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Volumen 6, Número 81, noviembre 30 de 2006

Siete horas de enfrentamiento del pueblo con los policías-soldados

La resistencia de Oaxaca

Provocación de priístas desatan la violencia y la represión.
El pueblo enfrentó y replegó a la Policía Federal Preventiva.
Decenas de heridos y detenidos, el pueblo resiste organizado.

Provocación, enfrentamiento y represión

Con piedras, cohetones, petardos y tanques de gas utilizados a la manera de lanzallamas, estudiantes y pueblo de Oaxaca se enfrentaron a las fuerzas paramilitares de la Policía Federal Preventiva (PFP). El 2 de noviembre se produjo un violento choque. La PFP respondió utilizando granadas de gases lacrimógenos, lanzadas desde un helicóptero, y agua a presión lanzada por las tanquetas antimotines. Luego de siete horas de combate, la APPO obligó a la PFP a replegarse impidiendo que tomaran la Universidad.

Todo empezó con la puesta en marcha del llamado Operativo Juárez 2006 de la PFP consistente en liberar la circulación de vehículos en el crucero de la calle Cinco Señores y avenida Universidad. A las 8 de la mañana empezó la provocación cuando grupos (identificados por la propia secretaría de gobernación de Fox) pertenecientes al PRI, así como policías al servicio del gobierno de Ulises Ruiz lanzaron cohetones a la PFP provocando el avance policíaco. Los objetivos eran obvios: generar más violencia, justificar la acción de la PFP y reprimir al movimiento.

''No son oaxaqueños y provienen de grupos violentos de San Salvador Atenco y el Distrito Federal, conocidos como cegeacheros y panchosvillas'' dijo el vocero del gobierno de Ulises. “Cuando se le cuestionó sobre la intervención de comandos de choque priístas, aseguró que la administración de Ulises Ruiz ''respeta las expresiones partidistas'' (Méndez E., Castillo G., Vélez O., en La Jornada 3 nov 2006).

Los hechos son evidentes. El gobierno de Ulises promueve la violencia y culpa a otros de la provocación, a sus sicarios “los respeta”. ¡Más clara ni el agua! A pesar de las precauciones tomadas, el movimiento había sido infiltrado por provocadores a sueldo protegidos por los gobiernos estatal y federal.

Provocación de la PFP, ofensiva de la APPO

Ante la situación, la APPO decidió pasar a la ofensiva y convocó a una megamarcha para el 5 de noviembre. También, se acordó la reinstalación de las barricadas por toda la ciudad. Asimismo, se puso énfasis en la disciplina para “no permitir actos de vandalismo, saqueos, quemazones ni detenciones arbitrarias”. Por otra parte, se ordenó el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones de la Universidad, especialmente, donde opera Radio UABJO.

Las transmisiones de Radio Universidad fueron seguidas en vivo en la capital del país y en otros países. En la ciudad de México, maestros e integrantes de la APPO bloquearon 2 horas el Eje Central, en el centro histórico; en Roma, manifestantes italianos se apostaron frente a la embajada mexicana. En el interior del país también hubo acciones de protesta. En Querétaro, una manifestación fue reprimida por la policía municipal; en Acteal, el grupo Las Abejas partió en caravana hacia Oaxaca.

La secretaría de seguridad pública federal informó que el operativo de la PFP “no buscaba tomar la Universidad” pero, agregó, que estaban en comunicación con las autoridades de la Universidad para “solicitarles permiso (sic) para que un contingente de la PFP ingrese (sic) en cualquier momento a las instalaciones ... como parte de las acciones de contención de manifestantes ...” (Méndez A., en La Jornada 3 nov 2006). Desde helicópteros, la PFP había estado lanzando granadas de gas lacrimógeno que afectaron a la ciudad Universitaria pero, la PFP, se dijo “agredida”.

Esta era una obvia justificación, si la PFP no entró a la ciudad universitaria fue porque los estudiantes y el pueblo lo impidieron. La PFP NUNCA ha respetado la autonomía universitaria. En 1999, cuando la PFP rompió la huelga estudiantil en la UNAM “no pidió permiso” para tomar a la ciudad universitaria, detener a miles y encarcelarlos. ¿Por qué, ahora, iba a ser “respetuosa”? Lo que la PFP quería era tomar el campus universitario, quebrar a la APPO y tomar a la radio universitaria.

