energia

Volumen4, Número 54, Noviembre 3 de 2004

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El objetivo: quebrar a la industria nacionalizada

Endeudamiento,
austeridad
y corrupción

La estrategia privatizadora del neoliberalismo tiene varias tácticas. Para ceder la propiedad social al capital privado, el foxismo no solamente viola la Constitución política del país. También se aplica una política deliberada para quebrar literalmente a la industria energética nacionalizada. Parte de esa política es el endeudamiento de las empresas del sector para favorecer los proyectos de las transnacionales; es el caso de los Pidiregas. Pero, también, se trata de eliminar toda capacidad de financiamiento del sector; por ello, la bursatilización de la deuda de Pemex y CFE en la Bolsa de Valores, favoreciendo al capital especulativo. Un tercer aspecto es la corrupción, de las burocracias administrativas y el charrismo sindical. La Auditoría Superior de la Federación lo comprobó: CFE dispone de recursos propios para financiar sus proyectos. Sin embargo, se prefiere otorgar permisos fraudulentos a las transnacionales, las que aumentan su capacidad efectiva en operación mientras CFE disminuye la propia. La reducción presupuestal es otra vertiente de la política neoliberal, implantada por el Ejecutivo y apoyada por el Legislativo, funcionarios vendepatrias y charros sindicales del SUTERM y STPRM.

Pidiregas, endeudamiento criminal

Mediante la inversión financiada en proyectos PIDIREGAS, para 2004 se autorizaron 29,389.5 millones de pesos para desarrollar 83 proyectos por cuenta y orden de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de particulares. De este monto, correspondieron 20,309.6 millones a inversión directa y 9,079.9 millones de pesos a la condicionada(V Fox, 4º informe de gobierno, IV-IG).

Hasta agosto de 2004, Fox había inaugurado tres plantas propiedad de CFE financiadas con capital privado mediante inversión directa (20,309.6 mdp, IV-IG) para proyectos de CFE que se “encargan” a empresas privadas, quienes las financian y construyen, pagándoseles conforme al mecanismo acordado y autorizado por el legislativo).

Se trató de la conversión de Turbo Gas a Ciclo Combinado (TG a CC) El Sauz (269 Mw) en Querétaro, la Central de Combustión Interna (CCI) Guerrero Negro II (10 Mw) y de la segunda etapa de la Central Hidroeléctrica CH Chicoasén (Manuel Moreno Torres, de 939 Mw). En construcción, se reportaron la conversión (de TG a CC) de El Encino (65.3 Mw) en Chihuahua, la (CCI) Baja California Sur I (41.3 Mw) en Baja California,.

En ese mismo lapso, financiada con recursos propios, se puso en servicio la planta (TG) Tuxpan I (164 Mw) en Veracruz, y continúa la construcción de la (TG) San Lorenzo (265 Mw) en Puebla.

Mediante inversión condicionada (9,079.9 mdp, IV-IG), en la modalidad Productor Independiente de Energía (PIE) –régimen de propiedad totalmente privado, con contratos asegurados de compra de capacidad a 25 años, pagadera también en Pidiregas–, se pusieron en servicio las Centrales de Ciclo Combinado (CC) Naco-Nogales (258 Mw), (CC) Chihuahua III (259 Mw), (CC) Altamira III y IV (1,036 Mw) y (CC) Río Bravo III (495 Mw).

Simplemente no hay comparación: 429MW realmente propios, 2,049MW privados y otros 1,218MW “embargados” mediante costosos esquemas de “financiamiento privado de Obra Pública Financiada” (OPF), como el denominado Proyecto de Inversión en Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas) –que fue creada como una figura de “financiamiento contingente” en el zedillato–, en el cuál, además, las obras son construidas también por las propias empresas privadas.

