La lucha en defensa del petróleo y, en general, de los
recursos naturales es una de las grandes causas del pueblo de México.
Surgido de la Revolución Mexicana, el pacto político de la
nación definió en el artículo 27 constitucional el dominio
de la nación sobre los hidrocarburos. Esto fue reafirmado por la epopeya
de la Expropiación Petrolera de 1938, precedida por una huelga de los
trabajadores petroleros que recientemente habían formado un solo
sindicato, el STPRM.
Pero, la política seguida por los gobiernos en
turno, mal orientó a la industria petrolera nacionalizada por la
vía del creciente y sostenido saqueo de petróleo crudo, destinado
en su mayor parte a la exportación hacia Norteamérica.
En la
fase neoliberal, Petróleos Mexicanos (Pemex) fue sistemáticamente
destruido desde su interior, la paraestatal fue endeudada en exceso y el
desarrollo tecnológico reducido al máximo. No obstante, Pemex es
la empresa estatal más rentable del mundo y, el Instituto Mexicano del
Petróleo ha integrado una importante infraestructura física y
humana. Pero, la política oficial ha desnaturalizado a este instituto al
tiempo que Pemex ha sido sometido a una sistemática asfixia presupuestal
que le impide realizar inversiones y obras de expansión por
administración directa.
Ahora, el gobierno federal en turno propone
un conjunto de reformas a la legislación petrolera secundaria para
redefinir a la industria, sustrayéndole funciones constitucionales a
Pemex en las áreas estratégicas que corresponde realizar
exclusivamente al Estado mexicano.
Se trata de una reiterada
violación a las disposiciones constitucionales indicadas en los
párrafos 4º. y 6º. del artículo 27, y párrafos
4º. de los artículos 28 y 25 constitucionales. Las propuestas de
reforma implican otorgar concesiones y contratos a los particulares,
profundizando la privatización petrolera furtiva, iniciada con las
ilegales reformas de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo. Las nuevas reformas
implicarían ceder a terceros la refinación del petróleo
crudo, el transporte, almacenamiento y distribución de productos
petrolíferos y petroquímicos, así como el sistema nacional
de ductos. No nadamás, también se incluirían las
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos,
especialmente los recursos de las aguas profundas del Golfo de
México.
Por estas razones, el Frente de Trabajadores de la
Energía, FTE, de México organizó el IX Foro de
Energía con el propósito de realizar un análisis
crítico de las reformas privatizadoras de Pemex y de TODAS las fuentes de
energía alternas a los hidrocarburos. Agradecemos a la Universidad Obrera
de México por las facilidades otorgadas así como a la
participación activa de los asistentes.
Comisión de Energia