El operativo de la PFP en las inmediaciones del campus fue una provocación que no le resultó. Antes de ser obligados a retirarse, los policías-soldados habían entrado a la unidad deportiva, trataron de abrir la reja del Instituto de Ciencias de la Educación y helicópteros sobrevolaron el campus lanzando granadas de gas lacrimógeno, según denuncias del propio Rector. Más tarde se supo que varios estudiantes universitarios fueron detenidos y trasladados en esos helicópteros con amenazas de arrojarlos al vacío en pleno vuelo; finalmente, los llevaron a la zona militar oaxaqueña.

Agresión militarmente planeada

Para determinar claramente la situación en el escenario de la confrontación, la prensa dio cuenta que el gobierno federal utilizó un avión espía que sobrevolaba la ciudad de día y de noche (Castillo G., Méndez E, en La Jornada 3 nov 2006). Los campamentos de la APPO fueron, literalmente, “cuadriculados”; las barricadas y desplazamientos de maestros y miembros de la APPO habían sido copiosamente fotografiados.

El avión partía de la base aérea militar número 22, con sede en Oaxaca. Se trata de un vehículo de 2 plazas, piloto y copiloto, que cuenta con sistemas de grabación, equipos de radiación infrarroja y visión nocturna. Estas aeronaves pueden suspender temporalmente sus motores y planear sus objetivos sin ser detectados.

La utilización de estos dispositivos, implica acciones militares de contrainsurgencia. La utilización de soldados disfrazados de policías (PFP) significa que Fox y Calderón decidieron enfrentar militarmente al pueblo oaxaqueño.

En Oaxaca se produjo el enfrentamiento con el Estado. No obstante los esfuerzos de los maestros por resolver el conflicto laboral sin separarse de la APPO y, de ésta por reconocer a los maestros, la división fue creciendo. Se trata de una contradicción inherente al movimiento. Este rebasó los objetivos laborales, el conflicto se tornó político. No es la simple remoción de un gobernador, en otras ocasiones han caído varios, sino el significado político del momento. Se trata de un desafío político a las cúpulas gobernantes y, para éste, es inaceptable la protesta oaxaqueña. En consecuencia, es el Estado el que decidió enfrentar al pueblo y que éste sufriera las consecuencias. De allí las acciones desproporcionadas del Ejército-PFP.

Fascistoide, criminalizar a los agredidos

Para el gobierno de la derecha (Fox-Calderón) la protesta social es un crimen. Los sicarios y provocadores organizan la violencia pero, los responsables resultan los miembros de la APPO, víctimas de esa violencia estatal. A las víctimas se les toma como criminales y, entonces, en vez de tratar de solucionar el conflicto por la vía política, el gobierno federal sigue el camino de la fuerza.

Los hechos son inocultables, la sangre no importa al foxismo-calderonismo. El gobierno no actúa como tal sino como Estado. En la ocupación de Oaxaca y acciones subsecuentes, las operaciones han estado a cargo de la secretaría de la defensa nacional (Sedena), secretaría de marina (SM), secretaría de seguridad pública (SSP), Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) y Procuraduría General de la República (PGR). Es decir, TODOS los cuerpos represivos del Estado. ¿Cómo esperar diálogo en esas condiciones?

Ulises Ruiz, desde temprano paramilitarizó el conflicto mediante acciones terroristas. Una de las características del terrorismo de Estado es el ocultamiento de su accionar. C. Fazio (en La Jornada 6 nov 2006) escribió que esos grupos operativos no se identifican, sus brazos ejecutores visten de civil, las autoridades niegan sus acciones, los ocultan y legitiman la muerte de opositores criminalizando a las víctimas a quienes presentan como “violentas” o “subversivas”, o bien, que forman parte de una “guerrilla urbana”.

Las medidas adoptadas por Fox y Calderón contra los pueblos de Oaxaca son, claramente, medidas contrainsurgentes. Para la ultraderecha gobernante, el “diálogo” NO existe a menos que se identifique con la “rendición incondicional”. El grupo fascistoide de El Yunque solo sabe de la fuerza y ejerce el poder del Estado a plenitud. En Oaxaca están demostrando que NO están dispuestos a ceder el poder que usurparon a ningún precio y que, antes, se habrá de derramar mucha sangre. Para ellos, eso no importa.

