Erróneo manejo laboral del charrismo
Los emplazamientos de Napo
¾ Los charros del sindicato minero presentan emplazamientos mal formulados.
¾ La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “archiva” los expedientes.
¾ Persisten los manejos turbios, la conveniencia charra y la división sindical.
Charros habilidosos pero incapaces
El 2 de junio, el grupo afín a Napoleón
Gómez Urrutia, charro del sindicato minero-metalúrgico,
emplazó a huelga a 9 secciones donde ostenta la titularidad de otros
tantos contratos colectivos de trabajo. La argucia de los charros es bastante
habilidosa debido a que en las minas y plantas Grupo México
“persisten condiciones de inseguridad” (Gómez C., en La
Jornada 3 jun 2007). Además, “aprovecharon”
demagógicamente la conmemoración del 101 aniversario de la huelga
de Cananea para presentar los emplazamientos.
Las secciones emplazadas
son: Planta de Cobre San Luis, de Industrial Minera México,
correspondiente a la sección 5; la Unidad Charcas, San Luis
Potosí, de la sección 6; Minerales Metálicos del Norte,
unidad Santa Bárbara, Chihuahua, de la 11; Industrial Minera
México, planta de Nueva Rosita, Coahuila, de la 14; Industrial Minera
México, unidad Taxco, Guerrero, sección 17; Industrial Minera
México, Planta Electrolítica de Zinc, San Luis Potosí, de
la 28; Mexicana de Cananea, Sonora, de la 65; Industrial Minera México,
Unidad San Martín, Zacatecas, de la 201, y Mexicana de Cobre, Sonora,
perteneciente a la sección 207.
Las huelgas se proyectaron para
estallarlas el 10 de junio. Los emplazamientos se presentaron
burocráticamente por los charros del grupo de Napo para imponerles las
huelgas a los compañeros. El argumento de la inseguridad en las minas es
muy loable y respetable, lamentablemente en manos de los charros se trata de
vulgar demagogia. Los charros mineros NUNCA, en los últimos 50
AÑOS, se han interesado en condiciones higiénicas y salubres en
los centros de trabajo. La demanda, SIEMPRE ha sido presentada por los propios
trabajadores y SIEMPRE han sido reprimidos por las empresas y los propios
charros. Un claro ejemplo fue la huelga de la sección 271 (Sicartsa)
cuando en una huelga por revisión contractual enarbolamos la bandera de
la salud obrera en la industria siderúrgica. Interesantes estudios de
campo se hicieron con la participación de muchos compañeros. La
demanda unificó a todos. En ese momento, charros, gobierno y
patrón también se unieron pero en contra de los huelguistas. La
huelga se resolvió en términos económicos, la demanda
quedó pendiente, los huelguistas más activos fueron despedidos,
los que quedaron fueron sancionados con 10 años o más sin derechos
sindicales.
¿De cuando acá los charros se han interesado en
estos asuntos? ¿Apoco ya se sensibilizaron? ¿D e veras se trata de
nuevos tiempos? ¡NADA! Los charros se aprovechan de una demanda muy sentida
por los minero-metalúrgicos para favorecer sus intereses particulares y
los de Napoleón Gómez Urrutia, jefe de la banda en turno.
¿Exoneración de Napo?
El 8 de junio, los abogados de Napo declararon que la
“Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)
exoneró de cualquier responsabilidad penal a Napoleón Gómez
Urrutia, líder del sindicato minero, y a sus colaboradores José
Angel Rocha Pérez, Juan Linares Montúfar, Carlos Pavón,
Felipe Alberto López y Héctor Félix Estrella, este
último ex secretario de Finanzas del comité ejecutivo nacional del
gremio, en el presunto fraude de 55 millones de dólares a las arcas del
sindicato” (Méndez E., en La Jornada 8 jun 2007).
Los
litigantes explicaron su propia interpretación de los hechos. Dijeron que
la autoridad ministerial se basó en que "no se acreditó
daño patrimonial al sindicato minero, además de que no hay
víctimas ni querellas válidas, porque los representantes del
gremio -que sería el único afectado- comparecieron en su
momento para decir que no hubo daño a las arcas del SNTMMRM y que los 55
millones fueron repartidos para diversas necesidades del mismo, lo cual
está legalmente comprobado".
