Regularización de contratos a transnacionales
¡Estatización en Bolivia!
Nacionalización y Estatización NO son lo mismo; la propiedad es de la Nación
No del Estado.
El decreto de Nacionalización es un hecho político que implica
el derecho de propiedad social.
La Nacionalización es un proceso que requiere de una política energética independiente
Es crucial la integración del proceso de trabajo bajo control obrero y vigilancia social.
La Estatización es un avance, respecto de la privatización, con limitaciones y debilidades.
“Queremos socios no patrones”
El 27 de marzo, Evo Morales señaló
que “están en proceso de discusión y debate los
términos de la nacionalización de los recursos naturales, entre
ellos los hidrocarburos, las reservas de gas, los recursos mineros y
forestales” (Rojas R., en La Jornada 28 mar 2006).
Por su
parte, el vicepresidente, Alvaro García dijo que “con la
nacionalización se recuperará el control de los hidrocarburos a
boca de pozo; se asumirá el control de los procesos de
distribución y comercialización; se buscará el control de
un porcentaje mayoritario de las acciones de las petroleras y se
arrancará el proceso de industrialización del gas
natural.
Al siguiente día, el 28 de marzo, en reunión con
corresponsales extranjeros, Evo Morales fue muy claro. “Vamos a
nacionalizar el petróleo y el gas natural” de Bolivia pero
“No vamos a caer en ese juego de expropiar” (Rojas R., en La
Jornada 29 mar 2006). Con referencia a los hidrocarburos dijo que, ''eso no
puede estar bajo el control de las empresas petroleras. Otra cosa son sus
bienes, su tecnología, eso es de las trasnacionales, eso vamos a
respetar'', porque expropiar los bienes de las trasnacionales ''sería un
error, eso no es nuestro''.
Bolivia “no necesita patrones sino socios”, ha sido una
frase repetida con insistencia por Morales desde su campaña electoral.
''Necesitamos socios pero bajo el control del Estado boliviano'', las empresas
tienen derecho a la ganancia pero no en exceso, ha dicho. Esto es, las
transnacionales nunca han sido excluidas del proceso.
''Pero
además somos muy responsables'', aclara. ''¿Porqué cree que
este gobierno tiene mucho apoyo internacional? Somos serios, responsables'',
expresó en entrevista.
“Nacionalización” de los hidrocarburos
Desde el pozo San Alberto en Carapari de
Tarija, Evo Morales anunció el 1º de mayo la
“nacionalización” de los hidrocarburos de Bolivia. De
inmediato ordenó las Fuerzas Armadas la “toma de todos los campos
petrolíferos en todo el país”. Asimismo, llamó a la
población “a movilizarse ante cualquier intento de sabotaje de
parte de las petroleras”.
Esta sería la tercera
“nacionalización” después de las decretadas en 1937 y
1969. A las transnacionales petroleras se les dio un plazo de 180 días
“para adecuarse ala nueva situación legal” mediante la firma
de nuevos contratos. De lo contrario, esas empresas abandonarían el
país.
De acuerdo al decreto de
“nacionalización” la estatal Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (TPFB) asumirá toda la responsabilidad en el control
de la explotación, la producción y la comercialización de
los hidrocarburos.
YPFB tendrá una participación del 51%
de las acciones en lo que respecta a las empresas capitalizadas. Las empresas
petroleras recibirán el 18% de las utilidades y el 82% restante
será para el Estado boliviano.
En su intervención, Morales
dijo: “pedimos a las empresas petroleras que respetan la dignidad de los
bolivianos, que respeten esta decisión del pueblo boliviano. Si no
respetan, nos haremos respetar a la fuerza, porque se trata de respetar los
intereses de un país”.
Estatización de los hidrocarburos
De acuerdo al decreto 28701, “El Estado
recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos
recursos”. Esto es, ahora, la propiedad sería del Estado. Eso
quiere decir que se trata de un proceso de Estatización lo cual es
una medida CORRECTA aunque limitada.
