Apertura total en generación y distribución eléctrica y que el mercado rija las tarifas eléctricas, son las propuestas del gobierno foxista. Esto quiere decir que no habría límites a las inversiones extranjeras, también, que el proceso de desnacionalización eléctrica sería total, y que las tarifas eléctricas van a aumentar cargando el costo de la privatización a los consumidores sobretodo domésticos.
Los voceros de Fox anunciaron el anterior 7 de febrero que para el siguiente 15 de marzo presentarán la iniciativa presidencial ante el Congreso de la Unión.
Con anterioridad, en sendos desayunos oficiales con el SME y el SUTERM, Vicente Fox dijo que LyFC y CFE no se privatizarían, sobre la base de que sus activos no serán vendidos. El anunció ha sido muy útil para la confusión. Que los activos no se vendan es correcto y un triunfo del movimiento, al igual que es un triunfo haber detenido la iniciativa privatizadora de Zedillo y Téllez. Sin embargo, Fox plantea privatizar las funciones plasmadas justamente en la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Ya actualmente existe una alta participación privada en la construcción de plantas generadoras mediante la licitación y permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. A la industria eléctrica, el gobierno la está transformando silenciosamente de actividad estratégica en prioritaria.
¡La iniciativa de privatización eléctrica, que prepara el grupo de Fox, será rechazada por el Congreso de la Unión y por la movilización de los trabajadores y pueblo de México!
También será rechazada la iniciativa privatizadora de Pemex, hecha por Fox al margen de toda disposición legal. El 13 de febrero pasado, Fox designó como miembros del Consejo de Administración de Pemex a 4 connotados empresarios: Carlos Slim (Telmex y Grupo Carso), Lorenzo Zambrano (Cemex), Rogelio Rebolledo (Pepsi-Cola) y Alfonso Romo (Grupo Pulsar), así como 5 consejeros charros del STPRM.
El Presidente de la República está violando los artículos 9 y 20 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el artículo 6 de la Ley Orgánica de Pemex, pues ninguno de los designados forma parte del gobierno federal, son simplemente los beneficiados de la política económica oficial.
La medida afecta el interés nacional y se reflejará en la reestructuración que seguramente propondrán esos capitalistas. Es previsible que, en el nuevo "perfil empresarial" propongan aumentar los volúmenes de extracción de petróleo crudo para rebasar los 3 millones 200 mil barriles diarios actuales, el incremento en la plataforma de exportación que hoy supera 1 millón 700 mil barriles diarios destinados principalmente a los Estados Unidos, el aumento en competidores de gas natural mediante conexiones a EU y Canadá y el despido de trabajadores.
La privatización disfrazada en Pemex está en marcha, por ahora no se venden los activos pero sí se privatiza la política creando condiciones completamente favorables al sector privado que, por lo pronto, dirige a la principal empresa energética de México, situación inaceptable para los trabajadores del sector energía.
