El gobierno de ultraderecha incurre en flagrantes excesos
Encarcelamientos en Oaxaca
- El gobierno de Calderón empieza reprimiendo al movimiento de Oaxaca.
- Los detenidos fueron incomunicados, golpeados, hostigados y torturados.
- Venciendo el miedo, la APPO se reorganiza y sigue en movilización.
Detenciones indiscriminadas
El lunes 27 de noviembre, 141 integrantes de la
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fueron detenidos por la
Policía Federal Preventiva (PFP) y trasladados al penal federal El
Rincón, en el estado de Nayarit. Los familiares de los detenidos
denunciaron que se trataba de acciones arbitrarias. Muchos (as) fueron detenidos
(as) sin ninguna razón, simplemente porque “pasaron por
allí” y sin importar que fueran menores de edad. El mecanismo es
típico del gobierno de la ultraderecha. A la PFP la instruyeron para que
hubiera detenidos sin importar quiénes ni cómo. El objetivo era
aplicar el terrorismo de Estado, reprimir al movimiento y tratar de
desarticularlo para destruirlo.
Los detenidos fueron torturados,
según denunciaron sus familiares y, a la mayoría, se les mantuvo
ilegalmente incomunicados. Las detenciones habían ocurrido con violencia
y los policías golpearon a discreción, además de despojar
de sus pertenencias a los detenidos. A los agresores les interesaba que los
detenidos delataran a los participantes en el movimiento. “¡Nombres!,
exigía la policía y procedía a amenazarlos y
golpearlos.
“Sedición, robo de vehículo, terrorismo, en
su modalidad de incendio y "lo que resulte", fueron los delitos imputados a los
detenidos. Los delitos cometidos por los provocadores ahora se les aplican a las
víctimas. “La ley tiene que aplicarse”, declaró el
secretario de gobernación foxista y dijo que, en Oaxaca, se habían
registrado "hechos vandálicos y delictivos".
Se trata de evidentes
excesos del gobierno ultraderechista. Esos “excesos”, sin embargo,
son “normales” para los gobernantes y sus cuerpos paramilitares.
Para seguir las detenciones, los soldados disfrazados de policías se
dedicaron a tocar “puerta por puerta” en las casas de los
oaxaqueños con supuestas listas y fotografías de personas
supuestamente denunciadas. (Aviles J., en La Jornada 2 dic 2006). Eso
ocurría apenas el primer día de funciones del gobierno de
Calderón mostrando la cabal continuidad de una política represiva.
Comprobada la infiltración de provocadores
El 29 de noviembre se
comprobó la infiltración de priístas, al servicio de Ulises
Ruiz, en la marcha de la APPO del día 25. Entre los 141 detenidos, 9
resultaron ser operadores políticos del gobernador. Esos provocadores se
habían infiltrado y fueron los causantes de los destrozos e incendios a
varios edificios públicos con el objetivo de que los hechos fueran
imputados a la APPO (como fue) y el gobierno tuviera el pretexto para desatar la
represión indiscriminada (como también fue).
La APPO
había señalado que había muchos detalles “sospechosos
que sugieren la participación del gobierno del estado”. Flavio Sosa
se había preguntado ¿por qué no se resguardaron los inmuebles
fundamentales?; ¿por qué los bomberos no acudieron a sofocar los
incendios?, y ¿por qué se quemaron edificios fundamentales en la
inspección hacendaria y en zonas que no estaban en la parte externa?"
(Castillo G., Urrutia A., en La Jornada 30 nov 2006).
La
política agresora del gobierno de Ulises Ruiz quedó plenamente al
descubierto. Las acciones de provocación fueron deliberadamente
planeadas. Desde el principio, el movimiento había enfrentado las balas
de los escuadrones de la muerte. Todas las noches, los sicarios habían
atacado las barricadas. El movimiento tuvo varios caídos, mientras los
agresores disfrutan de impunidad total, el gobierno del estado ni siquiera ha
iniciado una averiguación previa. No satisfechos, el gobierno federal y
estatal se propusieron infiltrar al movimiento, y lo lograron, para tratar de
reventar al movimiento.
Lo más grotesco es que, hasta en la
cárcel, seguía la provocación contra la APPO. Dentro, los
operadores de Ulises, que también fueron detenidos, se dedicaban a
“sacarles” información a los detenidos para que hubiera
más detenciones.
La APPO se reorganiza, las protestas aumentan
Los días 28 y 29de
noviembre se realizó el Foro de los Pueblos Indígenas de Oaxaca.
Asistieron más de 500 representantes de organizaciones regionales,
municipales, comunitarias y comunales. Los asistentes se pronunciaron por el uso
de la vía pacífica y la no violencia para resolver las causas del
conflicto.
El Foro acordó “una plataforma básica de
diagnósticos y propuestas relacionadas con el derecho a la libre
determinación y autonomía de los pueblos indígenas, la
defensa y reconstitución de las tierras, territorios y recursos naturales
indígenas, el fortalecimiento de la educación y
comunicación indígena intercultural, así como el impulso y
la vigencia integral de los derechos indígenas” (Regino A., en
La Jornada 8 dic 2006).
El 1º. de diciembre, mientras la derecha
se empoderaba en la capital del país, en Oaxaca, rompiendo el miedo a ser
detenidos, maestros de la sección 22 y miembros de la APPO realizaron una
marcha. "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!", fue una de las
consignas de los manifestantes reclamando la liberación de los detenidos.
