"En 2003 los productores independientes
de energía representaron el 54% de la capacidad en operación total
y contribuyeron con el 59% de la generación producida total."
(Prospectiva 2004-2013. Pág. 13)
Prospectiva 2004-2013
En 2003, todas las plantas generadoras de energía
eléctrica que entraron en operación son privadas (en la modalidad
PIE) y representaron para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) el 54% de
la capacidad total puesta en operación (59% de la generación
privada). Todas las centrales privadas emplean exclusivamente el gas natural
como combustible. Ante esto, las tarifas siguen al alza mientras la demanda en
el sector doméstico se reduce en términos reales, de acuerdo al
crecimiento demográfico-económico esperado. La Prospectiva
Eléctrica es solamente el guión de una política
eléctrica subordinada y entreguista al
imperialismo.
“Desregulación” eléctrica y pérdida del bienestar
Uno de los
impactos más negativos de las reformas del sector eléctrico, sobre
todo para los usuarios de los países en vías de desarrollo, es una
disminución en su nivel de bienestar considerando su cada vez
menor consumo per cápita de electricidad.
En México, por
ejemplo, según revela el documento de planeación anual que elabora
la Secretaría de Energía (Sener) denominado Prospectiva
Eléctrica 2004-2013 (basado en datos estadísticos de la Agencia
Internacional de Energía correspondientes al 2003), este consumo no solo
se mantiene por debajo de la media mundial desde hace años (1,889Kwh en
2002; 1,615 Kwh en 2000 y 1,348 Kwh en 1999), sino que se redujo. La Prospectiva
lo plantea de manera sesgada, indicando que de un promedio anual de ventas del
5.4% (en el periodo 1992-2002), se redujo en solo un año al 4.7% (en
1993-2003). Esto obedece, aunque no lo explique la Sener, a la constante
elevación de las tarifas eléctricas “desreguladas”,
para homologar internacionalmente los precios y hacer atractiva la
intervención a los inversionistas privados.
Entre paréntesis,
las tarifas también aumentan porque la nueva capacidad de
generación (toda privada) depende exclusivamente del gas natural,
combustible cuyo precio sube constante e imprevisiblemente, lo que impide
estabilizar los precios y las tarifas, que deben ajustarse cada mes y bajo
condiciones especiales.
El Programa de Obras e Inversiones del Sector
Eléctrico 2003 (POISE), que elabora la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) también anualmente, plantea la situación
más claramente cuando reduce su estimación sobre el crecimiento
esperado de la demanda para la siguiente década: “la causa
principal de esta reducción es también [como en el caso del PIB y
el consumo de electricidad] el bajo crecimiento económico de 2001 al 2003
respecto a la tendencia histórica [CFE, POISE, p 1-18].
De hecho CFE
está obligada a emplear para la planeación eléctrica las
variables macroeconómicas que determina la Secretaría de Hacienda,
a pesar de que, como ya lo determinó la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), estas no corresponden con la realidad.
En el caso
de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el informe de labores de 2004 revela que el
consumo promedio de los usuarios en la zona central del país -la
más industrial y urbanizada- se redujo en 2004 a 5,085Kwh, luego que en
2003 llegó a ser de 5,221 Kwh. LyFC identifica que los sectores
más afectados fueron el agrícola (-25.2%, actividad poco extendida
en el área que atiende esta empresa), el industrial (-3%) y el
doméstico (-0.6%). Los sectores comercial y de servicios registraron
aumento (+1.3 y +5.6% respectivamente)
El Sector Eléctrico Nacional hacia la quiebra
La Prospectiva insiste
en la necesidad de “enormes recursos” (593 mil millones de pesos)
para financiar el desarrollo de la industria eléctrica y satisfacer la
demanda de electricidad. Las necesidades de inversión oficiales
están infladas (mal calculadas, según determinó la propia
ASF), aunado a una sobrestimación de la capacidad necesaria,
considerando, como ya se dijo, la reducción en el consumo real.
Prueba
de lo anterior es la elevada capacidad de reserva que, según la
prospectiva, está en un 42%, muy superior a los límites
establecidos por la propia dependencia (27%). Este margen es un efecto no
programado y se debe al “sobrante de energía” concesionada,
que la propia CFE reconoce:
“Los márgenes de reserva de 2004 a 2007 serán altos,
debido principalmente a la disminución registrada en el crecimiento de la
demanda de electricidad en los últimos años así como a la
dificultad para hacer ajustes en el programa de generación de corto
plazo” [CFE, POISE, iii].
Lo anterior, que podría
considerarse benéfico en términos de asegurar el abasto,
representa un grave problema financiero para CFE (y LyFC) debido a que cada
planta privada que entra en operación tiene un acuerdo amarrado para
vender la energía que produce, lo que representa para los organismos
públicos un mayor endeudamiento y menos recursos para pagar los intereses
de la deuda actual, la cual asciende a 259 mil 228 millones de pesos.
A esto
habría que añadir el crecimiento de las concesiones de
autoabastecimiento y cogeneración. Hay que tener presente que
según la Prospectiva el 27% de la capacidad de generación
concesionada corresponde al Autoabastecimiento y el 10% a la
Cogeneración. Solo en 2003 la capacidad de los permisos para estas
figuras, que representan menores ventas para las empresas del sector
público, ascendió a 7,887 Mw (582.4Mw menos que en 2002).
Entre
estos permisos destacan fraudes evidentes mediante el llamado
“autoabastecimiento remoto”, figura INVENTADA que se refiere a que
una planta es compartida por una sociedad de consumo, cuyas
características no cumplen con la idea de la generación
distribuida, sino que son plantas de gran capacidad construidas para
“autoabastecer” a usuarios distribuidos a lo largo del territorio
nacional (es el caso de empresas eléctricas privadas como Iberdrola,
Energía Azteca VIII y Tractebel, pero también de consorcios como
Arancia, Enertek, Pegi, Micase y próximamente Termoeléctrica del
Golfo y la Termo de Peñoles).
