Estas y
otras propuestas se expresan en una ley, la Ley petrolera del FTE, que ponemos a
la discusión. Esta ley no es para someterla al arbitrio de los partidos
políticos privatizadores, es una propuesta de ley para la
Re-nacionalización energética en México.
Reiteramos
que las iniciativas que se discuten en el Senado deben ser retiradas por ser
inconstitucionales y lesivas al interés de la nación. El Debate
Oficial está dominado por la simulación. Es necesario dinamizar el
Debate Popular en marcha, extenderlo en todo el territorio nacional, expresar la
voluntad de los mexicanos creando estructuras organizativas y ejerciendo
acciones de movilización con dinámica propia. ¡Salud y
Revolución Social! ¡Venceremos!
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Pozo Noxal en Cosoleacaque |
Complejo Cantarell |
Mitin del FTE en la Torre de Pemex
Comisión de Energia