Los participantes cuestionaron al gobierno de Ulises Ruiz y lo hicieron
responsable de las provocaciones en la marcha del 25 de noviembre, cuando
infiltrados se dedicaron a incendiar edificios públicos y archivos. En el
mitin se anunció que se esperaba reiniciar negociaciones con la
secretaría de gobernación.
En protesta contra la
represión del gobierno mexicano, el mismo día 1º., se
realizaron acciones de protesta en los Estados Unidos, tanto en Madison,
Wisconsin, Minneapolis, Portland, Oregon, San Diego, San José y
Sacramento como en Atlanta, San Francisco y Chicago. En esos actos, la comunidad
oaxaqueña de inmigrantes estuvo muy activa lo mismo que los medios
independientes.
En Mazatlán, profesores y artistas plásticos
realizaron una jornada de solidaridad con los pueblos de Oaxaca. En Berna,
Suiza, se realizó una nueva protesta contra el gobierno mexicano;
ecologistas, sindicalistas y otras organizaciones repudiaron el estado de
excepción impuesto por el gobierno en Oaxaca.
Gobierno represivo y torturador
Entretanto, en el penal de Nayarit, los 141 detenidos
de Oaxaca continuaban incomunicados luego de una semana en prisión. Entre
lo detenidos se encontraban varios menores de edad. Hasta ese lugar del
Pacífico se trasladaron los familiares de los detenidos, instalaron
campamentos y organizaron enseguida una marcha por la libertad de los presos.
Se supo que todos los detenidos estaban muy lastimados como consecuencia de
los golpes a que fueron sometidos durante su detención y traslado de los
penales de Miahuatlán y Tlacolula, en Oaxaca. A varios de los detenidos
se les amenazó con arrojarlos desde los helicópteros al
vacío. Algunos fueron torturados fracturándoles los dedos de las
manos, práctica denunciada contra Ramírez Acuña en 2004.
También se supo que, desde el 25 de noviembre, ese torturador ya estaba
“encargado” del manejo del conflicto en Oaxaca.
Hubo a quienes
“les cercenaron los dedos de la mano izquierda” (Avilés J.,
en La Jornada 4 dic 2006). En Nayarit, pronto se les dictó a los
prisioneros (calificados de reos) el auto de formal prisión y, para una
posible liberación, se les fijó una fianza económica hasta
de 4 millones de pesos.
Las 34 mujeres prisioneras en Nayarit fueron
rapadas, los policías las humillaron y las golpearon hasta el desmayo en
medio de ofensas, vejaciones y amenazas de violación.
¡Presos políticos libertad!
El 6 de diciembre se realizó una
marcha en Chimalhuacán, Estado de México, para exigir la libertad
de los detenidos de la APPO y la salida de la PFP de Oaxaca. Previamente, los
asistentes provenientes de los municipios de Chimalhuacán, la Paz, Valle
de Chalco, Netzahualcóyotl, Ecatepec, Ixtapaluca y otros, bloquearon en
ambos sentidos la carretera México-Texcoco.
La APPO convocó a
una marcha en Oaxaca para el 10 de diciembre. El Frente Amplio Progresista (FAP)
anunció movilizaciones “en todo el territorio nacional”
(sic). Fue un declaración “por no dejar”, bien sabido es que
ese frente de partidos NO tiene estructura nacional. Un día antes, los
maestros de la sección 18 (Michoacán) anunciaron que preparaban
una huelga nacional (sic) por los hechos ocurridos en Oaxaca. Un maestro de la
sección 22 declaró a la prensa que los golpes a la APPO "nos
provocan más coraje y le dan fuerza al movimiento" (sic).
La APPO
informó que, a ese momento, había 226 encarcelados y 60
desaparecidos. Se hablaba de más de 300 órdenes de
aprehensión adicionales. El 8 de diciembre hubo una reunión de una
comisión de la APPO con el subsecretario de gobernación
(Escárcega). Luego de informarle sobre la multitud de violaciones a los
derechos de los detenidos, la comisión le solicitó
garantías para la marcha del 10. El gobierno dijo que las daría
pero que los manifestantes no llevaran bombas molotov (sic) ni la cara cubierta.
Los comisionados pidieron que no hubiera más detenciones y que se
pronunciaron por una solución "pacífica, política y
dialogada!. Después se fijó una nueva fecha para continuar el
“diálogo”.
El domingo 10 de diciembre se realizó
la marcha en Oaxaca. Más de 15 mil personas estuvieron presentes
reiterando al mundo que el movimiento tiene un importante respaldo social. Lo
importante, sin embargo, no es el número sino el significado
político. La marcha se realizó en un contexto de seria
represión gubernamental contra el movimiento, en un ambiente peor que el
estado de excepción y soportando el terror estatal contra la
población. En el mitin, la APPO planteó organizar asambleas
populares en otras entidades. En un recorrido de 12 kilómetros, los
manifestantes repudiaron la presencia de la PFP y exigieron la libertad de los
presos políticos. Nadie de los marchistas asistió con la cara
cubierta. La policía y tanques antimotines estuvieron presentes pero no
tuvieron “oportunidad” de intervenir.
Las fuerzas paramilitares de la PFP en Oaxaca
Comisión de Energia
