RESUMEN: Se analiza el proceso en marca de privatización eléctrica en México. Esta se lleva a cabo por el gobierno federal con base en las disposiciones anticonstitucionales expresadas en las modificaciones regresivas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). A través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se han venido otorgando permisos privados de generación eléctrica. A la fecha se están rebasando las proyecciones formuladas por el gobierno para el año 2006. Mediante permisos para el autoabastecimiento, cogeneración y producción privada independiente, los inversionistas privados están construyendo una nueva industria eléctrica privada, en un proceso de plena desnacionalización, con importantes implicaciones industriales, laborales y sindicales. Frente a estas acciones es preciso señalar que la llamada apertura privada constituye una verdadera privatización. Tal apertura privada debe suspenderse por afectar los intereses nacionales y llevarse contrariamente a lo dispuesto por la Constitución del país. Se propone la lucha por una Política Eléctrica Independiente para culminar la nacionalización eléctrica mediante la cabal integración industrial.

1. INTRODUCCIÓN.

La Nacionalización de la industria eléctrica de México, llevada cabo en 1960, representa un acontecimiento político de la más alta importancia para la Nación, de trascendencia similar a la expropiación de la industria petrolera de 1938.

La nacionalización eléctrica ha sido y es una propuesta de los trabajadores mexicanos en lucha. Sin embargo, los gobiernos neoliberales, especialmente Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, han pretendido revertir las conquistas históricas del pueblo de México entregando el patrimonio nacional por la vía de cambiar el régimen de propiedad, actualmente en manos del Estado para trasladarlo al sector privado.

La Iniciativa de Reforma propuesta por Zedillo, actualmente suspendida principalmente por la movilización de los trabajadores electricistas, representa una reversión inaceptable para la Nación.

El nuevo gobierno panista insiste en esa propuesta, adoptando modalidades en la forma. Ha señalado el gobierno federal que los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no serán privatizados (vendidos), sin embargo, la situación sigue siendo igual de grave o peor, porque está en marcha un proceso de privatización que significa la privatización de las funciones mediante el otorgamiento de permisos privados para la generación eléctrica tomando como base las modificaciones regresivas de 19992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Le llama apertura privada, no privatización. Es un simple eufemismo, porque con ese discurso engañoso pretenden justamente la Privatización. La apertura privada es exactamente lo mismo que la privatización.

A la fecha, el gobierno federal lleva a cabo acciones unilaterales, de manera que, cada vez son mayores los permisos privados, cada vez es más cuantiosa la capacidad instalada privada y, por ende, la apropiación privada del patrimonio nacional. Esas acciones son anticonstitucionales, se trata de un proceso de privatización simulada que significa la desnacionalización de la industria eléctrica.

2. PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICA ANTICONSTITUCIONAL

La iniciativa presidencial de privatización de la industria eléctrica, propuesta inicialmente por Zedillo-Téllez y retomada por Fox, violenta gravemente las disposiciones constitucionales vigentes y atenta contra la soberanía nacional.

Dice la parte final del párrafo sexto del artículo 27 constitucional actual: "...Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público...". Se agrega que, "...En ésta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".

En la iniciativa de decreto para reformar la Constitución y privatizar la industria eléctrica se propone que el mencionado párrafo del 27 diga: "...Corresponde exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares".

Esto quiere decir que, salvo el control de la red nacional de transmisión, todas las fases del proceso de trabajo eléctrico dejarían de corresponder exclusivamente a la Nación y, por tanto, podrían concesionarse a los particulares, esto es, privatizarlas.

Lo anterior se refuerza al considerar lo señalado por el artículo 28 constitucional. Actualmente, se dice en el párrafo cuarto: "...No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las demás que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión..."

Con respecto a éste artículo, la iniciativa de privatización dice: "...No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión..."

Esto es muy grave. Las facultades que de manera exclusiva corresponden a la Nación en materia de electricidad, esto es, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica se pretenden eliminar para concesionarlas al capital privado nacional y extranjero. Esta conquista, lograda con la nacionalización de la industria eléctrica se pretende cancelar, por lo que, la iniciativa de privatización es desnacionalizadora. Tales facultades consideradas como actividades estratégicas, dejarían de serlo para convertirse en prioritarias, en las cuales puede participar el sector privado de acuerdo a lo señalado en el artículo 25 constitucional. Del artículo 28, donde se indican las actividades estratégicas simplemente se borra la palabra "electricidad".

