david bahen *

Dedicado al Movimiento 27 de Septiembre del SME, en su 5º. Aniversario.

Resúmen: La nacionalización de la industria eléctrica de México ha sido una demanda de los trabajadores. Este proceso no ha concluido. Hoy, es urgente culminarlo mediante la cabal integración de la industria eléctrica nacionalizada. Para ello, se requiere de la unidad combativa de los trabajadores del sector. Esto plantea la necesidad de una política eléctrica independiente.

1. INTRODUCCION.

El gobierno federal ha propuesto una iniciativa con decreto de ley para modificar los artículos 27 y 28 constitucionales con el propósito de privatizar a la industria eléctrica nacionalizada. Esta es una medida regresiva que restauraría escenarios superados históricamente.

Hoy en día, la industria eléctrica nacional representa una importante infraestructura ampliamente desarrollada con la nacionalización. En materia tecnológica, económica y financiera, constituye uno de los pilares para el desarrollo independiente de México en la medida en que se siga una política democrática.

La nacionalización se expresó en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que actualmente dice: "...Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines..." (Constitución, 1992).

Esta gran conquista se pretende cancelar casi en su totalidad. Tan importantes funciones serían eliminadas para sustituirse por el siguiente texto:"...Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares..." (Iniciativa, 1999).

De esta manera, las actividades ahora estratégicas, según el artículo 28 constitucional, pasarían a ser prioritarias, en las cuales puede participar el sector privado de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 25 constitucional.

Esta propuesta imperialista ha llevado a un creciente debate nacional encabezado por los trabajadores electricistas y nucleares, defensores de la industria eléctrica nacionalizada.

2. NACIONALIZACION ELECTRICA DEMANDA DE LOS TRABAJADORES.

"...El 27 de abril anterior, el gobierno de la República anunció la adquisición de las compañías afiliadas a la Impulsora de Industrias Eléctricas. Este hecho provocó las más encontradas opiniones. En tanto los trabajadores y los sectores progresistas en general saludaron la medida con júbilo, declarando que se ha dado un paso importante en el camino de la nacionalización eléctrica, porque con la adquisición de las nuevas empresas la nación extiende su dominio sobre las tres cuartas partes de la capacidad eléctrica instalada y, porque particularmente quedan sólo como empresas privadas importantes la Compañía de Luz y Fuerza Motríz, S. A.; la Compañía de Tranvías, Luz y Fuerza de Monterrey, S. A.; la Industria Eléctrica Mexicana de Mexicali, B. C.; y la Compañía Eléctrica de Sinaloa, S. A:, algunos sectores de la iniciativa privada atacaron la compra de las empresas porque constituía, según dijeron, un acto socializante y de negativa intervención del Estado en la economía; pero aprovecharon la oportunidad para pedir su participación en todas las empresas que constituyen el patrimonio nacional....(Solidaridad, 1960a).

Así se expresaron los electricistas de la Federación de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) con motivo del anuncio de nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Días después, la Confederación Mexicana de Electricistas (CME) que agrupaba a la FNTICE y al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) publicó un Manifiesto en la prensa nacional. En tal comunicado, la CME expresó: "El gobierno de la República resolvió adquirir los bienes de las compañías que en México operaba la American & Foreing Power Co. Inc., las que tenían a cargo el suministro de energía eléctrica en 17 Estados de la República. Este acto tiene una alta significación, por cuanto representa la continuación de una saludable política nacional, tendiente a lograr el control mexicano de las fuentes energéticas, que sustentan el progreso de México.

"La nacionalización de las empresas mencionadas sumada a la Comisión Federal de Electricidad y a otras empresas eléctricas propiedad del Estado, pone bajo el control de la nación mexicana las tres cuartas partes de la industria eléctrica nacional; así se ha definido la política de México en materia eléctrica y no cabe sino esperar a que se planifique y se integre a la brevedad posible, un sistema eléctrico que corresponda a las necesidades del país..."

