También Dionisio Pérez
Jácome, Presidente de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), entidad responsable de otorgar las inconstitucionales concesiones en
materia de generación eléctrica y gas natural, al intentar
explicar el reciente estallido en los precios del energético,
terminó enredándose en un lenguaje cantinflesco para eludir su
responsabilidad.
Dionisio “explicó” que el precio
sí depende del mercado, pero también de la infraestructura de la
red, pero que no depende de la zona geográfica, pero sí de los
planes de cada distribuidora y que éstas, a su vez, consideran factores
como el tamaño de la red, los programas de inversión,
operación y mantenimiento de esta y hasta de la composición de los
títulos usuarios; pero no son discriminatorias, “porque son
revisadas minuciosamente por la CRE antes de aprobar cualquier
cambio”.
Esto por supuesto, no es cierto. Las gaseras hacen
simplemente lo que se les da la gana, con la complacencia de la CRE, la
secretaría de Energía (Sener) y la secretaría de Hacienda
(SHCP). Lo bueno, para ellos, es que la mayoría de los usuarios ni
siquiera saben quién es el responsable del desorden energético que
vive el país.
En plena Semana Santa, las calles de
Monterrey, las oficinas de Gas Natural y hasta la Cámara de Diputados de
la ciudad de México fueron escenario de las protestas en rechazo a las
alzas desmedidas (hasta de un 160%) en el gas doméstico que
unilateralmente aplicó la empresa española Gas Natural de
México en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
"Trabajamos
para nuestros hijos, para nuestras familias, nos negamos a trabajar para Gas
Natural de México y para la secretaría de hacienda" expresaron los
voceros del movimiento. Por su parte, el gobernador de la entidad, Natividad
González Parás, trató tibiamente de negociar con la empresa
española y el secretario de energía, encontrándose con que
nada puede hacer por ser materia no regulada por ninguna autoridad.
Ante
el abuso, entre los usuarios se planteó claramente la propuesta de llevar
a cabo una huelga de pagos.
Las oficialistas centrales obreras CROC y CTM
iniciaron, por su cuenta, el reparto gratuito de miles de tanques de gas licuado
de petróleo (LP) a sus afiliados y a la población en general para que abandonen
el gas natural y empleen gas LP, cuyo abasto es suficiente y oportuno,
y en nuestro país tiene un menor precio. Al mismo
tiempo, encabezaron una campaña de “revisión de
tarifas”, para lo cual entregaron miles de recibos a la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Esta última
tuvo que reconocerse impotente para resolver el problema, ya que sus facultades
en este caso sólo le permiten emitir recomendaciones, por tratarse de
concesiones no reguladas desde su ámbito.
El problema no
solamente afecta a miles de consumidores domésticos sino, además, a
cientos de pequeñas empresas que convirtieron su proceso productivo a gas
natural, ante la promesa de obtener un suministro suficiente, oportuno y
más barato. El hecho es que miles de consumidores regiomontanos emplearon
sus días feriados para movilizarse y exigir la revisión de
tarifas, amenazando incluso con radicalizar la
protesta.
El problema se extenderá por las principales ciudades del país
a poco se generalizan los problemas con los concesionarios de gas natural. La
Ciudad de México tuvo durante el año pasado graves problemas por
fugas en las redes privadas de dicho energético, a tal punto que
obligaron a solicitar la revisión de tales concesiones ante la CRE. Dicho
organismo aplicó ridículas multas, ante su incapacidad para
demostrar que los concesionarios habían cumplido con todos los requisitos
necesarios para construir una red segura de distribución del gas en la
ciudad.
En Guadalajara, la empresa belga Tractebel ha sido acusada de lo
mismo, impidiéndosele incluso el tendido de redes subterráneas, en
tanto no entregue los planos y documentación respectivos. Sin embargo, el
problema central es, como en el caso de la Ciudad de México, el exceso de
atribuciones de la CRE y la falta de supervisión de ésta para
constatar que dichas empresas tramitaron ante los órganos de gobierno
locales todas las autorizaciones correspondientes. Éstos, a su vez,
carecen del personal y la experiencia para supervisar un servicio que a todas
luces no puede estar en manos de particulares.
