El Estado está provocando situaciones límite
¿Salida exclusivamente represiva?
n El Estado sospecha del sindicato pero no detienen a los charros, son sus socios.
n El gobierno de Calderón copia a Bush, en todo ven terroristas para justificarse.
n El gobierno refuerza la vigilancia en Pemex y a los órganos estatales de seguridad.
Linealidad de los discursos
A las nuevas explosiones de Pemex y la atribución
al EPR se sucedieron una serie de
declaraciones.
“Devuélvalos, y ya”, escribió O.
Rodríguez (en La Jornada 13 sep 2007) y agregó “la
bola ya no está en la cancha del EPR, sino en la del gobierno.
Fácil. Si tiene a los dirigentes de este grupo guerrillero, que se los
devuelva, de todos modos no ha podido combatirlo ni, por lo visto, no sabe
dónde está ni cómo atacarlo, a pesar de que el grupo armado
tiene, como EPR, más de 10 años de vida. Si le creemos a sus
comunicados, las acciones de sabotaje serán suspendidas a partir de la
liberación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. ¿No es mejor para
el país devolver a dos guerrilleros que revivir la vieja guerra
sucia?”. De veras, linealmente, se ve muy fácil, lástima
que el movimiento sea no-lineal.
Mariano Saynez, secretario de marina de
Calderón, “rechazó categórico las acusaciones del
grupo armado de que sus actos violentos están relacionados con la
desaparición de dos de sus compañeros a manos del gobierno.
“Yo les puedo asegurar que eso no lo hicieron las autoridades
estatales” y deslizó que “posiblemente ellos mismos los hayan
desaparecido o algún otro grupo radical los tenga en otra parte”
(Aranda J. en La Jornada 13 sep 2007). Muy primitivo, dijo que con los
atentados “hay algunos grupos radicales que son financiados por
quién sabe quién y que están buscando cierta
desestabilización”.
El almirante comentó que
“todas las líneas de investigación están
abiertas”, incluida la posibilidad de que el causante de las explosiones
–nunca se refirió al EPR de manera concreta, pese a que éste
reivindicó la autoría de los atentados– haya contado con la
colaboración de integrantes del sindicato petrolero o funcionarios de
Pemex; aunque minutos después señaló que él no
creía “que el enemigo estuviera en casa”.
El almirante
desliza acusaciones sin prueba al insistir en involucrar a los trabajadores, no
al sindicato, petrolero. Si tienen dudas del sindicato deberían de
inmediato a detener a los charros, el gobierno sabe bien quiénes son sus
socios. ¿Por qué no lo hacen?
Para la PGR se trató de sabotajes
Pareciera chiste pero el gobierno oaxaqueño de
Ulises Ruiz exigió que quien o quienes tengan detenidos a Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya liberación demanda el
Ejército Popular Revolucionario, “los presenten vivos”.
Sabido es que Ulises es un gobernador represor y sobre el cual se presume la
responsabilidad de haber detenido a los desaparecidos que reclama el
EPR.
El 13 de septiembre, en la ciudad de México, Eduardo Medina,
titular de la Procuraduría General de la República (PGR)
calificó a las explosiones en Pemex como de actos de sabotaje y
terrorismo, y no actos de reivindicación política o social. Al
siguiente día, en Monterrey Medina volvió a repetir el mismo
discurso: “se trata de conductas delictivas y criminales que constituyen
los delitos de terrorismo y sabotaje”, dijo. En el tono de Ulises, Medina
dijo que “ninguna autoridad tiene detenidos a quien esta agrupación
reclama”.
Según la misma PGR, los materiales utilizados en
las recientes explosiones fueron similares a los usados en las anteriores.
“Se habrían utilizado materiales conocidos como Anfo, Semtex y C-4,
a los cuales se les agregó un reloj para determinar la hora en que
debían estallar, y cuya pila actuara como detonador de las
explosiones.
Según los reportes de la PGR, los materiales
utilizados no son difíciles de conseguir, ya que en México se
utilizan para actividades de minería o acciones de
demolición” (Castillo G. en La Jornada 14 sep
2007).
Entretanto, en Oaxaca, familiares de uno de los detenidos que
reclama el EPR denunciaron que elementos de la AFI de la PGR se dedicaban a
hostigarlos. A un exguerrillero, Hermenegildo Torres, agentes federales lo
detuvieron el 14 de septiembre en al ciudad de México; más tarde
fue liberado. Lo que hizo el gobierno federal “es reiniciar la guerra
sucia, que se suponía se había quedado atrás, en los
años 70, para detener a quien se pueda, acusándolo de subversivo,
por su incompetencia para investigar”, declaró Felipe
Martínez, exrector de la Universidad de Oaxaca. Aseguró que la
redición de la guerra sucia es evidente no solamente con la
detención de Torres Cruz sino también con las acusaciones sobre la
existencia de células del EPR en Pemex. “El gobierno no hace
más que aplicar los cánones de la guerra sucia; está
acostumbrado a mentir, a levantar falsos y a encarcelar a gente inocente por no
tener alternativas de investigación”, dijo.
