El accionar de los mexicanos requiere de una base social organizada y conciente
¿Nuevamente la guerra sucia?
p Contradictorio y vacilante, el gobierno federal hace más borrosos a los hechos.
p “Cortina de humo” y “versión inventada” le llama la socialdemocracia del PRD.
p La inteligencia militar “confirma” la autoría del EPR e involucra a la APPO y al sindicato.
p Resurgimiento de la guerra sucia, la base del reclamo del EPR. ¿Es suficiente?
¿El guión de la privatización?
Julio Hernández (en La
Jornada 11 jul 2007) comentó, en Astillero, que
“Fuese auténtica, o producto de una infiltración o
manipulación, la declaratoria de guerra del EPR hace daño al
proceso de lucha contra una derecha que busca la violencia para tratar de
justificar sus acciones. Si el mencionado Ejército Popular Revolucionario
fuese en verdad el autor del comunicado en que habla de iniciar una
''campaña nacional de hostigamiento contra la oligarquía y el
gobierno ilegítimo'', sería necesario que reconsiderara esa
postura, puesto que a partir de ella habrá persecución y castigo a
ciudadanos sin implicaciones con la violencia, cuyo único delito
será participar en movimientos de izquierda o liberales”.
También señaló que “Tocar a
Petróleos Mexicanos en estos momentos es, además, una forma de
generar desasosiego social respecto del control estatal de esa industria. Una
manera de dar tranquilidad a pobladores inquietos podría ser la apertura
a capitales que con criterios de eficacia y modernidad sustituyan los esquemas
corruptos y peligrosos de manejo burocrático”.
En su
columna advirtió que “pronto estará sobre la mesa el gran
negocio de la privatización en materia de energéticos.
Naturalmente -así va el guión-”, escribió.
¿Fue o no el EPR?
Una vez conocidas la demanda del EPR, de inmediato, el
gobierno estatal de Oaxaca se apresuró a señalar que
“ninguna corporación policíaca del gobierno de Oaxaca tiene
detenidos a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (o
Raymundo Rivera Bravo), presuntos militantes del Ejército Popular
Revolucionario (EPR), como asegura esta organización en sus comunicados,
informó hoy Sergio Segreste Ríos, secretario de Protección
Ciudadana” (Vélez O. en La Jornada 11 jul 2007).
Sin
embargo, el gobierno de Oaxaca tomó medidas asimismo apresuradas.
“Con apoyo del Ejército Mexicano, agregó, se instalaron
retenes en los accesos carreteros a la capital del estado, además de
realizar operativos en el centro histórico, centros comerciales,
mercados, terminales de autobuses, así como barrios, colonias,
fraccionamientos y municipios conurbanos a la ciudad, ''ante cualquier
eventualidad''.
Adicionalmente, “las policías y el
Ejército han establecido retenes y realizan recorridos en las carreteras
federales y estatales que comunican la entidad con los estados de Guerrero,
Chiapas, Veracruz y Puebla. Las policías oaxaqueñas tienen ''el
suficiente estado de fuerza'' para hacer frente a este tipo de circunstancias.
Estamos preparados'', reiteró el funcionario oaxaqueño.
En la capital, el gobierno de Calderón, sin referirse al EPR,
calificó los ''ataques'' contra las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (Pemex) de ''conducta criminal'' para debilitar las instituciones
democráticas, el patrimonio de los mexicanos y la seguridad de sus
familias. El Ejército, la Armada de México y la Secretaría
de Seguridad Pública Federal movilizaron a más de 18 mil efectivos
para fortalecer la vigilancia de las instalaciones estratégicas del
país.
Los servicios de inteligencia del Ejército federal y
la Armada ahora dijeron que “no se tenía la certeza de que los
incidentes fueran obra del grupo guerrillero”. Señalaron que
“Quien asegure que fue un grupo determinado el que ocasionó los
siniestros se está adelantando. El EPR no actúa de esa forma,
sabemos que lo hacen de manera directa en contra de las fuerzas de seguridad'' y
agregaron que se investigaba “la posibilidad de que, más que un
atentado, los incidentes sean producto de un sabotaje” (sic) (Aranda J.,
Herrera C. en La Jornada 11 jul 2007).
El mismo día, 10 de
julio, el EPR dio a conocer un nuevo comunicado en el que reitera “haber
perpetrado los atentados en ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos
(Pemex) ubicados en los estados de Guanajuato y Querétaro”.
