El neoliberalismo realiza Privatizaciones Furtivas
Resistencia obrera en México
El Sindicato Mexicano de Electricistas al frente de la batalla.
Los mexicanos rechazamos las privatizaciones eléctrica y petrolera.
Intensa movilización e insuficiente organización social.
El charrismo sindical, CTM y UNT, pilares de las privatizaciones y reformas neoliberales
El FTE de México propone un Programa obrero y un plan de re-Nacionalización.
RESISTENCIA OBRERA A LA PRIVATIZACION ELECTRICA
La lucha en contra de las
privatizaciones, en general, y de la eléctrica, en particular, se inicia
y multiplica a partir del 2 de febrero de 1999, cuando el entonces presidente
Ernesto Zedillo (PRI) dio a conocer a la opinión pública, una
iniciativa de ley que pretendía modificar los artículos 27 y 28 de
la Constitución Política de México. Con ello, se inicia el
proceso de enfrentamiento con el gobierno federal por la defensa de la industria
eléctrica nacionalizada, bandera que es retomada en primer lugar por el
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y, luego, por un conjunto de
organizaciones sindicales, sociales, populares y políticas.
A
partir de la Asamblea General del 11 de febrero de 1999, realizada en el recinto
sindical del SME, se tomaron un conjunto de acuerdos fundamentales para esta
lucha, entre otros, rechazar tajantemente la iniciativa presentada por Zedillo y
su secretario de energía, Luís Téllez Kuenzler; convocar a
la conformación de un gran Frente Nacional en Contra de la
Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE); realizar
mítines de información en todos nuestros centros de trabajo con el
objeto de incorporar a la totalidad de los trabajadores electricistas; publicar
un desplegado público para dar a conocer el punto de vista de la
organización sindical; reunir la mayor cantidad posible de firmas de
trabajadores y del pueblo, en rechazo al intento privatizador.
En los
primeros días de marzo de 1999, en una gran manifestación que
llegó al recinto legislativo de la Cámara de Diputados, se
entregaron más de 2 millones 300 mil firmas recolectadas por los
trabajadores entre la población que expresaban el abierto y contundente
rechazo a la privatización eléctrica. La recolección de
estas firmas no fue fácil, por supuesto, se llevó a cabo mediante
la distribución de millones de volantes, de miles de carteles, cientos de
mantas pegadas en camionetas y centros de trabajo.
Nuestro pueblo supo,
entonces, que existía un sindicato que se había decidido a luchar
en contra de las políticas neoliberales que desde el gobierno federal se
habían venido imponiendo prácticamente sin resistencia. La
respuesta del pueblo fue entusiasta y solidaria. Fue hasta emotivo compenetrarse
con la población, harta de tanto atropello y pobreza, sin que nadie osara
siquiera responder y enfrentarse al gobierno federal.
Pero no
sólo fue la actividad interna y nacional, contó también la
realización de un gran Seminario Internacional contra las Privatizaciones
con la participación de una gran cantidad de sindicalistas y
personalidades democráticas de los cuatro continentes del mundo. Los
participantes expresaron los terribles efectos de la privatización
eléctrica en sus respectivos países. Todos los modelos, eran copia
al carbón del que se pretendía llevar a efecto en nuestro
país.
Para el año 2000, el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) con más de 70 años en el poder, recibió
una derrota estruendosa en el proceso electoral de julio de ese año, por
parte del Partido de Acción Nacional (PAN) que resultó peor.
A través de impresionantes recursos económicos
provenientes del extranjero y de las mafias, las trasnacionales
energéticas subsidiaron la campaña de su candidato Vicente Fox
Quesada, y llevaron a un nuevo partido a la presidencia de la República,
con promesas de campaña que, en el discurso, negaban la entrega de
nuestro patrimonio nacional al extranjero.
LA LUCHA POR EL
RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL
Durante 1999, 2000
y 2001 se sucedieron movilizaciones obreras, encabezadas por los electricistas
del SME, y varias acciones tomadas por la iniciativa de organizaciones
solidarias.