Gas Natural, obsesión suicida
Por otro lado, la Sener afirma que las
tendencias de los mercados eléctricos a nivel mundial están
dominadas por el uso de gas natural como combustible. Cierto, sin embargo da la
casualidad de que México carece de dicho combustible, al menos como para
desarrollar su industria eléctrica en base a éste. A sabiendas, la
Sener tolera que TODAS las concesiones que otorga la CRE (y la
rehabilitación de algunas plantas de CFE) sean en base a este
combustible, lo cual plantea dependencia de las políticas
energéticas de otros países, como EU, a quien se adquiere la mayor
parte del gas que se importa. De hecho, hace apenas tres años, en
México no se tenía planeado instalar terminales de
regasificación de gas natural importado (menos aún financiadas por
CFE). Hoy sin embargo se prevén al menos cinco,
“recomendadas” por las propias transnacionales favorecidas con las
concesiones.
Desintegración de la industria eléctrica nacionalizada
Otro tema que vale la
pena destacar de la última Prospectiva es la deliberada confusión
que se hace entre el servicio público y las inconstitucionales
actividades de los permisionarios. La Sener afirma que la “capacidad
instalada del servicio público en 2003 aumentó en 8.2%
[3,376.8Mw]”, sin aclarar que se refiere a las plantas privadas PIE (y
“arrendamientos”), porque siendo los responsables del servicio
público CFE y LyFC, éstos adquieren la energía generada por
los privados “para el servicio público”, según la
definición dada en la contrarreforma de 1992.
La realidad es que el
crecimiento de la capacidad de generación del sector público ha
sido prácticamente nulo (CFE solo puso en servicio durante 2003 Los
Azufres, con 106 Mw). Incluso, trabajadores de CFE han denunciado el paro
deliberado de más de 150 unidades de esa empresa (de las 598 unidades
generadoras que la Sener reconoce tener en servicio en 187 plantas) para poder
emplear la energía adquirida a los PIE’s privados (mediante los
mencionados convenios amarrados). Así pues, para la Sener, el servicio
público -como lo determina la Constitución- está muerto y
enterrado y, hoy, se integra solamente por lo que queda de CFE, LFC y los
inconstitucionales permisos --esos sí en ascenso-- de Productor
Independiente de Energía.
Prospectiva, guión para una política eléctrica Dependiente
La Prospectiva lo dice además bien claro. Para el Estado
mexicano, el problema del desarrollo del sector eléctrico se reduce a la
necesidad de reformar el marco jurídico del sector
eléctrico para brindar certeza jurídica a los
inversionistas privados. Es decir, se asume una política dependiente del
mercado mundial y en ese sentido sus preocupaciones se refieren, más que
a un desarrollo sustentable, a cuidar el aspecto competitivo del sector
para crear un mercado internacional.
La Sener insiste en que solo con este
modelo (el de mercado) será posible proporcionar un mejor servicio y
asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico. Por el momento,
“solo” se ha transferido a manos privadas la generación, pero
ya el gran capital lucra también con los llamados proyectos “llave
en mano”, de transmisión y distribución de energía
eléctrica. Solo en generación, mediante las concesiones otorgadas
en la figura de Productor Independiente de Energía (PIE), la propia
secretaría reconoce que en 2003 el crecimiento de la capacidad privada
en operación, bajo dicha modalidad, fue de 54%, basados
“nadamás” en el marco legal creado con la
contrarreforma eléctrica realizada por Carlos Salinas de
Gortari.
Ciertamente, los inversionistas privados saben que han violado la
Constitución Política mexicana, que reserva para la Nación
todas las actividades del proceso de trabajo eléctrico, sin embargo, en
posesión de la mitad de la capacidad instalada no parecen negociar en un
estado de indefensión jurídica. Por el contrario, el gobierno
encabezado por Vicente Fox ha asumido la defensa legal de las inconstitucionales
concesiones, e insiste en seguir otorgando más, argumentando las
restricciones presupuestales para incrementar la capacidad del sistema
nacional, no solo de generación sino de transmisión y
distribución de energía eléctrica, “argumento”
que la Auditoría Superior de la Federación calificó ya de
falso.
El debate sobre la reforma eléctrica rebasa entonces las
necesidades reales del SEN. Para el gobierno, la reforma del sector
eléctrico nacional debe ajustarse a lo que --a escala global-- determinan
los organismos financieros mundiales, renunciando a aprovechar sus fortalezas
intrínsecas, que lo llevaron a un rápido desarrollo a partir de su
nacionalización. En ese sentido, no hay una política
independiente, sino que el desarrollo social y económico de los mexicanos
dependerá de las determinaciones establecidas por los países
superdesarrollados que dominan los organismos mundiales.
Dos cuestiones son
fundamentales para ejercer una política energética independiente:
la diversificación de combustibles (aprovechando los nacionales) y una
política tarifaria social. Sin estos elementos, el servicio
público de energía eléctrica está condenado a
desaparecer, para implantar en su lugar la barbarie del “libre”
mercado.
Serán fundamentales tanto la resolución del poder
judicial (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), para resolver la
denuncia en contra de las concesiones de Autoabastecimiento y
Cogeneración, como la respuesta que dé el poder legislativo a
diversas propuestas para otorgar “autonomía” a CFE (y LyFC),
a la vez que aumentarían las atribuciones de la Comisión
Reguladora de Energía para establecer tarifas en función de la
competencia. Más importante será la respuesta popular
organizada.
Comisión de Energia