El gobierno federal insensible a la acción política
¿Pretexto para privatizar PEMEX?
r El gobierno responde al EPR fortaleciendo sus aparatos de seguridad y represión.
r De inmediato se reforzó la vigilancia terrestre y aérea en todos los centros petroleros.
r El EPR llama a la “unidad” y realiza otras acciones locales de hostigamiento.
Manipulación, borrosidad y amenazas
El 13 de julio, la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
reiteró que "la indagatoria no ha determinado que las acciones hayan sido
obra de algún grupo (armado) en particular" (Valdés J. en La
Jornada 14 jul 2007). Medina Mora, titular de la Procuraduría General
de la república (PGR), dijo "que la morfología de los artefactos
explosivos colocados es similar a la utilizada en otros eventos que se han
registrado en el país", en los cuales se han usado explosivos
plásticos, un reloj y una pila” (sic). También afirmó
que “aunque en las detonaciones se utilizaron explosivos plásticos
de origen europeo, no se trata de una circunstancia nueva en el país, ya
que en otras circunstancias similares también se han
empleado”.
Ese día, la misma PGR informó que
“abrió una averiguación previa para investigar la
desaparición”. Contradictoriamente a otras declaraciones, los
funcionarios informaron que “hasta el momento, entre sus investigaciones
el Ministerio Público Federal ha detectado que las células de este
movimiento armado, que presuntamente provocaron ocho explosiones en los ductos
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y Querétaro, no
radican en los estados donde ocurrieron los ataques a las instalaciones
petroleras.
“Agregaron que el objetivo de las pasadas explosiones
contra la infraestructura de Pemex sólo tuvo como fin, por parte del
grupo armado, llamar la atención sobre sus actividades” (Castillo
G., León G. en La Jornada 14 jul 2007).
Mariano Saynes,
secretario de marina, declaró que “las exigencias actuales para
garantizar la seguridad nacional "son altamente demandantes", por lo que es
preciso hacer acopio y utilizar todos los recursos y herramientas disponibles en
esta lucha del gobierno federal y la sociedad contra "diversos entes
transgresores de la ley".
Parte del gobierno federal seguía sin
considerar como autores de los hechos al EPR pero, a esos hechos, les llamaba
“ataques”.
Seguridad nacional y contrainsurgencia
El 14 de julio, debido a las
críticas del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), se anunció una
reestructuración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen). Según esos acuerdos, “este organismo de inteligencia civil
será relevado de responsabilidades, con el fin de trasladar a otras
dependencias tareas como la "contrainteligencia".
“El Cisen, en
particular, bajo la coordinación del titular de Gobernación, quien
funge de secretario ejecutivo del CSN, debe proponer medidas de
prevención, disuasión, contención y desactivación de
amenazas y riesgos contra el territorio, la soberanía, las instituciones
y la gobernabilidad.
“De acuerdo con los cambios planteados, se
trasladarían funciones a inteligencia militar (a cargo de la
Secretaría de la Defensa Nacional), a la coordinación de
Información Criminal Estratégica (de la SSP) y al área de
planificación, análisis e información para el Combate a la
Delincuencia de la Procuraduría General de la República”
(Martínez F. en La Jornada 15 jul 2007).
El 16 de julio,
un editorial de La Jornada señaló: “Los ataques
contra ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro han puesto en la
mira de la opinión pública el tema de la seguridad nacional y, en
particular, del organismo estatal supuestamente encargado de generar
información para preservarla, el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (Cisen). Sin duda, esa dependencia no fue capaz de prevenir
los atentados y, a lo que puede verse, ni siquiera está en posibilidad de
dar a conocer sus causas. El tamaño de este fracaso puede encontrar
explicación parcial en factores que han sido señalados en estos
días, como la falta de escrúpulos y la impericia que
caracterizaron el manejo de la política interior a lo largo de la
administración pasada y la decisión de la presente de colocar al
frente del Cisen a un hombre sin más méritos para el cargo que
haber sido el encuestador de cabecera del actual titular del Poder
Ejecutivo”.
