En 2001 Hernández Juárez recomendaba posponer el retiro
El modelo Levy en Telmex
La reciente reforma a la Ley del Seguro Social no tiene como
objetivo resolver la persistente crisis financiera del IMSS, sino ampliar el
régimen de privilegios de las empresas privadas. La seguridad social ha
venido siendo atacada de manera sistemática, como lo demuestra el caso de
los trabajadores de la poderosa empresa telefónica mexicana (privatizada)
Teléfonos de México (Telmex), cuyo secretario general firmó
acuerdos que precarizan ésta prestación para los
telefonistas.
Visión neoliberal
Aunque los términos legales de su
jubilación no han variado desde la privatización de
Teléfonos de México (Telmex), las condiciones reales en que se
jubilan sus trabajadores significan, hoy día, la reducción de sus
ingresos a la mitad, porque la prestación según la Cláusula
149 de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), se concede con 30 años de
servicios (cumplidos) pero el monto de su pensión jubilatoria contractual
se calcula en base al salario de nómina, eliminando a la hora del
cálculo final los incentivos, que representan hasta un 50%.
No
obstante tal cesión por parte de los trabajadores, la Empresa y el
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), titular del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de Telmex, reconocen que su sistema de
jubilaciones está en crisis. Un cable de Notimex da cuenta que
desde 2001 la "carga financiera" que representa dicha prestación es ya un
"riesgo financiero a la empresa en los siguientes 12 años" (La
Jornada, 25.07.2001), según declaró el secretario general del
STRM, Francisco Hernández Juárez (HJ), advirtiendo
además que "en los próximos años siete mil trabajadores de
Telmex estarán en aptitud de solicitar su
jubilación".
Resulta que, en su controvertida estrategia de
cooperación sindical para la "exitosa" privatización de Telmex, al
"visionario" Hernández Juárez se le pasó en blanco (vamos a
ser ingenuos) el pequeño detalle de que algún día sus
agremiados tendrían que jubilarse y que su estrategia de mantener la
plantilla de puestos básica, así como "el nivel" de los salarios,
aceptando el pago por incentivos, solo tiene valor para los trabajadores
activos, quienes una vez jubilados quedan totalmente desprotegidos.
A
pesar de los bajos montos de jubilación, ésta representa ya,
políticamente, una bomba de tiempo para el STRM. Según
declaró HJ en aquella ocasión, es factible que en los
próximos años "12 de cada 100 telefonistas soliciten su
jubilación". En 2001 Hernández Juárez estimó que
para el 2002 habría al menos 1,500 jubilados más en la
nómina de Telmex y que para éste 2004 alcanzarían la cifra
de 14 mil. Ante tal panorama, Hernández Juárez recomendó a
los telefonistas, desde aquel momento, lo mismo que hoy (*) reiteró en
prensa el director del IMSS, Santiago Levy, a los trabajadores del Seguro
Social: posponer su solicitud de retiro, "si aún están en
condiciones de laborar". No queda más que reconocerle a Hernández
Juárez que efectivamente ha resultado ser todo un visionario...
¡neoliberal!
Solo durante este sexenio foxista se han realizado
3,429 demandas jurídicas promovidas por trabajadores de la
telefónica en forma individual en defensa de sus derechos laborales
(Raúl J. Lescas, Investigador del Movimiento Obrero de la UOM, Revista
Trabajadores, "El movimiento obrero durante el sexenio zedillista"), por el
contubernio entre los representantes sindicales y la empresa. Esta cifra es
más alta incluso que en las empresas del sector energético.
Modernidad privatizadora
Para contextualizar las condiciones acerca de la
pérdida de esta prestación por parte de los trabajadores de
Telmex, así como de las perspectivas de una lucha unitaria por
rescatarlas, vale la pena recapitular históricamente en el desarrollo de
dicha empresa y de sus condiciones actuales, cuyas circunstancias han llevado a
HJ a plantearse con mayor activismo la lucha por el poder político, desde
la coyuntura para la modificación a la LSS, contradiciendo incluso su
evidente alineamiento con los preceptos fundamentales del
neoliberalismo.
