El gobierno finge supuesta reunión para golpear a la APPO
La detención de Flavio Sosa
- La APPO con disposición al diálogo para resolver políticamente el conflicto.
- El gobierno federal se niega al diálogo, prefiere la aniquilación del movimiento.
- En México se vive un proceso de fascistización, contrainsurgencia y crimen estatal.
Trampa del gobierno calderonista
El martes 5 de diciembre, por la
mañana, Flavio Sosa había estado presente en una conferencia de
prensa. La APPO había anunciado que ese día se iniciaría el
contacto con la secretaría de gobernación, presidida en el
gobierno calderonista por un torturador, Francisco Ramírez Acuña,
el mismo que reprimió sangrientamente a los altermundistas que
protestaron en Guadalajara en 2004. Ante la prensa, los integrantes de la APPO,
que llevaban consigo 3 amparos para evitar ser detenidos, habían pedido
al gobierno las correspondientes garantías para el supuesto encuentro que
sostendrían.
Como es típico del gobierno carrancista, todo
indica que Flavio era seguido por agentes federales. De hecho, habían
sido vistos por los organizadores y periodistas. Al término de la
conferencia, cuando se disponía abordar un taxi (número 1665), el
dirigente de la APPO fue detenido junto con 3 compañeros más que
le acompañaban.
“Delincuente de alta peligrosidad” le
llamó el gobierno y, a petición de Ulises Ruiz, Flavio fue
trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de
Juárez, Estado de México. Para ello, se dispuso de un
impresionante convoy de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la
Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
“Secuestro, robo calificado
con violencia, lesiones calificadas, daños dolosos, por incendio,
sedición y ataques a las vías generales de
comunicación” fueron las acusaciones inmediatas. Las órdenes
de aprehensión fueron giradas por jueces federales y del Estado de Oaxaca
y están contenidas en las causas penales 058/2006, 060 102 y 132.
A
través de la prensa se dieron a conocer algunos “datos”
desconocidos por muchos.
Los “datos” de Flavio Sosa
La información dada a
conocer por La Jornada muestra una trayectoria disímbola del
compañero. “Flavio Sosa es originario de San Bartolo Coyotepec,
municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca. Fue fundador del PRD en el estado y
uno de sus primeros diputados federales plurinominales.
“En 2000,
siendo vocero de la dirigencia estatal perredista, renunció al partido
junto con el líder estatal Genaro Santa Ana Colmenares, hoy delegado de
la Profeco en la entidad, para sumarse a la campaña presidencial
panista.
“Incluso, su dimisión fue publicitada en una
conferencia de prensa en la que ambos aparecieron junto al candidato Vicente
Fox.
“Sosa integró luego la organización Nueva Izquierda
de Oaxaca para posteriormente, junto con el Movimiento Unificador de Lucha
Trique (MULT), formar en 2004 el partido con registro local Unidad Popular, a
fin de competir en las elecciones para renovar la gubernatura y el Congreso
estatal.
Esa agrupación postuló como candidato a gobernador al
ex senador perredista Héctor Sánchez López, quien
compitió con Ulises Ruiz, entonces abanderado de la alianza Nueva Fuerza
Oaxaqueña, y con Gabino Cué Monteagudo, por la coalición
Todos Somos Oaxaca.
“Sosa Villavicencio sostuvo algunas divergencias
con el líder moral del MULT, Heriberto Pazos Ortiz y se desligó de
Unidad Popular. Volvió a solicitar su admisión al PRD en el 2005 y
fue designado como consejero nacional.
“En junio de 2006, con otras
organizaciones civiles, sociales y campesinas, así como con sindicatos,
integró la APPO”. (Méndez A., Muñoz A.E.,
Vélez O., Castillo G., Méndez E. en La Jornada 5 dic 2006).
Primer preso político del nuevo gobierno
El 5 de junio, Flavio dijo “Soy el primer preso
político del régimen de Calderón”. Desde el penal del
Altiplano envió un mensaje “al pueblo de Oaxaca para que
continúe en pie de lucha”, según refirió su abogado,
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de
México. Este, también informó que Flavio “se dijo
sorprendido por su detención; esperaba que Calderón apostara por
el diálogo".
