El sistema eléctrico norteamericano se fue conformando
de manera “espontánea”, respondiendo a las señales del
mercado, como una complejísima red en la que más de dos mil
empresas generadoras privadas y públicas (estatales y municipales)
responden exclusivamente por el segmento al que atienden o suministran, pero
ninguna responde por la totalidad del sistema.
El modelo de reforma
implementado en el sector eléctrico de California, el estado más
rico de la Unión americana, buscaba crear un auténtico mercado de
energía eléctrica, y la crisis energética de 2000-2001
constituye una lección magistral de cómo funciona dicho mercado.
Inicialmente se planteó a las compañías
energéticas PG&E, SCE y, SDG&E, que controlaban sus propias redes
de transmisión eléctrica, que las cedieran a un operador
independiente –The California ISO (CaISO), que pasó a ser el
responsable de la transmisión y distribución de la electricidad.
Al mismo tiempo se creó el mercado de energía al mayoreo -
Electricity Market (CalPX), la bolsa energética, en la que los
abastecedores y compradores (no necesariamente productores y
consumidores) podían realizar sin mayor problema sus transacciones (como
la electricidad es una mercancía que “no se deja” almacenar,
sin la bolsa difícilmente se puede hablar de un “mercado de
energía”). Además, las compañías generadoras
se obligaban a vender su producción exclusivamente a través del
CalPX. La FERC (Federal Energy Regulatory Commission) fijó el precio
máximo por MWh en $2,500 para las transacciones del CalPX, en
comparación con el precio promedio al consumidor de $33 por MWh
registrado entre 1998 y 1999. Con la enorme diferencia entre el precio
máximo establecido por la FERC y el costo promedio de producción
($150 MWh) se crearon las condiciones ideales para la especulación.
Con el CalPX (bolsa) y el CaISO (control independiente de las redes de
transmisión) se buscaba, en teoría, evitar que las
compañías generadoras utilizaran su posición
monopólica en un área determinada, así como atraer a
compañías de los estados colindantes para fomentar la libre
concurrencia con la subsecuente caída de los precios. Pero nada de eso
ocurrió.
Contingencias naturales, que ningún sistema
eléctrico puede dejar de considerar, como la sequía y las olas de
calor de mayo y junio de 2000, crearon una fuerte demanda de electricidad,
disparando el precio a $750 por MWh en el CalPX, mientras que su costo de
producción era de poco más de $150. No obstante que la California
Energy Comisión advirtió de la inminencia de una sequía y
fuertes olas de calor, las empresas generadoras no sólo no invirtieron en
nuevas capacidades, sino que cerraron varias plantas. Las
compañías generadoras, otrora verticalmente integradas, pasaron a
ser simples productores independientes sin obligación administrativa
legal ante ninguna instancia gubernamental, vinculándose horizontalmente
al sistema a través del mercado –CalPX. Al evaluar sus indicadores
económicos, estas compañías llegaron a la conclusión
de que les sería más redituable parar la generación de 11
millones de KWh (equivalente a la cuarta parte de sus capacidades), para
realizar reparaciones profilácticas, bajo el argumento de que no se
ajustaban a las normas ambientales de emisiones (lo cual implica sanciones del
órgano competente). De esta manera, el nivel de las reservas de
electricidad cayó de golpe de 25 a 1.5%, lo que según las normas
americanas equivale al tercer grado de situación crítica. La
contingencia natural y la crisis tecnológica de inmediato se
transformaron en crisis financiera. El déficit en las capacidades
generadoras de los productores independientes provocó un alza sin
precedentes de los precios. En las horas pico el CaISO -operador independiente
de la red de distribución- llegó a pagar hasta $1,400 por MWh.
Pero como la FERC estableció el tope máximo de $150 por MWh para
el consumidor, las pérdidas diarias del CaISO eran de 50 a 100 millones
de dólares (mdd), acumulando pérdidas por 10 mil mdd al iniciar
2001.
Si bien los beneficios inmediatos para los dueños de las
plantas generadoras se calculan en más de 300 mdd, los intermediarios y
especuladores obtuvieron ganancias mucho mayores, mientras que el gobierno tuvo
que pagar más por el consumo de electricidad, los cortes de
energía se incrementaron en 400%, y una ola de bancarrotas, sobre todo de
pequeñas empresas, no se hizo esperar. La crisis creó una
situación tal, que algunos consumidores mayores, en lugar de emplear la
electricidad en la producción, optaban por revenderla. En efecto, en 1995
los productores de aluminio suscribieron con el gobierno contratos a largo
plazo para el suministro de energía a $22.5 por MWh. Obviamente se
volvió más rentable revender la energía eléctrica al
propio gobierno que la suministraba, que utilizarla en la producción de
aluminio. La Compañía Káiser de aluminio, por ejemplo,
obtuvo en el año 2000 ganancias superiores a 50 mdd, comprando
electricidad a $22.5 el MWh y revendiéndola al gobierno a $555.
La reforma de mercado en el sector eléctrico de California
arrojó resultados en poco tiempo: aumento excesivo de las tarifas,
numerosos apagones, distribuidoras de energía en crisis financiera, y el
endeudamiento del gobierno de California por casi 30 mil mdd. Según sus
autores, elaborar y preparar las condiciones para la implementación de la
reforma les llevó más de diez años, pero bastaron unos
cuantos meses para que el “libre mercado” de energía
eléctrica en California, con toda su inmensa riqueza y adelantos
tecnológicos, provocara una crisis generalizada de abasto de
electricidad.
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