En enero pasado, siendo todavía secretario de Energía Felipe Calderón, indicó que el 50% de las nuevas inversiones que se requieren provendrían de la iniciativa privada "usando diferentes esquemas financieros aún por definir o utilizando los que actualmente permite la ley" (El Universal, 9.01.2004). Se refería a la llamada Obra Pública Financiada, de la cuál CFE solicitó autorización para licitar este año 13 proyectos en la modalidad de Pidiregas. Se trata de plantas de generación de poca capacidad y también de líneas de transmisión y subestaciones, que bien podrían realizarse por administración directa, es decir, con los recursos físicos, financieros y humanos de la propia Comisión. Según el 4º informe de gobierno de V Fox, de enero a junio de 2004, “la inversión ejercida bajo la modalidad de PIDIREGAS ascendió a 8,568.4 millones de pesos, destinándose el 54 por ciento a proyectos de generación y el restante 46 a proyectos de transmisión y transformación

Otro aspecto es el oscuro mecanismo para la asignación de las obras. Por ejemplo, cuando se anunció al ganador de otra licitación “OPF”, la (CH) El Cajón (750 Mw) y su subsidiaria La Yesca, en el cauce del río Santiago, en el Estado de Nayarit, la presidencia se encargó de publicitarla como "la obra más importante en la administración del Presidente Vicente Fox". Tal vez para la casi quebrada constructora ICA y sus “asociadas” haya sido, en todo caso, el “rescate” del siglo, pagado en costosísimos Pidiregas, puesto que mediante esta dudosa asignación, ICA fue "milagrosamente salvada" de la ruina. Incluso, “asociada” con el multimillonario Carlos Slim Helú recuperó el acceso a créditos internacionales ("ÉPOCA DE VACAS GORDAS" EN ICA, TERMINAN SIETE AÑOS DE TROPIEZOS), 118 millones de dólares de Inbursa (según despacho de EFECOM del 11 dic 2003) que le permitieron refinanciar su deuda y otros 682.4 millones de dólares en marzo de este año para construir la planta El Cajón (EFE y REUTERS), aunque el congreso, complaciente, autorizó un endeudamiento “hasta por 812 millones de dólares” en Pidiregas para el Cajón (El Economista , 4.02.04, 1-8, suplemento Construcción).

Las obras que realiza CFE mediante Pidiregas “benefician” fundamentalmente a empresas "nacionales" en desgracia –como ICA–, pero sobretodo a las transnacionales como Alstom, Isolux, Unión Fenosa y un largo etcétera que incluye a las “subsidiarias” que éstas crean para “competir” en las licitaciones. Techint, por ejemplo, presume que agarra de todo: en su página electrónica asegura haber instalado más de 5 mil kilómetros de líneas de transmisión para CFE y subestaciones, “casi 40% del mercado nacional”, porque estos créditos leoninos les otorgan la realización de las obras, en perjuicio de la administración directa.

Hay además proyectos cuya información no es clara, como las geotérmicas Cerro Prieto (y otra en Baja California, cuyo nombre no se precisa en las notas de CFE), la presa reguladora Amata y otra planta denominada Baja California Sur II (en documentación) pero que ya se programan para Pidiregas. Capítulo aparte merecen los proyectos (ya autorizados también) de regasificación de gas natural, todos a Pidiregas.

A junio de 2004, el saldo vigente de CFE bajo el esquema Pidiregas es de 31 mil 111 millones de pesos, según el último reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero se estima que, de 1997 a junio del 2004, el Congreso ha autorizado 113 mil 378 millones de pesos para el sector eléctrico en el mismo rubro (Ivette Saldaña, El Financiero, 15.09.2004)

Capital especulativo para des-financiar a CFE

Otro aspecto "innovador" de la estrategia privatizadora en 2004 ha sido la "bursatilización" de la deuda de CFE (similar a la de Petróleos Mexicanos, Pemex) que sirve para financiar la reconfiguración del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) –que no asumen los privados–, y sus propios gastos de operación, entre los cuales está el servicio de su deuda (el pago de intereses). Con la amenaza de cerrar sus plantas “por la contribución de la carga de los energéticos y la electricidad” (El Sol de México, 2.01.12),, consorcios como Ahmsa, Cemex, Grupo Desc, Grupo México, Peñoles y Vitro lograron que la CFE comenzara a emitir bonos para financiarse.

A principio de año, CFE publicó (El Economista 2.01.2004) que los Certificados Bursátiles colocados a través de NAFIN, (NAFICFE 0103) alcanzaron una tasa de rendimiento bruto, para el periodo del 2 al 29 de enero, del 6.69% anual (sobre su valor nominal). En el mismo aviso se indicaba que los intereses correspondientes al periodo del 14 de agosto al 11 de septiembre de 2003, "ascienden a $12 millones 334 mil 666.67" (pesos) certificados por el BankBoston.