Loa abogados de Napo manipulan todo a
conveniencia y lo hacen burdamente. Dicen que los representantes del gremio, es
decir, los propios acusados comparecieron “para decir que no hubo
daño a las arcas” del sindicato. ¡Parece chiste! Si esa
“argumentación” la tomó la PGJDF como válida,
entonces el chiste es mayor. Es obvio que los acusados, siempre, dirán
que no son culpables pero esos “dichos” no son una prueba suficiente
tratándose de manejos financieros cuantiosos.
Luego, los abogados
dijeron que “ésta resolución servirá para que en los
próximos días se cancelen las órdenes de
aprehensión, causas penales y averiguaciones previas abiertas en otras
entidades contra Gómez Urrutia y coacusados, ya que se basan en los
mismos hechos, y la determinación de la PGJDF tiene el carácter de
sentencia definitiva”. Sin embargo, persisten averiguaciones abiertas en
Zacatecas, Nuevo León, Sonora y Chihuahua.
No obstante, los afines
a Napo declararon que “"es el principio del fin del supuesto fraude por 55
millones de dólares". Más aún, triunfalistas
señalaron que “"Sería imposible que pudieran continuar
investigando a un líder sindical por delitos de delincuencia organizada,
o que buscaran acreditarle lavado de dinero, cuando ya quedó demostrado
que la base de la acusación (fraude) nunca ocurrió, y que no se
desvió ningún dinero. Al otro día dijeron que
preveían el próximo retorno al país de su jefe, esperando
que después de la resolución de la PGJFD “tampoco se ejerza
acción penal por ese delito, por lo que señaló que dos
semanas después de que los jueces 18 y 32 del Distrito Federal acrediten
la exoneración, Gómez Urrutia retornará al país”.
Nacozari no apoya el movimiento de Napo
El 10 de junio, los afines a Napo informaron
que prorrogarían los emplazamientos e 9 secciones del sindicato, ahora
para estallar las huelgas el 15 de junio. La prórroga se dio como
“muestra de buena voluntad” para que la STPS “siente a la
empresa (Grupo México) a negociar”, declararon. Las peticiones del
grupo de Napoleón son “superar la inseguridad en las minas de Grupo
México, revisar los tabuladores del año pasado y de éste,
así como corregir diversas violaciones al contrato colectivo”. A
ese momento, la JFCA ni siquiera había notificado a las empresas
afectadas.
El mismo día, el comité ejecutivo local del
sindicato, sección 207 de Nacozari, declaró que “los mineros
de la planta beneficiadora de concentrados de la empresa Mexicana de Cananea,
con sede en Nacozari de García, no apoyan el movimiento” y, por
tanto, se manifestaron en contra de los emplazamientos del grupo de Napo. Esta
es la muestra más palpable de la división provocada por el propio
Napo. Fue en Nacozari donde TODOS los trabajadores fueron despedidos como
resultado de la huelga de 2006 planteada para que se “reconociera” a
Napo; la huelga fue declarada inexistente, al no regresar al trabajo dentro de
las siguientes 24 horas, se despidió a todos. Ahora, sin consultar a los
trabajadores, desde el despacho de los abogados de Napo, los charros volvieron a
emplazar a huelga. La respuesta fue inmediata. De Napito, el comité local
dijo que “"es un líder que hasta la fecha no ha dado la cara para
aclarar el supuesto desvío del dinero del famoso 5 por ciento de
acciones". Eso quiere decir, llanamente, que la sección 207 de Nacozari
la perdió Napo. Nacozari es una de las secciones mineras más
importantes por tratarse de una de las minas de cobre más grandes del
mundo.