En diciembre de 1947 se fusionaron las empresas Mextel
(la primera concesión telefónica en México) y Ericsson para
dar paso a Telmex, que quedó bajo el dominio de ésta
última. En 1949 Telmex (Ericsson) obtuvo del gobierno un convenio que le
favorece en la prestación del servicio de forma exclusiva (con lo que
nace una relación de "favorecida" del estado). Esta fusión
además propició la fusión del Sindicato Nacional de la
Compañía Telefónica y Telegráfica mexicana (SNTTTM)
con el Sindicato Nacional de Telefonista (SINATEL) en el actual Sindicato de
Telefonistas de la República Mexicana (STRM).
En 1958, con el
apoyo del gobierno, empresarios mexicanos adquirieron la totalidad de las
acciones de Telmex, con lo que "el capital nacional" adquirió el control
de la empresa hasta que, en 1972, Luis Echeverría Álvarez
adquirió para la Nación el 52% de las acciones, en una especie de
estatización de facto que le permitió a la empresa
consolidarse como monopolio al absorber a las pequeñas telefónicas
regionales.
A finales de los 70's el crecimiento y modernización
de Telmex no alcanzaban para satisfacer la demanda, por lo que se dio paso a un
plan de modernización que avanzó dificultosamente hasta que,
paradójicamente, fue impulsado por los sismos de 1985 que permitieron la
renovación obligada de las grandes centrales y equipos obsoletos por
sistemas digitales. Este proceso culminaría en 1992.
Para esta
época, en pleno auge de la transformación neoliberal que
comenzó con la privatización de los servicios públicos, se
reestructuró el sistema telefónico nacional para satisfacer la
demanda de los llamados grandes usuarios (la banca, y servicios financieros, las
maquiladoras y las grandes transnacionales) y complementariamente a su
modernización tecnológica, se "desrreguló" el servicio
telefónico, hasta que en 1989 se planteó su privatización
total nuevamente, hecho que ocurrió durante el sexenio de Salinas de
Gortari. Telmex pasó a ser propiedad privada de Carlos Slim y su
grupo.
El impacto en el proceso de trabajo produjo cambios profundos en
las relaciones laborales. El primer convenio de modernización en Telmex
se firmó precisamente en 1989 --antes de la privatización--, y en
él se preveía la modificación de algunas cláusulas
(para condicionar la contratación de nuevas plazas al cumplimiento de
metas de productividad y al compromiso de aceptar todos los equipos que la
empresa considerara convenientes para la modernización del
servicio).
Modernización neoliberal
En esas condiciones, partes del clausulado del Contrato
Colectivo pasaron a ser obsoletas y fueron sustituidas por los convenios
departamentales que habían definido por años las cargas de
trabajo, y que a la postre quedaron reducidos a simples catálogos de
especialidades, que enumeran los perfiles de puestos y sus categorías. Al
mismo tiempo se establecieron mecanismos de movilidad y flexibilización
en la organización del trabajo.
En 1993, la dirección
sindical del STRM firmó otro convenio, esta vez de productividad (de la
mano de obra), que trajo por resultado el pago de parte del salario en
estímulos (incentivos atados al cumplimiento de metas de
producción establecidas unilateralmente por la empresa). Esto, aunado al
paquete accionario que les fue adjudicado a los trabajadores telefonistas
al momento de la privatización, encadenó el desarrollo del
sindicato y de los propios trabajadores (de forma individualizada), al
desarrollo de la empresa. Otro convenio, éste de 1995, compactaría
aún más el tabulador y flexibilizaría aún más
las especialidades.
El salario promedio actual (*) en la nómina de
Telmex oscila entre seis y siete salarios mínimos, que incluye los pagos
adicionales por productividad que pueden representar un 29% adicional,
así como diversas prestaciones que duplican el monto del salario nominal
(Alicia Sepúlveda Núñez, Secretaria de Relaciones y Actas,
Comité Ejecutivo Nacional del STRM, 2000). En pocas palabras, al
jubilarse, los telefonistas ven reducido su ingreso neto hasta en un 50%.