El 24 de abril del 2002, las comisiones unidas del Senado de
la República, emitieron un dictamen contra tres iniciativas de reforma a
los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución Política,
presentadas respectivamente por Ernesto Zedillo (febrero de 1999), el Partido
Verde Ecologista de México (noviembre de 2001) y el Partido de
Acción Nacional (diciembre de 1999). Fue sin duda, un dictamen
trascendente. El Senado determinó improcedentes las reformas
constitucionales, cuyo propósito era la entrega de nuestra industria
eléctrica al capital privado, principalmente extranjero.
Al
día siguiente, el 25 de abril del 2002, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) dio a conocer una resolución en contra del
decreto presidencial de febrero de ese mismo año, sobre el Reglamento de
la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que
pretendía ampliar la cantidad de Megawatts que tendrían derecho de
vender las empresas privadas a las empresas públicas. Precisando que
dicho decreto, violentaba lo establecido en el párrafo sexto del
artículo 27 constitucional, e invadía atribuciones propias del
poder legislativo.
La SCJN fue más allá del análisis
del mencionado Reglamento y estudió el proceso de privatización
eléctrica furtiva en marcha, determinando que se trata de acciones
INCONSTITUCIONALES, es decir, contrarias a la Constitución y por tanto
ilegales y nulas de pleno derecho. La SCJN calificó a los permisos
privados otorgados como verdaderos “fraudes”.
Las
resoluciones emitidas por el Senado de la República y por la SCJN, los
días 24 y 25 de abril del 2002, son dos acontecimientos de una
valía extraordinaria, en tanto que representan circunstancias
inéditas y novedosas del acontecer político nacional. Por vez
primera en la historia política mexicana, dos poderes de la
Federación: el Senado de la República y la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, representando el primero al Legislativo y el
segundo al Judicial, se enfrentaron al poder Ejecutivo de manera clara y
abierta, en un asunto esencial para el futuro de nuestro país: la
soberanía energética nacional.
Los principales argumentos
contenidos en las resoluciones arriba señaladas, recuperan las mismas
razones históricas, políticas y técnicas, que diversas
organizaciones obreras, grupos sociales y políticos de la
oposición democrática e independiente, ofrecimos y planteamos
oportunamente, para rechazar los proyectos privatizadores de la Industria
Eléctrica Nacionalizada.
Los Poderes Legislativo y Judicial, por
diversos intereses e intenciones, recogieron y expresaron, el extenso y profundo
rechazo de millones de mexicanos, integrantes de todas las clases sociales
(incluidos algunos sectores empresariales) a la privatización
eléctrica. Las resoluciones de referencia validan, justifican y
respaldan, el pensamiento y el accionar de las diversas fuerzas populares y
patrióticas que luchamos en la defensa del patrimonio y la
soberanía nacionales y, en especial, de la Industria eléctrica
nacionalizada.
Los diversos proyectos neoliberales de reforma
energética, promueven el abandono gradual de las obligaciones y
facultades constitucionales que el Estado mexicano ha venido practicando, cuando
menos de 1982 a la fecha, en lo que se refiere a los artículos 25, 27 y
28, particularmente en materia eléctrica.
Esta política del
Estado, ha mantenido inconclusa la Nacionalización Eléctrica
llevada a cabo en 1960 sosteniendo, además, una división ficticia
con dos empresas eléctricas (Luz y Fuerza del Centro y Comisión
Federal de Electricidad), impidiendo su cabal integración técnica,
operativa y financiera, e incluso separándolas de los institutos
responsables de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.
Lo anterior, es coincidente con los planes e
intereses del imperio norteamericano, y sus instrumentos financieros: el Banco
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en términos de
imponerle a las empresas públicas, dinámicas empresariales de
carácter privado (fines de lucro, criterios de rentabilidad,
índices de productividad, etc.) al insistir que funcionen bajo la
lógica de una supuesta e irreal competitividad empresarial.
