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Volumen 7, Número 84, febrero 27 de 2007  

Organización obrera afiliada a la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

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Se reanima el conflicto en el sindicato minero

Las andanzas de Napo


u El gobierno de Calderón interesado en “resolver” el conflicto del sindicato minero.
u Napoleón no quiere Convención ni democracia, lo que quiere es que lo reconozcan.
u Quienes están detrás del charro activan el cabildeo para un acuerdo entre mafias.

¿Se desvanecen las acusaciones?

En diciembre de 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) se había declarado incompetente para investigar a Napoleón Gómez Urrutia, charro del sindicato minero-metalúrgico, reconocido y desconocido (unilateral e ilegalmente, en ambos casos) por el gobierno de Fox. Entonces, el caso, fue turnado a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

De inmediato, los abogados de Napo se apresuraron a decir que “la PGR ya admitió que no hay delito federal que perseguir contra el señor Gómez Urrutia” (Méndez A., en La Jornada 5 ene 2007). Más aún, precisaron que “"ya no investigará el supuesto lavado de dinero que se imputó a Napoleón, y tampoco podrá indagar delincuencia organizada; aunque lo más importante es que el gobierno federal deja de tener en el conflicto minero un arma jurídica que la anterior gestión presidencial utilizó como herramienta política".

Más tarde, los charros del sindicato minero leales a Napoleón, anunciaron que se "abre la posibilidad para que se desvanezcan las acusaciones", esperando que pronto regresara Napo de Canadá para continuar al frente del sindicato insistiendo en que “no hay delito que perseguir”. Agregaron que “la apertura que nos dado el nuevo gobierno ha sido plena” (sic).

El 7 de enero, los abogados de Napo denunciaron a Elías Morales por haber falsificado documentos que le sirvieron para que la secretaría del trabajo lo reconociera en sustitución de Napoleón. El 11 de enero, la PGR anunció que acudiría a la secretaría del trabajo “para cotejar las firmas” que se utilizaron para deponer a Napo. Los charros sindicales se apresuraron a darle 10 días a la secretaría del trabajo (STPS) y a la PGR para que “resolvieran favorablemente”, de lo contrario, amenazaron con iniciar movilizaciones (sic) porque a los trabajadores (sic) “ya se les acabó la paciencia” (sic).

En respuesta, la STPS declaró que resolverá, ¡faltaba más! “pero con absoluto respeto a la autonomía sindical”. Expresó que no aceptaba plazos y que actuaría “con estricto apego a la ley”.

A un año de Pasta de Conchos

Al aproximarse el primer aniversario de los trágicos sucesos de Pasta de Conchos, cuando murieron 65 mineros sepultados por la explosión en la mina, el procurador general de justicia del estado de Coahuila anunció que “girará orden de aprehensión contra diez directivos de alto nivel de Industrial Minera México y funcionarios federales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por homicidio culposo, omisiones y negligencia en el ejercicio de sus funciones” (Velasco E., en La Jornada 10 ene 2007).

Entre los resultados de las investigaciones dijo que “hubo deficiencia en los volúmenes de aire que ingresaban por el sistema de ventilación a toda la mina, lo cual ocasionó la acumulación de gas metano y la explosión”. Precisó que "había una deficiencia de cuatro metros cúbicos de aire por minuto".

Otra deficiencia fue en "el sistema de polveo" de la mina, situación que provocó que la explosión se expandiera en la totalidad del socavón. Para evitar una explosión tendría que haberse cubierto con polvo inerte cada tramo de avance de la mina. Sin embargo, el material que adquirió la empresa "sólo fue suficiente para cubrir el 47 por ciento del avance registrado antes de los seis meses de ocurrida la explosión".

Una deficiencia más fue que la empresa "no contaba con metanómetros permanentes en el último crucero de los cañones de regreso, ni en el ventilador principal como lo ordena la norma NOM-023/2004, lo cual impidió poder detectar oportunamente la concentración de gas metano, situación que provocó la explosión de la mina".

El procurador dijo a que la muerte de los mineros se pudo obedecer a tres factores: a la explosión propiamente dicha, al estar expuestos a la onda expansiva y calórica de ésta; por intoxicación, generada por la acumulación de gas, o por asfixia, provocada por los derrumbes. A la fecha, solamente los restos de 1 minero han sido recuperados.

El 19 de febrero, el grupo afín a Napoleón informó que había parado el 90% de las secciones del país, exigiendo aclarar lo sucedido en Pasta de Conchos y el reconocimiento de Napoleón. Pudo confirmarse que, el paro de “brazos caídos” ocurrió en Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Zacatecas, Pachuca, Querétaro y Durango. El resto corresponde a la versión dada por el grupo de Napoleón. El 90% no es creíble porque el sindicato está bastante dividido.

