El Grupo de Napo utiliza a los trabajadores para sus fines particulares
Napo y las 3 huelgas mineras
µ La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declara la inexistencia de las huelgas.
µ El sindicato se ampara, un juzgado en materia laboral le otorga el amparo.
µ Empresa y charros intercambian opiniones, declaraciones y cerrazón mutua.
µ El grupo de Napo pretende lograr el perdón a éste, empresa y gobierno se niegan.
µ Entretanto, el sindicato se fragmenta entre enfrentamientos violentos.
Enfrentamiento en Cananea
El 30 de julio de 2007, el sindicato
minero-metalúrgico (SNTMMSRM) estalló 3 huelgas en las secciones
7, 65 y 201 de Taxco, Cananea y Sombrerete, respectivamente. Tres días
después, el sindicato informó que había realizado los
trámites en “tiempo y forma” y que descartaba que la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) pudiera declarar inexistentes
a dichas huelgas estalladas contra el Grupo Minera México,
S.A.
“Trabajadores que apoyan la huelga en la mina de Cananea,
Sonora, se enfrentaron con palos y piedras a los que se oponen al movimiento,
quienes están atrincherados en algunas áreas del yacimiento desde
el lunes, informó Raúl Sáenz Cota, abogado del grupo
opositor al liderazgo de Napoleón Gómez Urrutia en el
sindicato” (Gutiérrez U., Flores G., en La Jornada 1 ago
2007).
"Esta mañana hubo enfrentamientos con palos y piedras,
pero también con disparos de arma de fuego. Afortunadamente no hubo
heridos, pero la situación está entrando en un camino muy
peligroso", declaró Raúl.
El abogado acusó a los
seguidores de Gómez Urrutia de encabezar acciones violentas para sacar de
la mina a los empleados que quieren seguir laborando, las que son realizadas por
grupos de choque llevados por el dirigente minero -exiliado en Canadá-
desde Nacozari, Sonora y Michoacán.
"En Cananea la mayoría
de los mineros no quiere la huelga. A la asamblea realizada el domingo
sólo asistieron 400, de los cuales 220 votaron en favor y 180 en contra,
pero 400 mineros no son ni la tercera parte de los que integran la
sección 65 del sindicato", porque en la mina trabajan mil 332”,
dijo.
Los hechos registrados en la mina de Cananea revelan una evidente
división sindical. El estallido de la huelga en Cananea en tales
condiciones implica una situación de evidente debilidad. El
enfrentamiento violento entre mineros complica las cosas porque la Junta
podría invocar no la “inexistencia” sino la
“ilegalidad” del movimiento de huelga. La Ley le otorga facultades a
la JFCA sumamente adversas a los trabajadores.
Grupo México solicita la declaración de “inexistencia” de las huelgas
En entrevista radiofónica Javier Lozano, secretario
del trabajo de Calderón, declaró que “existe la posibilidad
de declarar inexistentes las tres huelgas, debido a que en los motivos
sólo se expresaron generalidades de las eventuales irregularidades
existentes en las minas y no especificaciones”.
Por la noche, la
misma STPS informó que la JFCA había recibido de Industrial Minera
México SA de CV y Mexicana de Cananea SA de CV la solicitud para la
declaración de inexistencia de huelgas estalladas por “no haberse
cumplido los requisitos que señala el artículo 920” de la
ley Federal del Trabajo.
En efecto, por la mañana, el Grupo
México informó a la Bolsa Mexicana de Valores que había
presentado tal solicitud.
Juan Rivero, uno de los bogados de
Napoleón hizo una serie de declaraciones de las que al parecer el grupo
afín a Napo no conocía según declaraciones de Carlos
Pavón, sustituto en funciones de Napo. Rivero, quien informó de
una reunión con la empresa para ese día, señaló las
causales de las huelgas argumentando “la falta de seguridad existente en
las minas en huelga".
Como ejemplo, citó el caso de Cananea donde
las faltas son "graves", y puso como ejemplo que "en los cuartos de
máquina, en donde se trabaja con alto voltaje, existen fugas de agua y de
aceite; tampoco funcionan los colectores de polvo, artefactos que aspiran ese
material, lo que puede provocar asfixia a los mineros, porque además no
hay ventilación suficiente" (Gómez C., en La Jornada 2 ago
2007).