Estatización y
Nacionalización NO son lo mismo. La nacionalización implica el
derecho de propiedad social no solamente estatal. La propiedad de los
hidrocarburos es de la Nación No del Estado. Estado y Nación No
son lo mismo (ver energía65).
En la exposición de
motivos que precede al decreto, se dice “Que es voluntad y deber del
Estado y del Gobierno Nacional, nacionalizar y recuperar la propiedad de los
hidrocarburos, en aplicación a lo dispuesto por la Ley de
Hidrocarburos”. Es correcto “nacionalizar y recuperar la propiedad
de los hidrocarburos” ¡para la Nación! pero esto último
no se indica. Esto debiera precisarse en el correspondiente Decreto mismo que
debe elevarse a la categoría constitucional. De la Constitución se
derivaría la Ley Reglamentaria en Materia de Hidrocarburos, No al
revés. La Ley de Hidrocarburos es una ley secundaria que debe normar las
disposiciones primarias contenidas en la Constitución.
Como
preludio del decreto se indica que se emite “la presente
disposición, para llevar adelante la nacionalización de los
recursos hidrocarburíferos del país”. Esto supondría
que se trata de un Decreto de Nacionalización. En el artículo 1
del decreto se dice que “se nacionalizan los recursos naturales
hidrocarburíferos del país”. ¡Muy bien! Sin embargo, el
segundo párrafo del mismo artículo 1 se dice contradictoriamente
que “El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control
total y absoluto de estos recursos”.
Hay una evidente
confusión conceptual, políticos y juristas confunden al Estado con
la Nación y, eso, NO es correcto. La nacionalización recupera la
propiedad para la Nación NO para el Estado. La propiedad social, la
industria nacionalizada, queda bajo el CONTROL del Estado pero, éste, NO
tiene el derecho de propiedad porque si así fuera, entonces, sería
más apropiado hablar de Estatización.
La Estatización es CORRECTA pero LIMITADA
En el presente caso, la Estatización se
confirma claramente al indicarse, en el artículo 7, fracción II
del decreto que "Se nacionalizan las acciones necesarias para que Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) controle como mínimo 50
por ciento más uno en las empresas Chaco, SA., Andina S.A., Transredes
SA., Petrobras Bolivia Refinación SA., y Compañía
Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA".
Esto implica que YPFB
adquiere la mayoría (relativa) de “las acciones” en las otras
empresas relacionadas. Eso le otorga un derecho de propiedad PARCIAL; YPFB es,
entonces, una empresa paraestatal con participación PRIVADA. Eso NO es
Nacionalización, es Estatización y PARCIAL. En el caso de Bolivia,
las transnacionales poseen en propiedad los campos petroleros. Eso, tampoco es
correcto.
En un proceso de Nacionalización, TODA la propiedad pasa
a poder de la Nación. Tal propiedad es TOTAL e incluye los recursos
naturales e infraestructura física de la industria en su conjunto. Se
trata de TODA la propiedad, TODOS los recursos y TODA la infraestructura porque
la industria está representada por un conjunto de actividades y funciones
necesarias para desarrollar el proceso de trabajo energético. Este
proceso es una UNIDAD INTEGRADA. Sin INTEGRACIÓN la
Nacionalización ES incompleta.
La Estatización No se
propone la integración por eso es una acción limitada. En el
Decreto, esto se indica en el artículo 2. Según la fracción
I de este artículo: “A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas
petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y
petróleo en el territorio nacional, están obligadas a entregar en
propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, toda la
producción de hidrocarburos”.
Esto es, la producción
de gas y petróleo se entregará “en propiedad” a YPFB
pero, las transnacionales, podrán realizar tales actividades productivas
que representan las fases MAS importantes del proceso de trabajo. Esas
actividades son ESTRATEGICAS y, por lo mismo, deben estar a cargo EXCLUSIVO del
Estado. En esa materia NO deben otorgarse concesiones ni contratos a los
particulares. De otra manera, NO habría dominio de la Nación sobre
la propiedad social y, por ende, no puede hablarse de
nacionalización.