Tales
planes imperiales, son coherentes con las proyectos privatizadores de Zedillo y
Fox, al cuestionar y modificar inconstitucionalmente el concepto de servicio
público de energía eléctrica, establecido en nuestra
Constitución Política en sus artículos 25, 27 y 28, al
aceptar, prácticamente las modificaciones salinistas de 1992 a la LSPEE
que ampliaron y desnaturalizaron la figura del Autoabastecimiento, creando
figuras nuevas como son la Cogeneración, la Pequeña
producción, la Producción independiente y la Exportación e
Importación de electricidad.
Finalmente, dichos proyectos
promueven y permiten la apertura al capital privado extranjero en la
generación eléctrica, el establecimiento de un mercado
eléctrico mayorista para los grandes consumidores en Alta y Media
tensión y el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), aparato privatizador cuya principal actividad ha sido el
fomento y el otorgamiento ilegal e inconstitucional de permisos para la
generación privada.
El discurso neoliberal está amparado en
los mitos del libre mercado y la "sana competencia": garantizar el abasto,
mejorar la calidad y la eficiencia de la energía, reducir costos y
facilitar la libre selección del proveedor. Sin embargo, las experiencias
internacionales demuestran que el panorama real es totalmente
distinto.
La desregulación eléctrica ha generado graves
crisis de suministro del fluido y ha propiciado la reintegración de
monopolios energéticos transnacionales (asociados ahora con el subsector
del gas natural). Las respectivas implicaciones de macro-corrupción,
propiciadas por Enron, son apenas una advertencia de lo que está
sucediendo en lo profundo del modelo neoliberal.
La privatización
implica la aceptación tácita del desmantelamiento de las funciones
básicas en la organización integral y vertical de la industria, es
decir, la separación de la generación respecto de la
transmisión, la transformación, la distribución y la
comercialización de la energía eléctrica.
Esto ha
lugar a la constitución furtiva de una "Industria Eléctrica
Mejicana" (con “jota”, como la denominan las transnacionales) de
propiedad totalmente privada, y que abarca desde la planeación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de
instalaciones para generación de energía eléctrica e
instalaciones relacionadas, hasta la generación y comercialización
de energía eléctrica, mediante infinidad de empresas, subsidiarias
de las grandes transnacionales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren,
según la conveniencia de la "ingeniería financiera"
privatizadora.
OFENSIVA NEOLIBERAL Y RESPUESTA OBRERA
Con lo sucedido los días 24 y 25 de abril del 2002, se asestaron
importantes reveses políticos a los privatizadores neoliberales
empeñados en entregar nuestra soberanía al capital extranjero.
Pero estos, no se dieron por derrotados. El 16 de agosto del 2002, Vicente Fox
envío a la Cámara de Senadores una nueva iniciativa de ley para
reformar los artículos 27 y 28 constitucionales y 4 iniciativas
más de reformas y adiciones a la legislación secundaria. Ello
haría retomar de nueva cuenta el espíritu de lucha y la
convicción patriótica de los electricistas mexicanos en la defensa
de nuestro patrimonio nacional.
El 26 de agosto del 2002, los
electricistas del SME reunidos nuevamente en asamblea general extraordinaria
conocieron y discutieron la iniciativa foxista y determinaron el rechazo total a
este enésimo intento de privatización eléctrica. Se
reactivó la movilización a través de un programa de trabajo
que, retomó la experiencia de 1999, a través de recolección
de firmas, desplegados de prensa, distribución de volantes y carteles,
elaboración de mantas, propaganda vehicular y de medios, nuevos
recorridos por el país, mítines, manifestaciones al Zócalo
de la capital, etc. etc.
Más tarde, el 18 de septiembre del 2003,
la asamblea general del SME acordó rechazar firmemente, las reformas de
1992 a la LSPEE, demandó la desaparición de la CRE, exigió
la cancelación de los permisos inconstitucionales otorgados por dicha
Comisión, determinó continuar con intransigencia la lucha en
defensa del sector eléctrico nacionalizado y, en particular, impulsar e
incorporarse a la realización de la primera Jornada Obrera y Popular en
Defensa de la Soberanía Nacional y en contra del
neoliberalismo.
