La oscuridad de las reformas eléctricas
México espinoso
Atanasio Campos Miramontes/Copenhagen
Urge una reforma en el sector
eléctrico. Sí, pero una reforma a la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica (LSPEE) de 1992, que ponga un
alto a la privatización silenciosa en marcha que conduce inevitablemente
a la fragmentación del sistema eléctrico. En efecto, según
datos de la Comisión Reguladora de Energía, las empresas
extranjeras Unión Fenosa, Iberdrola, Mitsubishi, EDF, Alston, Abenoc,
Transalta, GE/Bectel, etc., cuentan ya con una capacidad de generación de
casi 20 mil Mwh, es decir el 35% del total nacional. Esto demuestra que el
gobierno no requiere de una reforma constitucional para seguir privatizando la
industria eléctrica, sino que son las empresas privadas las que demandan
la certidumbre jurídica prometida.
Sin eludir la considerable
presencia de las inversiones privadas en la generación eléctrica,
es pertinente analizar primero cómo funciona un sistema eléctrico,
qué lo hace sui géneris, en qué estado se encuentran
la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía Luz y
Fuerza del Centro, para luego abordar las posibles variantes y modalidades de
reformas, a fin de hacer más eficiente y moderno el sector. Según
datos de la Secretaría de Energía, México cuenta con un
potencial hidroeléctrico del orden de 52 mil Mwh, y actualmente
sólo se aprovechan 9 mil Mwh, principalmente en plantas con capacidad
superior a los 200 Mwh. Peor aun, la participación hidroeléctrica
se redujo del 20% en 1990 al 17% en 2000. Es decir, prácticamente no se
aprovecha el potencial hidroeléctrico de pequeños afluentes. La
iniciativa privada, los estados y municipios podrían contribuir a
potenciar el sector eléctrico a través de las pequeñas
hidroeléctricas (capacidad menor a los 30Mwh). Además, las
pequeñas hidroeléctricas ofrecen varias ventajas: no requieren
cuantiosas inversiones (en la generación de 1 Kwh se requiere una
inversión de 400 a 600 dólares, 2-3 veces menos que en una
termoeléctrica); rápida recuperación de la inversión
inicial (de 18 a 36 meses); al no requerir de turbinas ni mecanismos demasiado
complejos, potencian la industria nacional; mayor compatibilidad ambiental;
estimulan a la industria regional de la construcción; etc. China, por
ejemplo, atiende actualmente el 35% del consumo eléctrico de la
población rural con base a pequeñas hidroeléctricas.
*****
El sector eléctrico puede convertirse en uno de los motores del
crecimiento. Pero aquí se manifiesta nuevamente la debilidad
histórica del desarrollo económico de nuestro país, y
particularmente la “visión limitada” de los últimos
gobiernos, que en su afán de redimensionar el Estado, lo privaron de una
política industrial. Según el gobierno, para el mantenimiento y
expansión del sector eléctrico, se requieren inversiones de varias
decenas de miles de millones de dólares, que implican grandes obras de
construcción, diseño y construcción de turbinas, miles de
torres de alta tensión, miles de kilómetros de líneas de
alta y baja tensión, centros de control y operación de las plantas
eléctricas, centros de mando y control de los flujos de electricidad,
programas de computo para esos centros, vehículos automotores, etc., con
un alto impacto en la industria y los servicios.
Más allá
de los interminables debates sobre las formas de propiedad, la eficiencia
depende más de la calidad de la gestión y administración
que de la forma de propiedad. Así lo demuestran cientos de grandes
corporaciones de todo tipo, y es particularmente cierto para las grandes
empresas en sectores de suyo complejos, como el eléctrico. Y es de
interés nacional que la CFE y LyFC tengan una excelente calidad de
gestión y administración, pero la única garantía
real es controlando la propiedad de las empresas generadoras y el sistema de
redes de transmisión y distribución. Si es cierto que un
país con enormes rezagos sociales demanda una política
económica que formule un presupuesto para el desarrollo, lo es más
aún para aquellas empresas, como PEMEX, CFE, y LyFC, que constituyen la
columna vertebral de la economía, y representan un considerable potencial
de crecimiento. Por ley, la CFE y LyFC deberían contar con programas de
desarrollo a mediano y largo plazo, debidamente sustentados en una autentica
planeación, y en la formulación de sus presupuestos y balances
financieros. Al respecto, en los países escandinavos la mayoría de
las empresas, públicas y privadas, publican reportes anuales, en los que
de manera clara y sucinta informan sobre los logros alcanzados, estrategia de
desarrollo, filiales, número de empleados, ganancias o pérdidas,
aportaciones fiscales, inversión, deuda, etc. En México dicha
información es un secreto, inclusive para empresas, como PEMEX, la CFE, y
LyFC, que tienen un interés público innegable.