Respecto al estallamiento de la huelga, Rivero
señaló que "en un principio algunos querían que se
trasladara para el 27 próximo, porque coincide con la revisión del
contrato colectivo de trabajo, pero dos terceras partes decían que no
había que esperar a la revisión, y finalmente casi 100 por ciento
determinó que había que poner las banderas rojinegras y de
inmediato se constituyó el comité de huelga. Luego, a
mediodía se pusieron las banderas y hubo notarios públicos que
constataron el hecho".
Lo dicho por este abogado reveló que la
huelga estalló ANTES de haberse vencido la vigencia del contrato
colectivo de trabajo (CCT). No explicó las bases jurídicas del
caso. Seguramente, se optó por emplazar a huelga por violaciones al CCT.
Tales aspectos están muy oscuros. Lo que si aclaró es que se
pretendía una "solución total" al conflicto, lo que incluye el
cese de la "campaña de desprestigio" del Grupo México contra
Napoleón. Esa petición, sin embargo, no es causal laboral sino una
demanda “política”.
Raúl Sáenz Cota,
informó que, en Cananea, los mineros que se oponían a la huelga
fueron sacados de la mina el mismo martes, y ayer al menos 10 de ellos
interpusieron denuncias penales en contra de quienes los golpearon. "A muchos de
ellos los fueron a buscar a sus casas para pedirles, de mala manera, que quiten
las demandas judiciales, pero éstas van a seguir, porque hubo violencia"
declaró (Gutiérrez U., Flores G., en La Jornada 2 ago
2007).
Inicio y ruptura de pláticas
El 2 de agosto se llevó a cabo la
reunión que había anunciado Rivero. Ese mismo día se
rompió el diálogo. “Según la versión de la
representación legal de la empresa, el hecho se debió a que el
gremio puso en la mesa el tema de la cancelación de las órdenes de
aprehensión que aún pesan sobre Napoleón Gómez
Urrutia, secretario general del sindicato, como requisito para levantar las
huelgas estalladas a mediodía del lunes en Cananea, Sonora; Sombrerete,
Zacatecas, y Taxco, Guerrero” (Gómez C., en La Jornada 3 ago
2007).
Según el abogado de la empresa, “las huelgas deben
ser declaradas inexistentes, debido a que no existe un sustento para acreditar
que habría violaciones al contrato colectivo de trabajo o merma en la
seguridad de las minas y plantas”.
Para complicar más la
situación, Francisco Hernández Gámez, líder de la
sección 65 y disidente del grupo de Napo, demandó un recuento para
constatar que la mayoría no apoya la suspensión de labores
promovida por el sindicato.
El secretario del trabajo calificó de
“chantaje” la posición de los abogados del sindicato minero
“al plantear que levantaría las huelgas si retiraban los cargos
penales contra su líder”. El grupo de Napo contestó diciendo
que "en ningún momento ha puesto como condición para levantar la
huelga la solución de su situación legal". Según Lozano,
“"A las 8 de la noche la parte sindical dijo sí vamos, siempre y
cuando el fin de semana se otorgue el perdón a Gómez Urrutia por
todas las denuncias en su contra”.
Si el grupo de Napo
presentó esa “demanda”, que es muy probable, incurrió
en un error. Eso sería un engaño a los trabajadores a quienes dice
representar y niega la justeza de las demandas sobre seguridad e higiene en los
centros de trabajo mineros en huelga. La política de la STPS es
criticable y rechazable por multitud de razones, la política
gubernamental es totalmente antiobrera. Sin embargo, parece que el grupo de Napo
le ayuda al gobierno al presentar “reivindicaciones”
explícitamente del interés “personal” y no del
conjunto de los trabajadores.
En Cananea, Sergio Tolano, secretario
general local anunció la presentación de demandas penales contra
los líderes disidentes. "Nadie ha contado la verdad de lo que pasó
aquí, porque fueron los seguidores de Francisco Hernández
Gámez quienes instalaron barricadas en la mina y desde ahí nos
atacaban con piedras, Además, nos echaron encima camiones de 360
toneladas".
"Es mentira que hubiera balazos y que actuáramos con
extrema violencia. Nosotros sólo nos limitamos a someterlos, y ya en el
camión les hicimos ver que era vergonzoso que se prestaran a los
intereses mezquinos de la empresa y de Francisco Hernández. Ellos
pidieron que no los golpeáramos, y así fue. Se les respetó
y fueron sacados de la mina".