Los electricistas mexicanos saludaron la nacionalización de la industria eléctrica, pero, señalaron de inmediato las implicaciones profundas que para la nación entera significaba aquella medida. La industria eléctrica de propiedad estatal tiene elevados propósitos. La empresa estatal no es, ni debe ser, sinónimo de ineficiencia y menos de corrupción.

"Desde luego que la nacionalización de la industria eléctrica debe complementarse con el manejo técnica y economicamente adecuado, a fin de que la industria nacionalizada sea altamente eficiente y, por tanto, decisiva en el impulso progresista de México..."

Los electricistas fueron impulsores decididos y concientes de la nacionalización de la industria eléctrica de México. La lucha se desplegó, durante años, en las calles, foros, prensa y asambleas. En diversos análisis se mantuvo una intensa discusión. "La nacionalización de la industria eléctrica es un hecho trascendente en la vida de México. Su gran importancia, sin embargo, no ha sido suficientemente advertida o bien su verdadero significado se ha pretendido tergiversar o minimizar.

"En rigor, la nacionalización de la industria eléctrica era una demanda permanente de los sectores más concientes de la nación. La escasez crónica de electricidad y el precio cada vez más caro del servicio hacían ver claramente que los intereses de las empresas eléctricas privadas estaban en contradicción con los intereses nacionales que demandaban la satisfacción de las necesidades energéticas relativas. Las compañías no podían ni querían corresponder oportuna y eficientemente a los incrementos de la demanda eléctrica. Ocupadas de modo principal en buscar satisfacer sus propósitos de lucro, aprovechaban cualquier oportunidad para elevar sus tarifas, mantenían una sobreexplotación de sus equipos y sistemas, multiplicando en fin todas las formas para aumentar sus ganancias. La conducta inalterable de las empresas confirmaba a cada paso la tesis que sostiene que una industria como la eléctrica no puede ser sino de propiedad nacional..." (Solidaridad, 1960b).

Esta tesis implica una alta responsabilidad, pues, como los mismos electricistas lo señalaron en su oportunidad, "...la nacionalización de la industria eléctrica plantea nuevas tareas e impone altas responsabilidades. Se trata, en lo general, de que esa industria, en tanto propiedad nacional, cumpla verdaderamente las funciones inherentes a la propiedad social...".

En consecuencia, es preciso defender a la industria eléctrica nacionalizada patrimonio del pueblo de México. La nacionalización no ha terminado, hace falta su completa integración. Mucho se ha avanzado, con la unificación de frecuencia a 60 ciclos y la interconexión de casi todo el territorio nacional, pero, se necesita integrar la parte correspondiente al Valle de México y otros lugares como el área peninsular del país. Hace falta, también, un plan eléctrico nacional con arreglo al cual se realicen los programas de trabajo, inversiones e investigaciones necesarias para el desarrollo de esta industria.

La nacionalización es la alternativa a la privatización y se expresa en una política eléctrica propia, independiente y solidaria.

3. NECESIDAD DE DEFINIR UNA POLITICA NACIONAL EN MATERIA ELECTRICA.

Para el cumplimiento de los altos propósitos de la nacionalización de la industria eléctrica se requiere de una política congruente y coherente con los intereses de los trabajadores y del pueblo en general. Esta política ha de conjugar su naturaleza propiamente económica con aquella función de servicio social que tiene la electricidad. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, las compañías extranjeras retiraron a sus técnicos considerando que los mexicanos serían incapaces de poner a funcionar a la industria de vanguardia en su tipo a nivel mundial. Sin embargo, los trabajadores petroleros, en épicas jornadas no sólo mantuvieron operando a la principal industria nacional sino que han contribuido decisivamente a su creciente desarrollo en múltiples aspectos.

Al nacionalizarse la industria eléctrica, las empresas extranjeras procedieron de igual forma. No nada más, lo mismo hicieron la iniciativa privada nacional y los aparatos gubernamentales.

En opinión de Nacional Financiera (Nafinsa), México nacionalizó su industria eléctrica sin saber lo que podía y debía hacer con esta industria. Para que le enseñen, expresó, se contrató a técnicos de Electricidad de Francia (Electricité de France) por la modesta suma de 400 mil dólares (cinco millones de humildes pesos de aquellos tiempos).

