Corrupción e impunidad, marca del sexenio foxista
Modernización de LyFC, otro sexenio perdido
- Luis de Pablo "blinda" su retiro.
- FENOSA a punto de quedar impune.
- En riesgo de convalidar un grave fraude
De Pablo “buen burócrata” neoliberal
El 2 de mayo de 2002, Vicente
Fox designó a Luis de Pablo Serna como Director General de Luz y Fuerza
del Centro (LyFC) en sustitución de Alfonso Caso Aguilar, a quien quien
tocó ocupar por primera vez dicho puesto (antes fue subdirector, cuando
no existía el puesto de director en LyFC). De Pablo llegó con los
peores augurios, luego de haber sido Director General de Ferrocarriles
Nacionales de México (FNM, 1994), Director General del INFONAVIT (1998).
Más tarde, en 2001, se incorporó a la administración
panista (siendo de filiación priísta) como Vocal Ejecutivo del
FOVISSSTE.
De Pablo es un claro ejemplo de que un "buen burócrata"
neoliberal está más allá de filiaciones partidarias;
accedió a la administración pública auspiciado por el PRI
en el Banco de México, de donde saltó a la Secretaría de
Programación y Presupuesto como Director General de Programación
Regional y, más tarde, Director General de la Comisión de Fomento
Minero. Transitó después por varios consejos de
administración de algunas empresas (ya privatizadas) de mismo ramo. Antes
de la caída del priísmo había ocupado transitoriamente
algunos puestos diplomáticos (embajador de México ante la
Comunidad Europea y en Suiza).
De Pablo llegó a LyFC cuando Ernesto
Martens ocupaba aún la Secretaría de Energía, con la
supuesta misión de concretar la modernización de la empresa,
iniciada por el contador José Merino Mañón y continuada por
Caso. Sin embargo, su llegada fue interpretada como una clara advertencia del
foxismo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), activamente movilizado
entonces en contra de la privatización eléctrica neoliberal.
Merino Mañón y Alfonso Caso habían sido "dignos" operadores
de la estrategia privatizadora de Luís Téllez Kuenzler en el
sexenio de Ernesto Zedillo, por lo que la llegada de Luis de Pablo (temible
"restructurador del sistema ferroviario nacional" ¾entiéndase privatizador-liquidador de los
FNM), no podía anticipar más que la amenaza de liquidación
de LyFC, de cuyo Contrato Colectivo es titular único el SME.
Aunque
la liquidación se evadió, el balance de estos años de lucha
del SME por la consolidación de su fuente de trabajo no es favorable. La
empresa sigue teniendo graves problemas que erosionan su viabilidad como empresa
pública. En ese sentido, de Pablo fue puntual ejecutor de lo que el
priísmo neoliberal se había propuesto: mantener a LyFC
permanentemente en "números rojos" (en quiebra técnica como es el
eufemismo neoliberal).
Otro "hueso", y/o la impunidad
Aparentemente, Luis de Pablo decidió
jugarse su futuro burocrático mediante una maniobra audaz que le
permitiría: continuar en el puesto para seguir ocultando el enorme fraude
cometido en contra de LyFC por la transnacional Unión Fenosa Desarrollo y
Acción Exterior (UFACEX, UF, o simplemente FENOSA, basada en
España que hoy opera en México indistintamente bajo las siglas de
su filial Soluziona), encargada desde 1996 de la fallida modernización de
la entidad; o, cuando menos, retirarse cubriendo sus propias huellas en un
asunto del cual siempre estuvo perfectamente enterado.
A su paso por el
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT),
al cual por cierto también sometió a los grandes grupos
financieros, de Pablo entró en contacto con la transnacional
informática alemana SAGA, socia de Fenosa, empresa responsable por la
venta a LyFC de un sistema informático inservible que
representó no solo una afectación patrimonial para el organismo,
sino el retraso de su proceso de modernización. SAGA vendió a LyFC
la infraestructura informática en que supuestamente operaría el
sistema de Fenosa y con el que se sustituiría la plataforma existente (de IBM).
Modernización de LyFC, asunto de "seguridad nacional"
El oscuro proceso de
modernización de LyFC, iniciado durante la administración
zedillista, continuó rampante durante el foxismo bajo la más
completa impunidad. La información oficial ha sido convenientemente
reservada en absoluta confidencialidad (hasta por 12 años), bajo el
argumento de constituir un "asunto de seguridad nacional". En estas condiciones
habrá que esperar cuando menos otro sexenio para conocer la verdad sobre
un fraude que, no obstante, está ampliamente documentado incluso
oficialmente.
