Fútil presentación en México del Consejo para la Defensa y el Fortalecimiento del Patrimonio Nacional y peor conclusión la 2ª Asamblea de la CND, en materia energética
Débil defensa del Sector Energético
w La ofensiva privatizadora en materia energética se radicaliza, mientras la resistencia se autolimita.
w Consolidar la resistencia para iniciar el rescate nacional de los energéticos plantea retos más complejos.
w Una política independiente y un plan de lucha unificado, demandas estratégicas del movimiento.
w Ni el Consejo (CDFPN), ni la propia CND ofrecen alternativas de construcción popular.
El pasado 1º. de marzo, en el auditorio Breña
Alvírez del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezado por el Frente
en Defensa de la Soberanía Energética y el gobierno
“legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, se
presentó el Consejo para la Defensa y el Fortalecimiento del Patrimonio
Nacional, entre cuyos objetivos estaría impedir la privatización
del petróleo, el gas y la electricidad" (Gómez C., La
Jornada 2.02.07].
Se esperaba que dicho Consejo presentara un plan
energético propio el 18 de marzo, en Salina Cruz, Oaxaca, durante la
conmemoración del 69 aniversario de la expropiación petrolera que
encabezó Andrés Manuel López Obrador. Algunos esperaban
incluso que dicho plan estuviera respaldado con acciones para el rescate de lo
que ya se ha privatizado.
Sobra decir que todo esfuerzo organizativo es,
por supuesto, bienvenido toda vez que la ofensiva neoliberal en México se
radicaliza luego del asalto al poder por la vía del fraude electoral. No
obstante, ante la falta de consensos reales, aparecen tendencias inmediatistas,
que prefieren fomentar la creación de “aparatos” efectistas
(cabe recordar que apenas el 27 de septiembre de 2006 se había presentado
el Frente Nacional en Defensa de la Industria Energética del País,
impulsado por el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Frente Amplio
Progresista), de efímera e inútil presencia.
Lo peor es que
esto sucede en momentos de gran efervescencia popular, en el que diversos grupos
¾hasta algunos tradicionalmente automarginados
de la política¾, buscan participar
organizadamente, sin que encuentren la estructura que acuerpe sus
luchas.
Hasta la fecha diversas convocatorias permiten observar que
muchas organizaciones tienen una caracterización correcta, tanto de la
situación actual como del gobierno en turno. La mayoría reconoce
el avance de la resistencia civil (aunque sea en el nivel de organización
ciudadana), a partir del intento de desafuero en contra de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO), con el cual se pretendió inhibir su
candidatura (presidencial) y que se concretó en el fraude electoral de
2006, e impulsan nuevas formas de organización hacia la
construcción de un poder popular. No obstante, hasta la fecha los propios
convocantes se encargan de “limar” el filo popular a las propuestas,
para mantener un esquema centralizado alrededor de la figura de AMLO.
En
materia energética, es el caso del Consejo y de la 2ª Asamblea de la
CND, que plantean pactos más bien efectistas, pero carentes de
definición política, y que por lo mismo no propician el desarrollo
cualitativo de la lucha (y a veces ni siquiera cuantitativo). Ante ello, se
impone el análisis y la autocrítica.
Necesaria recapitulación
Parece innecesario reiterar a estas alturas
que el gobierno actual es neoliberal y privatizador, y que ostenta cada vez
más sus rasgos autoritarios, aunque también parece que esto no
basta a algunos para prever qué tipo de acciones concretas tomará
la derecha en el poder, para anticipar una estrategia de resistencia más
adecuada. Ahí están los ejemplos de las reformas al Régimen
de Pensiones y Jubilaciones del IMSS y, ahora, a su equivalente en la Ley del
ISSSTE.
En el caso de la reforma energética, tanto el Consejo como
la 2ª Asamblea, haciendo caso omiso a las posiciones de distintas
organizaciones, hicieron abstracción de que la privatización
energética ES UNA REALIDAD actual y no una mera amenaza.
Ello es
grave, puesto que los sectores de la izquierda electoral de México con
representación legislativa (como el Frente Amplio Progresista),
también ignoran a la privatización energética ya efectuada
por los tres gobiernos anteriores, limitándose a repetir que no se
permitirán nuevas. Esta política, por supuesto, es tolerable par
el capital, puesto que no compromete su avance, considerando que con la
legislación vigente se siguen otorgando nuevas concesiones
inconstitucionales.