La APPO mantiene la movilización

El 4 de noviembre, la APPO denunció torturas y vejaciones a los ciudadanos detenidos por la PFP, varios de los cuales fueron llevados a la zona militar de Oaxaca. La Asamblea consideró que el enfrentamiento exitoso con la PFP había sido un triunfo político. Se anunciaron nuevas medidas que incluían la toma de ayuntamientos y el bloqueo de carreteras. En preparación a la marcha en la capital se denunció que grupos de choque al servicio de Ulises estarían interesados en infiltrar el movimiento para provocar violencia en la marcha del siguiente día.

Una de las demandas del movimiento era la salida de la PFP pero, ese día 4, llegaron 2 mil elementos más. Personal de inteligencia militar se dedicó a provocar en las inmediaciones de la Universidad, varios elementos fueron detenidos y entregados después al Ejército y a la Cruz Roja. La PFP, el Ejército y las policías estatales establecieron retenes en las zonas de ingreso a la ciudad y procedían a revisar vehículos, autobuses y personas con el pretexto de aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña permanente contra el narcotráfico.

En Matamoros, Mazatlán, Veracruz y Acteal se produjeron actos de apoyo a la APPO. Del Distrito Federal, una caravana de observación y solidaridad encabezada por el Frente Sindical Mexicano, la CNTE, la CND y otras organizaciones, salió hacia Oaxaca para participar en la marcha del 5 de noviembre.

El domingo 5 se realizó la gran marcha en Oaxaca. Miles de manifestantes de la capital y otras regiones oaxaqueñas, así como provenientes de la capital y otras partes del país, colmaron las calles de la ciudad. En el mitin, realizado en la plaza de Santo Domingo, la APPO planteó a Fox la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Los maestros de la región Valles centrales declararon que no había condiciones para retornar a clases y denunciaron la detención de maestros en varios de los retenes militares. Se había acordado no intentar llegar al zócalo para evitar enfrentamientos. Aunque algunos intentaron llegar al centro, el mitin concluyó en Santo Domingo sin incidentes. Algunos les arrojaron piedras a la PFP. Elementos de ésta, desde la azotea del Palacio de las Gemas, se dedicaron a lanzar, con resorteras, canicas a los manifestantes. No obstante, la comisión de seguridad de la APO estuvo acertada. La marcha, desde luego, fue vigilada por el avión espía.

En varias partes del país, como Guadalajara, se realizó una nueva marcha de apoyo a Oaxaca. En Palmillas, se hizo una protesta sin afectar la circulación vehicular. En Mazatlán, se realizaron nuevas acciones de protesta; también en Querétaro y Hermosillo. En otras partes del mundo, como Nápoles en Italia, País Vasco, Barcelona y Valencia en España, Lyon en Francia, Berlín y Munich en Alemania, se volvieron a producir manifestaciones de apoyo a Oaxaca.

En la ciudad de México, después de 21 días, 17 miembros de la APPO dieron por terminada la huelga de hambre que sostenían en la capital.

Activa provocación del charrismo sindical

El 6 de noviembre, el comité ejecutivo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) seguía entorpeciendo cualquier acuerdo con la sección 22 de Oaxaca. El grupo de Elba Esther Gordillo acusó a las secretarías de gobernación y de educación de tratar con “un grupo” de la sección 22 que “no tiene personalidad jurídica”. Los charros dijeron que la “negociación unilateral” se estaba llevando “al margen de la representación nacional”. Por supuesto, amenazaron con la extensión del conflicto y aseguraron que “exigirán los más de 41 mil millones de pesos del acuerdo de rebonificación firmado” (sic).

La posición era sumamente obvia: los charros ya habían desconocido al comité ejecutivo de la sección 22, encabezado por Enrique Rueda. A ese comité local le llamaron “grupo” que “no tiene personalidad jurídica”. En esto último, los charros tienen razón. Es su estilo, su mecanismo de control favorito, mantener a TODAS las secciones, y a TODOS los comités locales, sin personalidad jurídica. De esa manera, la representación, cuotas sindicales y manejo de la relación laboral (derechos, salarios y prestaciones sociales) las ejercen UNICAMENTE los charros y sus delegados. La sección 22 les estorba a los charros, desde hace 26 años, por eso la atacan. Rueda no les preocupa porque, pronto, dejará el cargo y es casi seguro que será relevado por alguien de otra de las corrientes internas. Lo que les interesa a los charros es el control económico y político de la sección.

