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Volumen 7, Número 88, junio 30 de 2007  

Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

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PND 2007-2012, mito desarrollista no superado

Privatización o pobreza,
alternativa neoliberal


Una investigación del periodista Daniel Lizárraga (Proceso No. 1597, 10 de junio de 2007), revela que al menos una parte del Plan Nacional de Desarrollo, Desarrollo Humano Sustentable (PND 2007-2012) no fue obra del gabinete calderonista sino que, junto con otros programas de políticas públicas, fueron "diseñadas por 'especialistas' que le pusieron precio a su trabajo: 6 millones 822 mil 40 pesos...".



CONTRATISTAS DISEÑAN AL PND

Se trata de "siete contratos con las empresas Grupo de Economistas y Asociados (GEA), McKinsey Company, Human Staff, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y con Ana Luisa del Valle, una especialista en asuntos de seguridad nacional". Lizárraga también consigna que "las siete adjudicaciones fueron directas. No hubo de por medio ninguna licitación pública". Uno de los que realizaron --siempre según Lizárraga-- las contrataciones y recibieron "de conformidad" los estudios, fue Dionisio Pérez Jacome quién, cuando fue presidente de la CRE (en el sexenio foxista) encargó diversos estudios a la Iniciativa Privada (IP), unos de ellos, la restructuración tarifaria del sector eléctrico (para introducir los precios de mercado), que está en espera de implantación en cuanto el Legislativo apruebe otorgar esta función a la CRE.

Lizárraga también llama la atención al hecho de que dos representantes de GEA forman parte del gabinete calderonista: Jesús Reyes Heroles (nada menos que Director de Pemex) y Guillermo Valdéz castellanos (en el Cisen).

Una revisión somera al PND confirma que, como sus antecesores, el PND 2007-2012 no es efectivamente un documento de políticas públicas, sino un guión de frases para adornar discursos oficiales, al menos desde el punto de vista energético. Veamos algunos ejemplos.

MUCHAS FRASES HUECAS

En el Eje 2, "Economía competitiva y generadora de empleos", el punto 2.9 "Desarrollo regional integral" establece como OBJETIVO 13 "Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional." Para ello se propone la ESTRATEGIA 13.4, "Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones." Se oye bien, pero por desgracia el “desarrollo” regional de México es igual al "desarrollo mundial”: totalmente asimétrico por la absoluta desigualdad entre los pueblos. Ahí está el caso, en México, de estados que aportan importantes recursos naturales y sin embargo padecen los índices más altos de pobreza.

Por otro lado, no se trata solo de dotar de infraestructura, sino de garantizar el acceso a la energía mediante precios y tarifas sociales, sin embargo, más delante se habla de precios competitivos y subsidios.

AMENAZA A EMPRESAS ENERGETICAS

En el punto 2.11, "Energía: electricidad e hidrocarburos" se fija el OBJETIVO 15 "Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores". Es decir, que a la hora de fijar tarifas, estas deberán ser "competitivas" ¿independientemente de tratarse de un servicio público?

En ese mismo punto, al hacer la caracterización del Sector eléctrico, el calderonismo renueva la amenaza a la empresa pública: "Dentro de las empresas públicas, Luz y Fuerza del Centro presenta una circunstancia particular. En materia financiera, sus pasivos laborales entre pensionados y trabajadores activos son cercanos a los 80 mil millones de pesos, y los recursos transferidos a Luz y Fuerza del Centro han sido crecientes en los últimos años." Esto es, el argumento es consecuente con el ataque a las pensiones y jubilaciones, pero no se dice una palabra de que dicha empresa, por decisión política, hace años está condenada a distribuir electricidad que compra (a costos de mayorista) a la CFE, misma a la que sucederá lo mismo más adelante, considerando que la energía privada que adquiere para el servicio público está en aumento. De igual modo Pemex viene siendo declarado financieramente inviable por la derecha hace tiempo.

En el caso específico de LyFC, el argumento de la inviabilidad financiera se complementa con las altas pérdidas de energía que presenta que "se ubican en alrededor de 33 %, lo cual excede los estándares de la industria eléctrica a nivel nacional e internacional". Efectivamente, la tercera parte de la energía que LyFC distribuye actualmente no se cobra, sin embargo, el tema del robo de energía no se ha enfocado debidamente. LyFC presenta pérdidas similares a las de otros países donde también se impuso la privatización eléctrica, con sus "precios competitivos". En México, la propia CFE atiende zonas donde las pérdidas han llegado al 50%. No se trata pues de un fenómeno específico de LyFC.

Más adelante, la ESTRATEGIA 15.10, "Fortalecer a las empresas del sector, adoptando estándares y prácticas operativas de la industria a nivel internacional en la industria, mejorando procesos con la utilización de sistemas de calidad y de tecnología de punta, y promoviendo un uso más eficiente de su gasto corriente y de inversión" remata el punto de la modernización neoliberal, que deberán aceptar las empresas públicas obligadas a aceptar los estándares impuestos por el capital internacional, olvidando que estas empresas fueron diseñadas para prestar un servicio público.

SEGUIRA LA PRIVATIZACION FURTIVA

Otro objetivo oculto del PND es justificar la continuación de la privatización energética furtiva, a través de la apropiación privada de otras fuentes alternativas. La ESTRATEGIA 15.12, "Diversificar las fuentes primarias de generación", habla de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética en el marco de un diagnóstico: "México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo a los biocombustibles". La experiencia es que todas estas fuentes vienen siendo entregadas al capital privado, e incluso se pretende adecuar la legislación “secundaria” del sector para instituir esta tendencia, como se ve en las siguientes dos estrategias:

ESTRATEGIA 15.14, "Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y biocombustibles, generando un marco jurídico que establezca las facultades del Estado para orientar sus vertientes y promoviendo inversiones que impulsen el potencial que tiene el país en la materia".