El secretario general local afirmó
que "ellos empezaron la violencia. Comenzaron a arrojarnos todo lo que
tenían, y encendieron un camión". La declaración es
desafortunada y podría ser motivo para que la JFCA la tomara como
pretexto: independientemente de cómo ocurrieron los hechos se hace una
confesión explícita de que hubo violencia. Eso, para la JFCA; es
“oro molido” para aplicar a discreción la ley en contra de la
huelga de Cananea.
Petición loable en manos corruptas
El 4 de agosto, se realizó una
audiencia en la JFCA para que ambas partes presentaran las pruebas relacionadas
con el estallido de las huelgas y la solicitud para calificar la
“inexistencia” de las mismas. Luego de 7 horas, la JFCA “se
reservó” el dictamen.
En la audiencia, los abogados de Napo
presentaron argumentos relacionados con las “violaciones al contrato
colectivo de trabajo en materia de seguridad e
higiene”.
Después, Carlos Pavón declaró que
"las huelgas seguirán, diga lo que diga la junta" (Gómez C., en
La Jornada 5 ago 2007).
Al siguiente día, el mismo
Pavón hizo nuevas declaraciones y dijo que "por las afirmaciones de
Lozano -hechas el viernes pasado- todo parece indicar que las huelgas
serán declaradas inexistentes" y agregó que "no vamos a regresar a
trabajar, porque tenemos derecho a interponer un amparo. Está equivocado
el secretario (Javier Lozano) si piensa que volveremos a las minas" (Velasco E.,
en La Jornada 6 ago 2007).
En Hermosillo, Sonora, un enviado de
Napo declaró que "este movimiento es por serias violaciones a los
contratos colectivos de trabajo. Es mentira que el sindicato esté
buscando chantajear a las autoridades laborales y a Grupo México.
Unicamente queremos que cumpla puntos importantes, como seguridad e higiene en
los yacimientos" (Gutiérrez U., en La Jornada 6 ago 2007).
Jesús Cibrián dijo que en caso de que la JFCA "desconozca la
legitimidad" de las huelgas, el grupo que representa acudirá a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
El 6 de agosto, Juan Rivero,
abogado de Napo señaló que otra de las demandas es el pago justo
de utilidades. Dijo que, “en la mina de Cananea, unos 396 millones de
dólares por concepto de utilidades, pero sólo pagó 400 mil
pesos a cada uno de los mil 400 empleados de ese yacimiento, no obstante que les
correspondían un millón 400 mil pesos” (Velasco E., en La
Jornada 7 ago 2007). Rivero anunció que “en caso de que sean
desconocidas las huelgas, interpondrán un amparo”.
La Junta declara la “inexistencia” de las huelgas
El 7 de agosto, la JFCA
declaró “inexistentes” las 3 huelgas mineras estalladas el
anterior 30 de julio. En su resolución, “dio un plazo de 24 horas a
los trabajadores, ... para que regresen a sus labores, o de lo contrario
"quedarán terminadas las relaciones de trabajo" (Velasco E., en La
Jornada 8 ago 2007).
Los abogados de Napo declararon que "de
inmediato promoveremos un juicio de amparo para solicitar la suspensión
provisional del dictamen de la junta". Pavón dijo "es una marranada; no
puede ser posible que las autoridades laborales estén permitiendo que la
empresa siga asesinando trabajadores por actos de negligencia en materia de
seguridad". Desafió al titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón: "lo retamos a que
asista a las instalaciones de las minas en huelga para que él mismo
verifique las anomalías en las condiciones de seguridad e higiene, y los
riesgos que corren los trabajadores".
Por su parte, el representante
legal de Minera México, Salvador Rocha Díaz, manifestó que
el sindicato omitió precisar las violaciones al contrato colectivo de
trabajo (CCT), además que no se efectuaron las asambleas para obtener el
apoyo de la mayoría de los trabajadores en la suspensión de
actividades.
Las 3 secciones en huelga anunciaron que mantendrían
el movimiento.
