Volumen 5, Número 61, abril 25 de 2005

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El Poder Judicial comprado por foxismo y transnacionales


La Suprema Corte avala
a transnacionales



La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2004 irrefutables ilegalidades en los permisos privados de generación eléctrica e hizo “recomendaciones” para corregir. Fox interpuso una controversia para impedir cualquier acción. Ahora la Suprema Corte descalificó a la ASF por “excederse en sus facultades”. La Corte avala el camino para “legalizar” los permisos fraudulentos como los calificó en su propio dictamen de abril de 2002.


La Corte ignora, deliberadamente, la Inconstitucionalidad

Resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que las concesiones en materia de generación eléctrica sí son legales, aunque mañosamente se ahorró dictaminar si son constitucionales, que es el centro de la discusión. Con esa determinación de la SCJN, resultan “legales” también los contratos otorgados por CFE a particulares para la compra de electricidad y, de paso, elimina cualquier atribución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF A esto se reduce el estado de derecho en México A esto se reduce el estado de derecho en México.

El aberrante fallo de la Corte representa un triunfo para Vicente Fox y su estrategia para, a través de la vía “litigiosa”, seguir entregando al gran capital la generación de electricidad (aunque, una vez despejada “la vía legal”, entregará también los hidrocarburos, los servicios públicos, etc.).

No disponemos aún de la transcripción del debate, pero la prensa ya da cuenta de cómo, al resolver la controversia constitucional que presentó hace un año Vicente Fox -para defender “su derecho" a concesionar la generación de electricidad a empresas particulares (contrario a la Constitución, según había determinado la ASF) la Corte- deja definitivamente sin efecto las recomendaciones que dicha Auditoría emitió a las distintas entidades, Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Secretaría de Energía (sener) y, a través de ésta, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependientes todas del poder Ejecutivo, para que modificaran "la forma y condiciones, conforme a las cuales la CRE ha venido expidiendo permisos para la generación de energía".

En su oportunidad, la ASF puso en entredicho la legalidad (pero también cuestionó la constitucionalidad misma) de los contratos de CFE con los productores independientes, a partir de las muchas irregularidades detectadas por dicho organismo, en la revisión de la cuenta pública del 2002. Cabe recordar que las indicaciones de la Auditoría al Ejecutivo, contenidas en tres oficios (OASF/763/04, OASF/692/04 y OASF/505/04) ya habían sido suspendidas por la SCJN, al momento de dar entrada a la controversia, con lo cuál jamás tuvieron efecto, fueron “letra muerta”.

Fue el ministro Juan Díaz Romero, responsable de la instrucción del juicio, quien propuso declarar fundada la demanda de Fox y anular en consecuencia las recomendaciones de la Auditoría "por considerar que excedió sus atribuciones". Tal propuesta se aprobó en pleno con seis votos en favor y cinco en contra. Fox se apunta así un triunfo “legal”, que sienta además un grave antecedente jurídico, con el que seguramente buscará impulsar la aprobación en el Legislativo de alguna iniciativa que "alinee la Constitución" a la realidad jurídica fabricada con esta resolución de la Corte.

Los ministros que votaron a favor fueron: Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela. Quienes votaron en contra fueron José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

La Corte sirve a las transnacionales

Como lo señalamos hace meses en energía, la base "moral" del alegato de Fox era la defensa a realizar "lo que le venga en gana", sin que nadie le contradiga o le pida cuentas. Hoy la SCJN le concede razón, con el beneplácito de las transnacionales: "La ASF no tiene las facultades para cuestionar la situación jurídica de los permisos privados", ha declarado de inmediato Eduardo Andrade, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eléctrica, organismo empresarial que agrupa a los productores externos de energía, únicos beneficiarios de ese dictamen.

Por supuesto, la justicia nada tuvo que ver en este asunto, dado que la situación de fondo no fue resuelta por la SCJN, que convenencieramente omitió resolver respecto de la constitucionalidad de los permisos privados, provocando así mayor ambigüedad. La SCJN se comportó en este caso como oficialía de partes de la presidencia; pero el foxismo no puede cantar victoria; el asunto de fondo sigue sin resolverse, aunque Fox cuenta con que por la vía institucional va a estar difícil que en algún momento se resuelva (tal vez cuando toda la generación sea privada y resulte inútil seguir clamando por el respeto a la legalidad constitucional).

Ojalá y los recientes llamados histéricos a la “resistencia civil” y la “no violencia” no sean parte de una misma estrategia destinada a la desmovilización popular, porque eso lo único que garantizaría, sería un conflicto de mayor envergadura en los años por venir ¿1810, 1910... 2010?. Porque No se trata solo de la electricidad y el petróleo; ahí están ya las otras reformas estructurales, imponiéndose todos los días. Nadamenos la Ley Abascal está lista para su aprobación inmediata y estamos estrenando nuevas reformas --inconstitucionales para variar-- a la Ley del IMSS que afectan a los jornaleros agrícolas al suprimirles toda seguridad social.

La lista de agravios neoliberales crece cada día y va más allá de los derechos democráticos de Andrés Manuel (y difícilmente se resolverán con un proyecto alternativo como el suyo). Es todo un sistema el que hoy fuerza una crisis, con tal de llevar adelante su propio proyecto. Por ello es que, para enfrentarlo, se requiere de una verdadera organización social de carácter nacional no con improvisación ni por la buena voluntad de "coordinadoras de la voluntad popular".

El poder judicial al margen del derecho

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no escapa a la corrupción neoliberal. Debiendo ser garante del Estado de Derecho, en manos del tal “Marianito” Azuela se ha vuelto comparsa del foxismo. Nada ha hecho por hacer cumplir la Constitución, al contrario avala la ilegalidad. Se está en vías de preparar el camino para trastocar “legalmente”, de una vez por todas, el orden constitucional de México.

Al senador Barttlet le ha dado por leer solamente la parte positiva. La Corte no se pronunció sobre la inconstitucionalidad, dijo. Por tanto, interpreta el senador, la Corte no ha resuelto el problema de fondo. Eso es cierto, aparentemente. Sin embargo, la misma “Corte” rechaza explícitamente el cúmulo de irregularidades presentado por la ASF. Las “recomendaciones” de ésta JAMAS fueron tomadas en cuenta por el foxismo, con el dictamen de la Corte MENOS. Peor aún, se pondrán más agresivos siempre en la ilegalidad pero con el consentimiento de la “justicia” mal representada por unos cuantos ministros en su mayoría vendepatrias.

Los trabajadores estamos en total desacuerdo con el dictamen de “la tremenda” Corte porque, aparentemente, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto se contradice a sí misma al avalar explícitamente las acciones inconstitucionales del foxismo. La misma Corte dictaminó el 22 de abril de 2002 que los permisos privados de generación eléctrica SON INCONSTITUCIONALES.

Nosotros, el FTE de México, lo señalamos desde el principio pero la Auditoría Superior de la Federación lo hizo formalmente al comprobar el exceso de irregularidades. Pero, ahora que las acciones concretas CONFIRMAN el dictamen previo de la Corte, ésta dictamina que no ha lugar a las simples “recomendaciones” de la ASF.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está contra la Nación, se ha puesto en manos de las transnacionales. Si no es así, que corrija de inmediato y respete, y haga respetar, la Constitución. Lo dudamos, Marianito es juez de “los de arriba”. La Corte le ha dado la espalda a la Nación.


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