Sobrevigilancia militar en PEMEX y CFE
Desde el primer momento, el Ejército
federal y la Armada reforzaron las medidas de vigilancia en todas las
instalaciones de PEMEX. Con el pretexto de los “atentados” a PEMEX,
se incrementó la militarización en todos los centros de trabajo
petroleros. En actos intimidatorios los soldados procedieron a filmar con
cámaras de video a los trabajadores petroleros. La presencia del
Ejército federal y la Armada en los centros petroleros terrestres y
marinos no es algo nuevo, siempre ha habido vigilancia militar pero, ahora, se
ha procedido a una excesiva militarización.
El 15 de julio, se
anunció que esas medidas se extenderían a Michoacán y
Chihuahua en operativos terrestres y aéreos. En Michoacán, se
trata de las instalaciones de PEMEX en Lázaro Cárdenas-Las Truchas
y las instalaciones de la hidroeléctrica Infiernillo.
La Liga
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh),
precisamente, alertó que “las explosiones en ductos de
Petróleos Mexicanos (Pemex) servirán de argumento al gobierno
federal para emprender una nueva "escalada represiva" tanto en contra de grupos
insurgentes como de movimientos sociales”.
En la
declaración, "la Limeddh lamenta que el Estado mexicano nuevamente opte
por las acciones de utilización de las fuerzas armadas y de todas sus
policías y recursos para lanzarse a una nueva escalada de guerra, ahora
contra los grupos insurgentes que se adjudicaron las recientes explosiones en
los ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro".
Días
más tarde, el 23 de julio, el secretario de marina de Calderón
informó que “La Armada de México inició la
instalación de un sistema de radares que operará en la Sonda de
Campeche -en el sur del golfo de México- y en los territorios de los
estados de Tabasco y Campeche, con el objetivo de contrarrestar posibles actos
de sabotaje en instalaciones petroleras y de
electricidad”.
Según el titular Francisco Saynez
“dicha red cubrirá la zona de plataformas petroleras y áreas
terrestres entre Ciudad del Carmen, Campeche; el puerto de Dos Bocas, en el
municipio de Paraíso, Tabasco, y la propia capital
tabasqueña”.
Saynez agregó que “el sistema de
cinco radares tendrá el objetivo de detectar alguna incursión por
aire, mar o tierra en zonas restringidas o prohibidas y tomar medidas para
interrumpirlas o abatirlas”. Los radares tienen una cobertura de 360
grados en 50 kilómetros, con lo que se reforzará el dispositivo
del patrullaje aéreo antiterrorista (sic) en la región.
El
secretario de marina reconoció que “los presuntos ataques a las
instalaciones de Pemex de parte del Ejército Popular Revolucionario (EPR)
precipitaron la instalación de los radares, mismos que fueron adquiridos
por la pasada administración federal, por lo que señaló no
conocer la inversión que se efectuó para su
adquisición”.
En torno a los atentados a ductos de la
paraestatal en Guanajuato y Querétaro que se atribuyera el EPR, el
secretario de marina los consideró como "actos de sabotaje" y no de
terrorismo, y señaló que pese a ello la seguridad nacional no
está en peligro (Olivares E. en La Jornada 24 jul
2007).
Luego, “el secretario subrayó que los grupos
insurgentes de México no tienen capacidad suficiente para realizar
ataques contra de las instalaciones petroleras mexicanas que se encuentran mar
adentro, y consideró que un sabotaje podría ser más
fácilmente ocasionado por personal que accede a éstas que por
agentes externos” (sic).
De manera que, entre las consecuencias de
las explosiones a los ductos de PEMEX, el Estado mexicano procede, por la
vía militar, CONTRA los trabajadores petroleros. Para este sector, la
situación se ha vuelto peor. Ahora, además del violento charrismo
sindical, la agresiva burocracia de la paraestatal y la corrupta
administración del gobierno federal, se padece cotidianamente la
presencia y hostigamiento militar a los trabajadores. Así,
¿cómo pensar siquiera en articular una mínima respuesta y
protesta obrera?
Necesaria crítica política serena y objetiva
El 15 de julio,
Pemex informó que había quedado normalizada la operación
del gasoducto de 36 pulgadas de diámetro México-Guadalajara,
“lo que permitirá regularizar de manera gradual el suministro a
todos sus clientes industriales y domésticos del occidente del
país”.
Ese día, el EPR difundió un nuevo
comunicado en el que “llama a sus militantes a mantenerse "alerta para
actuar militarmente", y exige al gobierno federal la presentación con
vida de los dos eperristas”.