De acuerdo a la fracción II del mismo
artículo 2, “YPFB, a nombre y en representación del Estado,
en ejercicio lleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el
país, asume su comercialización, definiendo las condiciones,
volúmenes y precios tanto para el mercado interno, como para la
exportación y la industrialización”. Está muy bien
que YPFB asuma la comercialización pero no nada más, YPFB debe
asumir TODAS las fases del proceso de trabajo, empezando por la
exploración y explotación del petróleo y del gas, luego su
transformación y, después, su comercialización.
La Nacionalización es un proceso
Algunos juristas han señalado que es impropio
hablar de un proceso de Nacionalización, es decir, por etapas pues
la nacionalización es un solo acto integral. Esa es la vieja
visión según la cual el Decreto (administrativo) es todo. Pero no
es así, la Nacionalización SÍ es un proceso, integral e
ininterrumpido, es decir, sin etapas. Se trata de un proceso porque implica
un conjunto de acciones a realizar en el tiempo y, el proceso es ininterrumpido
porque las acciones no se desarrollan en serie sino simultáneamente y
están sujetas a mejora continua. El proceso puede ser muy rápido
dependiendo de la claridad política y de las acciones consecuentes que se
tomen; también puede ser muy largo y corrompido revirtiendo la
nacionalización.
La Nacionalización No se reduce a un
simple acto administrativo es, ante todo, un hecho político. Pero el
Decreto No es todo es apenas el principio. Más aún, el Decreto
solo sería totalmente insuficiente, reversible y muy asimilable por las
corporaciones transnacionales.
Desde el punto de vista de los
trabajadores, el proceso de Nacionalización implica tres grandes
banderas:
1- Derecho de propiedad social
Esto es, el dominio de la Nación sobre los recursos
naturales energéticos y la infraestructura física correspondiente
que incluye a los campos productores e instalaciones industriales. Se trata del
derecho de PROPIEDAD colectiva social, es decir, de la Nación. El Estado
es parte de la Nación pero No es la Nación. La propiedad social
queda bajo el control del Estado, por supuesto.
La disposición
legal del derecho de propiedad social debe elevarse a la categoría de
norma primaria constitucional. A partir de esta prescripción, el derecho
se confirma y ejerce cabalmente según lo dispuesto por la correspondiente
Ley Reglamentaria en Materia de Hidrocarburos, o de Energía
Eléctrica, en su caso. El proceso inverso sería
erróneo.
En la Constitución debe indicarse claramente,
mediante un artículo o modificación al existente, que el derecho
es de la Nación, es decir, la propiedad es colectiva y social. Asimismo,
ha de señalarse que el Estado ejercerá el control de la industria
misma que realizará por administración directa TODAS las
actividades el proceso de trabajo, cuyas actividades son
estratégicas. Por esta razón, y de manera especial, debe
expresarse que, en esta materia No se otorgarán concesiones ni
contratos a los particulares ni subsistirán los existentes. La ley
reglamentaria detallaría las acciones del Estado en congruencia con la
norma constitucional.
2- Política Energética Independiente
La POLITICA energética afirma, o
desnaturaliza, a la Nacionalización. La industria energética
nacionalizada tiene objetivos radicalmente opuestos a la industria privada. En
el primer caso, el objetivo es la satisfacción de necesidades humanas con
criterio de beneficio social; en el segundo, los propósitos son
únicamente de lucro.
De acuerdo a los objetivos es que se define
la política, la cual es diferente en cada caso. Tratándose de la
industria nacionalizada se necesita de una Política Energética
Independiente, es decir, propia, independiente del Estado, del gobierno en
turno, de las corporaciones y del imperialismo.
La política
energética independiente se ubica en el marco de un Programa Nacional de
Energía y tiene, entre otros objetivos específicos, el uso
racional de los naturales recursos energéticos. En materia de
hidrocarburos, su expresión está en el procesamiento industrial no
en la simple extracción y exportación de las materias primas. Otro
aspecto esencial, es la realización de todo el proceso de trabajo por
administración directa.