Asimismo, el EPR denunció que “"en los últimos meses la
práctica gubernamental de la desaparición forzada de luchadores
sociales ha cobrado nuevas víctimas en Oaxaca, estado de México y
Guerrero, constituyendo una política de Estado" y reiteró la
exigencia de “libertad inmediata a Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera
Bravo, detenidos-desaparecidos desde el pasado 25 de mayo en el estado de
Oaxaca”. Luego, convocaron “a todas las organizaciones
"revolucionarias y clandestinas" a sumarse a las "acciones de hostigamiento"
para exigir la libertad de todos los presos políticos y de los
detenidos-desaparecidos en el país, ante la "imposición de un
gobierno ilegítimo y la violencia de éste" (Fuente: La
Jornada 11 jul 2007).
La Procuraduría General de la
República (PGR) anunció que contaba con “indicios” de
que el estallido de los ductos “habría sido provocada por un
artefacto explosivo” (sic) pero que no contaba “con pruebas plenas
para determinar que ese "grupo subversivo" haya sido responsable de las
explosiones”. Entre tanto, se informó que la Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
asumió la investigación del caso.
El 12 de julio, en
Campeche, el titular de la PGR confirmó que las cuatro explosiones
ocurridas en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Guanajuato y
Querétaro fueron provocadas por explosivos "elaborados deliberadamente"
(sic) (Chim L., Méndez A. en La jornada 13 jul 2007). Eduardo
Medina Mora reiteró que la PGR todavía no contaba con elementos
probatorios suficientes para determinar la autoría de los
hechos.
¿Cortina de humo?
Los legisladores del PRI condenaron las acciones atribuidas
al EPR. Carlos Navarrete, senador del PRD; calificó de "cortina de humo"
que el EPR se adjudicara los bombazos en ductos de Pemex. Se trata, dijo, de una
estrategia para "bajar" el escándalo desatado por las declaraciones de
Zhenli Ye Gon, quien atribuye al PAN la propiedad de los 205 millones de
dólares que le incautaron.
Luego, el 12 de julio, AMLO
repudió la violencia y acusó a Felipe Calderón de inventar
la versión sobre bombazos contra los gasoductos de Pemex para "desviar la
atención" y "tender una cortina de humo" en torno a las revelaciones del
empresario Zhenli Ye Gon” (Becerril A. en La Jornada 13 jul 2007).
AMLO comentó que "Me llamó la atención el informe inicial
de Petróleos Mexicanos, en el cual se habló de un accidente
producto de la falta de mantenimiento en ductos e instalaciones, pero se dio a
conocer luego un supuesto comunicado del Ejército Popular Revolucionario
(EPR) que el gobierno hizo suyo de inmediato". Luego, agregó, que no le
cree al pelele de Calderón y que “el gobierno "del pelele" busca
ahora centrar la atención en supuestos bombazos contra las instalaciones
de Pemex”.
Una tesis similar sugirió es día L.J.
Garrido (en La Jornada 13 jul 2007).
El 14 de julio, Alejandro
Alcocer, senador del PAN trató de implicar veladamente a AMLO basado en
que el comunicado del EPR “hace alusión al gobierno
"ilegítimo". En respuesta el senador Graco Ramírez (PRD)
pidió “dejar en claro si la autoría es de un grupo
guerrillero o es una provocación montada por el propio
gobierno”. El mismo legislador declaró que "fallaron los
órganos de inteligencia policial y militar" (sic).
La
apreciación del PAN es, a todas luces, provocadora; la del PRD es muy
limitada y, en todo caso, convendría precisar políticamente las
afirmaciones pues sería algo muy grave.
¿Otra etapa de guerra sucia?
Para el escritor Carlos Montemayor, a quien se considera
especialista en movimientos guerrilleros, la presión política del
EPR no debe sorprender porque “se trata de las consecuencias del
resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano” (Mateos
M. en La Jornada 11 jul 2007). El escritor señaló que "no
estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR
son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería
aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una
intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una
manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de
vidas humanas”.
"El terrorismo es un concepto utilitario de
descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los
criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular,
a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios
palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes
de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las
perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación
populares.
"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de
salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el
país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos
'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social
que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el
mundo al revés".
Respecto a las reivindicaciones del EPR,
Montemayor señaló que “"Desde el 25 de mayo se filtró
en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en
las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas
condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al
Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el
comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y
Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Las
filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del
país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo
como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran
reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de
dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de
los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el
resurgimiento de la guerra sucia".
