Volumen 5, Número 70, diciembre 1o de 2005

Los trabajadores debemos enarbolar nuestra propia Política Energética Obrera

Energía, derecho social

Los recursos energéticos solo deben ser de propiedad colectiva social.
La producción, utilización y uso de la energía es un derecho social de la humanidad.
El proceso de trabajo energético debe estar integrado y bajo control obrero.

Introducción

La energía es fundamental para el desarrollo económico y social del mundo; también es fuente de conflictos políticos. La posesión, dominio y uso de la energía y el agua exacerban la lucha de clases.

Para los trabajadores, la tierra, las aguas, los bosques, los recursos naturales de las plataformas terrestre y marina, son propiedad colectiva social de cada pueblo y nación. Este derecho es inalienable e imprescriptible.

En el centro del debate está el derecho de propiedad. Es tesis histórica de los trabajadores que la industria energética no debe ser sino de propiedad social, jamás privada. Los procesos de trabajo se organizan para satisfacer necesidades humanas. Pero el capitalismo promueve, por la vía de las privatizaciones, el cambio en el régimen de propiedad y la desintegración industrial del sector energético privilegiando solamente el proceso de valor para aumentar la ganancia privada.

Pero los pueblos están en pie de lucha, especialmente en América Latina, en defensa de la industria energética, los recursos naturales y los usos de la energía para el desarrollo. La lucha contra las privatizaciones de las industrias eléctrica, petrolera y de gas, distinguen a la movilización obrera y campesina en México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Perú, entre otros países. ¡Nacionalización sin indemnización! es el reclamo en contra de las corporaciones transnacionales y sus gobiernos.

Privatización, propuesta imperialista

La privatización de la energía y del agua, y en general de todos los recursos naturales, es una propuesta del imperialismo para aplicarse en todo y en todas partes. Las privatizaciones son la fórmula del neoliberalismo para someter al mundo, económica, política y militarmente.

En 1993, a partir de un análisis de la situación mundial, el Banco Mundial propuso un conjunto de recomendaciones destinadas a ser aplicadas principalmente en los llamados países en vías de desarrollo [1]. Como resultado de procesos sociales previos, en varios de estos países, se habían constituido importantes empresas públicas calificadas de “monopolios” por el imperialismo. En consecuencia, éste recomendó las llamadas “reformas” que implican la transferencia de la propiedad y de las funciones estratégicas, del Estado al sector privado transnacional.

Deliberadamente, las reformas omiten el concepto de servicio público, razón de la industria estatal. Dicho concepto ha sido enajenado por las transnacionales eliminándolo en la práctica.

Nefastas experiencias privatizadoras

La aplicación de las recomendaciones de los organismos financieros internacionales ha sido altamente negativa. Aumento de tarifas, deterioro en la calidad de los servicios, uso ineficiente de combustibles y apagones han sido una amarga realidad en Estados Unidos, Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Argentina y Chile, entre otros. Los objetivos de las reformas, regulatorias y financieras, propuestas por el Banco Mundial no se han cumplido ni podrán cumplirse.

Alta corrupción, saqueo de los recursos energéticos (petróleo crudo, gas natural, agua, viento, vapor terrestre), usurpación de la propiedad, expropiación de territorio, invasión continental y marina, cuantiosos fraudes, manipulación de la oferta y la demanda, y crisis de abastecimiento, son algunas de las características de la privatización energética. En ningún caso se ha favorecido el desarrollo social, ni ha mejorado el empleo, ni mucho menos. Lo que ha habido es pérdida creciente de soberanía nacional, explotación irracional de los recursos naturales y enriquecimiento en gran escala de las transnacionales eléctricas, petroleras y gaseras.

Dominio ilegítimo de las transnacionales

Para la privatización neoliberal del sector energético, las corporaciones han creado multitud de empresas y filiales, a veces con denominaciones legaloides y falsas, así como nuevos grupos financieros dependientes de las matrices. En todos los casos, las corporaciones proceden al margen de la legalidad constitucional de los países afectados. Las privatizaciones son actos inconstitucionales e incluso fraudulentos.

