Tecnificación sofisticada y represión ¿única solución?
Privatización
y pérdidas eléctricas
Negativas experiencias confirman la relación entre la
privatización y el aumento de las pérdidas eléctricas (robo
de electricidad). Las soluciones planteadas mediante tecnología
más sofisticada no solo encarecen la operación del sistema, sino
que son insuficientes, dada la magnitud del problema; mientras que las de orden
jurídico resultan francamente fascistoides. La privatización de la
electricidad a favor de las transnacionales plantea nuevos problemas
sociales.El fenómeno del robo de electricidad sigue
en aumento [ver “Nueva iniciativa privatizadora
‘ecologista’”, en
energía 59]. Las altas
tarifas, producto de la privatización (abierta en algunos países o
furtiva en otros, como es el caso de México), así como el
crecimiento desordenado de grandes núcleos de población producto
de la reindustrialización globalizadora, provocan que los usuarios
recurran cada vez con mayor frecuencia a la auto-conexión (clandestina,
con o sin equipo de medición) y/o a la alteración del medidor (por
su cuenta o auxiliados por trabajadores corruptos). Para enfrentar dicha
problemática se desarrollan procedimientos operativos y dispositivos
tecnológicos, destinados a la detección automática de
ilícitos; no obstante el avance es mínimo, lo cual evidencia la
necesidad de elaborar al menos un análisis más profundo.
El
robo de electricidad, componente principal de las eufemísticamente
llamadas “perdidas no técnicas” se asocia a la llamada
reforma eléctrica a nivel mundial y, por ello, es motivo de estudios a
partir de diversas experiencias en el proceso.
El caso de México
En México, por ejemplo, en la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro (LyFC) --que suministra electricidad para cerca de 6 millones
de hogares en la Ciudad de México y parte de la zona central del
país --, las pérdidas sobrepasan actualmente el 29% de la
“energía recibida” (LyFC genera menos del 3% de la
energía que distribuye, adquiriendo la mayor parte a la Comisión
Federal de Electricidad, CFE). La mitad de dichas pérdidas --cerca del
15%--, son pérdidas "no técnicas", en Baja Tensión (es
decir, corresponden al sector de consumidores domésticos). Entre las
causas de éste quebranto destacan: "medidor alterado" (equivalente al
4.06%), "instalación clandestina" (3.33%) y "asentamientos irregulares"
(2.19%).
Las últimas dos corresponden, según el director de
la empresa Luis de Pablo Serna, al crecimiento desordenado de la ciudad de
México y la zona conurbada, donde “de la noche a la
mañana” aparecen no solo nuevos asentamientos irregulares, sino
grandes colonias populares a los que la empresa tiene que surtir de fluido
eléctrico, sin contar con los recursos necesarios (medidor,
postería, e incluso capacidad disponible).
Para remediar la
situación, LyFC ha recurrido a costosas campañas publicitarias en
los medios de comunicación, para advertir (con poco éxito) las
consecuencias e implicaciones legales del robo de electricidad; de igual manera,
se ha tratado de redoblar la inspección física de las
instalaciones, e incluso ha recurrido al "blindaje" de tramos en las
líneas de distribución y medidores o a cambiar por redes
subterráneas, con enorme inversión y pocos resultados. En el
aspecto tecnológico se planea ya el uso de sofisticados (y costosos)
equipos detección de fraudes y al análisis estadístico de
los patrones de consumo. Todo con cargo al presupuesto de la empresa, lo que
aumenta su elevado déficit de operación.
India, cifras reales revelan la magnitud del problema
Otro caso digno de revisar es el de la India, donde la empresa
pública Andhra Pradesh State Electricity Board (APSEB) que atiende a
aproximadamente 12 millones de usuarios reportó pérdidas
acumuladas por robo de energía de casi 1,000 millones de dólares
(hasta 1997) [1]. A partir de1998, cuando el gobierno de aquel país
privatizó la distribución de energía eléctrica en la
región (APSEB fue dividida en una empresa de generación, una de
transmisión y cuatro más de distribución), se instituyeron
“nuevos procesos de negocio” y se hicieron "profundos cambios
estructurales" en sintonía con una nueva cultura laboral. Un verdadero
“borrón y cuenta nueva”.
En 1999, un
diagnóstico del problema determinó que solamente 38% de la
energía distribuida había sido facturada de acuerdo al consumo
medido, por lo que a partir del año 2000 el gobierno lanzó una
intensa campaña en contra del robo de energía, además de
endurecer (apoyada por el Estado) las sanciones legales y facilitar su
aplicación en contra de los infractores (consumidores y los propios
trabajadores que incurrieron en prácticas de corrupción).
Como en el caso de la Water and Power Developmente Authority de
Pakistán, la base del proceso fue reforzar la acción represiva del
Estado en respaldo de las empresas privadas y el empleo de más de 2 mil
equipos de inspección. Adicionalmente, se “transparentaron”
los reportes de inspección y se “agilizaron” los
trámites para la regularización de servicios en fraude. En 2003 el
gobierno de Andhra Pradesh reportó que las pérdidas totales en
distribución se habían reducido a un 26%. En el proceso se tomaron
“medidas disciplinarias” en contra de 218 empleados y se
emprendieron acciones legales contra otros 87, al mismo tiempo se arrestó
a más de 2 mil consumidores.