PRIMERA JORNADA OBRERA Y POPULAR Y LAS CARAVANAS
La realización de la Primera
Jornada Obrera y Popular por la Defensa de la Soberanía Nacional, y la
puesta en práctica de siete Caravanas que recorrieran el territorio
nacional para llegar al Zócalo de la Ciudad de México y encabezar
una gigantesca manifestación de protesta y rechazo a las reformas
estructurales neoliberales, fue una propuesta que presentamos a la
consideración de diversas organizaciones sociales. Conforme se fue
discutiendo, evolucionó en contenido, banderas de lucha, lugares y fechas
de realización, actividades a desarrollar durante su recorrido, y el
qué hacer a la llegada a la capital del país.
Dicha
propuesta, surgió de la imperiosa necesidad de romper el aislamiento en
que estaba desarrollándose la lucha en contra de la privatización,
reducida esencialmente a la zona de trabajo e influencia del SME. Era urgente,
romper el círculo en el que estaba colocado el movimiento. Por ello,
planteamos salir a lugares donde, tradicionalmente, la voz de los trabajadores
electricistas no era escuchada y solamente se oía el discurso adormecedor
de los privatizadores.
La alternativa fue acordada,
estableciéndose su realización, del 15 al 25 de noviembre del
2003. Finalmente, ocho Caravanas recorrerían las principales ciudades del
país con el objeto de llevar a cabo una amplia campaña de denuncia
de la privatización que realiza el gobierno federal. La principal bandera
estaba clara: rechazo a la privatización de las industrias
eléctrica y petrolera. Pero también se incluyeron otras demandas,
tales como, el repudio a la reforma laboral, que pretende hacer añicos
las principales conquistas sindicales y laborales de los trabajadores mexicanos,
y el rechazo a la reforma fiscal que pretende imponer más impuestos, como
el Impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos, medicinas y libros, e
igualmente, gravar todas las prestaciones sociales de los
trabajadores.
Al irse desarrollando la Jornada, el discurso de los
Caravanistas fue enriquecido con la interacción de los trabajadores y el
pueblo. Constatamos los efectos concretos que la política neoliberal ha
provocado en nuestro país. Pueblos páramo, donde sólo
encontrábamos viejos, mujeres y niños; pues los hombres han tenido
que emigrar a los Estados Unidos en busca de oportunidades que su propia Patria
les niega. El campo hecho trizas, sin producción, sin alternativas,
devastado. El mar, concesionado a las trasnacionales marítimas, que
están saqueando nuestra riqueza marina. Los puertos envejeciendo entre
hierros retorcidos, el desaliento y desesperanza de los trabajadores por el
abandono al que han sido sometidos por la política depredadora de los
neoliberales.
Pero también, observamos y percibimos el
ánimo de nuestro pueblo dispuesto a defender a la Patria. Ese
espíritu irredento lo encontramos en todos lados, población tras
población, ciudad tras ciudad. La Jornada fue, sin duda, un
acontecimiento que nos transformó, tanto a los Caravanistas como al
pueblo que estuvo en la movilización. El regreso, se planteó como
una necesidad y una urgencia. Pero, debía planearse de una forma
diferente porque no se trata nada más de pedir apoyo y solidaridad, se
trata de construir entre todos una organización nueva que sea capaz de
expresar la raíz más profunda de la Patria, ese inmenso
sentimiento en defensa de lo nuestro: nuestros derechos sociales de clase, el
patrimonio colectivo de la Nación, la independencia y soberanía
nacional.
En los 10 días de la Jornada, conocimos mejor a nuestro
pueblo y sus organizaciones sociales, conocimos la valía de habernos
atrevido a plantear esta actividad que nos llevó a recorrer más de
100 ciudades, realizando otros tantos mítines, asambleas, conferencias de
prensa, entrevistas de radio y televisión. Recogimos el sentir y el
clamor de miles de mexicanos, que vieron y escucharon con esperanza nuestro
mensaje de lucha, de resistencia y de combate. Constatamos, también, que
aún existe un profundo sentimiento nacionalista entre los trabajadores y
el pueblo, y una disposición plena a incorporarse a un movimiento
nacional en defensa de la Patria y los derechos sociales.