Interpretación charra
El 11 de junio, Carlos Pavón, secretario de asuntos
políticos de Napoleón declaró que éste
"regresará lo más pronto posible a México", pues
sólo falta que se conceda el sobreseimiento a las denuncias interpuestas
contra él en Sonora, y con ello se terminarán todas las querellas
que impedían su retorno. Sobre los emplazamiento a huelga contra el Grupo
Minero México dijo que “no se trata de una venganza, sino que en el
momento en que se anuló la gestión de Elías Morales
también se anularon todas las acciones que él realizó en
casi un año que actuó como secretario general de la
organización, por lo cual se tienen que llevar a cabo las revisiones de
los contratos correspondientes al año pasado. Además, la empresa
tiene que responder por las violaciones al contrato colectivo de trabajo y en
materia de seguridad e higiene” (Muñoz P. en La Jornada 12
jun 2007).
Los charros, en su voracidad, son torpes. La anulación
de una Toma de Nota NO anula las acciones laborales anteriores porque,
simplemente, se hicieron con quien era reconocido, a ese momento, con la
personalidad jurídica. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo y se
establece en los propios Contratos Colectivos de Trabajo. Pero, ¿los
charros no lo saben? Sí lo saben pero actúan manipuladoramente; si
no lo saben, la situación estaría peor. El hecho es que, en
materia penal, política y laboral, los charros y sus asesores
jurídicos proceden con torpeza.
Para los abogados de Napo,
éste debe ser exonerado apoyándose en una explicación
grotesca según declaraciones a la prensa. “Explicaron que sí
procede el perdón, ya que el sindicato es el único propietario de
los bienes del fideicomiso de los 55 millones de dólares y, por tanto,
sería "la única víctima, el único ofendido y el
único legitimado tanto para denunciar como para declarar que no hay
daño alguno" (Muñoz P., en La Jornada 13 jun 2007). Esa
interpretación es unilateral porque ni “el sindicato” ni la
representación en turno tienen facultades para vulnerar los derechos de
los trabajadores.
“Además, esta organización ya
declaró oficialmente que no hay daño alguno y, en consecuencia, no
hay delito que perseguir” (sic), agregaron. Que la
“organización” declare no quiere decir que “no haya
delito”. Esa no es ninguna prueba. Una organización absolutamente
controlada y corrompida carece de fe.
Esa burda explicación se
basa en los “acuerdos” (internos) de la llamada
“Convención”. Un informe dado a conocer por los abogados del
charro “explica que en la pasada convención general extraordinaria
que se realizó en abril, y en la que se refrendó el apoyo a
Napoleón Gómez Urrutia y su comité, y también se le
ratificó como dirigente, el sindicato hizo una revisión de las
cuentas sobre este fideicomiso y se derivó que "no existe daño ni
lesión patrimonial y se determinó la inexistencia de delito
alguno, por lo que fueron aprobadas en su totalidad", por lo que no hay cabida
al supuesto de desvío de recursos, ya que "nada falta en las arcas del
sindicato" (sic). Esa revisión ni siquiera es válida porque la
hicieron los propios acusados.
Optimismo de charros y abogados
El 13 de junio, los abogados penalistas de
Napoleón declararon que “Tres magistrados federales cancelaron ayer
en definitiva la primera orden de aprehensión librada en contra del
dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y de dos funcionarios de
Scotiabank que fueron acusados de haberse puesto de acuerdo entre sí para
desviar los fondos del fideicomiso de 55 millones de dólares que
debían ser entregados a los trabajadores por la venta de las empresas
Mexicana de Cananea y Mexicana de Cobre” (Méndez A., en La
Jornada 14 jun 2007).
Los abogados mostraron su optimismo. “Con
este fallo se cierra en definitiva el caso del supuesto fraude millonario, ya
que dicha resolución la utilizarán para que las otras tres
órdenes de captura que aún existen en contra del líder
minero sean canceladas en los próximos días, porque la
acusación parte de los mismos hechos”.
Con base en la misma
línea de argumentación reiteraron que "Los magistrados
determinaron que no hubo daño patrimonial y que, por tanto, al no haber
esa acción, no hubo delito; consideraron que quienes denunciaron no se
les puede tener como víctimas del supuesto fraude, puesto que la
única víctima reconocida es el sindicato minero, el cual ya
admitió que su dirigente nunca afectó a las arcas del
gremio".