Montemayor agregó que
“la descomposición política y social, así como en el
retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el
país entre las elites poderosas y las grandes mayorías
desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social
que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años” y
concluyó señalando que “la presencia de este comunicado del
EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las
últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la
paraestatal”.
La versión de la inteligencia militar
El 11 de julio, PEMEX informó
que “a las 20:00 horas de ayer quedó totalmente extinguido el fuego
en la caseta de válvulas de seccionamiento, ubicada en el municipio de
Coroneo, Querétaro”. También informó de la
normalización del abasto de gas natural, gas licuado, gasolinas y diesel.
Asimismo, se dijo, que se habían incrementado los celajes aéreos y
terrestres y que “la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la
Policía Federal Preventiva (PFP) y Petróleos Mexicanos
están trabajando de manera coordinada para reforzar la seguridad en los
centros estratégicos”.
El 13 de julio, “Los
órganos de inteligencia del Ejército y de la Armada de
México confirmaron que el Ejército Popular Revolucionario (EPR)
fue autor de los recientes ataques a instalaciones de Petróleos Mexicanos
(Pemex) en Guanajuato y Querétaro” (Aranda J., en La Jornada
13 jul 2007).
No nada más, esas fuentes agregaron que “los
órganos de seguridad consideran tres principales líneas de
investigación: que el EPR sea autor único de los atentados; que
haya existido colaboración entre ese grupo y la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), y que elementos radicales pertenecientes al sindicato
de Pemex ayudaran al grupo guerrillero”.
Los informantes
reconocieron que aún no se explican ciertos detalles sobre los
operativos de los eperristas que los llevaron a sabotear las
instalaciones petroleras y admitieron que las acciones guerrilleras tomaron por
sorpresa a los órganos de inteligencia militar y naval.
“En
primer lugar, comentaron, está el hecho de que el EPR no tiene presencia
reconocida en el centro del país y de alguna manera rompió con su
actuar tradicional, que era el de enfrentar o atacar a fuerzas policiacas o
militares, particularmente en Guerrero y Oaxaca.
“Tampoco hay una
respuesta definida sobre el cambio de estrategia, al pasar del ataque a
"objetivos enemigos" a centrar directamente sus acciones contra instalaciones
estratégicas, lo cual genera importantes perjuicios
económicos.
“De acuerdo con la visión de inteligencia
militar y naval, la posibilidad de que el EPR haya actuado solo, sobre todo a
partir de la ruptura interna que derivó en la creación de la
Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP),
daría una lectura de los hechos de que este movimiento mantiene su
independencia respecto a otros grupos armados, así como la
radicalización de sus ideas”.
Respecto a la posibilidad de
que existiera un nexo entre el EPR y la APPO, ésta no sería la
primera vez en la que los órganos de seguridad del Estado pretenden
involucrar al movimiento social oaxaqueño con la
guerrilla.
“La línea de investigación sobre la
presunta participación de elementos "radicales" del sindicato de Pemex
con los eperristas se fundamenta, básicamente, en la forma precisa en que
se dieron las explosiones y el necesario conocimiento previo de las
instalaciones por personal especializado.
“Al respecto, se dijo que
no se descarta la posibilidad de que personal sindicalizado que no está
de acuerdo con la política gubernamental, que busca una
participación mayoritaria de la iniciativa privada en la paraestatal,
haya colaborado con el EPR.
“A pesar del seguimiento dado al EPR
desde hace tiempo, los entrevistados aceptaron que las explosiones ocurridas en
Guanajuato y Querétaro tomaron por sorpresa a los órganos de
inteligencia del Ejército y la Armada”.
Evaluación de la significación política
Enseguida de las explosiones
de Querétaro, los cuerpos represivos del Estado se dedicaron a buscar
presuntos responsables entre la población civil, específicamente,
de las agrupaciones políticas de izquierda. La Asamblea de Pueblos de
Oaxaca (APPO) y el Frente Popular Revolucionario (FPR) se deslindaron de
cualquier vínculo con el EPR. Anteriormente, el 10 de junio, dos
compañeros de ambas organizaciones habían sido detenidos en
Querétaro. Más tarde, el 17 de julio, interpusieron una queja ante
al Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese día, el
compañero del FPR, quien es maestro afiliado a la CNTE, denunció
que continuaba el acoso de la PGR para tratar de vincularlos con el EPR y que
existían 13 órdenes de aprehensión contra militantes de su
organización.