Diversas auditorías señalan desde la ilegal
contratación (sin concurso, otorgada en invitación directa por
Merino Mañón) de Unión Fenosa para desarrollar e
implementar diversos sistemas informáticos, en base a un acuerdo de
cooperación entre México y España de 1990 (ratificado en
1995 con otro, entre LyFC y Fenosa) suscrito por Zedillo y el Rey de
España.
Desde entonces, y hasta la fecha, el proyecto ha sido
financiado de manera ilegal, desperdiciando valiosos recursos lo mismo para el
pago de personal contratado por honorarios fuera de toda norma contractual con
el SME, y a la propia UF con más de 19 millones de dólares (US)
sin incluir la onerosa duplicación de la infraestructura
informática de LyFC (IBM y SAGA).
Modernización eternamente inconclusa
Pero la historia no es nueva. Hacia 1997 el anterior
subdirector (director) Antonio Caso reportaba en su informe anual sobre la
marcha de la empresa, que para ese año "se tenía programado
implantar el nuevo sistema comercial que permitiría eficientar nuestros
controles y el proceso de facturación y cobranza. Sin embargo, en
noviembre del mismo año, personal del área comercial asignado a
esta tarea se transfirió por instrucciones de la Dirección General
al proyecto para diseñar funcionalmente el Sistema de Gestión
Comercial (SGC)”. Así, con unas cuantas líneas, Caso
"enterraba" un proyecto de modernización previo (que tras cinco
años tampoco pudo ofrecer un solo resultado positivo) para despejar el
paso a los sistemas adquiridos a UF. “Por las ventajas y beneficios que
ofrece el SGC sobre el PROCOM, se optó por la decisión de
implantar el SGC en la entidad”, justificó Caso.
Y fue
más allá. En el mismo informe, Caso aseguró que “El
diseño funcional de SGC se concluyó en el mes de abril de 1988 y
sus resultados están compendiados en 13 tomos que corresponden a 10
productos terminados”. Lo mismo aseguró de los otros tres sistemas
comprados a UF (Administración de Recursos Humanos, de Abastecimientos, y
de Información Económica), como parte del mismo proyecto
modernizador. En informes posteriores, y hasta su salida, Caso reportó
avances superiores al 95% para cada proyecto que, sin embargo, jamás
concluyó culpando siempre al SME por la falta de acuerdos laborales para
proceder a la implementación de los sistemas.
De estas
anomalías Luis de Pablo tuvo pleno conocimiento desde su llegada a LyFC.
De hecho, a él le tocó constatar que dichos sistemas eran
funcionalmente inoperantes (con o sin acuerdo sindical), y que los supuestos
avances reportados por Caso habían sido falsificados.
No obstante, de
Pablo solo atinó a "congelar" un proyecto de por sí muerto (y
apestando), cuyas injustificables prórrogas (otorgadas por Caso), por
cierto, ya habían vencido desde el año 2000. De Pablo tampoco
intentó enmendar la innumerable serie de anomalías y afectaciones
del llamado proyecto Juárez (por el edifico de Juárez 90, rentado
por LyFC y entregado a Fenosa como sede del proyecto modernizador). Así,
la duplicación de funciones, la indebida contratación de personal
por honorarios, el gasto excesivo en infraestructura, etc., quedaron impunes y
ni siquiera se investigó o auditó el proyecto para identificar las
causas del fracaso.
De Pablo, cómplice del foxismo.
De Pablo ilustra perfectamente la
tónica del gobierno de Vicente Fox: corrupción e impunidad. A esta
administración tocaba "aprovechar" los cambios impuestos unilateralmente
en el Estatuto Orgánico de LyFC, supuestamente para modernizar y
fortalecer a una empresa dotada de personalidad jurídica propia apenas en
1994 por Carlos Salinas de Gortari. El proyecto fue presentado
públicamente en 1996, cuando Caso (con autorización de la Junta de
Gobierno del Organismo) lo entregó al SME en forma de una propuesta, el
“Programa de Modernización de Luz y Fuerza del Centro” a
realizarse durante los siguientes 5 años.
La propuesta general fue
rechazada por la Asamblea General del SME. No obstante, la
restructuración furtiva de la empresa avanzó por la vía de
los hechos. Justificada en la "inminente" implantación de los sistemas de
Fenosa, se reformó la estructura organizacional (puestos de funcionarios
de confianza) plasmada en el nuevo Estatuto, lo que de Pablo aprovechó
para incrustar en LyFC a su equipo de colaboradores.
Un caso fue el de la
Lic. Martha Martínez quien, en su calidad de Subdirectora de Servicios
Técnicos, tomó la responsabilidad de mantener operando los
sistemas informáticos existentes en LyFC, a la vez que concluir los de
Fenosa. Esta burócrata, ignorante en la materia, se dedicó desde
su llegada a bloquear la ampliación y mejora de los sistemas existentes y
a ocultar, hasta donde le fue posible, el fraude de Fenosa. A su vez,
comenzó a transferir a la nómina formal de LyFC a los empleados
contratados por honorarios adscritos al proyecto Juárez, convencida de
que la implementación de los sistemas de dicha empresa ocultaría
de una vez por todas el fraude.