Y decimos que es grave porque el Legislativo
está en situación de avalar otro despojo ¾similar al de la contrareforma energética de
1992 (en materia eléctrica) y 1995 (en hidrocarburos)¾, pues luego del nuevo régimen fiscal otorgado
a Pemex (apenas en 2005), que representó un triunfo estratégico de
Vicente Fox en pleno auge de la lucha de resistencia, se sentaron las bases para
una “nueva generación” de reformas.
Reconociendo que
se ha impedido la reforma constitucional, no se ha podido evitar ni la
privatización furtiva, ni el saqueo de las empresas públicas, casi
al punto de quebrarlas. El cínico ex-director de la paraestatal petrolera
Pemex, Luis Ramírez Corzo "presumió" al respecto sus
“logros”, que son los de la administración foxista: de un
patrimonio inicial de Pemex poco mayor a los 16 mil millones de dólares
(que en el 2000 representaba el 51% de sus activos), a diciembre de 2006 solo
disponía ya de 1,240 millones (equivalente a menos de 1.3% del
activo).
Los foxistas impidieron la re-inversión de recursos,
apoderándose de la renta petrolera, a la vez que entregaron al capital
privado actividades estratégicas, reservadas a Pemex ¾con un enorme costo, mediante contratos
inconstitucionales¾, como las obras
básicas de mantenimiento, que, realizadas por particulares, provocaron
diversos y fatales accidentes.
No obstante, Fox y sus voceros se
apresuraron a decir que no bastaba el nuevo régimen fiscal, que el
siguiente paso indispensable era otorgar a Pemex la autonomía de
gestión. Hasta el super millonario "mexicano" Carlos Slim se sumó
al clamor neoliberal, sentenciando que la medida era aún insuficiente,
respaldado por el gobierno gringo, cuyo secretario del tesoro (en México
aquellos días), criticó: actualmente "solo México y Corea
(del Norte) prohíben el ingreso de capital privado en el sector
energético".
Soberanía de México enajenada
Por supuesto, eso no es cierto, pero
tratándose de un país petrolero, con una economía
débil, es mal visto, y constituye la principal piedra en el zapato
neoliberal. El pueblo mexicano es efectivamente ejemplar, pero no por defender
un nacionalismo transnochado, como pretenden descalificar los neoliberales, sino
porque representa la voluntad de un pueblo dispuesto a conservar la propiedad
colectiva social de sus recursos energéticos como está establecido
en su Constitución.
De hecho, la aspiración a ejercer la
soberanía energética, no es exclusiva del pueblo de México.
A diario, los gobiernos de países supuestamente defensores del libre
mercado y de la globalización, como España, Francia, Inglaterra o
los propios Estados Unidos la ejercen, con todos los recursos a su alcance, para
mantener la posesión y el control de sus empresas energéticas. El
problema es que ellos, además, buscan dominar también los recursos
energéticos mundiales.
La flamante Europa unificada enfrenta hoy
fuertes diferendos: españoles, alemanes e italianos se disputan el
control de la principal eléctrica española, Endesa. Francia se
niega a abrir el mercado minorista en su país. En Norte América,
el gobierno gringo se opuso terminantemente (desde su Congreso) a la venta de
una de sus principales energéticas a China.
Por ello no cejamos:
cuando los trabajadores y el pueblo de México nos pronunciamos por la
defensa de nuestra soberanía energética, reivindicamos los
intereses populares, fuertemente disminuidos por el avance neoliberal.
A
la fecha, TODOS los partidos políticos han avalado diversas reformas y
tratados comerciales (señaladamente el TLC), que enajenan la
soberanía mexicana en todos los órdenes y someten el desarrollo
nacional a las políticas de las transnacionales
imperialistas.
Mediante amañados cambios a la legislación
secundaria, de los que la izquierda electoral se hace copartícipe, se
“legalizó” la entrega inconstitucional de buena parte de la
renta energética y hasta de otro recurso esencial para la vida, el Agua.
Del mismo modo, día con día y de manera furtiva, se consuma la
entrega de servicios públicos indispensables (salud, educación,
medios de comunicación y transporte, etc.).
Estado saqueador
En México las propias instituciones del estado se
confabulan para atracar el patrimonio nacional. En materia energética,
los pocos dictámenes que reconocieron la ilegalidad de ciertas leyes y
procedimientos fueron de inmediato congelados, por la propia Suprema Corte de
Justicia de la Nación, sometida al Ejecutivo. Fue el caso, apenas el
año pasado, de los llamados Contratos de Servicios Múltiples (CSM)
¾concebidos para privatizar furtivamente a
Pemex¾, que fueron declarados
"legales".