El 18 de julio O. Rodríguez
(en La Jornada) hizo una crítica a los grupos guerrilleros en
México.
“los grupos guerrilleros, aun los surgidos con
justificación plena, como los más conocidos en Guerrero y Morelos
en el pasado, no siempre llevaron o llevan a cabo acciones que realmente hayan
favorecido o favorezcan a la población que han pretendido representar. No
pocos de esos grupos guerrilleros han actuado con frecuencia más por
voluntarismo de sus dirigentes que por presión social. La estrategia
contestataria armada en México hasta la fecha no ha logrado la
ampliación de las bases de apoyo en su favor, con lo que no quiero decir
que esos apoyos sean inexistentes. Aun así, muchos de los grupos
guerrilleros han quedado aislados y no sólo por la represión
gubernamental en su contra, también porque en lugar de sumar suelen
restar, a veces por sectarismo y otras veces porque la represión alcanza
a la población civil ajena a la estrategia
armada.
“Aceptando, sin conceder, que los sabotajes a instalaciones
de Pemex fueron realizados por el EPR, uno tiene que preguntarse si tales
acciones beneficiaron a obreros y campesinos, las principales víctimas de
las políticas neoliberales del gobierno y del capitalismo que éste
defiende, y si con esos sabotajes han sumado gente a su lucha y a su estrategia
supuestamente a favor del socialismo.
“¿Quién se ha
beneficiado de los sabotajes a los ductos de Pemex? ¿Los trabajadores (y
sus familias) de las empresas que fueron afectadas por la falta de
energéticos derivados del petróleo? Definitivamente no. Al
contrario”.
Rodríguez se queda corto en su crítica,
le hace falta profundizar, lo mismo que al propio EPR. Sería un error
quedarse en el nivel inmediato, es necesario reflexionar sobre el proyecto
político que necesita el pueblo de México.
En un nuevo
comunicado el EPR dijo: "no somos partidarios ciegos de la violencia; insistimos
y seguiremos insistiendo hasta el cansancio que amamos la paz, que no somos
delincuentes, mucho menos terroristas, pero la amenaza de muerte latente contra
nuestros compañeros y la ofensiva fascista de este gobierno contra el
conjunto del movimiento popular nos obligan a recurrir al legítimo
derecho de la autodefensa como una forma más de lucha".
Respecto
a los desaparecidos, EPR afirmó que "por datos recabados recientemente"
tiene la certeza de que militares y policías federales retienen a Edmundo
Reyes y Gabriel Cruz.
Para el gobierno de Guanajuato "un grupo de
ciudadanos de la entidad apoyó al Ejército Popular Revolucionario
(EPR) en la colocación de los explosivos en los ductos de
Petróleos Mexicanos".
Comunicado extraño
Al siguiente día, en otro comunicado, el EPR
señaló que "estamos enterados que la tortura a la que han sido
sometidos directamente por el general Oropeza Garnica, desde el punto de vista
físico, les ha dejado secuelas, y a pesar de eso los verdugos
continúan con la tortura sicológica".
Esa
información es muy grave porque, ese General, hace años que
realiza actividades de contrainsurgencia y asesinato de población
indefensa. Ese general Oropeza, egresado de la Escuela de las Américas
con sede en Panamá, fue el encargado de combatir al EPR entre 1997 y
1999. Fue el mismo que, en 1998, participó en la matanza de campesinos en
El Charco, Guerrero.
Después, en el comunicado, el EPR expresa
que los detenidos cuya presentación con vida reclama "hacían un
trabajo de orientación escrita en cuanto al movimiento de Oaxaca de una
manera eminentemente política, sin utilizar ningún arma ni tener
una actitud ofensiva, sino sencillamente defensiva, empezando porque todas las
fuerzas políticas intentaran tener un mismo criterio y una misma actitud
para disipar pequeñas contradicciones”.
Al respecto, dice
el EPR, "eso no es ningún delito, es un acto de conciencia y jamás
se podrá detener el pensamiento libertario, ni con la muerte ni con el
presidio. Se vieron forzados a asistir por una irresponsabilidad de quien era
responsable del estado de Oaxaca y que desde el principio intentó
sabotear la exigencia de libertad de estos compañeros, sin que los
compañeros de la ciudad tuvieran una explicación lógica de
tal proceder, negándoles la verdad de los hechos".