Como corolario,
el 27 de noviembre de 2003, una impresionante manifestación fue realizada
en la capital del país. A pesar de la lluvia y del frío, en
adversas condiciones, quedó claro que cuando existe conciencia y
convicción clasista no existen vicisitudes capaces de vencernos. En
más de 17 ciudades del interior del país se llevaron a cabo
importantes marchas obreras. Esta movilización no se veía hace
décadas, desde los tiempos del exSTERM y de la Tendencia
Democrática del SUTERM. Esta fue una extraordinaria fiesta proletaria
digna de la Jornada nacional y de sus Caravanas. Quedó todavía
entusiasmo para frenar la intentona gubernamental de incrementar el IVA, y de
extenderlo a libros, medicinas, alimentos y prestaciones diversas de los
trabajadores, a través de las movilizaciones de diciembre de
2003.
Sin embargo, a pesar de haberse impedido las reformas
constitucionales, las industrias eléctrica y petrolera están
siendo privatizadas por la vía de leyes secundarias. En el primer caso,
la tercera parte de la capacidad efectiva en generación eléctrica
es ya privada. En el segundo, casi ha concluido la entrega de la Cuenca de
Burgos a las trasnacionales del gas. Igualmente, porciones importantes de la
exploración y explotación del petróleo se han venido
entregando al capital privado extranjero. Todo ello, a través de
inconstitucionales reformas a la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica (1992) y a la Ley Reglamentaria en el Ramo del
Petróleo (1995).
En los últimos 15 años hemos
perdido más soberanía nacional que en todo el siglo anterior. Ante
esta situación, los trabajadores nos plantearnos, con toda seriedad y
firmeza, la necesidad de revertir ese profundo proceso de privatización
furtiva que afecta a las industrias eléctrica y petrolera. Es decir,
tenemos que andar de nuevo el camino para llevar a cabo la culminación de
la nacionalización eléctrica y petrolera en nuestro país.
Para lograrlo, es vital la reorganización democrática del
movimiento obrero especialmente en el sector energético, con el objeto de
democratizar a nuestras organizaciones sindicales, expulsando de ellas, a los
líderes sindicales charros.
SEGUNDA JORNADA NACIONAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL
La ceguera y la necedad de los neoliberales no
tiene límites, es tal su obsesión por concretar sus reformas
estructurales, que para junio-julio del 2004 comenzaron a desarrollar una
impresionante campaña mediática para forzar otra reforma
más, en este caso, la de la seguridad social, y específicamente,
la que tiene que ver con los sistemas de jubilaciones y pensiones.
En
agosto de ese año, el gobierno apoyado por la coalición de
partidos políticos PRI-PAN aprobaron modificaciones regresivas a la Ley
del Seguro Social infringiendo una fuerte derrota al movimiento, mediante una
votación mayoritaria en la Cámara de Diputados que ratificó
la alianza estratégica entre las cúpulas empresariales, lideres
charros del Congreso del Trabajo y la clase política de los Partidos,
Verde ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y
del gobernante Acción Nacional (PAN).
Ello dio lugar a mayores
expresiones de inconformidad y protesta masiva de los trabajadores,
principalmente del Sindicato Nacional de trabajadores del Seguro Social (SNTSS),
del SME, universitarios y pueblo en general.
Los puntos culminantes
fueron, la impresionante manifestación obrera y popular del 31 de agosto
en el Zócalo de la ciudad de México y en la mayoría de las
ciudades de la Republica Mexicana, así como el Paro
Cívico-Nacional del 1 de septiembre de 2004 que se extendió a lo
largo y ancho del país y, principalmente, a los estados de Oaxaca,
Guerrero, Chiapas, México, Jalisco y en la Capital Federal. Paramos
labores, por primera vez en mas de 50 años, alrededor de 600 mil
trabajadores del seguro social, magisterio, universitarios, electricistas,
telefonistas y otros.