Por ello, la resistencia institucional (encabezada por la
izquierda electoral) resulta inútil, toda vez que los recursos legales en
contra de la privatización furtiva han sido sistemáticamente
rechazados, una vez detenida la reforma constitucional, que se basó esa
sí, en la movilización popular. Solo alguna de las demandas ante
la Auditoria Superior de la Federación (ASF) prosperó y sigue en
curso. En ella, la ASF dictaminó que los CSM son ilegales, aún
bajo la adulterada legislación energética actualmente vigente. No
obstante, Fox recurrió de inmediato al recurso de controversia, como en
otros casos, para detener la investigación mientras continúa el
saqueo.
En este escenario, el “nuevo” legislativo, izquierda
incluida, cabildea ya nuevas reformas para profundizar la violación
constitucional. Así se procedió en legislaturas anteriores
pervirtiendo incluso propuestas correctas, como la Cogeneración de Pemex,
cuya modificación se convirtió en motor de nuevas licitaciones
privadas.
Otro tanto hicieron cuando autorizaron el
“aprovechamiento” privado del gas grisú, un
“premio” para las criminales mineras, como la tristemente
célebre Minera México responsable del fatal accidente minero de
Pasta de Conchos.
A esto hay que añadir el fraudulento proceso
electoral del 2006, que renueva la ofensiva privatizadora porque, en gran
medida, ésa era precisamente una de sus motivaciones. Las llamadas
reformas estructurales cambian de nombre para continuar con la
privatización de los recursos estratégicos de México,
concretamente el petróleo.
En esa estrategia se propone que el
Legislativo otorgue “autonomía” a Pemex, con lo cual se
adelanta en el objetivo de desintegrarlo, administrado ¾no como la industria estratégica que es¾, sino con criterios de empresa
(“rentable”, por aquello de exprimirle la renta, que en este caso es
el último patrimonio nacional disponible, luego de la destrucción
económica del país).
Autonomía de gestión, propuesta neoliberal
Aún sin la
autonomía de gestión, las anteriores contrarreformas
energéticas causaron suficiente daño al sector energético
nacional: más del 35% equivalente de la capacidad de generación
eléctrica instalada está inconstitucionalmente concesionada; en
materia de hidrocarburos la desconcentración de Pemex en cinco
áreas estratégicas derivó en la destrucción de la
petroquímica, por lo cual se importan grandes volúmenes de
gasolina, exportándose a cambio elevados volúmenes de
petróleo crudo, fundamentalmente a EU, para cumplir las cuotas que dicho
país nos impone.
El nuevo director de Pemex, Jesús
Reyes-Heroles (autonombrado así, para usufructuar el pobre prestigio de
su padre) habla ya de crear una "gasera nacional", para administrar ...
¿qué, un combustible que ni siquiera tenemos? El junior de marras se
refiere más bien a las posibilidades que abre disponer de un membrete
independiente de la planificación central que le permita establecer
"asociaciones estratégicas" que aseguren el acceso irrestricto de las
grandes transnacionales.
La autonomía les urge, porque la mirada
rapaz del imperialismo está puesta en las únicas reservas que nos
quedan, por el momento inalcanzables, sumergidas en el Golfo de México.
Por ello justifican: “Pemex no tiene ni dinero ni experiencia para
explotar dichas reservas”. Quieren un Pemex “autónomo”,
que no tenga la obligación de rendir cuentas al pueblo de México.
Privatizar, dogma neoliberal
Lo más absurdo es insistir en la
privatización cuando los principales mitos del neoliberalismo se
derrumban: el mercado energético es simplemente una falacia, porque la
competencia, que supuestamente impulsaría “bajos precios”, no
existe; los precios de los energéticos son resultado de la
especulación, asegurando en primera instancia la renta del gran capital.
Nada permite suponer que los precios bajen, al contrario, dada la cada vez mayor
escasez de energéticos primarios y el enorme aumento de la demanda,
producto de la avidez capitalista.
Ante el inminente fin de la era del
petróleo, las transnacionales buscan agenciarse las pocas fuentes
energéticas disponibles. Para ello se reorganizan y
alían.
Un ejemplo reciente es la transnacional francesa,
Electricidad de Francia (EDF), que anunció la venta de algunas de
“sus” plantas en México. Se trata de un paquete de
inversión de 1,500 millones de dólares por el que obtuvo, solo el
año pasado (2006), casi 900 millones de dólares de
utilidad.
De ser cierto que EDF se va, seguramente no será porque
se arrepienta de haber participado en la privatización energética
de México (siendo como es, una empresa supuestamente estatal)¾. Tampoco puede ser por baja rentabilidad. La
realidad es que EDF, como otras transnacionales, se está concentrando en
otras ramas de la generación eléctrica (como la nuclear o las
alternas), dónde considera que podría colocarse mejor.