Problemas en el interior del sindicato

En Ciudad Juárez, el comité ejecutivo de la sección 11 exigió a la subprocuraduría de justicia estatal que reactivará la denuncia por fraude que presentó contra Napoleón hace algunos meses, que se anexara la orden de aprehensión girada en esa entidad para la extradición de Napo quien se encuentra en Canadá.

En Lázaro Cárdenas-Las Truchas, Martín Rodríguez Piedra, líder de la sección 271 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) con base en una orden de reaprehensión girada por el juzgado séptimo de distrito con sede en Uruapan, y liberado 12 horas después tras pagar una fianza.

"En respuesta a esta agresión", desde las 7 de la mañana de ayer más de 7 mil trabajadores siderúrgicos de la sección 271 y 273 suspendieron labores en las empresas Sicartsa, Mittal Steel y Viga Trefilados. Doce horas después, Rodríguez Piedra fue "liberado con el apoyo del departamento jurídico de la empresa Mittal Steel y del gobierno estatal sin ningún cargo en su contra" (Martínez E., Casillo G., Gómez C., en La jornada 13 ene 2007).

En gira por Ramos Arispe, Coahuila, Calderón fue recibido con reclamos por las viudas de los mineros de Pasta de Conchos. Calderón les dijo que su gobierno haría todo lo humanamente posible por rescatar los cuerpos de los mineros.

El 2 de febrero, en la misma sección 271, varios trabajadores despedidos fueron agredidos por los simpatizantes de Napoleón. Entonces, se produjo un enfrentamiento de 4 horas entre trabajadores con saldo de 22 heridos, 18 vehículos destruidos y 2 viviendas incendiadas.

Los despedidos simpatizan con Elías Morales y según sus versiones de los hechos, estaban repartiendo volantes en el puerto cuando fueron descubiertos por el delegado estatal de Napoleón y Martín Rodríguez, secretario general local, quienes los persiguieron y golpearon en el lugar conocido como Guacamayas. Los golpeadores, sin embargo, culparon a Morales. De hecho, ambos grupos, se culparon mutuamente. El estilo es típico de Napoleón, desde la época de su padre. Contra la oposición, cualquiera que fuera, siempre se utilizaba la violencia y, luego, culpaban a los demás.

Dos días después, el 4 de febrero se produjo un nuevo enfrentamiento a golpes en el puerto con saldo de 1 herido y 2 detenidos. El 7 de febrero, un grupo de mineros que apoyan a Elías Morales realizaron un plantón frente al palacio de gobierno, en Morelia, Michoacán, para exigirle al gobierno estatal que frenara las agresiones de Napoleón. En la ciudad de México, Morales, solicitó la intervención de la secretaría de gobernación.

El 22 de febrero, Morales pidió a Altos Hornos de Monclava (AHMSA) iniciar las pláticas tendientes a la revisión del contrato colectivo de trabajo. De no llegarse aun acuerdo sobre las peticiones que incluyen aumento a los salarios y prestaciones diversas, se anunció un movimiento de huelga para el 27 de febrero en las secciones 147 y 288 del sindicato minero-metalúrgico.

El gobierno “interesado” en resolver

La secretaría del trabajo de Calderón propuso al grupo de Napoleón que se hiciera una Convención del sindicato para fines de febrero a efecto de decidir, entre Napoleón Gómez y Elías Morales, quién es el verdadero secretario general. De momento, Carlos Pavón del grupo de Napo y su abogado defensor Juan Rivero declararon que aceptarían.

Después de 15 reuniones, el 27 de febrero, la secretaría insistía en definir la situación en una Convención mientras que el grupo de Napoleón quería sencillamente el reconocimiento, argumentando que ya habían realizado dos Convenciones (que no fueron debidamente documentadas ni acreditadas legalmente). Otro aspecto que resaltaba el grupo de Napo era la depuración del padrón de secciones registradas cuyo número nadie sabe, la secretaría y los charros manejan cifras a conveniencia y las varían de una declaración a otra.

La secretaría se ofreció para garantizar las condiciones, incluso de seguridad, de la Convención minera incluyendo la depuración del padrón y la elección de los delegados. Todo eso sonaba re’bonito pero era falso.

Un problema que la secretaría debía resolver era la convocatoria a la Convención. ¿Quién debía hacer la Convocatoria? De acuerdo al embrollo creado por el gobierno, debía ser Elías Morales, por ser el secretario general en funciones con la personalidad reconocida por el propio gobierno. Este no daba muestras de querer convocar y, si lo hiciere, el grupo de Napoleón no aceptaba.

Entonces, la vía a seguir tenía que ser unilateral, ilegal una vez más, a cargo del propio gobierno pues éste afirmó el 25 de febrero que Morales NO convocaría. ¿Entonces? Napo tampoco puede por estar desconocido.