Este hecho fue considerado por los electricistas como una humillación para los técnicos universitarios y politécnicos mexicanos. No lo permitiremos, dijeron, somos los trabajadores los depositarios de la confianza del pueblo y, en su nombre, reorganizaremos a la industria nacionalizada y la haremos eficiente para el beneficio social de la mayoría de los mexicanos. Diversas propuestas se han realizado en materia de política eléctrica. En 1961, el STERM hizo la primera propuesta para la reorganización de la industria eléctrica: el Instituto Nacional de la Industria Eléctrica (INIE) (Solidaridad, 1961).

Después, el mismo STERM y la Tendencia Democrática del SUTERM desarrollaron intensamente las ideas acerca de la necesaria integración industrial. Los planteamientos se volvieron programáticos expresados en ¿Porqué Luchamos? (STERM, 1971) y en la Declaración de Guadalajara (TD, 1975).

Con esas luchas se lograron: la unificación de frecuencia, la interconexión eléctrica nacional, la reorganización del trabajo y la primera Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (ley eléctrica), modificada regresivamente en 1992 para permitir la participación privada en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLC). Con la represión del gobierno en 1976 y la imposición del charrismo, la lucha se interrumpió tanto en materia industria como sindical.

En plena movilización nacional de los electricistas y nucleares democráticos, las secciones nucleares del SUTERM propusieron la Política Nuclear Independiente y, como SUTINEN luego SUTIN, han llevado adelante diversas propuestas de importancia nacional, entre las que se incluyen las adiciones a los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 constitucional en materia nuclear, la formulación de la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear (ley nuclear) y múltiples líneas de desarrollo expresadas en diversos proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico.

Ahora, ante la agresión privatizadora, se hace urgente y necesaria, levantar la bandera de la Política Eléctrica Independiente, misma que tiene raíces históricas en la lucha democrática de electricistas y nucleares. Esta política requiere ser reivindicada por los contingentes en lucha, principalmente del SUTERM, SUTIN y SME. Entre las alternativas a la privatización eléctrica, es fundamental enarbolar una política propia, independiente del patrón, del gobierno y del imperialismo. Dicha política se ha de precisar con la intervención organizada de los trabajadores.

La política eléctrica independiente incluye tres banderas: 1. Integración de la industria eléctrica nacionalizada, 2. Unidad sindical democrática de electricistas y nucleares y 3. Contratación colectiva de trabajo única. Las bases de esta política son: exclusividad del estado en materia de energía, propiedad y control estatal de la industria eléctrica, conservación de los recursos naturales no renovables, desarrollo social democrático y soberanía nacional. Los criterios son: independencia energética, autodeterminación tecnológica, beneficio social, desarrollo humano y calidad ambiental.

Los medios para hacer posible a ésta política son: la planeación, los proyectos, la colaboración técnico-científica internacional, el control obrero de la producción e investigación y la huelga .

En términos de esta política, la privatización no es necesaria, lo que se requiere es culminar el proceso de nacionalización. Esto significa, la cabal integración de la industria eléctrica nacionalizada. Para ello, se proponen modificaciones y adiciones a la Ley eléctrica, de manera que, se emita la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de electricidad (ley de electricidad) que sustituya a la primera. De acuerdo a esta ley, se definiría al sistema eléctrico nacional mismo que debe comprender:

• La planeación del sistema eléctrico nacional;
• La realización de investigación científica y desarrollo tecnológico.
• La generación, conducción, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica;
• La realización de todas las obras, proyectos, instalaciones, aplicaciones y servicios que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

Tales actividades se realizarían a través de un organismo único creado por la ley de electricidad, esto es, Electricidad de México, organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Entre los objetivos estratégicos de Electricidad de México estarían:

Desarrollar el conocimiento y la tecnología con relación a las fuentes alternas de energía;

Generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica;

Desarrollar e implantar las tecnologías asociadas a los sistemas eléctricos de potencia, logrando cada vez una mayor participación nacional;

Formar los recursos humanos requeridos a todos los niveles;

Proteger adecuadamente al medio ambiente.