El 13 de junio, 400 mineros procedentes de varias secciones
realizaron un plantón frente a las instalaciones de la STPS. Informaron
que “las secciones 5, 6 y 28 de San Luis Potosí; 11, de Chihuahua;
14, de Coahuila; 17, de Guerrero; 65 y 207, de Sonora, y 201, de Zacatecas,
metieron un emplazamiento a huelga para el próximo viernes 15 de junio,
por constantes violaciones a sus contratos colectivos de trabajo y por las
pésimas condiciones de seguridad, higiene y contaminación en las
minas y plantas, que ponen en riesgo permanente la vida de los
trabajadores” (Muñoz P., Martínez F. en La Jornada 14
jun 2007).
Entretanto, en la secretaría de gobernación, un
grupo de mineros despedidos de la sección 271 se Lázaro
Cárdenas-Las Truchas se instalaron en plantón. Son opositores a
Napoleón quienes dijeron que “nos encontramos amenazados de muerte
si volvemos al puerto, lo que significa la descarada violación de
nuestras garantías individuales. Sin embargo, hoy las autoridades de los
tres niveles de gobierno se hacen de la vista gorda y rehuyen al
problema".
La Junta rechaza los emplazamientos
La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
(JFCA) determinó "archivar" los emplazamientos a huelga de los charros
mineros contra las empresas del Grupo Minero México.
¿Porqué?
La Junta basó su resolución
argumentando que "hubo falta de personalidad" en el proceso, ya que los
emplazamientos fueron supuestamente firmados por Napoleón Gómez
Urrutia en la ciudad de México, "siendo de público conocimiento
que dicho dirigente se encuentra radicando en la ciudad de Vancouver,
Canadá" (Muñoz P., en La Jornada 15 jun 2007). Esto es, los
charros del sindicato minero y sus abogados, intentaron “pasarse de
listos” obviando los procedimientos jurídicos.
“El
tribunal laboral determinó dar trámite a la excepción
planteada, señalando las 18 horas del día de ayer miércoles
13 de junio, para que Gómez Urrutia compareciera y ratificara el
contenido de los documentos y sus firmas, situación que no
ocurrió, por lo cual la JFCA acordó no tener por ratificado el
contenido y firma de los documentos cuestionados”.
“La
empresa fue la que presentó el incidente de falta de personalidad y la
JFCA resolvió en su favor. A ello el sindicato respondió que es
una ilegalidad de la autoridad laboral archivar los emplazamientos a huelga de
las secciones 5, 6 y 28 de San Luis Potosí; 11 de Chihuahua; 14 de
Coahuila; 17 de Guerrero; 65 y 207 de Sonora, y 201 de
Zacatecas”.
Los charros también dijeron que “se
recurrió al derecho a huelga es porque quedaron pendientes las revisiones
salariales y contractuales de 2006, cuando estuvo negociando con Grupo
México Elías Morales, en nombre de los sindicalizados, todo lo
cual fue ilegal”.
Al parecer, además de las fallas de
procedimiento, los emplazamientos no estuvieron bien formulados. Las causales
que argumentaron los charros son muy débiles. Las revisiones de 2006
están superadas en múltiples sentidos, lo que debieron plantear
son las revisiones de 2007.
En Sombrerete también hay división
Pavón declaró el 15 de junio que “su” sindicato insistirá en
nuevos emplazamientos, ahora para la siguiente semana, mismos que
estarían “firmados por el secretario del trabajo del
sindicato” y que la JFCA "no tendrá argumento para negarnos la
huelga, no podrá aplicar esta maniobra" porque la STPS le otorgó
la Toma de Nota a todo el comité ejecutivo.
En Taxco y Zacatecas
se realizaron dos marchas como resultado de la negativa de la Junta.
Pero
la división del sindicato minero sigue adelante. “En Sombretete al
menos 100 trabajadores de IMMSA, unidad San Martín, se negaron a
participar en el movimiento nacional, revelándose contra sus dirigentes
sindicales y oponiéndose a cesar labores. Los denominados "mineros unidos
de la sección 201" aseguraron que de acuerdo con los estatutos del propio
sindicato la mayoría de los obreros deciden mediante asamblea el rumbo
del gremio, y "no van a permitir que un grupo apruebe irse a la
huelga".