Queda aún por
verse en qué momento las demás concesionarias, unas 21 instaladas
en el país, intentarán aplicar alzas equivalentes a las que
realizó Gas Natural en Monterrey, con lo cual estaríamos ante un
conflicto de mayor alcance.
Cabe recordar, que la estrategia de la Sener
para privatizar el transporte y distribución de gas natural
comenzó con el asunto de la generación eléctrica, y de
allí se pasó a la comercialización de
“excedentes” de gas natural para el consumo doméstico. Se
trataba de hacer negocios aprovechando la misma infraestructura de
distribución requerida para las plantas generadoras privadas.
El
asunto es que las variaciones constantes en las tarifas de gas natural, que
afectan actualmente a alrededor de 1.5 millones en usuarios, impacta
también las tarifas eléctricas de más de 25 millones de
usuarios, por tratarse de un mismo combustible
primario.
Un negocio redondo para las trasnacionales
Para abrir la generación eléctrica a
los Productores Independientes de Electricidad (figura de inversión
privada en generación), la sener toleró que la expansión se
realizara solamente mediante plantas de ciclo combinado, que funcionan a base de
gas natural y que tienen los costos más bajos de inversión y de
recuperación de ésta.
Sin embargo el precio del gas
natural, además de variar constantemente, se ha triplicado los
últimos tres años. Tanto, que la propia Comisión Federal de
Electricidad (CFE) se ha embarcado, a instancias de las trasnacionales, en la
instalación en territorio nacional de terminales regasificadoras de gas
natural licuado (GNL) que sería traído por buque desde el
extranjero.
Es decir, lejos de aprovechar las posibilidades del uso de
combustibles nacionales más económicos (como el carbón y el
combustóleo), la CFE prefiere depender del capital privado. CFE promueve
actualmente la instalación de tres terminales de GNL: Altamira en
Tamaulipas; Ensenada, Baja California (en la Costa Azul) y una tercera, que
probablemente será instalada en Manzanillo, Colima.
Estas
concesiones contemplan la posibilidad de "revender" el gas en el mercado
norteamericano. Por esta razón, altos funcionarios de Australia y Rusia
visitaron el pasado mes nuestro país para promover la venta, mediante
contratos de largo plazo, de grandes volúmenes de gas natural licuado
(GNL) que sería regasificado en esas terminales, tanto para el suministro
de las plantas de CFE como para revenderlo a Estados Unidos.
Estamos ante
hechos que desmienten argumentos oficiales empleados para justificar la
inversión privada en el sector energético. En materia
eléctrica hay en este momento excedentes de generación: más
del 40% de la capacidad está en reserva, considerando la reducción
de la demanda registrada en los últimos años. Sin embargo se
siguen licitando nuevas plantas de gas natural, e incluso se convierten otras
existentes (de CFE) también a gas natural, a sabiendas de que ello
profundizará la crisis.
Argumentos falaces, desmentidos por los propios privatizadores
México compra en el exterior al menos la cuarta parte del gas
natural que consume. Ante esto, en entrevistas sucesivas con los
periódicos Milenio y El Universal, el propio subsecretario
de electricidad José Acevedo reconoció que "cuando se tomó
la decisión de que se utilizaran centrales eléctricas con la
tecnología de ciclo combinado, dada su alta eficiencia y bajo costo de
generación, no se tomaron en cuenta otros factores que no fuera el
económico, ahora la decisión de seguir o no con este tipo de
proyectos tendrá que tomar en cuenta otras consideraciones, no
sólo las económicas... el gobierno federal va a tener que
redefinir su política de energéticos porque en México no
hay suficiente gas natural y aunque se pudiera aprovechar el potencial de la
Cuenca de Burgos, se continuará importando el
energético".