Electricidad de México sería un organismo único que comprendería a todo el sistema eléctrico nacional formado por 7 subsistemas. Uno de estos sería el subsistema Valle de México formado por las divisiones Valle de México y Metropolitana. A este subsistema se integraría Luz y Fuerza del Centro; Laguna Verde actualmente considerada como gerencia aparte se integraría al subsistema Oriente; al subsistema peninsular pertenecerían Baja California y Yucatán.

En la división de investigación y desarrollo estaría el Instituto de Energía (INE) al cual se integrarían los actuales Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) de Cuernavaca, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) de Salazar y Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) de Irapuato. Las funciones principales del INE serían: la realización de investigación básica y desarrollo tecnológico en materia eléctrica, nuclear, eólica y solar incluyendo las aplicaciones, pruebas y servicios especializados.

Las líneas de desarrollo podrían incluir: electrodinámica clásica y cuántica, magnetohidrodinámica de fluidos, fusión termonuclear controlada, energía solar, superconductividad, dinámica estelar y protección del medio ambiente.

Para la industria eléctrica nacionalizada se precisa de un plan eléctrico nacional. Este plan requiere formularse a la luz de las condiciones actuales con la participación de los investigadores, ingenieros, técnicos y especialistas electricistas y nucleares. Los objetivos del plan eléctrico nacional incluyen: autosuficiencia eléctrica, desarrollo social, uso eficiente de energía, balance energético racional, autodeterminación tecnológica, eficiencia y protección ambiental.

Con base en la política y el plan eléctrico, se requiere de un plan estratégico de desarrollo que permita reorganizar a la industria y al trabajo. Este plan ha de orientarse a garantizar el suministro de energía eléctrica, diversificar las fuentes energéticas, asegurar la calidad y confiabilidad con una perspectiva de largo plazo. El plan contendría programas específicos en materia económica, financiera, organizativa y de investigación y desarrollo que indiquen los lineamientos de acción e instrumentos.

4. UNIDAD COMBATIVA, BANDERA DE LA INSURGENCIA OBRERA

La unidad sindical de los trabajadores del sector es, asimismo, un proceso inconcluso cada vez más necesario e impostergable. Para reorganizar la industria hay que reorganizar también a los sindicatos.

La idea de la unidad sindical ha estado presente hace décadas. Durante mucho tiempo se han tomado acuerdos consecuentes pero también ha habido importantes obstáculos, unos, provenientes del gobierno, otros, de los mismos trabajadores y/o sus dirigencias en turno.

Cuando se anunció la nacionalización de la industria eléctrica, de inmediato se puso a la discusión la importancia de la unidad sindical de los trabajadores electricistas. El 22 de abril de 1960, en la asamblea general del SME, Rafael Galván dijo que, era necesario "avanzar hacia la reestructuración obrera democrática", y agregó, "para la CME la unidad obrera es una necesidad".

Por eso, ante la nacionalización de la industria eléctrica la respuesta obrera fue inmediata. Los electricistas de la FNTICE señalaron con toda claridad que, "...La nacionalización eléctrica plantea entre otras tareas esenciales la de organizar como un todo a la industria eléctrica, y tal unidad industrial plantea a su vez la unidad de los trabajadores electricistas...".

Con estas correctas conclusiones, la FNTICE procedió en consecuencia: el 1o. de septiembre, día en que se anunció en el Informe Presidencial la iniciativa de decreto que nacionalizaría la industria eléctrica de México, la FNTICE emitió la convocatoria a su cuarta asamblea nacional extraordinaria a realizarse en el Teatro de la Paz de San Luis Potosí (SLP) a partir del 5 de octubre de 1960.

