Regulación es privatización
Francisco Xavier Salazar, presidente en turno de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) dijo en el Senado que la
regulación es fundamental para la “autonomía de
gestión” (sic) y que el marco constitucional vigente de Pemex es
“oneroso”. Las iniciativas de Calderón no implican
privatización sino regulación, dijo, confirmando que ambos
términos son sinónimos. A la CRE, las iniciativas le
otorgarían funciones adicionales para concretar la privatización
de la refinación del petróleo incluyendo el almacenamiento, el
transporte y la distribución de productos petrolíferos y
petroquímicos.
La CRE, instrumento privatizador
A la apertura de los Foros organizados
por el Senado fue invitado Francisco Xavier Salazar, presidente de la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien fue a dar un
“humilde punto de vista”. Inicialmente, dijo que el Estado tiene
básicamente 3 funciones: definición de la política
energética, regulación, función que recae en la CRE, y
operación industrial.
De entrada, Salazar dio una
definición torcida del concepto de regulación, a nivel de
ingenierillo metido a la política, es decir, puras vaguedades
cantinflescas. Entre las bondades de la regulación dijo que se busca
“lograr la consecución de ciertos fines sociales, por ejemplo, la
administración de un recurso natural como el petróleo”. Sin
embargo, la CRE NO administra nada, solamente otorga permisos privados a cuanta
transnacional los solicita; la CRE NO busca “ciertos” fines sociales
sino la privatización furtiva de los recursos naturales patrimonio de la
nación.
A la fecha, mediante 744 permisos privados el 46.55% de la
capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional ES
PRIVADA, habiendo desnacionalizado a la industria eléctrica de
México en esa proporción. Esto es total y absolutamente contrario
a lo dispuesto por el párrafo 6º. del artículo 27
constitucional en materia eléctrica. Otro tanto ocurre en materia de gas
natural y gas LP.
Mentiras reiteradas, endebles argumentos
La “disertación” de Salazar
estuvo basada en mentiras. Dijo que, “en el sector energético,
tanto la teoría como la experiencia sugieren la necesidad de
regulación especializada”. En todo caso, será parte de la
teoría y de la experiencia, de ninguna manera es una ley absoluta y
única. Esa regulación ha sido impuesta por el imperialismo a la
caída del socialismo para apoderarse de TODOS los recursos naturales y
medios de producción; no hay teoría sino ideología, la
experiencia es simple apropiación.
Lo que pretende la
regulación es otorgar la propiedad al sector privado, por la vía
de la agresión e ilegalidad, dando forma jurídica a las decisiones
políticas. Para Salazar, “un regulador autónomo es la
garantía de que no habrá trato discriminatorio para los
usuarios”. Sin embargo, la CRE solamente funciona para garantizar los
negocios de los inversionistas privados, poniendo a su disposición las
funciones e infraestructura de Pemex, CFE y LFC.
Este individuo, por
supuesto, fue a repetir lo que le instruyeron sus jefes. Dijo que, aún si
la reforma consistiera solamente en otorgar “autonomía de
gestión” a las empresas públicas, “la
regulación” es fundamental. Con ello, reafirma la idea de que la
tal “autonomía de gestión” se propone para privatizar,
precisamente, a través de la CRE y de la nueva Comisión del
Petróleo (CP).
Funciones privatizadoras adicionales
Salazar se refirió a las nuevas
atribuciones de la CRE que se propone en una de las cinco leyes secundarias
privatizadoras de Calderón. “La primera tiene que ver con la
regulación del precio de venta de primera mano de los productos que se
obtengan de la refinación del petróleo, del gas y de los
petroquímicos básicos”, incluyendo a Pemex y a las nuevas
empresas privadas. Esto es absolutamente inconstitucional porque, esas
funciones, son parte del proceso de trabajo petrolero a cargo exclusivo de
Pemex. Sin embargo, para Salazar, “esta medida tiene varios efectos
sumamente positivos”. Esto es, violar a la Constitución es
“positivo”.
La otra medida que se propone en las iniciativas
“consiste en permitir, bajo un esquema regulado, y de manera
análoga a lo que ya ocurre en el gas, la participación de diversos
actores en las actividades de transporte y distribución por ductos,
así como el almacenamiento de los productos derivados de la
refinación, los petroquímicos básicos y los
biocombustibles”. Esos “actores” serán los
inversionistas privados, hecho prohibido por la Constitución.
Para
esto, Salazar se mostró grosero a placer al señalar que “el
marco jurídico vigente como la obligación de suministro que tiene
Pemex como monopolista (sic) resulta sumamente oneroso (sic) para la misma
empresa y para los mexicanos” (sic). Se trata de expresiones propias de un
empleadillo de Bush, como lo es Salazar, quien se atreve a hablar en nombre de
los mexicanos al tiempo que rechaza el marco constitucional vigente en materia
de hidrocarburos.
No es privatización, es “regulación”
Salazar dijo que “lo que la iniciativa propone en materia de ductos no implica un
proceso de privatización ... ni uno de desregulación (sic), se
trata de un proceso regulado como el que se llevó a cabo con el gas
natural”. Eso mismo, aprobado en 1995, ha significado nadamenos que la
PRIVATIZACION del almacenamiento, transporte y distribución del gas
natural, distribución de gas LP y transporte de ductos, actualmente
dominado por unas cuantas transnacionales.