Cooperación sindical neocharra
La “cooperación” ha sido la
estrategia sindical permanente durante todo éste proceso, considerando
que ha sido el mismo individuo quien dirige al STRM desde 1976. El propio
Hernández Juárez, eterno secretario general de esa
organización (se ha reelecto "siete únicas veces") se ve a
sí mismo como un visionario en cuanto a que considera la
privatización de Telmex un "caso de éxito" (del neoliberalismo),
en tanto ha permitido la defensa de los derechos de los trabajadores, al tiempo
que ha permitido el avance de un "nuevo sindicalismo, más
democrático y participativo".
La línea entreguista de HJ ha
significado para los telefonistas además la pérdida de cuando
menos la mitad de los puestos de trabajo a manos del contratismo --o
"tercerización"-- de funciones no estratégicas (como intendencia,
conmutadores, talleres, mensajería, construcción, larga distancia,
etc.), tomando en cuenta la expansión de la empresa por medio de
"filiales" (del grupo CARSO de Slim). Esto sin contar con que la cobertura de
los puestos vacantes por jubilación (o muerte, renuncia, despido o
transformación a empleado de confianza) ya no es automática ni
está en manos del sindicato, sino de la empresa.
"El STRM ha
perdido casi el 50% de su materia de trabajo, pues la empresa, de acuerdo con la
dirección sindical, la ha trasladado a: 1.- Empleados de confianza; 2.-
Empresas Filiales y Del Grupo Carso (Telcel, Sanborns, Imtsa, Cycsa, Telcorp,
Comertel Argos, Teckmarketing, Contelmex, Etc.); 3.- Contratistas; 4.-
Proveedores (Alcatel, Ericsson, Nec, Philips, etc.); 5.- Personal eventual
pagado por honorarios, es decir, sin contrato personal ni colectivo y sin
prestaciones" (Corriente Nacional de Telefonistas por la Democracia, Foro
"La Reforma Laboral y la Situación de los Trabajadores", México,
2001). De esta forma, Telmex crece y se desarrolla, mientras el sindicato se
reduce.
Modelo de sindicalismo en crisis
HJ está empeñado en mantener lo que él
considera "su modelo de sindicalismo" para la era neoliberal, por lo que su
estrategia entreguista no variará. Ambos están en crisis, por lo
que radicaliza su discurso frente a la embestida neoliberal que tarde o temprano
terminará con su "proyecto histórico", si no es capaz de
consolidar una "alternativa" desde la esfera misma del poder político.
HJ, especie de sindicalista-empresario, tiene por resolver dos problemas
estratégicos para la viabilidad de esa dualidad que administra y dirige
(empresa y sindicato), la Jubilación y las vacantes, puntas que cierran
el cerco neoliberal en Telmex para su "proyecto alterno".
Luego de
desprenderse del sindicalismo oficial, aglomerado en el oficialista Congreso del
Trabajo (en el que militan dos grandes sindicatos, igualmente afectados por la
reforma a la LSS, pero sumisamente entregados a la política del estado en
la materia: el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana, el SUTERM) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana, el STPRM), HJ impulsó la creación
de un "ala progresista" representada por la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT), con la que ahora pretende establecer alianzas con el
sindicalismo más radical --los sindicatos llamados independientes (cuya
cabeza más visible es el Sindicato Mexicano de Electricistas, SME)--,
mediante una alianza más amplia con diversas organizaciones sociales y
campesinas agrupadas en el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular), en
defensa de lo mismo que él ayudó a destruir.
Para ello, HJ
cuenta con la simpatía de la oligarquía nacional
¿continental? que le brinda su apoyo para impulsar la constitución
de un "Consejo Económico y Social de Estado", que pretendidamente
sería "el candado" para resolver cada una de las luchas desatadas por la
crisis del modelo neoliberal. Cada vez es más ostentosa la presencia
política de Carlos Slim (cabeza del grupo Carso, dueño de
infinidad de empresas, desde Sanborns hasta Teléfonos de México),
impulsando el mismo proyecto, pero a un nivel cupular.