Estas serían modificaciones regresivas que destruirían a la industria eléctrica nacionalizada. Tales modificaciones propuestas por la Presidencia de la República y formuladas por la Secretaría de Energía, con la asesoría de empresas contratistas extranjeras, vulnera la soberanía nacional.

El artículo 39 constitucional dice actualmente: "La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno".

Es evidente que, la iniciativa de privatización eléctrica significaría la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero. Esto no beneficia al pueblo de México.

Por lo demás, este patrimonio no es propiedad de nadie en particular sino de toda la nación mexicana. Por tanto, al pretender la desnacionalización y destrucción de la industria eléctrica se afecta en esencia la soberanía nacional.

Los promotores de la privatización no son dueños del país, el poder público dimana del pueblo para beneficio de éste. Con la privatización eléctrica no se beneficiaría al pueblo de México, sino al contrario, éste volvería a padecer la penuria de electricidad, elevadas tarifas, mal servicio, afectaciones laborales y sindicales, situación vivida a principios del presente siglo.

En términos del artículo 87 constitucional se establece que, el Presidente, al tomar posesión de su cargo prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan... y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".

Así de sencilla es la cuestión. El pueblo de México demanda el cumplimiento de la Constitución. Por eso se opone a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Por tanto, tal iniciativa debe ser retirada de la discusión. Si no se retira, habrá que rechazarla por todos los medios ya que se trata de una propuesta anticonstitucional que configura causales de traición a la patria.

3. PRIVATIZACIÓN ELÉCTRICA SIMULADA

Para el 2000 no habrá inversión pública en el sector eléctrico, la única inversión será privada, se dijo desde 1999. Tal política continúa a la fecha..

Siguiendo con el chantaje, Luis Téllez, exsecretario de energía, repetía que sin la apertura (privatización) del sector eléctrico "no se podrá asegurar el abasto de energía en los próximos años".

De esta manera, se anunció entonces que la inversión en el sector eléctrico para el año 2000 sería mínima en lo que respecta a obras a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), y que la única inversión sería privada. Esto significaba que no habría inversión pública desentendiéndose el Estado de sus responsabilidades.

De hecho durante el pasado y presente sexenio la inversión ha sido básicamente privada. Hace años, están en marcha varios permisos de proyectos eléctricos mediante el esquema de financiamiento de Productor Externo de Energía (PEE). De acuerdo a este mecanismo, el sector privado poseedor de una planta puede generar energía eléctrica y venderla a CFE asumiendo ésta todo el riesgo comercial. Otro esquema de financiamiento es el de Construcción-Arrendamiento-Transferencia (CAT) del cual existen a la fecha varios permisos igualmente para el sector privado.

Además, se ha puesto en marcha un proceso de reestructuración de la CFE llamado "mercado sombra" consistente en la operación independiente de varias centrales eléctricas las que venderán la electricidad al sistema con una contabilidad propia en las diversas regiones.

La reestructuración tiene la finalidad de identificar las plantas más eficientes y rentables, mismas que seguramente serían las primeras en venderse al permitirse la privatización si se llegara a aprobar la iniciativa de modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales.

El incumplimiento de la responsabilidad del Estado al suprimir la inversión pública en el sector eléctrico implica preparar las condiciones para el deterioro paulatino de la industria eléctrica nacionalizada y aumentar la presión para hacer realidad el dogma privatizador.

Esta medida no es nueva. En el sexenio anterior el crecimiento de la capacidad eléctrica instalada ha sido el más bajo desde 1960. Ahora se busca aumentar las dificultades no obstante que CFE es una empresa financieramente sana y capaz de sostener sus propios requerimientos de inversión.

Lo que se quiere es golpear a CFE y LFC. En éste último caso, la situación podría complicarse rápidamente debido a las ya existentes dificultades financieras y de rentabilidad. Obviamente, las repercusiones serían adversas en los aspectos laborales de más de 100 mil trabajadores del sector.

Esta política se continúa aplicando deliberadamente entre el gobierno y el sector privado con la asesoría de contratistas extranjeros. El modelo es el mismo que se ha seguido con la industria petroquímica misma que, a pesar de todo, no se ha logrado entregar al capital privado. También es semejante a las acciones seguidas en varias partes del mundo para privatizar la industria eléctrica.