Según el diario La Jornada (13.01.2004), hasta finales del 2003, la CFE había colocado un total de 6 mil millones de pesos en el mercado especulativo de dinero (en la Bolsa Mexicana de Valores). Sería muy pertinente conocer quienes poseen dichos títulos, ya que se ha dicho –para justificar la bursatilización de deuda–que hasta 70 mil millones de pesos provenientes de las Administradoras de Ahorro para el Retiro (Afores) se han invertido en bonos de Pemex, CFE, (Mario Gabriel Budebo, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Consar) sin especificar ni el monto exacto ni los períodos.

Esto de paso nos conduce a cuestionar la existencia de esas Afores, que lucran con los dineros de los trabajadores y con el rendimiento que generan las empresas públicas. ¿Cuál es entonces su función social? ¿Especular?. ¿No sería mejor regresar esos fondos a la administración del IMSS y que éste "invirtiera" directamente en el desarrollo de Pemex y CFE?

CFE tiene autorizado para 2004 un endeudamiento máximo de 8 mil millones de pesos por vía de la emisión de bonos. Sin embargo, esta "confianza" financiera hacia la empresa no se utiliza para desarrollar su propia infraestructura, ya que se trata generalmente de deuda para financiar su operación básica, incluso al pago de las obligaciones contraídas en Pidiregas (cuyo monto al cierre del 2003 estaba en los 4 mil millones de dólares) lo cual compromete, incluso, su viabilidad financiera.

CFE “Negociazo” para los gringos en el 2003

La serie de títulos, colocados en Bolsa por CFE en abril de 2003 por un monto de 2 mil 200 millones de pesos, también garantizados por las cuentas por cobrar de los grandes usuarios de la empresa, tuvieron enorme aceptación entre los agiotistas quienes hicieron dos y media veces más ofertas de compra que el monto puesto a la venta. Debido a ello, la revista LatinFinance otorgó a la CFE el premio “Deal of the year” (Negocio del año).

En marzo de 2004, CFE hizo una nueva emisión a diez años por 665 millones de pesos más que elevó el monto total hasta 6 mil 665 millones de pesos. Entonces, Standard & Poor's Ratings Services (S&P) se apresuró a calificar con el grado más alto de su escala nacional los bonos emitidos por CFE con respaldo en la cesión de derechos sobre "créditos a su cargo" que no son otra cosa que garantizarlos con la cartera de “clientes mayores" de la CFE, o sea, los mismos empresarios que se quejan de “lo caro que está la luz”, compran estos bonos y se asocian para instalar plantas de autoabastecimiento y cogeneración.

Elucubremos: ¿qué sucedería en caso de que a los “clientes mayores” no se les diera la gana pagarle a CFE? ¿Quién reclamaría la garantía? Pues los propios “clientes mayores" en su calidad de tenedores de bonos ¡Negociazo...! ¡un "focoproa" para rescatarlos o tomar posesión de “la garantía”, o sea su propia deuda, o sea más de la mitad de los ingresos de CFE.

Auditorias de la ASF evidencian la traición

La revisión de la Cuenta Pública 2002 practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), complementada con un estudio que la propia ASF encargó a la UNAM, establece que:

1.- 'La CFE cuenta con capacidad de inversión para financiar sus proyectos de ampliación de infraestructura para generación, toda vez que durante el periodo 1992-2002 la inversión efectuada por la entidad fiscalizada por 134,786.7 millones de pesos pudo haber sido cubierta con la suma de la utilidad neta (31,410.2 millones de pesos) y la depreciación (112,493.5 millones de pesos); sin embargo, su presupuesto anual depende de la asignación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que aprueba la Cámara de Diputados.' pág. 39, tomo V, volumen 1.

2.- “...La CRE no ha vigilado ni supervisado el adecuado cumplimiento, por parte de los permisionarios, de las obligaciones establecidas en los títulos de permiso, en infracción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de su reglamento, lo que ha propiciado que los titulares de los permisos incumplan las relativas a los trámites que tienen que realizar ante diversas autoridades administrativas, y los términos de operación, generación, distribución, transmisión, porteo y venta de excedentes de energía eléctrica; ya que se encontró evidencia de actos que comprueban la generación de energía eléctrica cuyo objeto es la venta entre particulares y la prestación de servicio público”. Pág. 519 tomo V, volumen 1.