El
asunto es así porque la “apertura” de sector propició
una enorme concentración de la generación eléctrica en unas
cuantas manos (privadas y extranjeras). Lo que antes se cuestionó al
monopolio estatal, “ineficiente frente al libre mercado”, hoy se
permite ¾ante la complacencia de la
Comisión Federal de Competencia¾, a los
privados, quienes acaparan mediante compras, fusiones, absorciones o traspasos
las concesiones, en condiciones que nadie conoce a pesar de que afectan al
servicio público.
Los impactos son graves, porque desde el
principio la CFE fue obligada (por la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) a establecer contratos que garantizan el pago de
energía eléctrica a los generadores privados ¡por los
próximos 25 años! Esto, independientemente de quién posea
dichas concesiones.
Sin una actitud decidida frente a estas
prácticas monopolistas, nada podrá hacerse para evitar la
concentración.
Las fuentes energéticas alternas también se entregan al sector privado
Además del caso del “gas grisú”
y de la cogeneración de Pemex (a base de residuos de refinación,
un energético primario más económico), las llamadas
“energías limpias” (verdes o alternas), como la solar, la
eólica, la geotermia o la mini-hidráulica, incluso otras apenas en
desarrollo (como los biocombustibles) que son ya objeto de legislación
para asegurar su privatización desde ahora.
Hay un auge de
absurdos convenios regionales, realizados indebidamente por gobiernos estatales
y hasta municipales (de todas las corrientes) en abierto desacato de la
exclusividad de la CFE en la planeación centralizada de la industria
eléctrica. Dichos convenios concesionan inconstitucionalmente elementos
vitales (como el agua y el viento), solapados en una supuesta autonomía
estatal, puesta por encima del interés general (en este caso el Servicio
Público de Energía Eléctrica), establecido en la
Constitución.
Un caso es el de la transnacional menudista
Wal-Mart, la cual anunció recientemente que utilizará
“energía verde” para todas sus tiendas a nivel nacional,
asociada con la francesa EDF para instalar plantas eólicas en la Ventosa,
Oaxaca. Según la versión difundida por ambas empresas (por ejemplo
Reuters 8.03.07). Wal-Mart, convino con Eléctrica del Valle de
México (la de Whaley y socios), empresa subsidiaria de Energies
Nouvelles, (“brazo eólico” de EDF), el abastecimiento de
más de la tercera parte de su demanda. Según Wal-Mart,
además del ahorro, la medida sustenta su “visión
ecologista” del desarrollo.
Wal-Mart pretende que olvidemos que
está en el “negocio eléctrico” en México desde
2003, primero como cliente de Proveedora Nacional de Electricidad, S.A. de
C.V., para el proyecto El Guineo (en la expansión del permiso
E/242/AUT/2003), mediante una pequeña central hidroeléctrica (de 5
MW), indebida e injustificadamente concesionada por la CRE, dado que privatiza
los recursos hídricos de la presa del mismo nombre, en Ayutla,
Guerrero.
Sin embargo, a partir del 2005, la propia CRE concedió a
Wal-Mart 16 permisos para autoabastecimiento, por un total de 18.2 MW generados
a partir de sendas plantas de emergencia, de combustión interna a base
del contaminante diesel. En la siguiente tabla se indican estos ilegales
permisos privados.
Permisos de
autoabastecimiento otorgados a Wal-Mart
AUT |
MW |
Localidad |
320 |
3.18 |
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. |
342 |
0.90 |
Huixquilucan, Estado de México. |
349 |
0.75 |
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. |
352 |
2.0 |
Mexicali, Baja California. |
353 |
0.60 |
Mexicali, Baja California. |
354 |
0.60 |
Hermosillo, Sonora. |
355 |
1.25 |
Cajeme, Sonora. |
356 |
1.10 |
Mazatlán, Sinaloa. |
357 |
1.10 |
Ahome, Sinaloa. |
358 |
1.25 |
Culiacán, Sinaloa. |
359 |
1.20 |
Ciudad Obregón, Sonora. |
360 |
0.70 |
Hermosillo, Sonora. |
361 |
0.70 |
Culiacán, Sinaloa. |
362 |
0.95 |
Culiacán, Sinaloa. |
363 |
1.15 |
Hermosillo, Sonora. |
374 |
0.80 |
Mazatlán, Sinaloa. |
|
18.2 |
|
El año pasado (2006) Wal-Mart solicitó y obtuvo de la
CRE 10 nuevas concesiones, equivalentes a 10.3 MW adicionales, autorizando otras
tantas plantas de emergencia (a diesel):
Nuevos permisos privados
otorgados por la CRE a Wal-Mart
AUT |
MW |
Localidad |
555 |
0.82 |
Tijuana, Baja California. |
556 |
1.25 |
Villahermosa, Tabasco. |
557 |
0.76 |
Campeche, Campeche. |
558 |
0.95 |
Benito Juárez, Quintana Roo. |
559 |
0.87 |
Villahermosa, Tabasco. |
560 |
1.05 |
Mérida, Yucatán. |
562 |
1.10 |
Playa del Carmen, Quintan Roo. |
563 |
1.15 |
Villahermosa, Tabasco. |
570 |
0.90 |
Ciudad del Carmen, Campeche. |
571 |
1.445 |
Los Mochis, Sinaloa. |
|
10.3 |
|
Capitalismo hipócrita depredador del ambiente
Resultaría ridículo pensar
que Wal-Mart actúa en sentido contrario a la política de su
gobierno. EU sistemáticamente se ha negado a firmar el protocolo de Kyoto
(para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero). A
cambio, junto con otros países desarrollados, compran los llamados "bonos
verdes" a través de países como México, obteniendo no solo
las concesiones prácticamente regaladas, sino encima subsidios,
nacionales y del propio Banco Mundial. Es por esto que Wal-Mart
“apoya” el desarrollo de las energías limpias.