Conceden amparo al grupo de Napo
El 7 de agosto, los abogados de Napoleón (Juan
Rivero y Néstor de Buen) presentaron un amparo contra la
resolución de la JFCA. El mismo día (sic), dos (sic) jueces, de
los juzgados el tercero, quinto y sexto otorgaron la suspensión
provisional del laudo emitido por la Junta. De esta manera, podrán
continuar las huelgas estalladas en la mina San Martín, en Sombrerete,
Zacatecas, y en la Unidad de Cananea, en Sonora, hasta que el caso se resuelva
en definitiva. Esta información la proporcionaron los litigantes (Velasco
E., Méndez A. en La Jornada 9 ago 2007).
Respecto a la
huelga en Taxco, Pavón vocero de Napo declaró que los huelguistas
"no regresarán, pase lo que pase, tope donde tope". Advirtió que
continuarán con una huelga de hecho, permitida por la ley (sic).
Pavón hace que no sabe pero lo que declara no es cierto. Las huelgas
“de hecho” NO están permitidas por la ley. Ese es uno de los
problemas graves de la actual legislación laboral.
El grupo
afín a Napo informó que habían presentado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra el
Grupo México por "homicidio en grado de tentativa", ante la existencia de
condiciones de riesgo e inseguridad en las minas que están en huelga.
También dijeron que presentaron otra denuncia contra Vicente Fox y
funcionarios del anterior gobierno.
En Taxco, unos 400 trabajadores en
huelga realizaron una marcha. En Cananea, el grupo opositor a Napoleón
dijo que no intentarían entrar a la mina hasta que las autoridades tomen
una decisión final. Tanto en Cananea, como en Zacatecas, los mineros en
huelga ratificaron la continuación del movimiento.
Los abogados
de Napo informaron que, el 9 de agosto, se les había otorgado el amparo
en el caso de la huelga en Taxco. Por su parte, el abogado de la empresa
recordó que previamente habían informado a la JFCA acerca de la
terminación de las relaciones laborales con los trabajadores de las 3
secciones en huelga y que lo mismo había presentado ante los
jueces.
La situación en Cananea se complicó más.
Francisco Hernández Gámez, opositor a Napo, llamó de nuevo
a los mineros de Cananea a que regresen a sus labores, pues se corre el riesgo
de que se pierdan todas las conquistas laborales, como pasó con los
trabajadores de Nacozari y de Agua Prieta hace un año. Precisó que
la huelga iniciada el 30 de julio pasado, por lo que llamó capricho y
terquedad de Gómez Urrutia, podría perjudicar a más de mil
300 mineros (Flores G., Ocampo S. en La Jornada 10 ago 2007).
El
12 de agosto (en La Jornada), Néstor de Buen escribió que,
el Grupo México, “ha conseguido, con una rapidez envidiable, el
registro de un sindicato que dirige un tal Francisco Hernández
Gámez y ya se han presentado ocho demandas que reclaman al sindicato
minero la titularidad de los contratos colectivos de
trabajo”.
Néstor señaló también que
“eso conducirá necesariamente a ceremonias de recuento en las que
todo indica que el sindicato ficticio y sus cómplices perderán
estrepitosamente sus alegatos”. Se advertía mucho triunfalismo del
abogado de Napo.
Asimismo subrayó que “es importante
señalar que los sindicatos democráticos en México han
ofrecido todo su apoyo al minero. Dos dirigentes de la Unión Nacional de
Trabajadores, Francisco Hernández Juárez y Agustín
Rodríguez (telefonistas y universitarios, respectivamente) se han
manifestado en favor del gremio minero”. Para Néstor,
Hernández Juárez y Agustín Rodríguez son
democráticos (sic).
El 11 de agosto, 13 representantes sindicales
de Estados Unidos y Canadá llegaron a Cananea para solidarizarse con el
movimiento. Sergio Tolano, líder local afín a Napo
“precisó que los trabajadores sonorenses exigen que las autoridades
federales reconozcan al líder del sindicato nacional minero,
Napoleón Gómez Urrutia, y a las dirigencias locales que lo
respaldan”. ¿Por fin?
La declaración hecha a Notimex
pareciera desafortunada porque Napo YA fue reconocido por el gobierno al
entregarle, sin haber sido electo, la correspondiente Toma de Nota que le
quitó a Elías Morales, que tampoco fue electo. Tolano quiso decir
otra cosa, es decir, que se exonere a Napo en los casos del fraude financiero
derivado del dinero que recibió con motivo de la privatización de
dos minas en Cananea. Eso, por supuesto, no es causal de huelga, es un asunto
penal.