Si la política
energética es inversa, la nacionalización es inconclusa. En
México, la situación es muy clara luego de 68 años de
expropiación petrolera. En este caso, la Nacionalización
implicó la Expropiación de la industria petrolera antes en poder
de las transnacionales. Pero, hace más de 30 años se sigue una
política energética contraria a la nacionalización. Hoy se
está apunto de agotar TODAS las reservas probadas de petróleo
crudo porque se ha hecho una explotación irracional de los pozos
petroleros para mantener una absurda plataforma de producción y
exportación.
Por otra parte, la corrupción ha asfixiado a
la industria nacionalizada. Tal corrupción ha sido auspiciada,
precisamente, por una política basada en el Contratismo. La
industria petrolera ha dejado de realizar muchas actividades por
administración directa, cediéndolas (administrativamente) a
más de 10 mil contratistas nacionales y extranjeros. En la
práctica hay una privatización simulada y una verdadera
invasión de transnacionales. En la industria petrolera de México
no solo hay un proceso inconcluso de Nacionalización sino una verdadera
Desnacionalización.
3- Integración del proceso de trabajo
Para poder cumplir con una política
energética independiente, y culminar exitosamente la
nacionalización, es crucial la INTEGRACIÓN del proceso de trabajo.
En la industria nacionalizada el proceso de trabajo se organiza para satisfacer
las necesidades humanas; en la industria privada, es solo para el mercado
atendiendo al proceso de valor.
El proceso de trabajo debe estar
integrado. Dicho proceso incluye TODAS las fases. En el presente caso, desde la
planeación, investigación y desarrollo, exploración,
perforación de pozos, explotación, transporte, procesamiento,
distribución y comercialización. Los aspectos incluyen la
operación, mantenimiento, servicios y administración.
El
proceso de trabajo integrado implica su realización en UN solo organismo
integrado vertical y horizontalmente. Esta es, la Integración
Industrial. Si la industria nacionalizada no se integra incumple sus
funciones y mantiene inconclusa a la nacionalización. Este es el camino
preferido por las transnacionales: desintegrar, el proceso de trabajo y, por
tanto, a las industrias. Manteniendo desintegrado el proceso de trabajo, el
dominio es de las corporaciones no del Estado. Consecuentemente, los objetivos
sociales se desnaturalizan.
Pero la integración por sí sola
No resuelve los problemas. Como se trata del proceso de trabajo, se requiere de
la intervención de quienes concretan tal proceso: los trabajadores. En la
industria nacionalizada los trabajadores tenemos un doble papel: el de
asalariados y el de productores; en el caso privado, solo se tiene un papel, el
de asalariados, subordinados a una política ajena. Ejercer el papel de
productores otorga a los trabajadores el derecho a recuperar su personalidad e
iniciativa en el espacio del saber obrero, es decir, al interior de los centros
de trabajo. Esto implica que los trabajadores, apropiadamente organizados,
debemos ser los encargados de planear, desarrollar, concretar y evaluar el
trabajo de acuerdo a los objetivos d el nacionalización. No se trata de
la simple y egoísta defensa de la materia de trabajo, sino del control
obrero de la producción.
La integración del proceso de
trabajo es crucial para la nacionalización pero es muy difícil.
Las burocracias administrativas y sindicales se encargan de desviar
continuamente a la nacionalización. Dos aspectos centrales son la
corrupción y el bajo nivel político de los trabajadores. Para
ejercer el control obrero se requiere de trabajadores con altos niveles de
conciencia. Pero ocurre que ni al Estado, ni a las burocracias y menos a las
corporaciones les interesa que la conciencia obrera se desarrolle, y menos en el
espacio del saber, de allí que hagan todo lo posible por evitarlo, la
acción favorita es mediante la corrupción.