Eduardo Andrade, presidente de la Asociación
Mexicana de Energía Eléctrica, reconoció que incluso el
bloque económico creado con el Tratado de Libre Comercio con
Norteamérica (TLCAN) es deficitario en gas y que su viabilidad
dependerá de las decisiones que se adopten, una de ellas, dijo,
sería "reducir la dependencia creciente al gas natural para las
plantas de ciclo combinado y comenzar a pensar más en la
utilización de otras fuentes como es el carbón o las
hidroeléctricas".
Esto obviamente, en su lenguaje
empresarial, implicaría que se les debería obsequiar más
concesiones para paliar una crisis que ellos mismos han
provocando.
Se pretende redefinir conceptos como soberanía y seguridad nacional
La perversión de esta "política energética" es más
clara en boca de Carlos A. Atallah, presidente de Chevron Texaco de
México, quien en entrevista para el periódico El Financiero
aseguró que para aliviar la dependencia de México, es necesario
favorecer la instalación de más terminales de procesamiento de
GNL, "no debe perderse de vista el momento histórico que vive el
país, que le permitiría, de una vez, divorciase de la dependencia
de Estados Unidos para el abastecimiento de un recurso crítico para el
desarrollo sustentable. En ese contexto, poder abastecerse directamente de un
país productor, en vez de hacerlo de un importador, trae beneficios
incalculables para la seguridad nacional y la soberanía de
México".
Indudablemente este individuo pretende ignorar los
impactos del autoatentado del 11 de septiembre (por el que Bush
justificaría la guerra por petróleo). La integración
energética de Norteamérica (Canadá-EU/México)
implica que EU sea quien maneje, desde lo que considera su "patio trasero", los
recursos energéticos del bloque. Esas terminales, que terminarán
de ser instaladas en el norte del país entre 2007 y 2008, serán
efectivamente un asunto de seguridad nacional... pero de Estados Unidos.
Las negociaciones realizadas con Australia y Rusia por el
procónsul de EU en México, Vicente Fox, o más recientemente
las que éste fue a realizar en Argelia, así lo demuestran. En
todos los casos la compra de gas natural que se procesaría en las
terminales instaladas en México abastecería a plantas generadoras
privadas (también instaladas en México) para su venta en Estados
Unidos y los “excedentes” (tanto electricidad como gas)
serían destinados a aquél país.
Un punto donde todas las luchas confluyen
La problemática de los usuarios de gas
natural está evidentemente relacionada con la de los usuarios de
electricidad, lo cual es evidente por tratarse de servicios energéticos
complementarios. Sin embargo el foxismo pretende desligar ambos problemas;
trata, en ambos casos, de convencer a los usuarios de que se trata de
“mercados independientes”, cuyos precios se determinan según
la oferta y la demanda (aunque existe evidencia de que se manipulan por las
grandes empresas transnacionales).
Visto con mayor detalle, la lucha de
los usuarios corresponde puntualmente con la que sostienen los trabajadores no
solo por mantener su fuente de trabajo, sino por impedir que se entreguen al
capital extranjero recursos y servicios estratégicos para el desarrollo
de los mexicanos.
La cuestión de la soberanía está
también implícita. No hay razón, entonces, para mantener
diversos movimientos sociales y menos aún para librar aisladamente la
lucha. Es la hora de integrar un solo movimiento bajo un mismo
programa.
¡Por un esquema tarifario equitativo
en gas natural para uso doméstico
y electricidad!
¡Cancelación de todas las concesiones
en materia de gas natural y
generación eléctrica!
¡Desaparición de la CRE!
La credibilidad del gobierno está por los suelos pero sigue desnacionalizando
impunemente con apoyo del charrismo sindical.
¡Abajo Fox y
su gobierno proyanki! 
Comisión de Energia