Provocación de Napo en Nacozari
Entre la noche del sábado 11 de agosto y la
madrugada del siguiente día, se suscitó un enfrentamiento con
palos y piedras en Nacozari de García, Sonora. La policía local
habló de 1 muerto y 8 heridos.
Según el jefe de la
policía preventiva y tránsito de Nacozari, “seguidores de
Napito pretendieron ingresar a la mina La Caridad para cortar una bandera
de Grupo México -dueño de IMMSA- y detener las labores, pero no lo
lograron porque se enfrentaron contra los mineros que se encontraban en las
instalaciones” (Gutiérrez U., en La Jornada 13 ago 2007). En
la misma versión, “el grupo que intentó ingresar estaba
conformado por casi 200 personas que fueron despedidas el año pasado, son
afines a Gómez Urrutia y quieren volver a trabajar a la mina de Nacozari,
pero IMMSA ya no los acepta”.
Raúl Sáenz Cota, quien
ha sido abogado de los mineros durante décadas dijo que "Napoleón
no merece un minuto más en Cananea ni una gota de sangre más
derramada en el país".
El 13 de agosto se informó que al
menos 12 personas fueron detenidas y al menos 20 estaban desaparecidas luego del
enfrentamiento entre mineros. El secretario del ayuntamiento de Nacozari dio su
versión y dijo que “"el enfrentamiento realmente no fue entre
mineros locales, ya que los que intentaban tomar la mina eran más
que nada personas que vienen de otros estados, si acaso eran unos 10 de
aquí de Nacozari en el grupo que se estima era de entre 40 y 60, contra
algo así como 200 que estaban en la mina" (Gutiérrez U., en La
Jornada 14 ago 2007).
El hermano de uno de los mineros que
intentaron tomar la mina La Caridad en Nacozari declaró que "le dije a mi
hermano que se salga de eso: nomás les están lavando la cabeza. El
sábado en la noche los juntaron y les dijeron que venía gente de
Cananea a apoyarlos a la toma de la mina La Caridad, pero a la hora de la
hora se fueron ellos solos (los ex trabajadores); imagínense, eran apenas
como 60 contra 200 de los mineros que venían saliendo del turno de
adentro de la mina: aquello fue una golpiza y fue un milagro que nomás
hubiera un muerto". La empresa, por su parte, “interpuso una denuncia por
intento de despojo y lesiones, supuestos delitos por los que los ex mineros
están detenidos”.
Respecto a los hechos de violencia,
empresa y sindicato (grupo de Napo) intercambiaron acusaciones y versiones.
Carlos Pavón, denunció que “la policía estatal
mantiene detenidos injustamente a mineros que sólo exigían su
reinstalación en la mina La Caridad” (Muñoz P. en La
Jornada 14 ago 2007). Los charros solitos se ponen la soga al cuello, ellos
fueron los que armaron la provocación.
Las huelgas “van pa’largo”
La situación, a ese
momento, era sumamente clara: la empresa se dedicará a esperar la
solución definitiva a la solicitud de los amparos del sindicato
interpuestos contra el dictamen de la Junta. No hay ninguna garantía de
que el amparo definitivo se otorgue al sindicato. Pero, si así fuera, la
empresa seguramente interpondrá el recurso de revisión. Eso
alargará el proceso a favor de la empresa cuya posición es
terminar las relaciones laborales de todos los trabajadores.
El 14 de
agosto, el sindicato dijo que “en caso de que el fallo sea en su contra no
van a regresar a laborar, ya que promoverán el recurso de
revisión”. La resolución del juez en el caso de la huelga en
Taxco es confusa pues “se permite al sindicato minero continuar la huelga
en Taxco, Guerrero, a la vez que deja abierta la posibilidad de que empresa
pueda reiniciar actividades con los trabajadores que no quieran continuar con el
paro”.
Según Lozano, secretario del trabajo de
Calderón, “por un lado la suspensión serviría para
evitar el despido de los mineros en huelga, y por el otro, permitiría a
la empresa continuar con la operación de la planta, incluso con el
ingreso de trabajadores que son paristas” (Muñoz, Martínez
E., Méndez A. en La Jornada 17 ago 2007).
El 17 de agosto,
el juzgado tercero de distrito en materia de trabajo de la ciudad de
México concedió un amparo en el caso de la huelga de Sombrerete,
Zacatecas, garantizando la continuidad de la huelga. En la resolución,
sin embargo, se indica que "los trabajadores que lo deseen pueden regresar a su
trabajo, lo que implica reanudar la producción" (Castillo G., León
G., en La Jornada 18 ago 2007).