Lo antes
señalado no suena bien. ¿Quiere decir que persisten los conflictos
internos? Las acciones en PEMEX, ¿se decidieron sin consenso? ¿Es real
lo señalado en el comunicado? Por lo menos, el escrito es
borroso.
¿Las aguas volverán a su nivel?
En su apreciación, Felipe
Canseco Ruiz, ex militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino
Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp) declaró que
“la detención-desaparición de los eperristas "puede ser el
inicio de una gran estrategia no sólo del EPR, sino de los demás
grupos políticos-militares, porque les pegaron en una instancia sensible
y no tan fácil van a apechugar una pérdida así"
(Vélez O. en La Jornada 21 jul 2007).
Agregó que
"si los presentan con vida, estén como estén, las aguas
volverán a su nivel, porque es absurdo que en 2007 el gobierno
desaparezca personas y niegue cualquier responsabilidad, pese a que
evidentemente (esta acción) es de su autoría".
¿Es
realmente posible que “las aguas” vuelvan a su nivel con la
presentación con vida de los dos
detenidos-desaparecidos?
Respecto al movimiento social
señaló que "en la prensa, en forma perversa, están tratando
de hacer esa vinculación, a pesar de que la APPO es un movimiento
democrático, pacífico y de masas". Adicionó que "un cuadro
del EPR (como los desaparecidos) no se va a arriesgar tan fácilmente a
participar en actos públicos por la constante persecución en su
contra por parte del Estado mexicano".
¿Ahora un Comité especializado?
El gobierno federal hacía caso omiso a las
denuncias del EPR. En vez de ello, procedía a tomar otras medidas. El 20
de julio se llevó a cabo la instalación del Comité
Especializado de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad
internacionales, el cual fue autorizado -el 28 de mayo-- por el Consejo de
Seguridad Nacional.
“El Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) tendrá la secretaría general del comité
especializado, con el fin de establecer la cooperación entre el gobierno
y la iniciativa privada para prevenir, combatir y eliminar las amenazas de la
proliferación de armas de destrucción masiva que pudieran vulnerar
la seguridad nacional” (Martínez F. en La Jornada 21 jul
2007).
El 22 de julio, mediante un comunicado firmado en Acapulco, Gro,
el 22 de julio de 2007 reaparecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo (FARP). Estas FARP son una escisión del EPR. En el comunicado las
FARP critican al Plan Puebla-Panamá y al proyecto hidroeléctrico
La Parota señalando que el gobierno "no se detiene en conseguir su
objetivo, por lo que bajo esa tónica ha hecho la presentación del
proyecto con el apoyo de la empresa Agora SC" (Ocampo S. en La Jornada 23
jul 2007).
En Chilpancingo, Gro., la Asamblea Popular del Pueblo de
Guerrero (APPG) anunció que realizaría movilizaciones en
solidaridad con la APPO y para exigir la liberación de los desaparecidos
que reclama el EPR.
El nuevo capítulo de la guerra sucia
Calderón pretende "abrir
un nuevo capítulo de la guerra sucia" que golpeó al
país en los años setenta, cuyo rasgo principal fue la
desaparición forzada de centenares de ciudadanos. Así se
expresó un grupo de ex-guerrilleros del ya disuelto Partido
Revolucionario Obrero Clandestino-Unión del Pueblo (PROCUP), organizados
en la asociación política Izquierda Democrática Popular
(IDP).
"Nuestro temor es que la detención-desaparición de
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también
identificado como Raymundo Rivera Bravo), el 25 de mayo en Oaxaca, sea una
señal de que se ha iniciado la temporada de cacería en contra de
activistas y militantes de organizaciones legales y legítimas, con el
pretexto de que se trata de organizaciones de fachada. En ese sentido, nuestro
colectivo de ex presos políticos podría ser un blanco prioritario
para el aparato policíaco y militar encargado de estos operativos por
nuestros propios antecedentes o incluso por vínculos familiares", le
dijeron a Blanche Petrich (en La Jornada 25 jul 2007).
"Nosotros
venimos de esa experiencia de lucha armada y clandestinidad. También de
la detención arbitraria, la tortura y el peligro de una
desaparición. Compartimos filas con los compañeros en el pasado.