Además de la entusiasta
participación de estudiantes, campesinos e intelectuales, que hicieron
suya esta lucha habría otro capitulo importante para octubre de 2005, con
motivo de la revisión contractual del SNTSS. Esperábamos que la
lucha pondría a prueba nuevamente a todos los contingentes de
trabajadores que luchamos en defensa de la seguridad social y de los sistemas de
jubilaciones y pensiones. Así sucedió, los trabajadores expresamos
nuestra decisión de lucha. El SME acordó, incluso, estallar la
huelga en solidaridad con el SNTSS.
Pero, llegó el momento
decisivo y, el 14 de octubre de 2005, los charros sindicales del SNTSS firmaron
con el gobierno de Fox la aceptación de un nuevo Régimen de
Pensiones y Jubilaciones que implica aumentar el número de años
laborados y de edad, para hombres y mujeres, para obtener la jubilación.
Más aún, todos los trabajadores especialmente los de nuevo ingreso
deberán pagar por adelantado sus jubilaciones.
Esta nueva
traición del charrismo sindical, en este caso, afiliados a la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) representa una derrota para los
trabajadores mexicanos. Ahora, la ofensiva se orienta contra los sectores
universitarios, empleados públicos, maestros, electricistas y
petroleros.
Está en la agenda, también, la llamada Reforma
Laboral neoliberal que significa un conjunto de medidas para reducir las
conquistas obreras, empezando por la Jornada de Trabajo y la Contratación
Colectiva. Ahora, la propuesta de los empresarios y el gobierno sería la
contratación individual y el pago por horas, eliminando la Jornada
normal. Otras propuestas implican afectar al derecho de
huelga.
ALTERNATIVAS PROLETARIAS
Al calor de esta lucha, el Frente de Trabajadores de
la Energía (FTE) de México se alzó y, con base en la
experiencia previa y el conocimiento acumulado en las cuatro décadas
previas, propuso a los trabajadores mexicanos la discusión en asambleas,
mítines, reuniones y mediante escritos, de una Ley Eléctrica y un
Programa Obrero.
Este programa tiene hondas raíces, son las
banderas enarboladas por los trabajadores electricista mexicanos en lucha,
especialmente en los años 70 por la Tendencia Democrática cuya
aportación más importante fue, precisamente,
programática.
Nuestro programa Obrero incluye propuestas para ser
ejercidas directamente por los trabajadores, sin el permiso del gobierno ni de
nadie. La primera propuesta es el ejercicio de la Democracia Obrera. Este
derecho ha sido conculcado a los trabajadores mexicanos desde hace ya 6
décadas. El charrismo sindical es sinónimo de antidemocracia pues,
en los sindicatos controlados por el charrismo jamás se toma en cuenta a
los trabajadores, no existen asambleas, ni elecciones, ni vida sindical de
ningún tipo.
El charrismo sindical es, precisamente, la
razón de la debilidad e imagen deplorable que muestra el sindicalismo
mexicano en su conjunto. El charrismo es una superestructura económica y
política muy poderosa. Se trata de un sindicalismo corporativo integrado
a las empresas y gobiernos por la vía de la corrupción y el poder
político. Los métodos para mantenerse al frente de los sindicatos
y desnaturalizarlos traicionando siempre a los trabajadores son la
represión explícita, incluso violenta y armada.
Los charros
sindicales de México no son solo mafias corruptas y violentas sino, ante
todo, una fuerza estratégica creada por el imperialismo para impedir toda
acción de los trabajadores. El charrismo es una propuesta exitosa de la
patronal y gobiernos en turno que rebasan al sindicalismo amarillo, blanco o
socialdemócrata. Se trata de criminales y asesinos. De manera que,
derrotar al charrismo es crucial para los trabajadores mexicanos. De allí
que, la propuesta de Democracia obrera sea clave en nuestro
Programa.
Pero nuestro Programa no se reduce a la lucha gremial interna,
se propone la lucha generalizada expresada en la Reorganización del
movimiento obrero de México. Ante la pulverización existente de
más de 12 mil sindicatos y sindicatitos, la mayoría falsos y/o
charrificados, el FTE propone organizar solamente 20 (veinte) sindicatos
nacionales de industria en otras tantas ramas de actividad productiva. Estos 20
sindicatos serían la base de la Central Unica de Trabajadores de
México.