Los delincuentes están en el gobierno
El 14 de septiembre, el EPR respondió al
procurador Medina a través de un nuevo comunicado (en La Jornada
on line 14 sep 2007). "Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de
autodefensa colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas,
pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado y el proceder de la
ultraderecha, avalando en los hechos la reedición de la guerra sucia y la
institucionalización del fascismo".
"Los únicos
terroristas, los grandes delincuentes no están en el pueblo, en las filas
de los revolucionarios", dice. "A dichos delincuentes y terroristas
búsquenlos en las diferentes estructuras de este gobierno y en los
cuerpos policiaco-militares, en el grupo de oligarcas que lucran con el
país y que pugnan por la instauración de un Estado
policiaco-militar; con esos fines impusieron a Calderón en un proceso
electoral fraudulento", agrega el comunicado.
En un extenso documento
señalan que “"Es el gobierno de Felipe Calderón el
responsable directo del desastre económico, político y social que
vive el país. Él en persona y la cúpula gobernante
conformada por políticos, militares, clérigos y oligarcas que lo
apoyan son los responsables de que hoy asumamos una posición de
autodefensa, porque es Calderón quien directamente ha dado la orden de
reeditar las prácticas de la guerra sucia".
De acuerdo a la
apreciación de J. Avilés (en La Jornada 15 sep 2007)
“quienes diseñaron los supuestos atentados lo hicieron desde dentro
de Pemex, lo que sólo agudiza las sospechas sobre la participación
de las autoridades federales en una operación que le reporta al menos
tres dividendos inmediatos: contribuye a elevar el precio del crudo en el
mercado internacional, aumenta el deterioro físico de una empresa que la
gente de Los Pinos tiene como misión privatizar y, lo más obvio,
pretende generar temor para inhibir la movilización de un pueblo cada vez
más indignado, lastimado y hambriento”.
Si esto es
así, ¿Quién o quienes fueron? ¿Fue el grupo de Reyes
Heroles? ¿Hay acuerdo con los charros sindicales? Sabido es que, no
obstante beneficiarse de la paraestatal, ambos son enemigos de Pemex.
Situación límite
Las explosiones son la primera acción militar
de gran envergadura efectuada por el EPR en más de 10 años,
escribió L. Hernández (en La Jornada 18 sep 2007).
“Pero que no se realicen acciones bélicas ofensivas no significa
que el EPR haya estado inactivo a lo largo de estos años. Se ha extendido
más allá de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y las Huastecas. Ha
participado en importantes luchas sociales. Mantiene una prensa escrita regular.
En la antinomia entre lo político y lo militar, parecía haber
privilegiado la lucha de masas sin renunciar a la lucha armada. Ni siquiera
durante las recientes protestas en Oaxaca, donde tiene amplia presencia,
efectuó acciones guerreras.
“Los atentados a Pemex cambian
dramáticamente esta orientación. El EPR ha pasado ahora a poner el
acento de su actuación en la realización de las acciones
bélicas por sobre la lucha política. ¿Por qué lo
hace?
“En el comunicado con fecha del 20 de junio, el EPR insiste
en la vía política y previene: “la fuerza está en la
prudencia, todo lo hemos resuelto privilegiando soluciones políticas,
pero también el pueblo nos ha dado el derecho de la autodefensa, por lo
tanto podríamos cambiar de táctica, y si en esta táctica de
autodefensa la hacemos como tal es agotando la solución política y
dando otro paso”.
“Pero nadie en el gobierno federal se dio
por enterado de la gravedad de la situación. La dinámica de
confrontación entre el campo del eperrismo y el gobierno federal
existente hasta ese momento estaba a punto de transformarse, pero los servicios
de seguridad del Estado hicieron caso omiso de las señales que la
guerrilla envió.
“Los atentados han tenido un costo elevado
para la organización armada. A pesar de asegurar que “en
ningún momento hemos obstaculizado la lucha de masas, ni lo haremos pero
también es el momento que nos permitan cambiar de táctica si
así se requiere”, los ataques han precipitado su aislamiento de
organizaciones de masas y han descarrilado la dinámica sobre la que
habían crecido desde hace años. Por diferencias genuinas o por
temor a la represión, dirigentes sociales se han deslindado de las
explosiones. Los petardos colocados en Oaxaca profundizaron las diferencias con
la dirección de la APPO. Así es que si el EPR se aventuró a
seguir ese camino es porque el gobierno federal lo colocó en una
situación límite.