Continuando con sus apreciaciones, Carlos
Montemayor (en La Jornada 14 jul 2007) señaló que la
visión del Estado “reduce el análisis de los movimientos
subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por
su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan
aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal
decisión de aniquilarlos aparece como la única solución
posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin
límite.
“El riesgo que corre el país con los grupos
armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder
político y económico que han generado la corrupción en
México. Más grave que los grupos guerrilleros es la
política económica que ha estado empobreciendo al país. La
guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de
una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas
que imponen los grupos de poder.
“Los atentados del EPR en
instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el
comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la
visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una
perspectiva policial y no a partir de un análisis político y
social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos
rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de
personas.
Al siguiente día, Montemayor hizo referencia a
“alianza del PROCUP con el Partido de los Pobres (PDLP) y en la posterior
conversión del PROCUP-PDLP en el Ejército Popular Revolucionario,
EPR, que constituyó el primer gran ensayo de coordinación nacional
guerrillera en México” y señaló:
“Los
recientes atentados con explosivos en instalaciones de Pemex representan, pues,
una demostración de la continuidad histórica de los elementos
iniciales de la Unión del Pueblo y tienen como antecedente el atentado de
1994 con explosivos al oleoducto de Petróleos Mexicanos en Tula, Hidalgo.
Revelan, por otra parte, objetivos precisos del EPR: primero, no provocar
muertes de seres humanos; segundo, afectar solamente instalaciones
estratégicas; tercero, afectar tales instalaciones porque Pemex
constituye ya, desde hace al menos cuatro administraciones federales, un coto de
interés "oligárquico" sometido a la extorsión fiscal, la
corrupción y la privatización quizás
irreversible.
“Los atentados revelan otro dato adicional.
Independientemente de que las acciones fueron realizadas en Querétaro y
Guanajuato, actuales territorios panistas, tuvieron que realizarse con una
asesoría técnica relevante para sólo dañar
instalaciones en puntos estratégicos y no provocar daños en vidas
humanas. A este asesoramiento técnico quizás se refiere el
párrafo del comunicado del EPR "contando con el apoyo de milicias
populares de todo el estado.
“Por otra parte, y por último,
debemos señalar que uno de los efectos más sobresalientes de los
atentados del EPR fue la inesperada reconversión de Pemex en un
"patrimonio de todos los mexicanos". A lo largo de las pasadas cuatro
administraciones presidenciales Pemex se ha visto sometido a un proceso de
desgaste, extorsión, privatización y endeudamiento que tiende a su
desaparición total como empresa pública. Suficientes indicadores
fiscales, financieros y comerciales hacen parecer inminente la
privatización total de Petróleos. Su empleo como fondo revolvente
para el gasto del gobierno federal, su aprovechamiento partidista, su constante
cesión a consorcios privados y la corrupción constante
están convirtiendo a esta empresa en algo ajeno al desarrollo industrial
y tecnológico del país. En este contexto, no carece de sentido la
advertencia del comunicado del EPR: "la campaña nacional de hostigamiento
contra los intereses de la oligarquía". Es decir, desde la perspectiva
del EPR, Pemex ha dejado de ser hace tiempo un "patrimonio de todos los
mexicanos" y se ha convertido en uno de los "intereses de la oligarquía y
de este gobierno ilegítimo".
“Un efecto más de los
atentados no es tan visible: los socios, coinversionistas o compradores
presentes, inmediatos o potenciales, verán con otros ojos las condiciones
de seguridad de Pemex. La experiencia de las transnacionales petroleras en los
sistemas de seguridad es amplia, particularmente a partir de ciertos sectores de
la industria de la guerra que cuentan con ejércitos privados o con
asistencia tecnológica y de seguridad en diversas regiones de Asia
central, Medio Oriente y Africa. Esto facilitaría un mayor doblegamiento
a los criterios estadunidenses de seguridad hemisférica que transforma a
los ejércitos nacionales en fuerzas de complemento y con funciones
policiales regionales. Tal industria de ejércitos privados que pueden
asumir, con el carácter de apoyo técnico especializado, la
seguridad de ductos, oleoductos, distribuidores e instalaciones diversas del
sector petrolero, podría abaratar la privatización de Pemex o
favorecer una coordinación binacional en los planes de seguridad
"antiterrorista" que ahora importa tanto al gobierno de Estados
Unidos”.