Varios investigadores, como J. Petras y S. Vieux de la Universidad de Binghamton NY, lo han señalado claramente en diversos estudios al respecto.

El proceso es simple: justo antes de la venta de empresas públicas, el Estado deja de invertir, lo que provoca el deterioro en el servicio que proporciona; luego, él mismo asume el costo del retiro de trabajadores, reduce el costo de los insumos y proporciona subsidios para que los compradores adquieran a las empresas con costos de producción y laborales bajos.

Una vez que la privatización se realiza, de inmediato aparece el repunte en la actividad, lo que parece resultado de la privatización "y no como producto de una política deliberada del Estado que trabaja en concertación con la élite privatizadora".

De esta manera, el gobierno sigue las recetas de los organismos imperialistas atentando contra la soberanía de México. Los trabajadores mexicanos estamos en contra de esta política y reiteramos: ¡No, a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada!, ¡La privatización es desnacionalización, es destrucción del patrimonio nacional!

4. PRIVATIZACION ELECTRICA DESNACIONALIZADORA.

La Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1975 representó una importante conquista para la Nación resultado de la lucha de los electricistas democráticos. En el artículo 1º. De esta Ley se reafirmó lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. En el artículo 4º., se indicó que la prestación de servicio público de energía eléctrica comprende: I- La planeación del sistema eléctrico nacional, II- La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, III- La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

Estas disposiciones formaban parte de los esfuerzos para la integración de la industria eléctrica nacionalizada. Sin embargo, el proceso fue interrumpido en 1976.

En 1989, el Congreso de la Unión emitió un decreto para reformar la LSPEE. De acuerdo con este decreto, las empresas concesionarias, entrarían en liquidación o continuarían en disolución y liquidación. Al mismo tiempo, se indicó que se constituiría un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Esto daría lugar a la creación de Luz y Fuerza del centro.

Más tarde, en 1992, el propio Congreso acordó una nueva reforma a la LSPEE. Estas reformas representarían a la postre el inicio de la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. De acuerdo con las reformas regresivas, en las modificaciones al artículo 3º., se estableció que "No se considera servicio público: I- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, II- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad, III- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción, IV- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios, V- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica"

De acuerdo al artículo 36 de esa Ley, a la Secretaría de Energía corresponde otorgar los permisos correspondientes, siempre que los proyectos estén incluidos en los programas respectivos de la CFE "o sean equivalentes". Se indica también que en el otorgamiento de los permisos se deberán observar diversas cuestiones, entre otras, "el uso temporal de la red del sistema eléctrico nacional por parte de los permisionarios" previo convenio con la CFE.

Los permisos referidos tendrán una duración indefinida o serán de 30 años, de acuerdo al tipo de permiso, según el artículo 38 de la LSPEE.

En 1993, se emitió el Reglamento de la LSPEE, casi 20 años después de promulgada dicha Ley. Este Reglamento reafirmó las modificaciones de 1992 a la LSPEE. Según este Reglamento, la CFE deberá elaborar la prospectiva del sector eléctrico que describa y analice, para un período hasta 10 años siguientes, las necesidades previsibles del país en materia de energía eléctrica, así como las acciones posibles a emprender por parte del suministrador y de los particulares. De manera específica se indica en el artículo 72 del Reglamento que los particulares podrán realizar la generación de energía eléctrica para su venta a la CFE, así como para el consumo de los mismos particulares. En términos del artículo 73, el ejercicio de estas actividades podrá incluir la transmisión, la transformación y la entrega de la energía eléctrica producida.

En el caso de producción independiente, se considera la generación de energía eléctrica proveniente de plantas con capacidad MAYOR DE 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportación.

Por otra parte, de acuerdo al artículo 155 del Reglamento, la CFE, cuando exista la posibilidad de transmitir energía eléctrica adicional a las instalaciones existentes, brindará el servicio de transmisión a los permisionarios que lo soliciten, dando preferencia a quien lo solicite primero. Cuando no exista tal posibilidad de proporcionar el servicio de transmisión, la CFE podrá convenir con el solicitante la construcción de las instalaciones necesarias repartiéndose el costo de las inversiones..