Independientemente de lo que falle la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la investigación confirma que CFE sí tiene recursos para los programas de inversión eléctrica y que el Ejecutivo esta violando la Constitución. Sin embargo Fox evade responder estos señalamientos, y prefiere iniciar un pleito legal en defensa de las transnacionales y en contra de las atribuciones de la ASF. Las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador del legislativo son tan graves que, independientemente de las atribuciones de la ASF, en algún momento deberá llevarse a fondo la investigación del proceso.

Pero las auditorías especiales practicadas por la ASF a las empresas públicas del sector energético, dónde se advierte un “sensible incremento” en sus obligaciones laborales “que ha deteriorado seriamente su situación financiera”, si sirvieron de excusa para proponer la revisión de los sistemas de pensiones de Pemex, CFE y LyFC (para reducirlos, como en el caso del IMSS). Con la misma vara, Fox debe explicaciones muy amplias de las anomalías detectadas en su administración, respecto de la inconstitucional privatización de la industria eléctrica.

Presupuesto mínimo al sector energético

Tanto Pemex como CFE siguen siendo los pilares de un gobierno intencionalmente opuesto a ejercer su función distributiva de la riqueza y que se conforma con "ordeñar" sistemáticamente a las empresas energéticas de México, mediante una estrategia depredadora de los recursos no renovables del país.

Los ajustes a la "miscelánea fiscal" de 2003 redujeron el de por sí exiguo presupuesto de las empresas públicas. A Pemex, le quitaron 3 mil 882 millones de pesos, pues en la Cámara de Diputados “adivinaron” que los precios reales del petróleo le generarían excedentes para recuperarse. También a la CFE, que solo tiene como ingreso el cobro de las tarifas por el servicio público que presta, le recortaron 1 mil 653 millones de pesos. A la "suertuda" LyFC no le recortaron el presupuesto, sabedores de que a ésta la está "matando de inanición" el déficit histórico que se le ha adjudicado. En cambio a la Secretaría de Energía únicamente le recortaron 18 mil pesotes para que su costosa burocracia pueda seguir privatizando a gusto las industrias eléctrica y petrolera.

En marzo de 2004 hubo un nuevo recorte ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Según La Jornada (4.03.04), se redujeron 130.3 millones de pesos a CFE y 8.7 millones a LyFC. Para 2005 nuevamente se proyectan presupuestos reducidos para las empresas del sector energético nacionalizado. Además, los presupuestos asignados se caracterizan por ser PRIVATIZADORES. Sí, se proponen presupuestos para seguir financiando a las transnacionales en detrimento de la inversión propia.


Fuente: V. Fox, 4º informe de gobierno.

Obra con Recursos Presupuestarios
(TG) Tuxpan
165 Mw
15 líneas de transmisión
250 km/circuito
14 subestaciones
309 MVA
En construcción:

15 líneas de transmisión
665 km/ circuito
14 subestaciones
100 MVA

Fuente: V. Fox, 4º informe de gobierno.

Obra Pública financiada
Inversión directa (OPF)
En Construcción, Mw
En Servicio, Mw

(CH) El Cajón
750.0
(CH) Manuel Moreno Torres (2a E)
930.0
(TG a CC) Hermosillo
88.0
(TG a CC) El Sauz
140.2
(CCI) Baja California Sur I
41.3
(CCI) Guerrero Negro II
10.0
(TG a CC) El Encino
65.3


 
944.6
 
1,080.2
Inversión condicionada (PIE)
En Construcción, Mw
En Servicio, Mw

CC La Laguna II
498.0
(CC) Naco-Nogales
258.0
CC Río Bravo IV
500.0
(CC) Chihuahua III
259.0
CC Valladolid III
525.0
(CC) Altamira III y IV
1,036.0
CC Tuxpan V
495.0
(CC) Río Bravo III
495.0
CC Altamira V
1,121.0


CH Moreno Torres
930.0


 
4,069.0
 
2,048.0

Fuente: V. Fox, 4º informe de gobierno.


Fox no representa a los mexicanos sino a las transnacionales FOTO: FTE


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