Se propone, también, la necesaria
Sindicalización de todos los asalariados. Actualmente, la tasa de
sindicalización en México es bajísima, inferior al 10%.
Esto quiere decir que, la inmensa mayoría de trabajadores mexicanos no
están organizados en nada y, consecuentemente, sus condiciones de trabajo
son prácticamente inexistentes.
Otro conjunto de propuestas tiene
que ver con reivindicaciones diversas en materia de Trabajo, Educación,
Salud, Vivienda y Cultura obrera.
Asimismo, nuestro Programa incluye un
conjunto de derechos sociales, entre los cuales, se propone el Derecho a la
propiedad colectiva de los medios de producción, definiendo las
actividades que deben ser estratégicas y realizadas por el Estado de
manera exclusiva. Estas incluyen los hidrocarburos (petróleo y gas), la
energía eléctrica, la energía nuclear, las
telecomunicaciones, el espacio radioeléctrico, el viento, el agua y
otras.
La propiedad social es importante pero se requiere,
también, de la Integración de los procesos de trabajo. Esta es
otra cuestión estratégica porque, la ofensiva neoliberal
está basada, precisamente, en lo contrario. Es decir, el neoliberalismo
promueve y ejerce la desintegración de los procesos de trabajo
desnaturalizándolos en interés únicamente del proceso de
valorización. Eso significan las privatizaciones, por una parte, la
apropiación privada de la infraestructura industrial y recursos naturales
y, por otra, la fragmentación de las fases fundamentales de los procesos
de trabajo. El derecho de propiedad social que proponemos, ha de estar
acompañado por el Control obrero de la producción e
investigación.
Nuestro programa es solidario e internacionalista y
propone ejercer estos derechos mediante la Dinámica Concreta. Esta
requiere la correspondiente organización social expresada en un Frente
Único a nivel nacional, un Frente de Soberanía Nacional (FSN)
estructurado en todo el territorio. Revindicamos, asimismo, el derecho del
pueblo mexicano a su organización política.
En materia
eléctrica, el FTE de México propone 3 banderas esenciales que
representan la concreción de la Nacionalización, misma que no se
reduce a un simple decreto. Las 3 banderas de la (re)Nacionalización son:
1- Propiedad de la Nación bajo control del Estado, 2- Desarrollo de una
Política Energética Independiente, 3- Integración de la
industria energética nacionalizada.
Las propuestas del FTE de
México están contendidas en la correspondiente Ley
eléctrica (ver energía27), la que contempla las acciones a
seguir en las presentes circunstancias de Privatización Furtiva. Entre
otras, se propone, la Nulidad de todos los ilegales permisos otorgados a las
transnacionales, en materia de petróleo, gas y energía
eléctrica, la Expropiación SIN indemnización de todas las
transnacionales que operan ilegalmente en territorio nacional.
Se tienen
también propuestas en materia de seguridad social y derechos obreros,
como sería el Sistema Mexicano de Salud y Seguridad Social
(SIMSS).
En suma, el período 2000-2005 ha sido de intensa lucha
obrera. Desafortunadamente, no ha sido posible revertir al neoliberalismo ni
siquiera detenerlo. Nos hace mucha falta la organización y el programa
propios. El charrismo sindical sigue siendo un fuerte valladar que impide el
accionar obrero y popular.
No obstante, aún cuando son
insuficientes las fuerzas, el ánimo es fuerte y la moral es alta. En este
batallar, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha encabezado las acciones.
Otras organizaciones hemos sido solidarias, en la acción, el pensamiento,
la formulación de propuestas, el debate ideológico, la lucha
política y el desarrollo de la cultura obrera. Seguiremos adelante,
siempre al lado de nuestra organización obrera internacional, la
Federación Sindical Mundial.
¡Hasta la Victoria Siempre!
Sindicato Mexicano de Electricistas en lucha combativa
Comisión de Energia