En pocas palabras, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento, los inversionistas privados no solamente adquirieron el derecho a generar energía eléctrica en forma privada sino, también, podrán disponer de la red eléctrica nacional. En 1994, un decreto de Salinas de Gortari reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento, tendientes a reforzar la privatización eléctrica.

Más tarde, en 1999, Zedillo y Téllez propusieron una iniciativa de reformas a la Constitución del país para privatizar abiertamente la industria eléctrica. Esa iniciativa no se ha discutido en el Congreso, sin embargo, la privatización eléctrica está en marcha en forma incontenible a través de los permisos privados considerados en las modificaciones de 1992 a la LSPEE.

Finalmente, en 2001, siguiendo las disposiciones "legaloides" antes señaladas, contrarias a la letra y espíritu del artículo 27 constitucional, Vicente Fox ha propuesto un nuevo decreto para reformar el Reglamento de la LSPEE que daría lugar a mayores concesiones a los inversionistas privados. Con ello se reforzaría aún más la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.

Así pues, la privatización eléctrica tiene su antecedente inmediato no en la iniciativa zedillista sino en las propuestas del salinismo, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. El proceso de privatización avanza cada día, no importando al gobierno ninguna razón y protesta del pueblo de México.

De acuerdo a lo señalado por la iniciativa Zedillo-Téllez de privatización eléctrica, para el año 2005 se requeriría un aumento en la capacidad de generación de al menos 13 mil Mwe, esto es, más de un tercio de la capacidad instalada actualmente, misma que está disponible y se logró en más de 50 años.

En 1998, la capacidad efectiva en operación fue de 35 mil 250 Mwe. Partiendo de aquí, 13 mil Mwe adicionales representarían 37% más. El gobierno federal ha dicho que, para lograr ésta meta, el Estado carece de los recursos necesarios. Ya que no dispone de estos recursos, propone la privatización de la industria eléctrica mediante las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales.

Sin embargo, la situación no es tan grave como cree el gobierno ni es necesario llegar a tales extremos. Se puede cumplir con la demanda eléctrica manteniendo la propiedad estatal. La privatización no es la panacea y tal dogma comprometería al patrimonio nacional. Privatizar sería desnacionalizar.

No se requiere privatizar a la industria eléctrica nacionalizada. Con el esquema legal vigente que (indebidamente) permite la participación privada se pueden cumplir las metas que se proyectan y aún más.

Esto es así, porque con las reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (Ley eléctrica), la participación privada en la industria eléctrica puede ocurrir a través de las figuras de: producción independiente, autoabastecimiento y cogeneración. Tales modificaciones regresivas ocurrieron en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con Norte América (TLC) y están vigentes.

Con esta base, la Secretaría de Energía (SE), a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) identificó 24 proyectos para el período 1996-2000, iniciando la licitación de los mismos desde 1996 (5 proyectos), 1997 (11 proyectos), 1998 (5 proyectos) y 1999 (3 proyectos) (Prospectiva, 1997).

Estos proyectos, ya licitados con anterioridad, representan un total de 9 mil 767 Mwe, de los cuales, la mayor parte corresponden a centrales termoeléctricas tipo ciclo combinado. Tan sólo con estos proyectos, cuyos primeros 4 están en marcha, se podría cubrir la demanda hacia el 2005, considerando una tasa viable de crecimiento de casi el 4% anual que corresponde al crecimiento histórico medio 1987-97. Esto, sin tomar en cuenta ninguna licitación más.

1 Proyectos en marcha, 2 CAT, 3 PPI.
cc, termoeléctrica de ciclo combinado; tg, termoeléctrica de turbogas;
ci, termoeléctrica de combustión interna; geo, geotermoeléctrica; hidro, hidroeléctrica.

De estos proyectos, 5 se pusieron en marcha con 2 mil 50 Mwe. Del total, 4 proyectos (1 mil 550 Mwe) corresponden a la figura de producción independiente (PPI) y 7 proyectos (496 Mwe) al esquema Construcción-Arrendamiento-Transferencia (CAT) (Oportunidades, 1997).

Al mismo tiempo, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó 29 permisos privados durante 1996-97 para instalar 1 mil 976 Mwe. De éstos, 4.75 Mwe corresponden a importación, 126 a cogeneración, 1 mil 304 a autoabastecimiento y 532 a producción independiente.