Acudieron los delegados efectivos de las organizaciones federadas, 35 sindicatos y sus secciones en diversas partes del país. Terminada la asamblea, se procedió a constituir el congreso constituyente del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM). Con base en el acuerdo de su tercera asamblea, la FNTICE se trasformó en un sindicato industrial, aquel 8 de octubre de 1960, acercando así la perspectiva de la unidad total de los trabajadores electricistas. De esta manera, se lograría la unificación de 35 sindicatos y 72 contratos colectivos de trabajo

Se dijo en aquella ocasión, que los principios con que se fundaba el nuevo sindicato revolucionarían al movimiento sindical mexicano. El STERNM señaló: "La unidad de los trabajadores electricistas es indispensable, porque no solamente hay que asegurar los intereses colectivos sino contribuir a la resolución de los problemas relativos a la reestructuración de la industria eléctrica...". Esos principios constituyen hoy en día el camino hacia la unidad de los electricistas.

Otro hecho de gran significación fue la formación de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), constituida por el STERM, SME, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Federación Revolucionaria de Obreros Textiles, Unión Linotipográfica y Federación Nacional de Cañeros. Su lema era "Por una sociedad sin clases" y su primera propuesta fue "Contribuir a la reunificación democrática del movimiento obrero..."

El proceso de integración industrial y unidad sindical ha pasado por varios escenarios y propuestas.

En 1966 se firmó un convenio para la integración de la industria eléctrica entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el STERM y el Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM). En 1969, se firmó el segundo convenio al cual se integró el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Sin embargo, la integración de la industria y la unidad sindical serían varias veces boicoteadas por intereses burocráticos y antiunitarios.

En 1969, el STERM tenía ya sólo 20 contratos colectivos. Para 1971, sólo uno de tres existentes en la industria eléctrica nacionalizada. De los otros, eran titulares el SNESCRM y el SME.

Ese año, el SNESCRM pretendió arrebatar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) del STERM. Se produjo, entonces, un importante movimiento por la democracia sindical. En grandes jornadas nacionales se manifestaron la insurgencia obrera y el pueblo solidario. Los electricistas enarbolaron el programa ¿Porqué luchamos?. En ese programa se contenían las propuestas programáticas fundamentales que incluían, democracia sindical, integración de la industria eléctrica, reorganización democrática del movimiento obrero y un conjunto de reivindicaciones en materia de salud, educación, vivienda y seguridad social.

En 1972 triunfaron los electricistas del STERM. Mediante un Pacto de Unidad entre el STERM y el SNESCRM, se fundó al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) como sindicato nacional de industria con unos estatutos sindicales avanzados y un CCT que integró las mejores conquistas de los sindicatos unificados. Así, los sindicatos y CCT's del sector se redujeron a dos.

Ese año, los nucleares del SUTINEN realizaron su primer congreso y apoyaron al STERM. En 1973, se unieron al SUTERM logrando su reconocimiento sindical y primer CCT al siguiente año. En 1974, se reinició la movilización luego del rompimiento charro de la huelga de la Sección General Electric del SUTERM. Se desarrolló el movimiento de la Tendencia Democrática del SUTERM. Este movimiento tuvo un alto impacto de alcance nacional y con la mayor importancia en las últimas tres décadas.

La Tendencia Democrática (TD) unificó a la mayoría de los electricistas, principalmente del interior del país. Se recorrió el territorio en nuevas jornadas nacionales, regionales y locales por la democracia sindical y la reorganización democrática del movimiento obrero de México. En febrero de 1975 se realizó la primera Conferencia de Política Nuclear. A partir de abril, se enarboló el programa conocido como Declaración de Guadalajara. Se logró la aprobación de la primera Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Un año antes se habían logrado, también, las adiciones en materia nuclear al artículo 27 constitucional.

El 16 de julio de 1976, 400 mil esquiroles apoyadas por 20 mil soldados impidieron la huelga eléctrica nacional al tomar todos los centros de trabajo eléctricos y nucleares del país. Los nucleares fueron expulsados del SUTERM perdiendo su CCT. Se produjo la mayor represión obrera que ha habido en México luego del movimiento ferrocarrilero de 1958-59. Después, el SUTERM fue charrificado. Peor aún, se desató el inicio de una fase larga de la crisis económica persistente.