Por eso nos sentimos moral y éticamente obligados a pronunciarnos".
Actualmente, los integrantes de IDP, que también se identifica como
colectivo de ex presos, no tienen vínculo alguno con las organizaciones
armadas que están activas actualmente.
Acerca de los
detenidos-desaparecidos que reclama el EPR dijeron que "lo grave es que ahora
han pasado a la fase no de detener, sino de desaparecer. Mientras más
tiempo pasa, más complicado resulta presentar con vida a los
compañeros desaparecidos".
Finalizaron señalando que
“estamos totalmente en contra de la desaparición y de la tortura.
Exigimos que a los desaparecidos les sean aplicadas las leyes internacionales
sobre prisioneros de guerra."
Llamado y otras acciones del EPR
El 25 de julio, en un nuevo comunicado, el
EPR llamó a la unidad de las diferentes "expresiones políticas,
populares y revolucionarias", con el propósito de emprender una "lucha
honesta" ante el "peligro real para México, que se ha materializado y
aumenta cada día en la administración calderonista".
En
Juchitán, Oax. se reportó que el 26 de julio “un grupo
armado asaltó esta noche el penal de Juchitán, con un saldo
oficial hasta el momento de un herido. Fuentes del gobierno del estado
confirmaron que el grupo integrado por más de 20 hombres fuertemente
armados llegó hasta el penal para rescatar a un detenido”
(Vélez O. en La Jornada 27 jul 2007).
En un nuevo
comunicado del 27 de julio, el EPR reitera que la causa que "ha dado origen a la
campaña de hostigamiento (como los atentados en contra de ductos de Pemex
en Guanajuato y Querétaro, que se atribuyó la propia
organización) es la presentación con vida y libertad" de Edmundo
Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
“Respecto a las
explosiones en PEMEX, el EPR rechaza que los atentados contra Pemex hayan
dañado el patrimonio de los mexicanos, como asegura Felipe
Calderón, pues considera que más han dañado a Pemex los
gobiernos priístas y panistas con los saqueos y subcontratos otorgados a
los familiares de las administraciones en turno”.
Según
“fuentes oficiales consultadas” (Martínez F. en La Jornada
28 jul 2007) existe vulnerabilidad del Estado mexicano ante ataques de
grupos armados. "No hay inteligencia política en esferas gubernamentales
que indique el posible comportamiento y las reacciones de los grupos
inconformes, así como de los escenarios en que los problemas pueden
escalar a otro nivel".
Respecto a la trayectoria del EPR las fuentes
señalaron que "la confrontación en las filas del EPR ha sido un
enunciado constantemente destacado en los comunicados eperristas, y no una
suposición del gobierno. Ellos mismos han insistido en esa
versión".
El 28 de julio, “Presuntos guerrilleros del
Ejército Popular Revolucionario (EPR) atacaron a balazos -la madrugada de
este sábado- las instalaciones en construcción de una
cárcel federal ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, para exigir la
presentación con vida de sus compañeros Alberto Cruz
Sánchez y Edmundo Reyes Amaya” (Rodríguez E., Mariscal A. en
La Jornada 29 jul 2007). "Vivos se los llevaron, vivos los queremos",
"EPR vencerá", "Viva el EPR" y "Libertad a los presos políticos",
son las pintas que en color rojo dejaron en las paredes, además de las
perforaciones en los vidrios por las armas de fuego.
Se trata de
''denuncia política armada'', indicó el EPR en un comunicado
fechado en Chiapas al atribuirse la autoría de los hechos. Se dice en el
comunicado que la acción es parte de una ''campaña nacional por la
presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos y la libertad
de los presos políticos''.
El gobierno neoliberal insensible a la política
Ante la
gravedad de los hechos ocurridos en las explosiones del 5 y 10 de julio en los
ductos de PEMEX, el gobierno federal se muestra insensible. No solamente hace
caso omiso de los reclamos para presentar con vida a los detenidos-desaparecidos
que reclama el EPR sino que, procede a reforzar sus mecanismos de
represión.
La sobrevigilancia militar en todos los centros
petroleros, tanto de la plataforma terrestre como de la marina, es inaceptable.