En su informe de los
éxitos de la privatización furtiva del gas natural, Salazar dijo
que, en 2007, el número de usuarios fue de 1 millón 888 mil 229
con una tasa de crecimiento del 10.41% anual. Sí, eso es un éxito
pero, para los inversionistas privados, en detrimento de Pemex. La longitud de
las redes ha llegado a 39 mil 417 km con una tasa de crecimiento del 14.09%
anual y, las inversiones acumuladas alcanzaron los 20 mil 254 millones de pesos
a ese año. Salazar mismo, con sus propios datos, revela el beneficio
privado que, para Pemex, significa pérdida de clientes, menor red de
ductos y menos ingresos.
Con relación al transporte, se han
construido 1,744 km de ductos de acceso abierto y 276 km de ductos para usos
propios. La inversión acumulada supera los 22 mil 220 millones de
pesos.
En materia de almacenamiento se tienen dos terminales privadas, en
Altamira y en Ensenada. Las inversiones superan los 14 mil 025 millones de
pesos. Salazar dijo que “se generó un beneficio social a
través de la generación de empleos temporales y
permanentes”. NO hay tal, los pocos empleos generados son temporales y
precarios. En cambio, el enriquecimiento de los permisionarios privados se ha
incrementado considerablemente como el propio Salazar
informó.
Para este individuo, la reforma de 1995 benefició
a Pemex y a los usuarios. De no haber sido por esa reforma “muchos
mexicanos y sus empresas no contarían con el suministro de este
hidrocarburo” (sic). Desde luego, el principal beneficio fue “la
certidumbre” otorgada por la CRE. Es obvio, las transnacionales y sus
filiales están felices con la CRE porque la tienen a su
servicio.
Se ceden (privatizan) las funciones constitucionales
Luego, Salazar dijo que
aclararía “algunas dudas que han surgido en la discusión
pública”, como si estuviera autorizado para ello mintiendo
reiteradamente. Por lo demás, ese individuo jamás podrá
aclarar porque la CRE se dedica a violar reiteradamente la Constitución,
tratándose de una comisión ilegítima e inconstitucional de
origen.
Entre las supuestas “dudas” está “el
transporte, distribución y ventas de primera mano del
petróleo” que es el principal insumo en los procesos de Pemex.
Obviamente, estas actividades las va a seguir realizando Pemex pues se trata de
insumos propios. Luego, Salazar aclaró que “no se trata de que
Pemex venda sus ductos o que los deje de operar ... se trata de que otros puedan
construir y operar rutas para el transporte y distribución de productos
refinados del petróleo y petroquímicos básicos”. Eso
no “aclara” las dudas, las reafirma al hacer explícita la
privatización furtiva de Pemex. Esta no es igual que la de Telmex, pues
en el caso de Pemex solamente (sic) se trata de CEDER las funciones
constitucionales al capital privado. Eso mismo ocurrió con Telmex pero
incluida la infraestructura industrial. No obstante, el caso de Pemex, como el
de Telmex, son graves porque, en el primer caso, incluye la entrega de los
recursos naturales y, en el segundo, el espectro radioleléctrico.
Transnacionales reorganizan monopolios regionales
Salazar evidenció una de
las consecuencias de la privatización, es decir, la nueva arquitectura
basada en monopolios regionales “regulados” por la CRE. En
principio, el gobierno combate a Pemex por ser un monopolio (legal,
constitucional) para favorecer el ingreso de los permisionarios privados en
actividades reservadas. Una vez logrado lo anterior, las transnacionales
promueven la formación de monopolios que la CRE acepta y los
“regula”. Así, unas cuantas corporaciones dominan el mercado
nacional concentrándose cada vez más en las regiones
geográficas definidas por la CRE.
En este esquema Pemex
está pasando gradualmente, incluso sin reforma, a ser una empresa
más entre las muchas que están surgiendo. El capital privado no
propone su desaparición inmediata pero sí su extinción
programada a partir de sustraerle, una a una, sus funciones constitucionales.
Esa es la característica de la modalidad de privatización sugerida
por el imperialismo implementada por el gobierno neoliberal y sus empleadillos
tipo Salazar. Para éste, la reforma que propone Calderón
ayudaría al desarrollo más eficiente del sector energético,
como “ocurrió” con la reforma de 1995 (sic).
Jorge
Ocejo, senador del PAN se refirió a la intervención de Salazar y
le hizo preguntas. Primero, ¿cómo aseguraría la CRE que la
participación privada en ductos, petrolíferos y
petroquímica básica no se convertiría en una renta a favor
del sector privado y en detrimento de Pemex? Ocejo calificó a la
actuación de la CRE como de “buena gestión” y
preguntó, también, ¿porqué la comisión no cobra
cuotas regulatorias? Respecto a las iniciativas de Calderón
preguntó ¿cuál es el alcance del almacenamiento? Respecto a
la primera pregunta, Salazar dijo que la renta privada estará limitada
por lo que “apruebe el ente regulador” (sic). ¡Nada más!
Con el gas natural la rentabilidad está en el 12%, de acuerdo a la
fórmula utilizada por la CRE. A Pemex se le aplica el mismo mecanismo, o
sea, a Pemex se le da trato de empresa privada.
La apertura del
“debate” sobre la reforma energética neoliberal
concluyó como un asunto “de trámite” más. Los
diputados y senadores asistentes demostraron que están muy desinformados,
carentes de política energética y de propuestas. A
excepción de los legisladores del FAP los participantes son proclives a
la privatización de Pemex y ni siquiera saben expresarse con
propiedad.
Debate Popular en la Casa del Jefe Zapata, en Anenecuilco
Comisión de Energia