En 1977 se propuso por el gobierno mexicano y norteamericano la privatización de la industria del uranio mediante una iniciativa de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia nuclear. Los trabajadores nucleares del Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto Nacional de Energía Nuclear (SUTINEN), apoyados por el pueblo con sus organizaciones sociales y políticas, impidieron esa privatización imperialista. El SUTINEN se movilizó ampliamente. En asambleas, foros, prensa y calles se integró objetivamente un frente nacional. En 1979, se logró la aprobación de un nuevo proyecto de ley, la primera Ley Nuclear; se impidió la privatización y exportación del uranio; se fundó al Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN).

Luego, la TD tuvo que disolverse ante las enormes presiones políticas del gobierno. No obstante la represión política y militar sobrevivieron los nucleares de la Tendencia Democrática. Los electricistas del SUTERM fueron sometidos a un fuerte control charro, mediante el despido, jubilación forzosa y represión sistemática cotidiana. Entre tanto, la integración de la industria eléctrica avanzó en la práctica con la unificación de frecuencia e interconexión del sistema eléctrico nacional.

En 1992 se modificó la ley eléctrica para permitir la intervención privada mediante las figuras de autoabastecimiento, generación independiente y cogeneración. Estas figuras legaloides, para adecuar la economía del país a los intereses norteamericanos, son nocivas e innecesarias. Con esta base, el capital privado ha estado interviniendo en la industria eléctrica nacionalizada, cada vez, con mayor fuerza. En 1994, se creó a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Pero la integración de la industria eléctrica no ha culminado, por tanto, tampoco la nacionalización.

A principios de 1999, el gobierno neoliberal propuso la desnacionalización y desintegración de la industria eléctrica, mediante una iniciativa de modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales. Esto significaría la privatización de prácticamente todo el proceso de trabajo de la industria eléctrica nacionalizada.

El 2 de febrero de 1848, Antonio López de Santa Ana firmó el Tratado de Guadalupe mediante el cual cedía a los Estados Unidos la mitad del territorio mexicano. El 2 de febrero de 1999, Ernesto Zedillo firmó la iniciativa de decreto que pretende entregar, al capital privado nacional y extranjero, el patrimonio nacional de la industria eléctrica nacionalizada.

Esta propuesta neoliberal significaría el regreso al pasado y la agresión severa a los derechos obreros. Los trabajadores electricistas y nucleares no debemos permitir esta propuesta neoliberal. Junto con el pueblo de México es preciso dar respuestas políticas. La respuesta consecuente es la unidad.

En esta materia se propone la formación del Sindicato Mexicano de la Energía (SME). Este sería un sindicato nacional de industria que agruparía a los trabajadores que desarrollan sus actividades en la industria eléctrica de México, la cual comprende: la investigación científica y el desarrollo tecnológico, planeación, ingeniería de proyectos, operación de la infraestructura, mantenimiento y servicios relacionadas con la realización de obras y proyectos, generación, transmisión, control, transformación, distribución y comercialización de la energía eléctrica producida a partir de todas las fuentes energéticas disponibles, así como la fabricación de equipos y materiales eléctricos y la operación y mantenimiento de equipo pesado, aéreo y automotríz.

En este sindicato estarían unificados los trabajadores de la industria eléctrica, nuclear, electrónica y de las manufacturas del sector.

El nuevo sindicato tendría una estructura basada en secciones que se organizarían de acuerdo a las unidades técnico-industriales, centros de trabajo y/o unificación geográfica en todo el país. Se tendrían, también, diversas disposiciones para el funcionamiento sindical, incluyendo la huelga, plebiscitos, elecciones y revocación de mandato.

Tratándose de las condiciones laborales, la propuesta es la contratación colectiva única (CCT-U). En ésta se han de expresar las mejores condiciones, sobre todo tratándose de los aspectos fundamentales.