Las corporaciones imperialistas dominan el llamado “mercado energético”. No obstante los escandalosos fraudes, cometidos en la crisis de California, Enron mantiene su presencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. No nadamás, las españolas Endesa, Iberdrola y Unión FENOSA son partícipes de la privatización en Argentina, Brasil, Chile, Perú, República Dominicana y México. Incluso, grandes empresas públicas convertidas en transnacionales usurpan el derecho de nuestros pueblos; tal es el caso de Electricité de France, y Gaz de France, en México y otras partes [2].

En materia de hidrocarburos, las grandes transnacionales se han apoderado de los recursos energéticos, incluyendo la explotación, distribución y comercialización de petróleo y de gas natural. British Energy, Shell, Royal Deutch, Totalfina, Exxon, Chevron-Texaco, Repsol e, incluso, Petrobras se enriquecen exorbitadamente saqueando a los pueblos, siempre al margen de la ley. La lista incluye a Mitsubishi, Sempra Energy, Tractebel y muchas más.

Escenario de crisis energética severa

La situación energética mundial es de persistente crisis. La demanda energética mundial sigue al alza y los descubrimientos de nuevas reservas disminuyen. Esto no solo motiva la especulación y manipulación de los precios, sino la escasez y la apropiación privada de los recursos disponibles por cualquier vía, incluyendo la invasión de transnacionales y la ocupación militar.

Según la Agencia Internacional de la Energía [3], en 2002 la demanda mundial de petróleo era de 77 millones de barriles diarios, cifra que casi se duplicaría en los próximos años para llegar a 121.3 millones de barriles diarios en 2030. Más de la mitad de la demanda corresponde a unos cuantos países desarrollados siendo el sector transporte el de mayor dinamismo. Esto, en detrimento de la mayoría de países no desarrollados en los cuales están las mayores reservas de hidrocarburos. De los 10 principales países con importantes reservas probadas de petróleo, exceptuando a Estados Unidos, 9 están en Medio Oriente, Africa y América Latina.

En materia de gas, los pronósticos indican una duplicación en la demanda de gas natural hacia el año 2030 [4]. Se estima que la mayor demanda será por el sector eléctrico. Las principales reservas están en Asia y países de la exURSS.

Son, precisamente, el combustóleo y el gas natural, los energéticos dominantes en los escenarios de generación eléctrica [5]. El mayor consumo eléctrico mundial se registra en los sectores industrial y de servicios. Los 10 altos mercados son Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Canadá, Alemania, India, Francia, Inglaterra y Brasil. Actualmente, la generación eléctrica mundial es a base de carbón pero se proyecta la sustitución acelerada por el gas natural como segundo energético dominante. Esta política está propuesta para aplicarse en países desarrollados y no desarrollados.

También se proyecta incrementar el uso de otras fuentes energéticas especialmente la hidroelectricidad, el viento y la geotermia. La primera representa un importante recurso en ciertas partes mientras que las otras son marginales. En cuanto a la energía nuclear, pocos países están interesados. Tratándose de las emisiones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), los países desarrollados esperan aumentarlas considerablemente.

En el mundo crecen las necesidades energéticas de todo tipo principalmente en los pocos países desarrollados, y en los sectores industrial y comercial. La dependencia de los energéticos convencionales es muy alta y es previsible una severa crisis energética, por dificultades de abastecimiento, en un futuro no muy lejano. La energía es la base de la economía y el mundo no está preparado para utilizar nuevas opciones energéticas mismas que no están aún disponibles. A las corporaciones imperialistas les interesa, únicamente, el aumento inmediato de la tasa de ganancia privada porque no es su objetivo resolver ningún problema social.

Entretanto, más de mil millones de seres humanos viven en el planeta en condiciones de extrema pobreza, sin derecho a la energía, ni al agua y ni siquiera a la vida.

Resistencia de los trabajadores y los pueblos

La resistencia obrera y popular en defensa de los recursos e industrias energéticas, así como de la soberanía e independencia de los pueblos, tiene en Latinoamérica su principal bastión. Sin escuchar a sus habitantes, sin atender razones de ningún tipo, los gobiernos neoliberales se han dedicado únicamente a cumplir las directrices del imperialismo instrumentando las “reformas” en contra de la historia, el sentimiento y la opinión de sus naciones. Esos gobiernos traicionan a sus pueblos.

