Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

La Privatización Furtiva del Gas Natural
en México

(Continúa)

5 CONTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES

5.1 Inconstitucional manifiesta

Desoyendo todas las voces, la administración de Pemex procedió a entregar a las transnacionales los primeros 5 inconstitucionales Contratos de Servicios Múltiples (CSM).

Para la burocracia de Pemex, los CSM no son concesiones ni contratos de participación de riesgo, de producción o de ganancias compartidas. Son, simplemente, contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, “los cuales agrupan, en un solo contrato, los servicios que Pemex siempre ha contratado” (PEP 2003). También se dice que “no son concesiones, ni contratos de participación de riesgo, de producción o de ganancias, ni un contrato similar a los anteriores”. Los burócratas se contradicen solos. Pero, además, se ha argumentado que tales permisos sí son contratos de riesgo (Rodríguez 2006). Desde luego, los riesgos serían para Pemex.

Los CSM tendrán una duración de 15 a 20 años y, el contratista podrá subcontratar. Con esta modalidad, alrededor de 7-8 contratos sustituirían a 1 mil 100 contratos previos. El número de servicios contratados será alrededor de 40 por contrato. A esto, los burócratas de Pemex le llaman, “esfuerzos para administrar contratos”.

Respecto al potencial de la Cuenca de Burgos, Pemex argumenta que ésta región tiene las mismas características geológicas que el sur de Texas. Burgos inició su producción en 1945, en 2003 ésta fue de 1,050 MMpcd en 1,384 pozos productivos, de 4,216 perforados (PEP 2003). Los primeros bloques en Burgos, en un área de 12,500 km², serían para empezar. Después, se proyectan otras áreas como Sabinas, Coatzacoalcos y Cuichapa.

Los contratistas recibirían importantes beneficios. Se prevé, de entrada, condiciones favorables en materia de impuestos sobre la renta, requerimientos bajos de inversión inicial y alta resolvencia de las inversiones por los cortos tiempos de perforación. Entre los beneficios para México, se habla de asegurar el suministro de gas natural para la generación eléctrica. Se dice fácil, pero las reservas disponibles no son capaces de soportar el desenfrenado proceso de instalación de plantas eléctricas privadas a base de gas natural.

De acuerdo a los términos del Contrato genérico, al contratista se le pagará en base a: Costos de operación stándard, Costos de capital estándar y Un margen de ganancia fijo. Esto es, se trata de un atractivo negocio para las transnacionales. Los recursos saldrán, obviamente, de Pemex. Así lo dicen los burócratas del foxismo. “Los pagos se harán al contratista en base a los ingresos disponibles provenientes de las ventas”.

Dicen sus promotores que, los CSM, incluyen entre 30 y 40 servicios de alta tecnología. En efecto, a los contratistas se les entregan facultades amplias que incluyen: sísmica, procesamiento e interpretación, modelado geológico, ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción, perforación, fracturamientos, registros, análisis de muestras, desarrollo tecnológico (Bahen et al. 2003). Según PEP (2003), los trabajos a contratar en los CSM para la Cuenca de Burgos son: Obras de desarrollo (sísmica, caminos de acceso, perforación y reparación de pozos, Líneas de recolección), Obras de Infraestructura (Construcción e instalación de compresores, medidores, gasoductos, plantas y equipos para acondicionamiento de gas) y Obras de mantenimiento y abandono (pozos, instalaciones superficiales, ductos).

La base legaloide para otorgar los CSM es el artículo 6º. de la LRRP (1995) antes mencionado. Se trata de justificar a los CSM, a los que se considera simples contratos de obra (Bahen et al. 2003). Otra disposición legaloide es la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que indica:

Artículo 3- ...quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:
Fracción II. Los trabajos de exploración, geotécnica, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma marina.
Fracción VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga.

Esas disposiciones son contrarias a lo dispuesto por la Constitución. No obstante los señalamientos de anticonstitucionalidad expresados por el Senado de la República, Pemex entregó, desde 2004, los primeros 5 CSM, todos ellos mediante el mecanismo de postor único. Las transnacionales y sus prestanombres son las que determinan, mediante su llamada cláusula de confidencialidad, a quien se le entrega cada CSM.