¿Serán las dos terceras partes de las secciones las que convoquen? Podría ser, así lo indican los Estatutos. ¿Quién va a verificar que ese proceso ocurra? El sindicato minero no practica la democracia, lleva 50 (cincuenta) años sometiendo violentamente a los trabajadores a quienes la camarilla de los Napoleones mantienen secuestrados.

De la noche a la mañana, ¿surgirá la democracia tan solo porque lo dice el secretario del trabajo de Calderón?

La CIOSL al ataque

El 29 de enero, el Frente para la Unidad y Autonomía Sindical, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) y del Congreso del Trabajo, pidieron a la autoridad laboral solución inmediata al conflicto minero, así como el reconocimiento al líder Napoleón Gómez Urrutia (Muñoz P., en La Jornada 30 ene 2007).

La carta fue entregada al secretario del trabajo de Calderón por Francisco Hernández Juárez (UNT), Martín Esparza (SME), Agustín Rodríguez (STUNAM) y Carlos Pavón (SNTMMSCRM).

La “iniciativa” de la UNT y de la FITIM no es casual. Ambas son mutuamente solidarias porque son parte de una misma organización internacional. El sindicato minero-metalúrgico mexicano es parte de la FITIM pues está afiliado a ésta. La FITIM, a su vez, es la rama profesional de la minería y metalurgia afiliada a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), ahora Confederación Sindical Internacional (CIS). A la CIOSL también está afiliada la UNT de Hernández Juárez y Agustín Rodríguez.

Napoleón vive en Canadá protegido por la FITIM y las CIOSL, cuyos recursos económicos son amplios, provenientes de diversas instancias empresariales y gubernamentales. La CIOSL es la organización sindical auspiciada por el imperialismo desde 1949. Esa organización tiene como principios la colaboración de clase y la lucha sindical la limita al círculo laboral más elemental, a la simple lucha economicista que no obstante sus limitaciones tiene su importancia pero, la CIOSL la sujeta siempre a la subordinación total ante patrones y gobiernos.

Napo es parte del comité ejecutivo 2005-2009, para América Latina y el Caribe, de la FITIM. El activismo a favor de Napoleón es importante para la CIOSL porque le permite mantener el control de los mineros y metalúrgicos mexicanos. Napoleón NO representa ningún liderazgo obrero, ni mucho menos; tampoco es una opción para el sindicalismo mexicano. Entre los Napoleones, padre e hijo, han mantenido sometidos a los trabajadores durante ya más medio siglo, casi el mismo lapso que tiene la CIOSL.

Desde el año anterior, Napoleón entró en un oscuro y no explicado conflicto con el gobierno pro-empresarial de Fox y con el poderoso Grupo Industrial México. Ambos le habían dispensado favores a los dos Napoleones. Después, en un desaseado procedimiento, Fox puso y quitó a Napoleón chico porque el Grupo México no deseaba tratar más con él.

El grupo de Napoleón, hábilmente, se escudó en la supuesta defensa de la Autonomía sindical, misma que contrariamente a lo dispuesto por las Convenciones de la OIT, el charrismo sindical la utiliza en México para escudarse y cometer impunemente toda clase crímenes.

Con la llegada del nuevo gobierno, la FITIM se apresuró a pactar con Calderón. Volvieron a hacer un viaje a México, Agustín Rodríguez les organizó conferencias y, por supuesto, seguramente “conversaron” con el gobierno. Los hechos corroboran lo anterior. El conflicto de Napoleón con Fox y el Grupo México tiene implicaciones mayores al simple ámbito sindical interno del sindicato minero y no se reduce a procedimientos administrativos.

En cualquier escenario, los perdedores son los trabajadores. Con o sin Napoleón siguen secuestrados sometidos al terror sindical interno. La CIOSL defenderá a Napo porque le sirve y se aprovechará de un gobierno proclive al imperialismo, cuyo brazo sindical es precisamente la CIOSL. Los compañeros mineros, sumidos literalmente en el socavón (el de la mina y el del charrismo) están ajenos a estas acciones de las cúpulas sindicales antiobreras.


Trabajadores minero-metalúrgicos en la huelga de 1979 en Sicartsa FOTO tigre


NOTA: En 1979, y en 1985, estallaron importantes huelgas de la Sección 271 del sindicato minero-metalúrgico. Las instalaciones de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), incluyendo las minas de hierro, paralizaron sus labores. Los charros sindicales, incluyendo los actuales de la UNT, maniobraron pero no pudieron impedir la acción organizada y combativa de los trabajadores. Napoleón Gómez Sada, charro minero vitalicio, se encargó de que TODA la oposición fuera reprimida. El sindicato sancionó con décadas sin derechos sindicales a muchos compañeros, acto seguido la empresa los despidió.

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