Ahora bien, SIN
integración NO hay nacionalización cabal porque, simplemente, la
industria nacionalizada No puede cumplir sus objetivos.
¿Integración Industrial o Sociedad Anónima?
Una manera muy sencilla de
desviar a la nacionalización es por la vía de convertir a la
industria nacionalizada en Sociedades Anónimas. El objetivo es claro, con
ello se pretende que la industria nacionalizada funcione como industria privada.
Una empresa estatal, de participación mayoritaria o minoritaria, siempre
está sujeta a las reglas de los socios, mismas que no coinciden con los
objetivos de la nacionalización, siempre se termina por privilegiar los
intereses del mercado no los intereses sociales.
El gobierno boliviano
declaró que se había asesorado por expertos españoles,
venezolanos y mexicanos. No conocemos a esos mexicanos pero es evidente que no
son los mejores ni tampoco son democráticos ni nacionalizadores. Una de
sus “mejores” propuestas, que con insistencia repite la
socialdemocracia en México, es la llamada “Autonomía de
gestión”. Seguramente, ya se la recomendaron a los bolivianos. En
algunas declaraciones a la prensa, los funcionaros de la nueva industria
petrolera boliviana (estatizada) han dicho que YPFB tendrá
Autonomía.
El concepto de Autonomía de Gestión es
contrario a la nacionalización. Con esa denominación,
autonomía de gestión, se da carta de naturalidad a la
corrupción interna, el control del Estado se vuelve nominal y, los
objetivos de la nacionalización desaparecen. Bajo ese concepto, las
burocracias en turno siguen la política energética que quieren,
manejan la renta petrolera a discreción y la Nación no tiene ni
siquiera el derecho a la información.
Una experiencia
ridícula ocurrió en Venezuela. La industria petrolera venezolana
“autónoma” le organizó una Huelga y Golpe de Estado al
presidente Chávez. Las burocracias administrativa y sindical mantuvieron
secuestrado al Estado, con los gastos de los huelguistas pagados por la propia
industria, nacionalizada pero autónoma. En México la
situación es peor, la industria nacionalizada ha sido secuestrada por las
burocracias hace décadas; hoy, la industria petrolera mexicana, es una de
las más ricas del mundo pero vive un proceso acelerado de
autodestrucción.
Distribución de la renta petrolera
El decreto de
“nacionalización” enfatiza los aspectos de la renta
petrolera. Esta vez, las medidas son superiores a lo indicado por la ley de
2005. En el artículo 4 se dice que “Durante el periodo de
transición, "para los campos cuya producción certificada promedio
de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies
cúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá
de la siguiente forma: 82 por ciento para el Estado (18 por ciento de
regalías y participaciones, 32 por ciento de Impuesto Directo a los
Hidrocarburos IDH y 32 por ciento a través de una participación
adicional para YPFB), y 18 por ciento para las compañías (que
cubre costos de operación, amortización de inversiones y
utilidades)".
Entre otras medidas, se harán auditorías a
las empresas que "servirán de base a YPFB para determinar la
retribución o participación definitiva correspondiente a las
compañías en los contratos a ser firmados".
La ley de
hidrocarburos de 2005 establecía un plazo de 180 días para que las
transnacionales suscribieran nuevos contratos y no lo hicieron. Ahora, a las
mismas corporaciones se les dará otros 180 días para que
regularicen su situación. Entonces, se está aplicando la ley de
hidrocarburos de 2005, misma que no satisfizo al pueblo de Bolivia, ni siquiera
al MAS. Solo que, ahora, se adicionan las reformas propuestas por el MAS y se
adornan con la palabra, solo la palabra, “Nacionalización”
pero en el fondo no hay tal.