Los CSM correspondientes a la primera ronda representan 4 mil 341 millones de dólares de inversión extranjera, misma que será pagada por Pemex. Pero no es solamente un negocio monetario, las mismas corporaciones han publicado que se trata del inicio. Por ahora lo importante es entrar en un área explícitamente prohibida por la Constitución política del país.

Esos CSM deben ser cancelados de inmediato por razones de legalidad constitucional, por inconveniencias técnicas y por afectaciones laborales. En este, como en los más de 10 mil contratos privados que administra Pemex en connivencia con el charrismo sindical, las condiciones laborales son inferiores a la Ley y, en muchos casos, son inexistentes. En la Tabla 7 se indican los primeros 5 Contratos de Servicios Múltiples otorgados.

Tabla 7- Contratos de Servicios Múltiples otorgados.

Fecha de adjudicación	Bloque	Contratista	Monto de inversión esperado, USD
Octubre 16, 2003	Reynosa-Monterrey	Repsol	2 437 196 000
Octubre 23, 2003	Cuervito	Petrobras S.A., Teikoku Oil. Co., Ltd. y D&S Petroleum	260 071 938
Noviembre 28, 2003	Misión	Industrial Perforadora de Campeche y Tecpetrol	1 035 579 600
Diciembre 8, 2003	Fronterizo	Petrobras S.A.; Teikoku Oil Co. Ltd., y D&S Petroleum	264 977 496
Enero 15, 2004	Olmos	Lewis Energy Group	343 573 000
TOTAL	5		4,341,398,034

Lamentablemente, el gobierno federal procede en sentido inverso a lo indicado por las leyes, por la vía de los hechos. Pemex ha anunciado la próxima licitación de más contratos para la exploración y explotación de gas seco. Se tienen definidos nuevos bloques de campos en la Cuenca de Burgos listos para ser licitados entre las transnacionales. No nada más, ya se han otorgado contratos al grupo Carso de Carlos Slim para la perforación de pozos petroleros en las aguas profundas del Golfo de México. Estos contratos implica la participación privada en la producción de petróleo crudo y gas natural, actividades que la Constitución prohíbe expresamente a los particulares.

5.2 La ruta imperial

Algunos analistas en Estados Unidos consideran (IELE 2004) que México tiene abundantes reservas de gas natural. Por supuesto, dicen que hacen falta inversiones privadas para aumentar la producción de gas natural para el consumo doméstico e, incluso, para exportar hacia Norteamérica.

La preocupación en ciertos sectores norteamericanos ocurre porque las reservas, y producción, de gas seco en aguas someras del Golfo de México ha venido en declive, al menos desde 1992. Por ello, también el interés en desarrollar los suministros de gas provenientes de las aguas profundas mexicanas.

Se dice que “México es una provincia relativamente inexplorada de gas y petróleo”. Por supuesto, México necesita “hacer cambios sustanciales en la propiedad estatal y control del sector petrolero”. Esos grupos, al parecer, no saben que la propiedad de Pemex NO es del Estado, ni menos del gobierno en turno, sino de la nación; se trata de la propiedad colectiva social.

A esas voces allende las fronteras les intriga el escenario de más inversión privada más allá de los CSM o un programa similar. Una proyección basada en reformas podría permitir un desarrollo en el Golfo de México similar al de los Estados Unidos, debido a las características geológicas para el petróleo y gas de México en Burgos, Tampico, Veracruz y Macuspana. Ese es el argumento que las burocracias mexicanos repiten; en Estados Unidos, eso lo tienen proyectado.

En ese escenario, CON reformas, México no solamente lograría un balance entre la demanda y la oferta de gas natural sino que se convertiría en un “exportador neto” a los mercados de Norteamérica. Para ello, una de las acciones estratégicas de la burocracia de Pemex es la “Autonomía de Gestión” para “decidir” la concreción de los planes imperiales.

5.3 El Proyecto SUMA de PeUSA

Desde la anterior gestión del gobierno federal, Pemex ha insistido en dos propuestas, una la corporativización de la paraestatal y, otra, el otorgamiento de la llamada “autonomía de gestión”. Esas propuestas están contenidas en el Proyecto “SUMA por un solo Pemex” promovido unilateralmente por las administraciones en turno, al margen de las instituciones oficiales e incluso del propio Consejo de Administración de Pemex.

