Redes de Minatitlán, Cárdenas, Salamanca, Guadalajara, Madero y Reynosa, en la mira
En refinación se alista un esquema similar al de CFE sobre
productores de energía privados
Inconstitucional, la propuesta de
Cárdenas sobre un sistema con participación de la IP,
considera
ISRAEL RODRIGUEZ J.
Plataforma de Pemex Foto:
La
Jornada El Frente de Trabajadores de la Energía de
México (FTE), organización obrera afiliada a la Federación
Sindical Mundial, denunció que Petróleos Mexicanos (Pemex) prepara
la desincorporación de ductos en las tres regiones del país
(norte, centro y sur), con lo que pretende continuar con la privatización
petrolera furtiva.
Precisó que entre los ductos en la mira de los
particulares destacan los de Minatitlán, Ciudad Mendoza, Cárdenas,
Salamanca, Guadalajara, Madero, Reynosa, Monterrey, Torreón y
Chihuahua.
Recordó que la distribución, transporte y
comercialización del gas natural ya la ejecutan trasnacionales como
Repsol, Gaz de France, Tractebel y Gas Natural, mediante empresas subsidiarias.
Aunada a la entrega de la explotación del gas a privados en la cuenca de
Burgos bajo contratos inconstitucionales.
La organización gremial
reveló que el gobierno prepara también una nueva figura de
refinadores privados en la que Carlos Slim, el tercer hombre más
acaudalado del mundo, podría participar con la edificación de
refinerías, como ya lo hace con la construcción de plataformas
marinas.
Los integrantes de la FTE explicaron que el modelo que se
pretende utilizar para realizar esta apertura es similar al aplicado en la
Comisión Federal de Electricidad con los Productores Independientes de
Energía, mediante contratos de largo plazo (20 años) para
maquilar, en este caso crudo y suministrar gasolinas con una rentabilidad
asegurada para las empresas privadas.
Aarón Soledad
Hernández Jarillo, integrante del FTE, señaló que la
estrategia es muy simple: "El gobierno primero destruye a Pemex al aplicarle un
sistema fiscal confiscatorio, endeudarlo casi hasta la quiebra y, luego, propone
la privatización como única fórmula de
solución"
En consecuencia, el gobierno concluye que hay que
invertir más en exploración, explotación, acceso a nuevas
tecnologías para descubrir y reponer reservas, realizar alianzas y
otorgarle autonomía de gestión a Pemex.
"Este gobierno, en
el discurso niega que vaya a privatizar a Pemex pero sus hechos indican lo
contrario. Se trata de privatizar a Pemex, en el presente caso mediante la
entrega de funciones constitucionales, tales como la exploración y
explotación de petróleo crudo, en las aguas profundas del Golfo de
México, a las trasnacionales".
Sobre la reciente propuesta de
Cuauhtémoc Cárdenas de crear un sistema de planeación
energética, con participación estatal y privada dentro del marco
constitucional, para revertir la insuficiencia y crisis de la industria
petrolera, consideraron que ésta es errónea porque la
Constitución política en los párrafos cuarto y sexto del
artículo 27 establece el dominio de la nación sobre los
hidrocarburos e indica que, en esta materia, no se otorgarán concesiones
ni contratos a particulares.
Son las leyes secundarias, contrapuestas a
la Constitución, como la Ley (reformada en 1995) en el ramo del
Petróleo, las que han favorecido la privatización petrolera
furtiva en marcha. Ese "marco constitucional" es inconstitucional y
Cárdenas promueve su aplicación.
Hernández Jarillo
manifestó que el actual gobierno a través de Francisco Labastida
Ochoa, quien fuera el beneficiado del
Pemexgate, y actual senador del
PRI, promueve nuevas reformas legislativas regresivas. De acuerdo con estas, la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo del
petróleo y nueve leyes secundarias más serían modificadas
para permitir la intervención privada en la exploración y
explotación de petróleo crudo. Para ello, ya están
definidos 239 bloques en el Golfo de México listos para ser entregados a
las trasnacionales petroleras.
Ante esta embestida privatizadora el FTE
propuso realizar grandes movilizaciones nacionales en defensa de Pemex y en
contra de su privatización para impedir que la renta petrolera pase a
manos de los particulares.
Fuente:
La Jornada, 25 de marzo de
2007.