Ante los funcionarios de la Procuraduría General
de la República (PGR), Flavio se deslindó de los hechos violentos
y señaló que los responsables de haber incendiado varios edificios
públicos en Oaxaca fueron infiltrados de Ulises Ruiz.
Ese mismo
día, en la secretaría de gobernación, se realizó una
reunión “de diálogo no de negociación”,
según dijo el funcionario menor (Mario Escárcega, subsecretario)
de esa dependencia, a la que asistió una representación de la APPO
misma que reiteró las peticiones del movimiento. Para seguir con el
guión macabro, la secretaría anunció a la prensa que Flavio
enfrentará "un proceso judicial imparcial" (sic). La detención de
Sosa fue calificada como “cumplimiento” de las órdenes de
aprehensión emitidas por señores jueces para “fortalecer la
aplicación del marco legal y la vigencia del estado de derecho”
(sic).
La delegación de la APPO solicitó a gobernación
que les otorgara garantías de que no serían detenidos y que
prosiguiera el diálogo. Gobernación no dijo nada, a sabiendas; en
una lista previa, estaba incluido Flavio y ¿qué pasó? Lo
detuvieron, esas “garantías” no son tales.
El 7 de
diciembre, los jueces del penal donde fue recluido Flavio (en el Estado de
México) le negaron la libertad bajo caución por considerar que los
delitos imputados (inventados) eran graves. Al siguiente día, tres jueces
(en el Estado de Oaxaca) le dictaron 5 (sic) autos de formal prisión a
Flavio Sosa. Con evidente ilegalidad, alevosía y abuso, los supuestos
jueces a sueldo de Ulises Ruiz determinaron que existían suficientes
elementos para procesar al detenido “por secuestro, lesiones, robo
calificado, daño a bienes, despojo y daños dolosos”.
Otra vez reapareció Carranza
Traición e intolerancia,
editorializó La Jornada, al referirse al hecho. Como se
escribió, Flavio Sosa y demás representantes de la APPO
habían acudido a la ciudad de México para dialogar con el gobierno
federal. El gobierno que inicia se ha presentado como un régimen sin
principios, se dijo. Apenas, días antes, Calderón a repetía
que dialogaría con todas las fuerzas políticas. Unas horas
después, se mostró intolerante y represor con el movimiento social
más importante del momento. “El diálogo y la tolerancia han
sido cancelados”, se publicó.
Los métodos seguidos por
Calderón no son, sin embargo, nuevos ni los hechos referidos son los
únicos. Esta práctica se sigue en México desde Carranza,
pasando por Obregón, Calles, Díaz Ordaz, Salinitas, Zedillo y Fox.
En México, la protesta social siempre ha sido criminalizada. Porfirio
Díaz, durante la dictadura de 30 años, gobernó con la misma
“mano firme” que anuncia Calderón llegando al asesinato. Una
de las características del porfirismo era, precisamente, encarcelar a sus
opositores en lugares distantes de su origen para impedir la comunicación
con sus familiares. Son más de 100 años, en la historia reciente,
que el Estado mexicano procede como tal contra cualquier movimiento
social.
En Oaxaca hay una ruptura generalizada del estado de derecho, por
supuesto. La propia Jornada recordó que las acciones represivas
semejan a las acciones de contrainsurgencia de las dictaduras militares
sudamericanas en la década de los 70s.
Proceso de fascistización
La situación es realmente alarmante. La violación a
las garantías individuales, consagradas en la Constitución del
país son, sencillamente, inexistentes. El estado de excepción
incluye a los participantes en el movimiento, a los simpatizantes e, incluso, a
quienes no tienen ninguna participación pero sí la mala fortuna de
caminar por la calle y toparse con los cuerpos represores y, pero aún,
encontrarse en sus casas cuando esos agrupamientos paramilitares, vestidos de
civil, catean ilegalmente sus domicilios. Otros tuvieron la mala suerte de salir
tarde de alguna fiesta o haber tomado cerveza.
Hasta observadores de
derechos humanos fueron detenidos y golpeados; y, algunos párrocos, han
sido amenazados de muerte y las iglesias han sido cercadas. Las amenazas
anónimas por teléfono se han vuelto cotidianas, particularmente,
contra mujeres creando una atmósfera de persistente miedo.