HJ se siente
apoyado y por ello no abandona su "proyecto". De hecho, su necedad compromete la
posibilidad de realizar una Convención --pero de corte más bien
popular-- como parte del plan de lucha del Frente Amplio que viene
conformándose alrededor de la reforma a la LSS. Actualmente éste
punto está fuera de la agenda de movilizaciones, dado que la
convención no toma el perfil "reformista" que a su central le conviene
(la UNT). A esto se suman las cada día más evidentes desavenencias
con su aliado más poderoso, el SNTSS, cuya bandera principal de lucha es
precisamente rescatar aquello que HJ entregó hace años en Telmex:
los esquemas de jubilación pactados en los
CCT's.
Reto sindical
Así está perfilada la situación.
Gran parte de la incapacidad del movimiento obrero para construir la unidad
necesaria para la organización de acciones concretas, al menos en defensa
de sus intereses fundamentales, radica en la total incapacidad, aún de
líderes "independientes" como Hernández Juárez, para
desarrollar una política obrera realmente independiente. HJ, por ejemplo,
es incapaz de conducir a su propio sindicato, el STRM, a un movimiento capaz de
ejercer la huelga misma en defensa de sus derechos, simplemente por sus
aparentes convicciones personales y por los acuerdos que tiene firmados con el
estado neoliberal para mutilar esos mismos derechos. Y si dice que no, que lo
demuestre.
En el SNTSS ocurre otro tanto, sin embargo los trabajadores
del seguro sí han mantenido una lucha de resistencia de manera que desde
habían impedido la aplicación de los acuerdos firmados por su
secretario general, Roberto Vega Galina.
El problema, en este momento (*)
es muy concreto, se trata de enfrentar unitariamente la coyuntura que
construyó el estado neoliberal para desaparecer la Seguridad Social,
tanto la pactada desde los CCT's, como la Básica, puesto que la reciente
reforma a la LSS no resuelve la crisis financiera del IMSS (ni resolverá
la del ISSSTE). Esa es en este momento la bandera central y ese debe ser el
objetivo de todas las fuerzas representativas de los trabajadores organizados.
Tanto la UNT como HJ en particular tienen la oportunidad
histórica de deslindarse claramente de los charros del CT encabezados por
"La Güera" Rodríguez, pero son principalmente los trabajadores, como
en el caso de los telefonistas, quienes con la claridad política
necesaria, deben retomar el camino de la lucha clasista
.Otras organizaciones
sindicales han dado muestras de serenidad ante el conflicto, pero muestran al
mismo tiempo la convicción suficiente para construir una respuesta
más amplia. Al menos en el tema de la Seguridad Social, la clase
trabajadora y el pueblo están urgidos de un triunfo contundente. En ese
sentido, el paro nacional del 1 de septiembre de 2004, así como la
movilización del día anterior, 31 de agosto, son apenas el
principio de una experiencia por desarrollar que pudiera llegar a la huelga
nacional.
Por lo pronto, es necesario impulsar una Convención
Popular para el día 30 de agosto, cuyo objetivo central debe ser la
recuperación del proyecto de Nación. Ello requiere de la
movilización popular, no solo en los centros de trabajo, sino en las
calles, parques públicos y mercados de toda la
Nación.
Podría tomarse como antecedente la resistencia
popular a la privatización del sector eléctrico nacionalizado, que
generó un importante apoyo nacional. Esa experiencia puede extenderse a
partir de Frentes Estatales en Contra de la Privatización de la Industria
Eléctrica, así como desde las instancias del Frente sindical,
Obrero Campesino y Social que hayan sido creadas al interior de la
República desde el 27 de noviembre de 2003 y de las "promotoras"
regionales. Ello permitiría escalar la lucha mediante un Frente Amplio,
cuyas banderas centrales serían la defensa de la Seguridad Social y por
la Nulidad de todos los contratos y concesiones en materia energética,
así como las que deriven de un programa de lucha popular cuya primera
versión podría tenerse en la Convención Popular del
día 30. (* FTE, 28.8.2004).
¡Unidad, Organización y
Movilización!
¡Consejos Populares en todos los
lugares!
¡Seguridad social para todos!
Comisión de Energia