El 23 de julio, en Querétaro, Montemayor
reiteró su tesis. Expresó que “en el caso de los luchadores
sociales, el gobierno mexicano opta por desaparecerlos, torturarlos y matarlos.
Esta es una guerra sucia, una ilegalidad. Representa la abolición
del estado de derecho y, por tanto, causa y motivo preciso y concreto de los
atentados del EPR" (Chávez M. en La Jornada 24 jul 2007).
Evaluar la responsabilidad política
De acuerdo a lo expresado por Montemayor no
habría duda: el EPR fue el autor de las explosiones en PEMEX. Hay razones
políticas suficientes para que el malestar de ciertos sectores del pueblo
de México se manifieste en abierto desafío al Estado y sus
gobiernos neoliberales.
Montemayor omite, sin embargo, que acerca del
“actual” EPR la sociedad mexicana sabemos poco, él es experto
pero no dice nada respecto a la trayectoria poco exitosa del EPR en los
últimos años que lo llevaron a varias escisiones, algunas de ellas
basadas en argumentos políticos. Lofredo, por ejemplo, recuerda que en la
primera escisión hubo una discusión con lo que sería el
ERPI. “La principal diferencia estuvo relacionada con “la estrategia
insurrecional que proclama (el EPR) y la cercanía con pueblos y
comunidades, impulsando la toma de decisiones de las bases para realizar
acciones militares”. Esta vez, no se sabe de alguna reorganización
del EPR, se ignora si es la formación el inicial o hay un proyecto
nuevo.
La primera fase del EPR fue una pero, ahora, pareciera que es
otra y no está clara.
Los hechos ocurridos en las instalaciones
de PEMEX son, de entrada, espectaculares. También son muy sensibles, no
solo porque se trata de una industria emblemática para los mexicanos sino
que, en ese sector se lleva a cabo una privatización furtiva acelerada,
tratándose del gas natural, la petroquímica y el petróleo
crudo.
Las recientes explosiones en Guanajuato y Querétaro,
¿no están dando pretexto al gobierno de la ultraderecha para
profundizar la privatización?
Montemayor ha señalado la
experiencia de las corporaciones petroleras en el mundo que las ha llevado a
“reforzar” la “seguridad a ultranza” para saquear
impunemente los recursos de los pueblos. En Africa, p.e. en Nigeria, es usual el
uso de tropas militares para someter las protestas de los trabajadores y del
pueblo; en Irak, hay en estos momentos más personal de las corporaciones
privatizadoras (180 mil) que soldados de la coalición (160 mil). Muchos
soldados son mercenarios pero, de los contratistas privados, la mayoría
también son mercenarios.
Es conocido que, las petroleras
imperialistas recurren a mercenarios con pretextos de garantizar la
“seguridad”. En México, ¿no tomará el gobierno
federal a las explosiones como el “timing” para hacer lo mismo que
las demás petroleras del imperialismo?
Las “líneas
de investigación” sugeridas por la inteligencia militar del Estado
mexicano son, de entrada, preocupantes e inaceptables. Pretender involucrar a la
APPO conduce no solamente a justificar la criminalización de la protesta
social sino a darle autorización a Ulises Ruiz para que siga masacrando a
los oaxaqueños. Lo peor, pretender involucrar a “elementos
radicales pertenecientes al sindicato de PEMEX” da cuenta de la
perspectiva gorilesca de esos sectores de “inteligencia”. Sabido es
que ese sindicato está al servicio de las transnacionales y de los
gobiernos en turno. En el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM) NO hay “elementos radicales”
porque, simplemente, NO existe ninguna actividad sindical, cualquier intento de
protesta es violentamente reprimido. Así ha sido por más de medio
siglo, desde el siguiente año a la expropiación petrolera
(1938).
Por lo demás, en la evaluación de la
significación política de los hechos conviene considerar la
responsabilidad política y sus consecuencias. Si se estuviera ante un
“invento” la situación sería extremadamente grave e
implicaría el anuncio de la privatización militarizada de PEMEX.
Si la acción es verdadera, como sugiere Montemayor, la
acción es espectacular y política pero tiene una gran
limitación: es una acción al margen de las masas populares en
lucha, la acción no impide sino favorece a los planes de
privatización y militarización de PEMEX. Reducir la demanda a una
sola, plenamente legítima pero reducida, ¿implica un avance para la
lucha social de los mexicanos?
Vigilancia militar en Nuevo PEMEX, Tabasco