¿Nuevo intento o pasaporte a la impunidad?
A finales del sexenio foxista, de Pablo
parecía haber encontrado una salida, consistente en implicar al Instituto
Politécnico Nacional (IPN) en el desarrollo de un nuevo proyecto
modernizador, convenio de por medio. El problema, en todo caso, es la
situación legal entre LyFC y Fenosa. En el caso del PROCOM, su
sustitución por el SGC constituyó un daño menor por
tratarse de un sistema "prestado" por la Comisión Federal de
Electricidad. Pero en el caso de Fenosa existe daño patrimonial y graves
responsabilidades que perseguir.
Algunos, sintiéndose urgidos para
demostrar su disposición a la modernización, se muestran
complacidos en abrirse a la participación del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) que, por su parte, también promete sus
mejores oficios para cooperar en la modernización de LyFC.
Desgraciadamente las buenas intenciones topan con errores no superados.
En
base a un nuevo convenio de cooperación, firmado ahora con el IPN
(ignorando a las instituciones del propio sector, como el Instituto de
Investigaciones Eléctricas), se propone realizar un proyecto consistente
en la reingeniería de los procesos comerciales de LyFC. Se plantean dos
etapas, una de análisis y, otra, de desarrollo e implementación de
sistemas, con una estrategia muy similar a la que pervirtió Fenosa con su
fallido proyecto modernizador. La reingeniería no responde a un
diagnóstico o demanda concreta (como no sea generalizar que todo
está actualmente mal hecho) y el desarrollo e implementación del
sistema quedan a cargo del IPN.
Indudablemente que, para realizar un
proyecto de esta naturaleza, LyFC cuenta con el personal y los recursos
capacitados y experimentados, sin negar que el aporte del IPN puede resultar
importante en cuanto a capacitación, actualización y
asesoría. Pero eso es tema de otra discusión.
Antes de volver
a comenzar de nuevo es imperativo despejar toda suspicacia. Llama la
atención, por ejemplo, que se convoque a emprender un nuevo proyecto
modernizador cuando existen contratos vigentes con Fenosa. Ésta, incluso,
apoyada en declaraciones públicas de malos funcionarios de LyFC (como
Horacio Médécigo culpando del fracaso del proyecto al SME),
reclama el pago de adeudos por parte de la paraestatal. Se trata de una
situación que más adelante podría tener implicaciones
legales (reclamos de Fenosa por supuesta propiedad intelectual de los sistemas
resultantes, por ejemplo).
Evidentemente, en este caso no puede haber un
"borrón y cuenta nueva". El asunto de Fenosa debe ser finiquitado legal,
técnica y administrativamente. Ello pasa por exigir responsabilidades a
de Pablo, quien durante su gestión prefirió “nadar de
muertito” en cuanto al caso Fenosa (para garantizar la impunidad de sus
antecesores). Ni el IPN, ni mucho menos el SME, deben prestarse a encubrir las
graves anomalías e ilícitos cometidos por Fenosa y malos
administradores en perjuicio de LyFC.
De Pablo el modernizador
Mientras, de Pablo se promociona de cara al nuevo sexenio.
Recientemente, en una entrevista para la revista Petróleo y Electricidad
(Núm. 106, agosto de 2006) expresaba su visión modernizadora
neoliberal para LyFC, exhibiendo su desconocimiento del sector (y en particular
del Servicio Público de Energía Eléctrica). Para este
funcionario, las soluciones tecnológicas son la solución deseable.
Por ejemplo, de Pablo está convencido de que la implantación
generalizada de las llamadas tarjetas de prepago, similares a las usadas en
telefonía celular o en casetas telefónicas públicas,
mejorarían la cobranza. De Pablo demuestra que no tiene la menor idea de
las condiciones de vida de la mayoría de los usuarios de LyFC (millones),
sus soluciones siempre serán para los menos, es decir, para los
privilegiados.
Evidentemente, LyFC tiene grave rezago en materia de
atención al público, de cartera vencida y de robo de
energía. Sin embargo los problemas más graves de esta empresa no
son los referentes a la “percepción pública” (de
imagen) o incluso el financiero (cuyo origen y respuesta está en otro
nivel y que, por cierto, no se resuelve con nuevos sistemas
informáticos). El problema apremiante de LyFC sigue siendo el
técnico.