ESTRATEGIA 15.17 "Fortalecer las atribuciones de instituciones de regulación del sector".

El objetivo incluye apoderarse, incluso, de un recurso vital como lo muestra el punto 2.12 correspondiente al Sector hidráulico. Allí el OBJETIVO 16 "Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos" plantea como ESTRATEGIA 16.1 "Desarrollar, en coordinación con las instituciones pertinentes, los incentivos e instrumentos económicos que propicien la preservación de ríos, lagos, humedales, cuencas, acuíferos y costas del país, adecuando las concesiones a los volúmenes disponibles".

"Dicha estrategia debe incluir las siguientes líneas de política para su implementación:
• "Hacer más eficiente la operación y manejo de los sistemas de presas del país y las superficies agrícolas.
• "Tratar las aguas residuales generadas y fomentar su reutilización, así como el intercambio de agua de primer uso por agua residual tratada.
• "Diseñar esquemas de financiamiento mixto que permitan potenciar los escasos recursos públicos con los que se cuentan".

Es decir, se propone abiertamente la entrega de los hídricos, como puntualiza la ESTRATEGIA 16.2 "Impulsar la realización de obras de infraestructura, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y del sector privado, para garantizar el abasto de agua potable y la prestación eficiente de los servicios de drenaje y alcantarillado, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquella que hoy carece de esos servicios".

INFRAESTRUCTURA PRIVADA

El Eje 3, "Igualdad de oportunidades" plantea como Objetivo 1, "Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo". Pero más adelante promete "ampliar el alcance de estos programas mediante subsidios al consumo de energía eléctrica, de gas y otros insumos energéticos, así como mediante el otorgamiento de becas para bachillerato". Por fin, asistencialismo sí, o no.

La ESTRATEGIA 3.2 propone además "consolidar una red primaria nacional de enlaces carreteros y de ferrocarriles que articule los corredores más favorables, interconecte los complejos productivos, y garantice la conexión del sistema con los principales puertos marítimos y aéreos del país. Asimismo, se orienta a ampliar y mejorar la capacidad y distribución de los sistemas de energía, información y telecomunicaciones, crecientemente importantes". ¿Quién, cómo, cuándo? No se dice, pero --según Lizárraga--, el estudio realizado por Mckenzie, denominado "Plan Maestro de Infraestructura 2006-2012", fue llevado a Europa por Calderón, en su gira de febrero pasado, para ponerlo a consideración de los grandes consorcios internacionales.

MAS CONTAMINACION AMBIENTAL

3. Por último, el Eje 4, "Sustentabilidad ambiental", en el apartado "Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales", punto 4.6, "Cambio climático" se plantea que "en 2002 México generó 643,183 millones de toneladas de CO2 equivalente, volumen que lo sitúa dentro de los 15 principales países emisores, con una contribución de alrededor de 1.5% de las emisiones globales". Y se precisa: "En lo que respecta a las fuentes responsables de emisiones, corresponde 61% al sector energético; 7% a los procesos industriales; 14% al cambio de uso de suelo (deforestación); 8% a la agricultura y 10% a la descomposición de residuos orgánicos, incluyendo las plantas de tratamiento de aguas residuales y los rellenos sanitarios", mencionando que "dentro del sector energético en particular, la generación de electricidad representa 24% de las emisiones; el uso de combustibles fósiles en el sector manufacturero e industria de la construcción 8%; el transporte 18%; los sectores comercial, residencial y agrícola 5%; y las emisiones fugitivas de metano durante la conducción y distribución del gas natural, otro 5%".

Lo que no se menciona es que México, en materia de CO2, contribuye con apenas un 1.6% del total, cifra tan baja (comparada con las grandes economías contaminantes) que actualmente acepta inversión canjeable por bonos verdes para favorecer a los países (o bloques) que presentan mayor aporte: EU 24.3%; Unión Europea 15.3%; República de China 14.5%, Rusia 5.9%, India 5.1%, y aún Japón (5%) y Alemania (3.3%).

No obstante, en el apartado "Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)" se plantea la ESTRATEGIA 10.2, "En el sector industrial es necesario identificar oportunidades de reducción de GEI en el marco de sus actividades y proceso, y alentar a las empresas a participar en esquemas de mercados de reducción de emisiones. Asimismo, la industria, particularmente la cementera, siderúrgica y azucarera, tiene un importante potencial de cogeneración de energía. Esa cogeneración evitará emisiones de GEI y mayor consumo de energía. También habrá que desincentivar el uso de combustóleo".

MAS ENTREGUISMO

En estas cuantas líneas se complementa la verdadera estrategia de Calderón, que consiste en mantener abiertas todas las puertas posibles para profundizar la entrega de la industria energética de México y, de paso someter al país a los intereses de las grandes corporaciones imperialistas.

Lo que Lizárraga revela son las verdaderas fuentes de las supuestas políticas públicas del calderonismo, que incluyen la imposición de reformas (dictadas en el extranjero y avaladas más tarde por el propio legislativo mexicano) que, a cambio de ridículos programas asistenciales, entregan recursos estratégicos y hasta vitales y comprometen la soberanía nacional.

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