“Estamos más fuertes
y unidos que nunca", comentó Pavón.
Inocultable crisis sindical minera
El 18 de agosto (en La Jornada), Arturo
Alcalde, abogado de la UNT, escribió que el Grupo México
había promovido “siete demandas de titularidad de contrato
colectivo de trabajo, cuyas audiencias se celebrarán del 23 al 27 del
presente mes ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje”.
Esto plantea la existencia de otra agrupación sindical que le
disputará a Napo la titularidad de la contratación colectiva
mediante el correspondiente recuento.
El mismo día, en Santa
Bárbara, Chihuahua, se llevó a cabo una marcha de repudio (sic) a
Napoleón “a quien acusaron de corrupto y de intentar estallar
ahí una huelga sin consentimiento de la mayoría de los
trabajadores, como ha sucedido en otros yacimientos” (Villalpando R.,
Flores G., en La Jornada 18 ago 2007).
La marcha marcó la
aparición pública de un nuevo sindicato minero. “El
secretario del trabajo de la sección 11 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas,
Martín Alvarez Gutiérrez, aseguraron que gente cercana a
Gómez Urrutia está "presionando" para que en ese municipio de
Chihuahua se inicien huelgas como en Sonora, Zacatecas y
Guerrero”.
Los manifestantes afirmaron que a Napoleón "no
lo reconocemos como dirigente del gremio; por eso la sección 11 se opone
a que, asilado en Canadá, siga dirigiendo el sindicato como una herencia
que le dejó su padre".
Cerrazón y turbiedad
El 19 de agosto (en La Jornada), el diputado
Antonio Almazán escribió que, en el caso de las huelgas mineras,
está “en marcha un operativo de contrainsurgencia
sindical” (sic). La afirmación es exagerada y de cliché.
¿Dónde está la “insurgencia” sindical? ¿Con
Napo, de veras?
Al comentar el amparo otorgado a las huelgas,
Pavón dijo que se trata de un “duro golpe” al Grupo
México y a la STPS quienes "están apoyando un sindicato blanco
para quitarnos la titularidad de los contratos colectivos".
El 20 de
agosto, el sindicato y la empresa anunciaron el reinicio de negociaciones
acordando discutir cuestiones “estrictamente laborales” y no llevar
a la mesa la situación penal de Napoleón Gómez Urrutia.
Pavón pidió una solución “integral”. El 22 de
agosto las pláticas estaban rotas. El argumento era que “la empresa
no quiere resolver el conflicto integral, sino "sólo acordar el
levantamiento de las huelgas en Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y
Cananea, Sonora", dijo Pavón (Muñoz P. en La Jornada 25 ago
2007). Nuevamente, los charros entregaron al gobierno un buen pretexto para no
resolver.
Al siguiente día, la representación sindical se
negó a asistir a la audiencia que tenía en la STPS y pidió
a Calderón que les otorgue una audiencia en la que esté presente
Napoleón (sic). Los charros son chantajistas gruesos o pareciera que
están locos de la cabeza.
Ante la prensa lo niegan pero los
charros del sindicato minero saben bien el juego que se traen. El 24 de agosto,
Pavón criticó a la STPS y dijo que el Grupo México
“quiere solucionar el problema nada más de las huelgas –en
Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y Sombrerete, Zacatecas– y que todo siga
igual. Nosotros no estamos en esa posición, o se arregla lo integral o
siguen huelgas” (sic).
El “problema integral” incluye
resolver la situación delictiva de Napo mediante la absolución de
“borrón y cuenta nueva”.
El 28 de agosto hubo nueva
cita en la STPS y ahora quien no asistió fue la representación
patronal. Entretanto, el 27 del mes se venció la vigencia del CCT en
Cananea. ¿Qué hicieron los charros? ¡Prorrogar las
negociaciones! (sic). ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el actual
conflicto, después estarán en peores condiciones. Para seguir
despistando a algunos, Pavón anunció que en la marcha del 30 de
agosto habría un contingente minero. Como siempre ocurre, una
comisión de charritos se hace presente, mineros nunca van.
Mineros en
Cananea, Sonora y en Sombrerete, Zacatecas