La infraestructura de LyFC, su sistema eléctrico,
requiere modernizarse y desarrollarse urgentemente para mantener la continuidad
y confiabilidad del servicio. Solo en materia de generación, LyFC padece
un grave déficit de energía propia. Apenas en 2007 se
instalarán (ante el apremio de la contingencia) las primeras 14 plantas
de Generación Distribuida para reducir el grave riesgo de un colapso de
voltaje en la zona central, incluyendo la capital de la República. Por lo
mismo se autorizó la instalación de subestaciones móviles.
Ambos son paliativos a corto plazo a los problemas de sobrecarga del sistema,
pero no resuelven la balanza energética de LyFC, totalmente negativa:
LyFC no genera ni el 5% de la energía que distribuye, comprando el resto
a precios de reventa, como si fuese una empresa privada.
Otros problemas,
como el robo de energía, dieron lugar a disparatadas acciones (de las que
de Pablo se hizo corresponsable), incluidas en el llamado “Programa de
Reducción de Pérdidas de Energía, PREP 25-15”, cuyo
fracaso lo lleva en el propio nombre. Se trataba de reducir las pérdidas
de un 25, al 15% de la energía manejada; hoy las pérdidas de LyFC
alcanzan el 30%, habiéndose malgastado valioso presupuesto en medidas
como el blindaje de líneas o el cambio indiscriminado de medidores (por
otros “inviolables”), auténticos “palos de ciego”
para enfrentar un problema que de Pablo ni siquiera quiso caracterizar, aunque
demostró conocerlo perfectamente.
En la entrevista citada, de Pablo
comentó que uno de los impactos del crecimiento urbano desordenado (del
que fue promotor, al poner al INFONAVIT al servicio de las grandes inmobiliarias
privadas) es que, las grandes constructoras no realizan los trámites
necesarios para que los nuevos ocupantes de grandes conjuntos habitacionales
regularicen su servicio eléctrico, una vez terminada la obra. Pero le
faltó explicar que son las propias constructoras quienes, escudadas en
cambios a la legislación que les autorizan a electrificar dichos
conjuntos, “se autodespachan” conectándose por cuenta propia
a la red de LyFC (robándose la luz) y heredándole a ésta el
problema de “regularizar” dichos servicios.
Necesaria Integración de la Industria Eléctrica Nacional.
La realidad es que
LyFC ya no tiene para donde crecer. Responsable del servicio en una zona de alta
concentración (el Distrito Federal, y la zona conurbada de los estados
circunvecinos), se plantea una crisis que rebasa su visión de empresa.
Restringida a esa pequeña zona, LyFC satisface la demanda de una cuarta
parte de los usuarios a nivel nacional, mientras CFE atiende la mayoría
del territorio. Pero técnicamente LyFC abarca mucho más,
controlando plantas ubicadas en ambas costas de la República Mexicana,
plantas que sin embargo opera y explota la Comisión Federal de
Electricidad (CFE). Hay pues, evidente intención política.
No
en balde la nacionalización eléctrica fue violentamente
interrumpida por el Estado en 1976, para evitar el desarrollo de una Industria
Eléctrica Nacional, capaz de atender los problemas colectivos desde una
perspectiva integrada. Pero la integración no es solamente una necesidad
técnica, es una condición fundamental para mantener la
soberanía energética. De ahí que intereses imperialistas
promuevan lo contrario, la desintegración en múltiples empresas
generadoras, distribuidoras, comercializadoras, que permitirán al capital
lucrar con lo que debe mantenerse como un servicio público, el de
energía eléctrica, derecho social colectivo de los pueblos.
Los electricistas del FTE pensamos que no basta “modernizar” a
LyFC en términos de empresa, Hay que comenzar a prepararla para encabezar
a la nueva Industria Eléctrica Nacional integrada. Para ello hay que
romper los viejos esquemas de pensamiento, impuesto mediante el terror por el
gobierno y los charros sindicales. Hay que volver a la base, con los camaradas
del SUTERM, quienes han retrocedido en condiciones de trabajo a niveles previos
a la nacionalización, sin un Contrato Único y supeditados a los
proyectos de negocio de las transnacionales y sus gobiernos títeres en
turno. No es fácil, pero se debe comenzar ya.
ELECTRICIDAD: CAPACIDAD, GENERACION, VENTAS Y USUARIOS (2005)
Fuente: V. Fox, Sexto Informe de Gobierno, 2006.
Según estas mismas cifras, las ventas del sector eléctrico
(público) en 2005 alcanzaron casi 175 mil millones de pesos. Los
permisionarios (privados) con la capacidad eléctrica que manejan, y la
generación bruta que han reportado, deben tener en sus manos actualmente
un negocio de cuando menos 15 mil millones de pesos. La capacidad instalada de
CFE incluye a los permisionarios o generadores privados.
Comisión de Energia