A lo
anterior, deben sumarse las vejaciones, agresiones sexuales, golpes y torturas
de que han sido víctimas los detenidos. El ambiente es de terror y miedo.
Los paramilitares, y sus perros amaestrados, no se han detenido en nada haciendo
redadas indiscriminadamente. Para estos cuerpos coercitivos, “todos son
sospechosos” y disparan a quien se mueve.
Los escuadrones de la
muerte, sicarios y pistoleros de Ulises Ruiz operan abierta e impunemente. En
ese “estado de derecho”, los paramilitares disparan, secuestran,
torturan, desaparecen a quien quieren. Algunos han señalado,
reiteradamente que se trata de una reedición de la guerra sucia.
El término no es muy apropiado, ya el pintor oaxaqueño, Francisco
Toledo, lo ha señalado al preguntar si ¿existe una guerra limpia?
Con más precisión, Carlos Fazio escribió que
“México vive un proceso de fascistización”. No hay
duda. Para el gobierno de la ultraderecha, la protesta social es un crimen, la
política se ha criminalizado; frente al conflicto social, el gobierno
solo sabe de la represión y la violencia. Eso, es terrorismo de Estado.
Golpe que no resuelve el conflicto
En la conferencia de prensa, realizada antes de la
detención, algunos periodistas le habían preguntado a Flavio
qué ocurriría si fuera detenido, ¿se acabaría el
movimiento? Flavio aseguró que no, porque la APPO no dependía de
una persona o líder, sino de muchos. Días después, otros
dirigentes exigieron la liberación de Flavio Sosa pero dijeron que su
detención no detendría al movimiento.
Flavio fue detenido y
encarcelado por el gobierno cuando intentaba acudir a una cita para restablecer
el diálogo y la negociación. Estas se darían en medio de
severa represión al movimiento. Sin embargo, el gobierno se mostró
implacable. La ultraderecha tiene experiencia en aplicar las acciones de
contrainsurgencia; desarmar al enemigo, perseguirlo y aniquilarlo son sus
divisas. Eso fue lo que hicieron. Engañaron a los compañeros y los
traicionaron.
Pero, ¿podría haber sido otro el escenario?
Probablemente no. ¿La APPO podía negarse a un mínimo intento
de diálogo? No, dadas las circunstancias recientes. ¿Flavio
tenía otra opción? Parece que no. ¿Podría haberse
escondido o huido? Tal vez hubiera sido peor. La causa de Oaxaca es justa,
legal, abierta, pacífica y amplia, no tiene porqué esconderse ni
menos huir. Sin embargo, parece que hubo excesiva confianza en el gobierno y sus
torturadores; la organización para la seguridad de los representantes se
vio muy pobre. Aún cuando el movimiento no depende de Flavio, es evidente
que fue un duro, e innegable, golpe.
Necesaria, urgente e intensa solidaridad
Diversas organizaciones, especialmente las dedicadas a
la defensa de los derechos humanos, condenaron la detención de Flavio
Sosa expresando que, en México, “no hay condiciones para el
diálogo” solo impera la violencia del Estado. En este panorama, el
futuro de los movimientos sociales en México no será nada
fácil. Un maestro oaxaqueño, Antonio García, que ha
permanecido en plantón frente al Senado de la República lo dijo
muy sencillo: “sólo hay de dos: o se organiza la izquierda que es
la más dividida frente a una derecha y ultraderecha organizada, o el
descontento popular seguirá así y "van a acabar con todos
nosotros" (Avilés K., en La Jornada 6 dic 2006).
Sin duda de
ningún tipo, la solidaridad con el movimiento de la APPO y por la
liberación de Flavio y demás detenidos es indiscutible. Hasta
ahora, tal solidaridad ha sido escasa, la mayoría se han conformado con
ver, si acaso con oír, pero nada más. Es evidente que, esa
pasividad, no es correcta.
El conflicto en Oaxaca está lejos de ser
resuelto satisfactoriamente. Llamamos a los trabajadores de la energía a
redoblar los esfuerzos solidarios con los pueblos de Oaxaca. El momento es de
definición política.
Detención de Flavio Sosa por la PFP
y la AFI al momento de abordar un taxi
Comisión de Energia