¿Puede el gobierno mexicano darle al
desafío una salida exclusivamente represiva? Parece evidente que no. Los
operativos del Ejército y la policía para golpear al EPR
han resultado infructuosos”.
Acciones para evitar más ataques
El 18 de septiembre, mediante un nuevo
comunicado, el EPR advirtió que continuará con sus acciones
político-militares hasta la aparición con vida de sus dos
militantes, quienes “se encuentran secuestrados” y bajo tortura
“en instalaciones del Campo Militar Número Uno” (en La
Jornada 19 sep 2007). Destacó que al gobernador de Oaxaca, Ulises
Ruiz Ortiz, le corresponde decir a quiénes y en qué condiciones
entregaron a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, porque
“ahora sabemos que existe una grabación que corrobora su
detención y entrega a las fuerzas federales”.
El EPR
planteó también 11 acciones como única forma de evitar
eventuales ataques contra instalaciones estratégicas, entre las que se
encuentran la presentación con vida de todas las víctimas de
desaparición forzada; la descriminalización de la lucha social; el
fin de la impunidad, y la suspensión de la política neoliberal.
También está la petición de liberar inmediatamente a todos
los “presos políticos y de conciencia” del país, la
suspensión de hostigamientos contra defensores de derechos humanos y la
desmilitarización, así como el desmantelamiento de los grupos
paramilitares con los cuales se desarrolla la “guerra
sucia”.
En el comunicado el grupo armado “Consideró
demagógico afirmar que “destruimos el patrimonio que tanto le ha
costado a los mexicanos”, cuando esa riqueza se encuentra en manos de los
monopolios nacionales y trasnacionales de manera encubierta con los famosos
Pidiregas. A los que insinúan que las acciones de autodefensa del EPR
podrían provocar la privatización de la paraestatal, el grupo
guerrillero les dijo que es lamentable que teniendo una conciencia de lucha
contra la injusticia se equivoquen concretamente en ese
punto”.
Bueno, la política se comprueba en la
práctica. Por legítimas que sean las demandas que exigen la
libertad de dos detenidos-desaparecidos, el gobierno está haciendo un
manejo político de las explosiones en los ductos de Pemex y lo que
pretende es la privatización no solamente de los ductos sino de toda la
industria petrolera. Al tiempo.
“A quienes menosprecian nuestra
capacidad les decimos que no estamos manejados por la CIA ni por Al Qaeda ni
somos parte de los grupos de poder que están dentro del Estado”,
concluye. Esta explicación no explica nada, al contrario, confunde
más. Por lo menos, no es la manera de explicarlo y confunde habida cuenta
que el Estado tiene “redactores” especializados en tergiversar
todo.
Diputado del PAN propone formar una comisión
El 19 de septiembre, la comisión de
seguridad pública del Senado planteó la integración de una
comisión que pueda “ser la llave para abrir la puerta a una mesa de
diálogo, donde las justas demandas” del Ejército Popular
Revolucionario (EPR) puedan ser conocidas y atendidas, dijo Ulises
Ramírez, diputado del PAN (Castillo G., en La Jornada 20 sep
2007).
Esa loable propuesta suena extraña, sobretodo viniendo de
un senador panista. Más extraño, y plausible, fue lo
señalado por el legislador. Este dijo que la intención de la
propuesta es que la comisión lleve a una mesa de diálogo, en la
cual las exigencias del EPR “puedan ser conocidas en el ámbito
legislativo, y este poder sea el vehículo, la vía, para que ese
grupo, pueda sentarse a dialogar y sea capaz de construir acuerdos”.
Agregó que la propuesta es que el “Legislativo busque y dé
respuesta a las demandas que han solicitado de manera contundente, y en forma
específica se investigue el paradero de dos militantes del EPR”
desaparecidos.
Este planteamiento es el más cuerdo que se ha
presentado en una instancia del Estado hasta ahora errático, cerrado e
incapaz de conceptualizar al EPR. Desafortunadamente, no ha pasado de ser un
buen deseo. El poder legislativo en su conjunto tiene otra agenda y no le
interesa participar de las soluciones nacionales.
Vigilancia aérea en Pemex
El 20 de septiembre, Rosendo Villarreal, director
corporativo de Pemex, informó que para evitar que la infraestructura
petrolera fuera sea blanco de “nuevos ataques”, la paraestatal
comenzó a “instalar un sistema de vigilancia y detección de
explosivos a distancia” (Gómez C., en La Jornada 21 sep
2007). En ese dispositivo aéreo para la detección de explosivos se
ha instalado un equipo que puede realizar tareas de vigilancia desde
helicópteros.