Argentina, manipulación del BM y FMI
Un ejemplo más, que ilustra un enfoque totalmente distinto
(aunque igualmente inadecuado) al problema del robo de energía, es el de
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se reportó que en el periodo
en que las empresas distribuidoras pertenecieron al Estado las pérdidas
"no técnicas" rondaban el 25% de la producción de electricidad y
que, en cambio, a partir de la privatización éstas se redujeron a
menos del 5% [2]. Tal cosa, sin embargo se debe en gran parte a un acuerdo entre
el gobierno federal y provincial de la ciudad que se comprometieron a rembolsar
a las empresas distribuidoras “el faltante” de energía,
correspondiente al consumo en las zonas marginadas cuyos habitantes se conectan
ilegalmente. Este convenio fue efectivo a partir de la privatización del
servicio en dicha ciudad (1994) con el compromiso de que tal subsidio
financiaría la expansión de la red de manera que pudieran
regularizarse esos servicios (con conexiones legales, incluyendo equipo de
medición).
Posteriormente, partiendo de la base de que los
consumidores con conexiones ilegales correspondían a los estratos
sociales de más bajos ingresos, se instalaron medidores de prepago y se
estableció un consumo promedio por hogar en las zonas marginales
correspondiente a 1 kwh que pagaría el gobierno para evitar el corte de
energía en esas zonas. La base del acuerdo era cubrir cuando menos los
costos de operación de las empresas distribuidoras.
No obstante
carecer de cifras confiables para estimar las pérdidas reales, tanto las
autoridades como los administradores de las empresas distribuidoras admiten que
importantes zonas de Buenos Aires aún se encuentran conectadas de manera
irregular a la red de distribución, y que el pago por consumo de
energía no es constante ni oportuno. Por su parte, los consumidores
denuncian que en los hechos existe un suministro cada vez más
diferenciado entre las zonas marginales y aquellas que habitan las clases medias
y altas. Un problema constante en aquel país ha sido la imposibilidad de
establecer de un esquema tarifario equitativo, que a la vez permita un
suministro confiable. Cabe recordar además que en 1999 un apagón
dejó sin servicio gran parte de la ciudad de Buenos Aires por más
de diez días (unos 160,000 servicios domésticos).
La
percepción generalizada es que el impacto en el precio de la electricidad
--producido por la reforma eléctrica-- afectó principalmente a los
usuarios de bajos ingresos. No obstante el Fondo Monetario Internacional ha
insistido en que el gobierno argentino debe incrementar las tarifas como una
condición para refinanciar la deuda externa de aquel país.
Electricidad, propiedad social y colectiva
Algunos especialistas reconocen que "buena parte de las reformas del
sector eléctrico --enfocadas en la privatización-- en los
países en desarrollo permanecen paralizadas y otras han sido de plano
abandonadas"[3] atribuyendo el fracaso a la complejidad técnica del
sector eléctrico, cuya reforma está plagada de intereses
políticos y enfrenta “fuertes antagonismos”. Estos mismos
especialistas reconocen que uno de los axiomas fundamentales de la
inversión privada es que ocurre "voluntariamente", aunque omiten aclarar
que dicha “voluntad” obedece más bien a intereses
económicos y no sociales, por lo que obtener los recursos que se
requieren para remediar los problemas que genera la privatización
neoliberal es poco probable.
Por otro lado, esos mismos especialistas
denuncian la interferencia de partidos políticos y en general, de
intereses “no técnicos”, que “confunden los objetivos
de la reforma con logros económicos o mejoras rápidas en la
calidad del servicio”. No mencionan que dichos planteamientos fueron
precisamente los que el propio Banco Mundial (BM) promovió ampliamente
para lograr la aceptación de los gobiernos de los países en
desarrollo, principales afectados por la reforma y siempre supeditados a las
políticas del BM y el Fondo Monetario Internacional
(FMI).
Así pues, el debate adquiere nuevas dimensiones a partir de
los nefastos efectos de la privatización para los más pobres.
Siendo la electricidad un recurso fundamental para el desarrollo de los pueblos,
su propiedad está en el centro de la discusión. Para las clases
marginales, la estructura de mercado eléctrico resulta perniciosa por lo
que, la propiedad y el control de la industria eléctrica no puede ser
sino social y colectiva.
¡No a la privatización de la Industria
Eléctrica!
¡Expropiación
sin indemnización de todas las
concesiones!
¡Tarifas sociales
y propiedad energética social!
Referencias
[1] Controlling electricty theft and improving revenue. The World Bank
Group, Public Policy Journal, dic. 2004 (Note number 272).
[2] Electricty market reform in Argentina: Assessing the impact for the
poor in Buenos Aires. James Haselip et al. Utilities Policy, vol 13, num. 1, mar
2005.
[3] Power Sector Reform: experiences from the road, MB Rosenzweig et al,
The Electricity Journal Vol 17, num. 9, nov 2004.
¡No a la privatización energética! ¡Sí a la política
energética independiente! FOTO: fte
Comisión de Energia