Cabe
recordar, además, que el costoso desarrollo de la infraestructura
eléctrica para prepararla al aprovechamiento de dichas fuentes, es decir,
el reacondicionamiento de las redes de transmisión y distribución,
se hace con cargo a CFE, de forma, que las empresas públicas (y los
consumidores nacionales) terminan financiando a los inversionistas
extranjeros.
Permisionando sus plantas de emergencia, Wal-Mart
además queda en la antesala de permisos mayores (para sustituir sus
pequeños generadores). Algo similar han hecho ya Telmex y las grandes
cadenas comerciales.
Derrotar al neoliberalismo
Reiteramos que la resistencia ha impedido la
reforma de la Constitución pero, ahora, se requiere consolidar el
movimiento y pasar de la resistencia al rescate de los recursos
energéticos, mediante acciones y medidas articuladas para revertir las
privatizaciones, interés central del neoliberalismo.
Revocar los
permisos, concesiones y contratos ostensiblemente ilegales es una primera medida
evidente. Otra sería impedir que se otorgue una sola concesión
más. Ambas solo pueden implementarse con una amplia movilización
popular que cuando menos fuerce la revocación del decreto de
creación de la CRE y las contrarreformas energéticas (de 92 en
materia eléctrica y la de 95 para los hidrocarburos).
También, como persiste la práctica de firmar acuerdos
inconstitucionales por parte de gobiernos locales, es necesario reintegrar a la
CFE su rectoría en materia de planeación, creando las instancias
de participación social, para vigilar la reintegración de todos
los recursos energéticos privatizados y avanzar en la creación de
una sola entidad integrada, y una política energética
independiente.
La recuperación del país mediante la lucha organizada
Estos objetivos
demandan un programa de lucha unificado, que organice la fuerza social en todo
el territorio nacional para generalizar la lucha. Para debe articularse un plan
de acción, de carácter nacional, que recoja las demandas,
regionales, sectoriales, etc.
En el caso de los trabajadores la lucha
inmediata es por el salario y las condiciones concretas de trabajo y en defensa
de la propiedad colectiva social de los recursos nacionales estratégicos
(como el agua y la energía) y, en un plano más amplio se extiende
hacia la defensa de la economía popular (contra los aumentos en tarifas
y, en general, de los precios de todos los bienes y servicios), de la
educación pública y gratuita (laica), y hacia el campo, por la
soberanía alimentaria.
El plan que se necesita ha de incluir,
además, demandas políticas, como la democracia, comenzando por las
organizaciones obreras y de allí a escala nacional, con nuevas formas de
participación directa, como el plebiscito.
Sin embargo, las
instancias creadas por el movimiento popular hasta la fecha, en particular la
Convención Democrática Nacional (CDN), adolecen de definiciones
claras al respecto. La 2ª a Asamblea de la CND, por ejemplo, se redujo a la
convocatoria de un grupo de notables mismos que ignoraron la mayoría de
las demandas y propuestas “desde abajo”.
Esta 2ª
Asamblea fue organizada con tal premura, que era evidente que ni el fondo ni la
forma podían haberse cambiado. Ello volvió a impedir que el
llamado gobierno “legítimo” se consolide al menos en alguna
forma de contrapoder, que aglutine a las fuerzas en resistencia contra la
derecha encabezada por el gran capital y el gobierno espurio de Felipe
Calderón.