El clero político apoya la represión del pueblo

“La entrada de la policía en Oaxaca, una decisión muy acertada”, declaró Norberto Rivera, cardenal de la iglesia católica metido de tiempo completo a la política de la ultraderecha en México. Norberto ha sido acusado de protector de pederastas pero parece impune a cualquier delito. “Al que viola y asesina, Norberto los persigna”, le gritaron en la Catedral Metropolitana antes de que iniciara su liturgia el 6 de noviembre. El acto fue organizado por un centenar de ciudadanos que llegaron con las manos pintadas de rojo. La protesta fue el resultado de las reiteradas incursiones del cardenal en política.

En otras ocasiones, Norberto había acusado a su “amigo” (sic) López Obrador y al PRD, sin embargo, la protesta es más amplia.

En respuesta, Norberto amenazó con cerrar las puertas de la iglesia si no recibía protección del Estado. A nivel federal y local, Rivera recibió el apoyo policíaco. En varias partes del país, especialmente en el Bajío, los obispos se habían solidarizado e, incluso, cerraron inmediatamente las iglesias bajo su control en plan de abierto chantaje al Estado (sic). Es evidente que el control del clero es cada vez más amplio, la separación del Estado y de la iglesia es algo del pasado; hoy, nuevamente, la iglesia controla, sirve y se sirve del Estado. Todo esto es violatorio de la ley pero, en México, el gobierno es de derecha no de derecho.

Bombazos en la capital, la APPO se deslinda

El 6 de noviembre ocurrieron varios bombazos en la sede nacional del PRI, tribunal electoral y una sucursal bancaria. Otras bombas no detonaron. Cinco organizaciones guerrilleras se adjudicaron los hechos y anunciaron que estas acciones político-militares se ampliarán a las 40 principales empresas nacionales y transnacionales, así como las instituciones políticas y gubernamentales espurias que financiaron y operaron el fraude electoral. En su comunicado, los 5 grupos revindicaron al “heroico pueblo de Oaxaca”.

Dirigentes de estos agrupamientos habían advertido que estaban preparados para intervenir si el gobierno federal reprimía al movimiento de Oaxaca. También habían declarado que los diversos hechos políticos del foxismo estaban posibilitando el reagrupamiento de varios grupos armados. Asimismo, desde octubre anterior habían anunciado un acercamiento para la unificación.

La APPO se deslindó de los bombazos. Como parte de la iniciativa para un diálogo entre la sociedad civil, la APPO y el gobierno federal, se exigió diálogo directo a Fox. La APPO y los maestros señalaron “no tenemos ninguna relación ... con ningún grupo guerrillero. Nos deslindamos de estas acciones, que si bien las entendemos, no las compartimos”. El PRD también se deslindó de los hechos. Sectores defensores de derechos humanos hicieron responsable al Estado por su incapacidad para solucionar las demandas sociales. Algunos intelectuales preguntaron ¿a quién benefician las bombas? y expresaron que los actos terroristas no se justifican, ni siquiera por razones revolucionarias (Rodríguez O., en La Jornada 9 nov 2006).

Eduardo Medina Mora, secretario de seguridad pública, declaró que había una “alerta general” en el país y que las explosiones provocaron que se reforzaran las medidas de seguridad en puertos, terminales aéreas, carreteras federales y puntos fronterizos. Los medios utilizaron los bombazos para exaltar el odio social; los voceros oficiosos de la televisión llamaron, literalmente, a que la PFP “disolviera a balazos”, inmediatamente, a la APPO a la que han venido responsabilizando de la violencia.

El 8 de noviembre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) llamó “a todo el pueblo progresista” a organizarse y hacer patente su inconformidad y solidaridad con el pueblo oaxaqueño. El día 10, una de las organizaciones que se atribuyeron los bombazos, escisión del EPR, manifestaron (en La Jornada 10 nov 2006) que viene “una etapa de resistencia contra la privatización del agua, el petróleo, la electricidad, una tenaz resistencia por preservar nuestra identidad como nación mexicana. Por eso necesitamos unir las diferentes voces y fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas”.

Algo que es cierto es que, en México, las guerrillas son una realidad; esas guerrillas no practican el terrorismo, el espectro es inhomogéneo y han sobrevivido más de 40 años por razones objetivas (Hernández L., en La Jornada 14 nov 2006). Se reconoce que los bombazos no sirvieron al movimiento oaxaqueño, más bien lo perjudicaron, pero quienes lo hicieron no son guerrilleros manipulados por el Estado.