Al mismo tiempo se reforzó la vigilancia
terrestre. “Hemos reforzado las medidas de seguridad en todo el
territorio, en todos los ductos, con celajes aéreos, con el equipo
más sofisticado, pero también con celajes terrestres, para lo cual
trabajamos en coordinación con organismos de seguridad del
país”, explicó.
Con esas medidas, el amedrentamiento
a los petroleros es cada vez mayor. Reiteramos que trabajadores están
secuestrados en su propia organización sindical desde hace
décadas. También están secuestrados en los centros de
trabajo petroleros, en tierra y en mar. Ahora, además, están
continuamente vigilados por la policía y Ejército. El objetivo es
simple: el Estado los mantiene al margen, paralizados, mientras sigue adelante
con sus planes privatizadores.
El Estado refuerza a sus cuerpos de seguridad
En Jiutepec, Morelos,
el Procurador General de la República volvió a referirse a las
explosiones como “los actos de terrorismo y sabotaje recientemente
perpetrados contra el pueblo”
Al anunciar la formación del
nuevo Frente Nacional contra la Represión (FNCR), la señora
Rosario Ibarra informó que en 7 años de gobiernos del PAN ha
habido 100 desapariciones forzadas, de las cuales 65 ocurrieron con el foxismo y
30 con el actual gobierno.
Luego de un amparo promovido por los
familiares de Edmundo Reyes Amaya, uno de los detenidos-desaparecidos que
reclama el EPR, obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial de
la Federación. De acuerdo a esa resolución, se pide “al
presidente Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador Ulises Ruiz Ortiz,
así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la
Procuraduría General de la República (PGR) y a otras instancias
gubernamentales presentar con vida a Edmundo Reyes Amaya, uno de los miembros
del Ejército Popular Revolucionario (EPR) detenidos-desaparecidos desde
el 25 de mayo pasado” (Vélez O., en La Jornada 25 sep
2007).
El 25 de septiembre, Francisco Ramírez cuña,
secretario de gobernación, “dio a conocer la operación del
Grupo Central de Atención a la Subversión, en el que participan la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Procuraduría General
de la República (PGR), Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Ramírez dijo que dicho grupo está “trabajando de manera
ordenada, coordinada con la PGR, para poder dar con los responsables” (de
los atentados a ductos de Pemex).
El “sistema contribuye al combate
frontal contra la delincuencia a través de la concentración de
información, lo que nos permite tener análisis de inteligencia,
organizaciones delictivas y fichas criminales de todos”, dijo. Así,
el Estado ha aprovechado muy bien las explosiones en Pemex para reforzar todo su
aparato de contrainsurgencia.
Involucran al Comando Jaramillista
El 27 de septiembre se informó que el
Grupo Nacional contra la Subversión atribuía las explosiones en
Pemex al Comando Jaramilista.
“Según las fuentes
consultadas, los peritajes han dado cuenta de que los artefactos que se
colocaron en instalaciones de Pemex contienen las mismas sustancias, sólo
que en mayores cantidades, que los empleados en los ataques a sucursales
bancarias en Morelos en mayo de 2006, atribuidos al comando jaramillista”
(Castillo G. en La Jornada 27 sep 2007).
Esas apreciaciones
parecen improvisadas. Da la impresión que el gobierno federal no sabe
qué está pasando o, bien, deliberadamente hace más borrosa
la información.
En Chilpancingo, cuatro organizaciones
guerrilleras escindidas del EPR exigieron al gobierno presentar a los dos
militantes del EPR desaparecidos (Ocampo S. en La Jornada 29 dic 2007).
Los firmantes son: Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
(MR-LCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del
Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente-1º de Mayo (OI-1º
M), y la Brigada de Ajusticiamiento-2 de Diciembre (BA-2D).
En un
comunicado las organizaciones firmantes hicieron un llamado al pueblo de
México “a superar la dispersión que priva entre las fuerzas
de izquierda, a seguir impulsando la construcción del poder popular y a
intensificar la lucha por recuperar y reconstruir una patria libre y justa para
todos, con base en la reconstrucción –justa y recta– de la
visión teórica y la actividad-práctica-transformadora de la
izquierda mexicana; de manera particular, llamamos a los sectores honestos
–y personalidades íntegras de la izquierda institucional a hacer
del ejercicio parlamentario y extraparlamentario no la actividad exclusiva y
excluyente a la que la han reducido las prácticas supuestamente maduras y
modernas”
Al momento, no se ven siquiera intenciones del gobierno
federal por una salida política democrática. No es su estilo ni su
interés.
Humo en Veracruz después de las explosiones