En el plano discursivo, el aparato civil declara no tener información
fehaciente sobre los autores de los hechos pero refuerza las instancias de
contrainsurgencia. El aparato militar, por su parte, fue el primero en imputar
las acciones al EPR y lo ha reiterado con insistencia. Al mismo tiempo, toma
medidas de mayor control en la industria petrolera.
Con esas acciones,
el gobierno federal está anunciando la Privatización
Militarizada de PEMEX. Las recientes explosiones las ha tomado como pretexto
para justificar la entrega del patrimonio nacional al imperialismo. Se
están creando las condiciones para un atraco de dimensiones colosales e
imponer la llamada Reforma Energética.
Al momento, la
distribución, transporte (público y usos propios) y almacenamiento
del gas natural YA está en manos privadas. Las transnacionales del gas
natural se han apoderado de prácticamente todo el territorio nacional.
Tratándose del gas seco, las corporaciones participan impunemente de la
exploración, perforación de pozos y producción en la Cuenca
de Burgos a través de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM).
En el caso del petróleo crudo, ya se ha procedido a entregar las
actividades constitucionales estratégicas a través de los
Contratos de Servicios Integrales (CSI). El grupo Carso de Carlos Slim
interviene inconstitucionalmente en la perforación y producción de
petróleo crudo y gas natural en las aguas del Golfo de
México.
Ahora, la pretensión es privatizar el sistema
Nacional de Ductos de PEMEX. Se trata de 8 mil 221 kilómetros de ductos,
pertenecientes a Pemex Exploración y Producción; Pemex Gas y
Petroquímica Básica; Pemex Refinación y Pemex
Petroquímica. Este proceso está en marcha, en 13 regiones del
país hay acciones de desincorporación de ductos. Con las recientes
explosiones en PEMEX, el gobierno acelerará los planes privatizadores.
Apenas el 28 de mayo anterior PEMEX Exploración y Producción (PEP)
emitió una licitación internacional para concesionar al capital
privado los primeros 3 mil kilómetros de ductos en Tabasco, Veracruz y
Chiapas (ver energía88). Esa licitación se anunció
en el Diario Oficial de la federación ANTES de las explosiones. Ante la
“inseguridad” en los ductos y la carencia deliberada para el
mantenimiento y supervisión de los mismos, ¿no se le ocurrirá
al gobierno neoliberal ponerlos a cargo de los inversionistas privados?
¿Será que los hechos recientes forman parte del
“guión”? Por lo menos, hay una evidente coincidencia.
Privatización petrolera militarizada
Los planes del imperialismo y sus gobiernos
van por la privatización del petróleo crudo en las aguas profundas
del Golfo de México. Calderón pretende ejecutar los planes, CON o
SIN reforma energética.
Hace 12 años que está en
curso la privatización petrolera furtiva. Pero, ahora, como se trata de
afectar la parte más sensible de PEMEX, y sabiendo que el pueblo de
México nos oponemos, el gobierno sigue dos vías: una, es la
reforma a un paquete de 10 leyes petroleras secundarias, de las cuales la
primera ya se aprobó (ley Labastida-Graco) por TODOS los partidos
políticos (ver energía87) y, la segunda, está en
cabildeo (ver energía88); dos, mediante los hechos y al margen de
la Constitución como YA está ocurriendo.
Para asegurar la
concreción del “guión”, qué mejor que utilizar
las fuerzas militares. Así, les sería “más
fácil” en la medida en que los trabajadores y el pueblo seguimos
desorganizados e incapaces de un accionar colectivo territorial. Las explosiones
en PEMEX le dan al gobierno el pretexto que le conviene.
Llamamos a la
izquierda mexicana a reflexionar serenamente sobre el momento político
para tener una mejor comprensión de la situación.
Si las
acciones del EPR tienen alguna justificación, es evidente que
también hace falta una crítica política profunda. Las
acciones tienen una seria limitación: están hechas al margen del
movimiento social. No se trata de consultar a las masas en una simplista
votación democrática y abierta; sino de pulsar el
“timing” político y de sincronizar la frecuencia
política estratégica del momento.
Por lo demás, es
muy limitado reducir las demandas; la situación nacional es de emergencia
y requiere de un proyecto y programa político de más alcance.
¡PEMEX Sí, PeUSA No!
Vigilancia militar de ductos en Irapuato, Guanajuato
El crudo en aguas profundas en la mira del neoliberalismo