Los trabajadores, campesinos y pueblo en general rechazan las privatizaciones de las industrias petrolera, de gas y de energía eléctrica. En varias partes, las privatizaciones pudieron ser impuestas por la ausencia de resistencia y lucha organizada. Pero, en otros casos, la movilización ha detenido esos procesos privatizadores. Sin embargo, mientras la resistencia se mantiene en el nivel de la oposición formal, los gobiernos siguen adelante con procesos de privatización simulada o furtiva entregando la propiedad, el territorio y las funciones estratégicas a las transnacionales. Miles de nuevas empresas privadas se apoderan día a día de la generación eléctrica, el transporte, la distribución y el almacenamiento del gas natural, la exploración de reservas energéticas, la perforación de pozos petroleros, la ingeniería y el desarrollo de proyectos.

Al mismo tiempo, los gobiernos neoliberales entregan deliberadamente los recursos naturales energéticos por la vía de las cuantiosas y crecientes exportaciones de petróleo crudo. Esa política es desfavorable porque las naciones productoras se deshacen de la materia prima básica, generalmente a precios bajos, para que el imperialismo las recicle vendiendo excesivamente caros los múltiples productos derivados del procesamiento del petróleo. En varias partes, además, los recursos excedentes obtenidos por las exportaciones petroleras nunca se destinan al desarrollo social sino íntegramente al pago de los intereses de la deuda externa y, en varios casos, a la corrupción administrativa y sindical.

Los pueblos en lucha como México, Bolivia, Perú, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico y otros, están dando una lección al mundo que amerita la solidaridad de todos los países, para profundizar esa lucha. Oponerse a la privatización energética es el punto inicial. Pero es preciso ir más allá, hacia el rescate de la industria energética de cada nación para que dejen de ser fuentes de ganancia privada ilícita y se conviertan en fuentes para el desarrollo social. Las transnacionales deben ser expropiadas, el derecho y soberanía de cada nación sobre sus recursos naturales y patrimonio social colectivo deben ser restablecidos.

Derecho a la energía

El Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México considera que la energía (generación, aplicación y uso) es un derecho social de la humanidad. Hacer realidad este derecho supone el rescate de la industria y recursos energéticos en cada nación, y una orientación social diferente a los propósitos de lucro de las transnacionales.

El accionar organizado de los trabajadores implica tres banderas: 1- El derecho de propiedad colectiva social, expresado en la nacionalización de la industria energética, derecho elevado a la categoría de ley constitucional, 2- Una Política Energética Independiente, orientada a la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros pueblos, y 3- La integración del proceso de trabajo energético, constituido por el conjunto de sus funciones estratégicas, mismas que deben ser realizadas bajo el control obrero de la producción y vigiladas por la organización social.

La lucha contra la privatización energética es nacional por su forma pero requiere el accionar organizado y conciente a nivel internacional, al lado de la Federación Sindical Mundial, única organización obrera comprometida con el interés general de los trabajadores y los pueblos.

Referencias

[1] “El papel del Banco Mundial en el Sector Eléctrico.
Políticas para una reforma efectiva institucional, regulatoria y
financiera
” [ISBN 0-8213-2318-0], 1993, con base en los trabajos
del Departamento de Industria y Energía del propio BM, y sus autores
principales son Robert J. Saunders, John Besant-Jones,
Anthony Churchill y Meter Cordukes.
[2] energía, www.fte-energia.org,
Frente de Trabajadores de la Energía, de México, 2005.
[3] IEA, World Energy Outlook 2004, International
Energy Agency, OECD/IEA 2004.
[4] IEA, World Energy Outlook 2004, International
Energy Agency, OECD/IEA 2004.
[5] IEA, World Energy Statistics, International Energy Agency 2002.


Central Obrera Bolivia en lucha por la nacionalización de los hidrocarburos


¡Nacionalización sin indemnización!: FTE de México
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