Necesaria acción obrera
Uno de los aspectos más preocupantes
del proceso boliviano es la confrontación política e
ideológica del gobierno de Evo Morales con la Central Obrera Boliviana
(COB). Morales ha seguido su propia y unilateral política marcada por su
partido político, el Movimiento al Socialismo (MAS), y ha capitalizado
políticamente. Pero, la propuesta inicial fue de los grupos
étnicos bolivianos quienes propusieron, sin teorizar, la
“Industrialización del gas”. Morales también es
indígena pero él no hizo esa propuesta. Después, las
movilizaciones fueron organizadas y dirigidas por la COB, quien puso incluso los
muertos. La propuesta se expresó con toda claridad:
¡Nacionalización! En un principio, Evo no estuvo de acuerdo, incluso
estuvo ausente y opuesto a la movilización. Después retomó
la bandera y la ha manejado a conveniencia.
Sin embargo, la COB y
demás sectores sociales bolivianos tienen un lugar BIEN merecido
aún cuando el actual proceso esté inconcluso. Por la
información disponible, parece que se trata de debilitar más a la
COB. Sería un error político.
Para hacer real y verdadera a
la Estatización se NECESITA de la acción obrera organizada.
Avanzar hacia la Nacionalización No se puede sin la COB. Para ejercer el
control del Estado sobre la industria petrolera en Bolivia se necesita de la
COB. Algunos, deliberadamente, minimizan a la central magnificando sus crisis o
haciendo críticas desmedidas a su liderazgo. Pero si no es con la COB,
¿entonces con quién? Si el gobierno pensara en otra opción,
eso sería una provocación que impulsaría una mayor
confrontación y haría añicos la política de la
socialdemocracia.
La afirmación de la Estatización,
simplemente, no es posible sin la intervención de la COB. Los petroleros
bolivianos tienen un enorme reto, técnico y político, y
sabrán cumplirlo a condición de poner el interés de clase
por encima del interés gremial o estatal. La COB tiene su lugar en el
proceso y debe llenar ese espacio político aún tratándose
solo de la Estatización de la industria petrolera. El gobierno boliviano
tiene la obligación de ser coherente por necesidad. Sin un fuerte apoyo
obrero, organizado y conciente, NO hay “nacionalización” Ni
estatización que se pueda sostener en NINGUNA parte del mundo.
¡Nacionalización SIN Indemnización!
Muchas voces en el exterior han celebrado la
medida de Evo Morales; se sabe que en el interior hay discusión pero se
conocen poco los términos. Muchos aplauden acríticamente la medida
y repiten que es la Nacionalización e, incluso, la ponen de ejemplo a
seguir. En efecto, el FTE de México proponemos la cabal
¡NACIONALIZACIÓN sin indemnización! en los términos
del proceso arriba descrito. Tratándose de la industria eléctrica
y petrolera de México, el camino es la Re-nacionalización SIN
Indemnización. Una propuesta similar se ha hecho otras partes, como en
Bolivia. Pero, el gobierno boliviano ha dicho que no habrá
indemnización. Eso es obvio porque no hay nacionalización sino
Estatización. Bolivia y transnacionales son, ahora, socios como
había propuesto Evo Morales.
Otros dicen que la medida es
inteligente sobre todo porque YPFB está en ruinas. Algo hay de
razón y, la Estatización, permite acciones de realismo
político. Esas son las limitaciones deliberadamente aceptadas porque
existen otros caminos, las transnacionales NO son la única opción
al desarrollo industrial de los pueblos. Más aún, su dinero NO
genera riqueza, la riqueza la genera el trabajo ajeno asalariado, es decir, los
trabajadores bolivianos. Por supuesto, la Estatización es un avance
comparado con la Privatización. Sin embargo, sigue vigente la propuesta
de Nacionalización.
Los trabajadores integrantes del FTE de
México saludamos los avances parciales de la lucha del pueblo boliviano y
esperamos que el proceso se desarrolle en mejores condiciones. Expresamos
nuestra solidaridad con la lucha de los trabajadores petroleros integrados en la
Central Obrera Boliviana. ¡Venceremos!
El pueblo de Bolivia expresó en 2003 la necesidad de rescatar
para la Nación el gas boliviano
Comisión de Energia