Captura de líderes para la “paz y reconciliación”

El 8 de noviembre se supo que la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) buscaba a Flavio Sosa, dirigente de la APPO, para cumplimentar una orden de aprehensión librada por un supuesto juez cuarto de distrito en materia penal del Distrito Federal. La Procuraduría General de la República señaló que había obtenido el mandamiento judicial contra varios líderes de la APPO acusados de los delitos de sedición, ataques a las vías generales de comunicación e incitación a la violencia.

De acuerdo a la tercera fase del Operativo Juárez 2006, las fuerzas del Estado mexicano debían capturar a la dirigencia de la APPO para llevar la “paz y reconciliación” a Oaxaca. Se proyectaron 200 órdenes de captura contra maestros de la sección 22, universitarios, miembros de organizaciones sociales y de la APPO.

Los objetivos del operativo político-militar estaban muy claros. Se trataba de desarticular totalmente al movimiento. “Política de terrorismo de Estado contra la APPO”, le llamó Flavio Sosa quien, junto con otros líderes tuvo que acogerse a la protección de la iglesia y obtener varios amparos para impedir (sic) su detención. Las medidas de protección eran correctas pero insuficientes, los amparos NO sirven de NADA. Apenas dos días después, la iglesia oaxaqueña les negó asilo a los líderes de la APPO.

Ese día se realizó un mitin en el Hemiciclo a Juárez, de la ciudad de México. Al evento asistió Andrés Manuel López Obrador, a propuesta de la APPO dirigida a la convención nacional democrática para “caminar juntos” en la lucha por la desaparición de poderes en Oaxaca.

Congreso constitutivo de la APPO

El 9 de noviembre, la CNTE realizó un paro con participación mayoritaria de 70 mil profesores en Michoacán; en otros lugares, como Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas, Durango y Morelos, el paro fue parcial.

A ese momento, la APPO había reportado a 334 detenidos, de los cuales 57 permanecían en reclusión, más de 400 heridos, 53 desaparecidos y 17 asesinatos. La APPO señaló que las garantías individuales habían desaparecido en el Estado y que, de hecho, había en Oaxaca un estado no declarado de excepción.

En ese contexto, la APPO convocó a su congreso constitutivo para darle una estructura organizativa al movimiento. Los organizadores dijeron que la dirección que surgiera consolidaría el mando colectivo horizontal que ha caracterizado a la Asamblea. Del congreso surgiría el consejo estatal de la APPO y, luego, se estructurarían instancias regionales. En la nueva organización habría representantes de pueblos, colectivos, sindicatos, grupos sociales y, sobre todo, representantes de barricadas, en cada calle o colonia. “Romperemos los rasgos atávicos que han afectado a la izquierda con sectarismos y vanguardismos que no sirven a sus bases”, dijo uno de los organizadores y, si no ocurriera la salida de Ulises Ruiz, “La APPO caminará por la vía del poder popular”. (Petrich B., Méndez E., en La Jornada 10 nov 2006).

El congreso de la APPO se inició el 11 de noviembre declarando disuelta a la dirección provisional. Se dijo que el gobierno estatal ha tratado de vincular al movimiento de la APPO con grupos radicales para desprestigiarlo pero “esta lucha es civil, pacífica”. El congreso de la APPO acordó sus estatutos, declaración de principios y plan de acción; también se eligió una instancia de coordinación de 260 miembros.

El 15 de ese mes, el consejo estatal de la APPO acordó “sitiar” el centro histórico “para no permitir la salida ni la entrada” de la PFP. Por la tarde, miles de maestros y no docentes marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la salida de la Policía Federal Preventiva.

La respuesta del pueblo oaxaqueño había sido extraordinaria pero la desigualdad de fuerzas era notoria. El enfrentamiento con el Estado no se puede sostener a nivel local, se requiere cobertura nacional en términos organizativos y políticos. A ese momento, el Estado y su gobierno ya había tomado la decisión de “aplastar” al movimiento de la APPO, la utilización de las fuerzas policíaco-militares no se detendría en nada. Los hechos revelaban claramente a los siguientes escenarios.


Las organizaciones agrupadas en la APPO han mantenido la movilización. En condiciones desiguales se han enfrentado a la policía-soldados de ocupación. El Estado ha propiciado la violencia utilizando provocadores y sicarios. La represión violenta ha estado reiteradamente presente.


Los soldados, disfrazados de policías, se abastecen en el aeropuerto de Oaxaca. El operativo a su cargo consiste de tres fases, la tercera implica reprimir al pueblo y detener a la dirigencia de la APPO.

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