Los proyectos licitados a esa fecha representan 9 mil 767 Mwe y los permisos privados ascienden a 1 mil 976 Mwe, haciendo un total de 11 mil 743 Mwe.

Además, se tenían en desarrollo y preparación 23 proyectos privados adicionales de cogeneración (1 mil 530 Mwe) y autoabastecimiento (2 mil 218 Mwe) con un total de 3 mil 748 Mwe.

Así, sin necesidad de ninguna modificación constitucional están en marcha suficientes proyectos eléctricos con una capacidad total de 15 mil 491 Mwe. Esto es más de la proyección del gobierno para el 2005 consistente en 13 mil Mwe.

Esta capacidad instalada está actualmente en desarrollo sin requerir ninguna inversión por parte del Estado. Posteriormente, habrá que cumplir las responsabilidades con los inversionistas, siguiendo todos los riesgos inherentes, pero, con las plantas de generación operando a cargo del sector público, manteniéndose el control y la propiedad estatal.

Existen, adicionalmente, otras opciones por considerar tales como la hidroelectricidad cuyo potencial es importante. Lo mismo con relación a nuevos proyectos que podrían adicionarse en los próximos años mediante inversión privada. Es previsible que, el gobierno seguirá el camino abierto por las modificaciones regresivas a la ley eléctrica en 1992 y se continúan otorgando permisos para la intervención privada en la industria eléctrica nacionalizada.

De manera que, tan sólo aplicando el actual esquema legaloide se pueden satisfacer los requerimientos de capacidad eléctrica instalada para el futuro próximo. No se requiere privatizar a la industria eléctrica nacional. La apertura a la inversión privada ya existe y cada vez es mayor su participación en el sector eléctrico, tanto en la generación como en la realización de proyectos de construcción . No se requiere modificar regresivamente a los artículos 27 y 28 constitucionales para cambiar el régimen de propiedad.

¡La privatización eléctrica no es necesaria, las modificaciones constitucionales regresivas tampoco son necesarias!

Lo que debiera hacerse es suspender los permisos privados y revocarlos. El propio Reglamento de la LSPEE lo prevee y el interés nacional lo demanda.

Ya se ha avanzado considerablemente en la entrega del patrimonio nacional. De no tomarse medidas urgentes para detener esa llamada "apertura privada", pronto podría existir una nueva industria eléctrica privada, contraria a lo dispuesto por la Constitución con todas las implicaciones del caso, regresando a los esquemas de hace casi 100 años.

El nuevo gobierno de Fox plantea profundizar la privatización eléctrica con base en proyecciones de alto crecimiento económico (7% anual), mismas que carecen de viabilidad. Con esa base, también se plantean altos crecimiento para el sector eléctrico. De esta manera, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) está procediendo a incrementar los, permisos privados de generación eléctrica.

Diversos aspectos requieren de una revisión detallada para un análisis más profundo. Entre otros están:

1. Contratos de interconexión- Estos permiten la interconexión de los permisionarios con el Sistema Eléctrico Nacional y regulan su relación con respecto a las características técnicas de la interconexión, de los equipos de medición e inversiones necesarias para lograr la interconexión, provisión de los servicios y determinación de los pagos.

2. Contratos de servicio de respaldo- El suministrador puede proporcionar el servicio de respaldo al permisionario en la fuente de energía y, los tipos de servicio que se pueden contratar son el respaldo por falla, por mantenimiento o ambos.

3. Convenios de compra-venta de excedentes de energía eléctrica (energía económica)- Estos establecen las bases, procedimientos, términos y condiciones que rigen cuando el permisionario entregue energía económica al suministrador, misma que puede realizarse por medio de recepción por subasta o de recepción automática.

4. Convenios de servicios de transmisión (porteo)- Estos establecen las bases, procedimientos, términos y condiciones para que el suministrador transporte la electricidad desde la fuente de energía del permisionario hasta sus cargas. El porteo puede realizarse en alta tensión (mayor a 69 kV) y en baja tensión (menor a 69 kV).

No obstante las implicaciones técnicas, la CRE ha venido procediendo a otorgar cada vez más permisos, estimándose que existe prisa para establecer de facto un esquema de privatización eléctrica al margen de acuerdos en el Congreso de la Unión y de consenso social que es, por supuesto, inexistente.