Ese proyecto plantea una reestructuración bajo el mando único de una dirección corporativa que, en la apariencia, centralizaría a las actuales subsidiarias y filiales de Pemex. El proyecto está en marcha e “implicaría la modificación a la Ley Orgánica de Pemex” (Pérez 2006). No nada más, la pretensión incluye la reforma a la LRRP (1995) y demás legislación secundaria relacionada, así como al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) entre Pemex y el STPRM. El objetivo es “abrir” Pemex a la inversión privada. Se trata, evidentemente, de una propuesta que contradice a la propia Constitución política del país pues el objetivo consiste en ceder las funciones estratégicas de exploración y explotación de petróleo crudo a las transnacionales, específicamente en las aguas profundas del Golfo de México.

Bajo ese esquema, de decisiones quedaría en manos del director general de Pemex y, si acaso, en un Consejo de Administración que incorporaría a empresarios privados supuestamente “independientes”. Eso sería ilegal porque, Pemex es de la nación, no es del Estado ni del gobierno en turno y menos, de las burocracias administrativas. “El esquema pretende convertir a Pemex en una estructura de funcionarios que administren contratos y manejen un portafolios de proyectos de inversión sobre todas las áreas operativas de Pemex, en los que solo el director general y los directores corporativos puedan decidir e incluso definir como “prioritarios” para la paraestatal” (Pérez 2006).

En tal perspectiva, el Proyecto SUMA plantea desaparecer a la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos que sería “absorbida” por la Dirección Corporativa de Finanzas (sic). Se propone establecer gerencialmente seis “macroprocesos” de trabajo, a saber, Planeación, Suministro, Finanzas, mantenimiento, Seguridad, Salud, Protección Ambiental y Recursos Humanos. La intención es obvia, la ingeniería la harían las transnacionales de acuerdo a sus proyectos. La investigación y desarrollo tecnológico ni siquiera se menciona.

El Proyecto SUMA, en una supuesta organización “matricial”, distorsiona al proceso de trabajo pervirtiéndolo para privilegiar, solamente, el proceso de valor. Eso significa la desnaturalización explícita de Pemex. Tal enajenación del proceso de trabajo petrolero está en el centro de la estrategia privatizadora.

Pemex dejaría el control de las fases estratégicas en manos privadas. En una visión reduccionista, la intervención privada sería mediante inversiones tipo PIDIREGAS y modelos como los CSM y las “alianzas estratégicas” con las corporaciones transnacionales. Los PIDIREGAS han sido una estrategia financiera desatrosa pero se insiste en seguir comprometiendo el patrimonio nacional. Las “alianzas” representarían la entrega de la nación en materia de hidrocarburos.

Para concretar ese proyecto se siguen, actualmente, un conjunto de acciones que conduzcan a la reforma de la LRRP (1995) sin modificar el artículo 27 constitucional. Legisladores del PRI y el PAN pretenden una privatización NO constitucional mediante acciones abiertamente inconstitucionales. A partir de esas reformas, la administración de Pemex pondría en marcha el llamado “ciclo de transformación e innovación de los procesos (TIPP)”. El proyecto TIPP “define la logística y el transporte de hidrocarburos y abre la “oferta” tanto a la exploración y explotación de petróleo y productos derivados, así como su distribución primaria, también la refinación para cubrir la demanda mediante un sistema de distribución secundaria y ventas” (Pérez 2006).

Según el Proyecto SUMA, las funciones de Pemex se reducirían a tres: “exploración y producción y distribución primaria; proceso y transformación de hidrocarburos; y distribución secundaria y ventas”. Ese proyecto “RESTA” a la industria petrolera nacionalizada al fragmentar el proceso de trabajo desintegrándolo. La destrucción de Pemex es evidente y corresponde a un modelo diseñado allende las fronteras.

Al momento, legisladores del PRI, encabezados por Francisco Labastida Ochoa, se han declarado muy interesados en las reformas para acompañar a los legisladores del PAN. Algunos otros legisladores socialdemócratas parecen acomodarse a las “negociaciones”. Esta anunciado un atraco legislativo mayor al de 1995, cuando TODOS los partidos políticos aprobaron las absurdas contrarreformas en materia de gas natural.

Además de importantes fases del proceso de trabajo del gas natural (asociado y no asociado), el gobierno federal pretende privatizar también la exploración y explotación de petróleo crudo, y gas natural asociado, en las aguas profundas del Golfo de México.

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