La materia de trabajo objeto del CCT-U sería:

1. I. Planeación del sistema eléctrico nacional;
2. II. Investigación científica y desarrollo tecnológico;
3. III. Realización de proyectos técnico-industriales, obras e instalaciones, diseño y construcción de plantas, sistemas de suministro de vapor, equipos, componentes y materiales eléctricos;
4. IV. Generación, conducción, transformación, distribución y comercialización de energía eléctrica;
5. V. Operación y control del sistema eléctrico nacional;
6. VI. Operación, conservación y mantenimiento de equipo pesado, aéreo y automotríz;
7. VII. Desarrollo de los recursos humanos y protección ambiental.

Para efectos de la organización del trabajo, los trabajadores quedarían comprendidos en las siguientes ramas de actividad: planeación, investigación y desarrollo, realización de proyectos, generación, transmisión, control, distribución, construcción, fabricación, operación, mantenimiento, comercialización, administración y servicios.

Para concretar la unidad se llevaría a cabo un Congreso de Unidad de los sindicatos participantes en la unificación. A este Congreso asistirían delegados electos en asambleas generales a razón de 1 delegado por cada 100 trabajadores de planta o fracción mayor.

Por supuesto que, para crear las condiciones más adecuadas e impedir definitivamente la privatización de la industria eléctrica es necesario proceder a organizar los procedimientos de la huelga eléctrica nacional, cuyo estallido o no sería decidido oportuna y democráticamente en asambleas generales en todo el país.

Para algunos el problema de la privatización es de procedimientos; para otros, la integración de la industria no es urgente; para unos más, la unidad es un asunto para después. Sin embargo, el problema es de fondo, la integración es urgente y la unidad sindical es vital. La nacionalización no ha terminado; la unidad sindical no ha concluido.

El proceso de integración industrial y unidad sindical en la industria eléctrica nacionalizada requiere de la solidaridad del pueblo de México a través de sus organizaciones sociales y políticas. Pero no basta el simple apoyo a la lucha gremial. El movimiento necesita del fortalecimiento político enarbolando un programa. Este programa incluye la lucha contra todas las privatizaciones: en la industria eléctrica, educación, seguridad social, patrimonio cultural y recursos naturales. También debe incorporar otras demandas sociales y políticas confluyendo en un Frente Nacional Antimperialista que permita articular la lucha social del pueblo de México en unidad con la lucha internacional de otras organizaciones y otros pueblos.

No hay victorias ni derrotas definitivas. Es importante, por tanto, extender, consolidar y cuidar dentro el movimiento el porvenir de éste. Hoy, la privatización no es inevitable. La condición es la praxis política consecuente. ¡Frente a la privatización, la nacionalización!, ¡ Frente la agresión neoliberal, la unidad sindical!, ¡Frente a la ofensiva capitalista, la política eléctrica clasista!

5. REFERENCIAS.

Bahen D., 1994, Política Energética Independiente, CND-EZLN, Aguascalientes-Chiapas.
Bahen D., 1994, Movimiento Obrero Clasista, CND-EZLN, Aguascalientes-Chiapas.
Constitución, 1999, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa.
Iniciativa, 1999, Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República.
Ley eléctrica, 1975, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Diario Oficial 221275.
Ley nuclear , 1979, Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, Diario Oficial 260179.
Nuclear, 1978, Nuclear Periódico de los trabajadores nucleares, SUTINEN.
Solidaridad, 1960a, Solidaridad Tribuna de la Insurgencia Obrera, Año VI No. 85, 15 de mayo de 1960.
Solidaridad, 1960b, Solidaridad Tribuna de la Insurgencia Obrera, Año VI No. 89, 27 de septiembre de 1960.
Solidaridad, 1961, Solidaridad Tribuna de la Insurgencia Obrera, Año VII, No. 99, 27 septiembre 1961.
STERM, 1971, ¿Porqué Luchamos?, STERM.
SUTERM, 1975, Política Nuclear Independiente, Secciones Nucleares del SUTERM.
SUTIN, 1986, Informes y Ponencias, V Congreso del SUTIN, Cuernavaca.
SUTIN, 1999, Estatutos del SUTIN, SUTIN.
TD, 1975, Declaración de Guadalajara, TD-SUTERM.

* david bahen, astrofísico, dirigente obrero de TD, SUTINEN, SUTIN, UISTE-FSM, FTE.