De los datos de la propia CRE es posible estimar la gravedad de la situación. Cada vez son más los permisos privados otorgados en todas las modalidades previstas por la LSPEE de 1992.

1. Autoabastecimiento.

2. Cogeneración.

3. Producción Privada Independiente.

5. CONCLUSIONES.

De lo arriba señalado es evidente que está en marcha un proceso de desnacionalización de la industria eléctrica de México.

Los permisos privados otorgados por la CRE son tantos y tan diversos que cualquier estimación podría resultar inferior a la situación real. Mientras, trabajadores, especialistas, académicos e investigadores insistimos en hacer valer la razón y el derecho, la burocracia gobernante toma acciones privatizadoras de gran alcance. Se han constituido multitud de empresas que participan ya en actividades de construcción de la nueva capacidad de generación eléctrica en el país. Hasta sectores completamente desvinculados del sector tienen en marcha proyectos eléctricos. Esto tiene múltiples implicaciones técnicas, legales, sindicales y laborales.

Considerando la información disponible, en cualquiera de los escenarios, con las limitaciones del caso se puede señalar que está en construcción una nueva industria eléctrica privada.

Permisos de generación e importación de energía eléctrica,
1994-2000

Modalidad	Permisos	Capacidad, Mwe	Inversión, 106 dlls
Autoabastecimiento y Cogeneración	144	6 703	4 409
Privados	109	4 996	3 263
Pemex	35	1 707	1 146
Producción Independiente	11	5 028	2 396
Exportación	1	2 58	16
Importación	6	10.00	3
TOTAL	162	11 999	6 924

La significación de la apertura privada, es decir, la privatización podría resumirse en lo siguiente: Se está llevando a cabo por el gobierno federal un proceso deliberado de Desnacionalización Eléctrica, se está produciendo la desintegración de la industria eléctrica nacionalizada, se están privatizando esenciales funciones reservadas constitucionalmente al Estado, de manera exclusiva.

Con este panorama, hay una evidente pérdida de materia de trabajo para las organizaciones sindicales de electricistas.

Así, se está auspiciando un esquema superado históricamente, mediante la proliferación de multitud de empresas eléctrica que participan en la construcción de instalaciones de generación eléctrica de todo tipo: termoeléctricas, carboeléctricas, hidroeléctricas, geotermoeléctricas y eoloeléctricas.

En el rubro sindical y laboral podría producirse también el viejo esquema de desintegración pues se está perdiendo materia de trabajo, misma que podría avanzar al entrar en operación las nuevas unidades y centrales generadoras.

6. PROPUESTAS.

Ante esta situación es evidente que no es posible separar el rechazo a la privatización combinado con la aceptación a la apertura privada. El eufemismo es pernicioso y únicamente contribuye ala confusión e inmovilidad de los trabajadores. Es preciso rechazar la privatización y, también la apertura privada.

Esto implica la lucha por la suspensión (no limitación) de los permisos privados de generación con todas sus consecuencias relacionadas con la transmisión, distribución y comercialización.

La controversia constitucional contra el gobierno foxista debe llevarse a fondo pues representa la profundización del proceso de privatización. Lo menos que podría hacerse es ampliar la controversia en contra de la Comisión Reguladora de Energía, ya que, por esta vía se acentúa día a día la privatización.

Es preciso, en todo caso, culminar la nacionalización mediante la Integración de la Industria Eléctrica Nacionalizada. Este camino es el correcto y conveniente, desde diversos puntos de vista. Esta medida tiene hondas raíces en la lucha de los electricistas mexicanos y es la única vía para resolver los diversos problemas de la industria eléctrica nacional.

La integración industrial es un proceso interrumpido que debe retomarse con toda decisión. Las ventajas son claras y convenientes para el interés nacional, el de los trabajadores electricistas en particular y del pueblo de México.

7. REFERENCIAS.

sergio gómez aceves, trabajador nuclear del ININ, exsecretario general del SUTIN, sga@nuclear.inin.mx

jorge lópez-islas, trabajador electricista de LFC, mago91@latinmail.com

hipólito mejía enciso, trabajador electricista de LFC, polo27sept@hotmail.com