Ciertamente, es necesario dar autonomía de gestión a CFE y
LyFC, aunque sería una medida insuficiente sino se complementa con un
mecanismo efectivo de rendición de cuentas. La autonomía de
gestión, junto con un tratamiento fiscal equitativo, debe estar
supeditada a que los directores de la CFE y LyFC sean ratificados por el
Congreso, previa presentación de planes y programas de desarrollo para la
empresa, así como la aprobación de los resultados de la
gestión inmediata anterior. Es absurdo que un embajador de México
ante un país lejano e irrelevante para nuestra política exterior
sea sometido a una comparecencia y ratificación ante una comisión
del Senado, mientras que los directores de empresas de la relevancia de PEMEX,
la CFE, y LyFC no se someten a un mecanismo equivalente, a fin de evaluar su
competencia profesional y moral, así como sus propuestas para el
desarrollo de la empresa. Esta es una práctica normal en otros
países que han dejado atrás aberrantes practicas patrimonialistas.
La CFE y LyFC deben tener un tratamiento fiscal que estimule su
fortalecimiento, desgravando aquellos ingresos que sean invertidos en mayor
capacidad. Asimismo, se requiere racionalizar la política de subsidios al
consumo eléctrico (de los 13,800 millones de pesos anuales, 7,700
millones corresponden a grandes empresas), para que cumpla verdaderamente con la
finalidad de potenciar a las pequeñas y medianas empresas, y a los
programas sociales. Pero la renta eléctrica debe ser la fuente
básica de los subsidios.
*****
En las propuestas de reforma, incluyendo la que presentó al
Senado el director de CFE, A. Elías Ayub, que plantean preservar
“la rectoría del Estado” a través de la
operación de la red de transmisión y distribución, y la
prestación del servicio, no se abordan cuestiones trascendentales para el
funcionamiento del sector: ¿cómo va funcionar el mercado al mayoreo
de energía eléctrica?; ¿mediante qué mecanismos el
Estado rector asegurará la estabilidad de las tarifas eléctricas a
largo plazo?; ¿mediante contratos de suministro a precios administrados
bajo la formula de ajuste automático mensual, que reflejen las
variaciones de los precios de los insumos -carbón, gas, petróleo,
etc?; ¿será el mercado mediante la oferta y la demanda que
registraría una bolsa?; ¿cómo se garantizará que la
inversión privada derive efectivamente en la expansión constante
del sector y, consecuentemente, en la reducción de las tarifas?; ¿se
establecerá un precio tope que sería el máximo actual?; al
terminar o rescindirse un contrato de suministro entre agentes privados ¿la
CFE se obligará a comprar la energía del generador privado?;
¿recibirán la CFE y LyFC el mismo trato fiscal que los productores
privados?; en un país, donde la simulación y el incumplimiento de
las leyes constituye una añeja tradición ¿cómo se
asegurará el Estado que esas cuantas empresas no recurran a medidas
dudosas para provocar artificialmente crisis de oferta como en California?;
¿el Estado rector realizará inversiones en capacidad de
generación adicional para evitar situaciones críticas en el
suministro de energía?; ¿qué mecanismos se
implementarán para que la expansión del sector sea un detonador
del desarrollo económico vinculado a las nuevas tecnologías
nacionales?; si el argumento es la falta de recursos ¿cómo se
financiará el tendido de líneas de transmisión
ínter-sistémicas, la creación de un centro de mando y
control de los flujos de electricidad que doten al Estado de instrumentos
efectivos de rectoría en el sector?...
Sólo respondiendo a
estas espinosas cuestiones se puede concluir si la propuesta de reforma es
consistente o no. Al modificarse los artículos 27 y 28 de la
Constitución, las facultades del Estado se reducirían a la
planeación del sector, fijar tarifas de generación, respaldo,
capacidad, transmisión y conducción, implementando parcialmente el
modelo de reforma que fracasó en California. Pero una vez reformada la
Constitución, no representaría mayor problema modificar la LSPEE
para avanzar en la implementación del modelo “desregulador”.
Es decir, en situaciones críticas, de “combinación perfecta
de contingencias” que obligan a elevar las tarifas eléctricas, a
fin de restringir el consumo, la CFE como operador de la red, que estará
obligada a garantizar la prestación del servicio, tendrá que
cargar con los costos o, lo más probable, transferirlos a los usuarios, o
bien, con el know how del Fobrapoa-IPAB, a los contribuyentes, haciendo
menos competitiva la economía.
En todo caso, es evidente que el
sector representa un gran interés para las empresas extranjeras. Y no es
para menos: la CFE programó facturar aproximadamente 13 mil millones de
dólares en 2003 (La Jornada, 23.10.03). Pero, desafortunadamente,
las experiencias privatizadoras que han padecido nuestros países muestran
que, cuando se trata de convertir un sector en fuente de beneficios para quienes
“tienen el sartén por el mango”, no hay argumento racional
que valga.
Foto:
www.cfe.gob.mx
Mérida III, central eléctrica privada
La privatización furtiva de la industria eléctrica nacionalizada de México asciende ya al 30
por ciento de la capacidad instalada total, a nivel nacional. La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) ya NO incrementa su capacidad generadora, TODA la nueva generación
eléctrica es privada. Las transnacionales poseen en PROPIEDAD PRIVADA la nueva
infraestructura eléctrica. Sin embargo, la privatización furtiva que lleva acabo el
gobierno federal está explícitamente en contra de lo dispuesto por los artículos
27 y 28 Constitucionales.
Se trata de un
ilegal proceso de desnacionalización: FTE de México.