El grupo pidió a los demás obreros que no se dejen
intimidar y no firmen el voto de huelga, el cual está siendo "retribuido"
en 100 pesos por el dirigente minero local, Jesús Jiménez”
(Gómez C., Flores G., en La Jornada 16 jun 2007).
El 17 de
junio, el grupo afín a Napo describió algunos casos de accidentes
ocurridos en las empresas del Grupo Minero México. “Se han ocultado
más muertes de mineros en empresas de Grupo México y accidentes
donde trabajadores han sufrido mutilaciones, además se han reportado a
delegados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
múltiples violaciones a las condiciones de seguridad en las filiales del
consorcio, pero los funcionarios "han hecho caso omiso y no han aplicado
sanciones" (Muñoz P., en La Jornada 18 jun 2007).
Los casos
se refieren a hechos ocurridos en la Planta electrolítica de Zinc y la
Unidad San Martín, en Zacatecas, así como otros casos en Cananea,
Sonora, Nueva Rosita, Coahuila y Taxco, Guerrero.
Niegan el perdón a Napoleón
Ese mismo día, Jueces penales del Distrito
Federal negaron el perdón a Napoleón Gómez Urrutia.
Guadalupe Salinas Castro fue el abogado que presentó el recurso
argumentando que “al no existir daño patrimonial ni querella, y de
gozar la organización sindical de autonomía y libertad en el
manejo de sus recursos, concedió perdón a los indiciados, por lo
cual solicitó a los jueces el sobreseimiento de las
causas”.
Pero Agustín Acosta Azcón, representante de
los trabajadores y exmineros reclamantes del fideicomiso, dijo que “los
juzgados determinaron aplicar la ley a los indiciados por el delito de
administración fraudulenta, al no estar legitimada la promovente por los
denunciantes para solicitar la extinción de las
causas”.
“Explicó que los jueces fundamentaron que el
producto del fideicomiso número F-9645-2 no es propiedad del sindicato,
sino de los trabajadores que sufrieron detrimento en su patrimonio por ser
beneficiarios de los recursos del fideicomiso”.
Napo se queja ante el Senado
El 19 de junio, Napo envió al Senado de la
República un escrito demandando su intervención para evitar
accidentes en las empresas del Grupo México. Napo señala que "La
falta de seguridad en minas, plantas y fundiciones de Grupo México ha
propiciado accidentes de trabajo, dando como resultado más de 70 muertos
y mutilaciones en los últimos 15 meses, situación que de no ser
atendida podría ser mucho más lamentable que la de la mina de
carbón número 8, unidad Pasta de Conchos, municipio de San Juan de
Sabinas, Coahuila" (becerril A. en La Jornada 24 jun 2007).
En esa
carta, Napoleón explicó que el sindicato emplazó a huelga
al Grupo México, pero "la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, en un acto ilegal y de complicidad con los empresarios,
archivó los expedientes", dijo y agregó que "desde este momento,
se hace responsable a la Secretaría del Trabajo y a los empresarios de
nuevas pérdidas de vidas de mineros".
El 28 de junio, un grupo de
mineros afines a Napoleón realizaron una marcha del Monumento a la
Independencia a Los Pinos para protestar por las "múltiples violaciones
laborales cometidas por Grupo México, frenar el alto índice de
mortandad que se registra en las empresas de este consorcio y pedir mejores
condiciones de seguridad e higiene". Luego, realizaron un mitin ante las
oficinas del Grupo México. Los “líderes” le entregaron
una carta a Calderón en la que refieren que el Grupo México
“obliga a laborar a los trabajadores sin las condiciones mínimas de
seguridad e higiene, con altos grados de contaminación y en permanente
situación de peligro, incluso de muerte”. También se
quejaron de la campaña televisiva contra Napo.
En el sindicato
minero-metalúrgico sigue el conflicto auspiciado por los charros afines a
Napoleón contra la corporación minera Grupo México. Los
trabajadores siguen perdiendo sin encontrar una salida propia.
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Mineros de
Pasta de Conchos. 65 mineros siguen sin ser rescatados. Ha pasado más de
1 año. Se trata de un homicidio industrial. Los charros del sindicato
minero también son responsables. ¿Alguna vez hicieron algo a favor
de las condiciones de seguridad e higiene?
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