Morelos: provocación gubernamental
vs. propuestas populares
Por Andrés Barreda
Las comunidades de Morelos objetan el avance de
proyectos de urbanización de miles de casas que requieren de la
perforación de pozos de agua que abatirán los castigados
manantiales de la región. Como se trata de pueblos que hace
décadas organizan sus sistemas de agua en torno del manantial
Chihuahuita, y como su merma ha implicado que otros poblados pierdan sus
derechos de aguas, 13 pueblos del sur de Morelos consideran inaceptable la
muerte de esta fuente.
Los pueblos llevan más de un año
solicitando información, gestionando documentos, reclamando derechos en
instituciones públicas, hablando con autoridades y manifestando su
descontento sin ser escuchados. A cambio, han recibido promesas incumplidas,
engaños, difamación en los medios y golpes de la policía
estatal.
Dos veces ocuparon el ayuntamiento de Emiliano
Zapata, lo que no sirvió para que las autoridades estatales tomaran
cartas en el asunto. En mayo pasado bloquearon seis carreteras del sur de
Morelos, en Puente de Ixtla y Tlaltizapán. El gobierno respondió
con una golpiza a una septuagenaria de Xoxocotla que terminó en una
reyerta, lo cual no pasó a mayores por la prudencia de las
comunidades.
Para manipular el descontento y terminar con una
toma de carreteras que llevaba 15 días, el gobierno accedió
a una negociación con los afectados, a fin de revisar si las obras
inmobiliarias afectarían los manantiales. A cambio, las comunidades
solicitaron que se obligara a la empresa Urbasol a suspender la
construcción mientras durara el diálogo. El gobierno y la empresa
aceptaron y se instalaron mesas en Xochitepec. Después que la empresa
presentó su proyecto ejecutivo de "conjunto urbano", se hizo patente que
la manifestación de impacto ambiental, los trámites de registro y
autorización y el proyecto mismo estaban plagados de
irregularidades.
Hace tres semanas, como resultado de esta crisis, la
empresa reanuda las obras. El gobierno de Marco Adame finge demencia y su
secretario de Gobierno, Sergio Alvarez Mata, comienza a dar largas a las
comunidades, lo que, de facto, disuelve la mesa del
diálogo.
A partir de esta fecha, la prensa leal al gobierno
señala que las comunidades volverán a las carreteras y algunos de
estos medios se dedican a vocear la falsa noticia con altavoces en los pueblos,
con la esperanza de provocar un desbordamiento que, a diferencia del primer
bloqueo, una vez identificadas las autoridades de los pueblos que encabezan la
lucha, ocurra, ahora sí, una represión brutal y
selectiva.
En tanto, los 13 pueblos, acompañados de otros
10, llaman a la realización de un Congreso Morelense de Pueblos con
problemas ambientales y sociales similares. El 28 y 29 de julio acuden a
Xoxocotla más de 700 personas procedentes de 48 pueblos del estado y
acuerdan no volver a luchar aisladamente. Llaman a formar un consejo de pueblos,
con representantes elegidos en asambleas comunitarias.
Esta organización busca el rescate colectivo
de ríos, manantiales y acuíferos, una agricultura diversificada y
orgánica, programas comunitarios de manejo de basura, la
construcción sustentable de vivienda y el ordenamiento comunitario de los
territorios. Reclama un freno a las políticas federales de
descampesinización y urbanización salvaje; detener proyectos de
plantas de tratamiento de aguas y megabasureros costosos; la apertura de
consultas populares y la aplicación de tecnologías
apropiadas.
El gobierno se opone a esta vía porque se
trata de un camino democrático que no busca el lucro de grandes
inversionistas externos, necesitados de reciclar fondos especulativos (¿e
ilegales?) globales que hoy sobran en Estados Unidos y Europa. Por ello, la
Secretaría de Gobierno impone, a toda costa, el boom inmobiliario
y le conviene desbarrancar los cuestionamientos legales y las movilizaciones
políticas ciudadanas.
El gobierno morelense responde al Congreso de los
Pueblos afirmando que es ilegítimo porque sólo representa a
células del EPR, el EZLN y la APPO (¿y Al Qaeda y la Jihad
islámica?). La violencia le permitiría a Adame sacar de foco el
contenido central de las luchas, empujar a los pueblos a la desesperación
y las acciones directas violentas, deshacer las movilizaciones, justificar ante
la opinión pública la criminalización de los luchadores
sociales y la represión de los pueblos.
Este lunes los pueblos van a mostrarse con una
movilización en Cuernavaca, para que la ciudadanía morelense y del
país pueda juzgar, por sí misma, la profundidad de la muerte
ambiental y cultural de Morelos, así como la vitalidad y pertinencia del
Congreso de los Pueblos.
Por la construcción sustentable de vivienda y el ordenamiento
comunitario de los territorios
