Este 1º. de Mayo en México ocurre luego de 71 años de dictadura política príista, misma que basó su dominio en el sostenimiento de una estructura corporativa conocida como "charrismo sindical" que ha significado para los trabajadores mexicanos la pérdida persistente de derechos laborales, sindicales y políticos.

En la actualidad, la minoría de trabajadores estamos sindicalizados y, consecuentemente, carecemos de los derechos básicos, en primera instancia, de empleo y estabilidad en el mismo. En la mayoría de los 15 mil sindicatos existentes no existe vida sindical, se carece de contratación colectiva y, cuando ésta existe, jamás se revisan las condiciones de trabajo. Muchos de esos contratos son inexistentes, se trata de convenios "de protección" a las empresas auspiciados por los charros sindicales y tolerados por las autoridades laborales. Con estas bases espúrias la jornada de trabajo, de 8 horas diarias y 40 horas semanales, no se cumple cabalmente.

Los salarios de los trabajadores mexicanos son de los más bajos del mundo. Hace décadas que se ha impuesto una política basada en la descalificación del trabajo y la pauperización de los trabajadores asalariados. Las disposiciones constitucionales al respecto tampoco se cumplen. De 1976 a la fecha, persiste una drástica caída en el salario real de los trabajadores mexicanos. Los incrementos nominales están lejos de recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

En México existe una política de contención salarial que ha servido para que los grupos empresariales mantengan altas tasas de ganancia en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Hoy en día, están en peligro las conquistas obreras previas. El gobierno federal neoliberal insiste en la continuación de una política económica desastrosa para el país.

El sector estatal de la economía ha sido prácticamente desmantelado y, con ello, el Estado ha perdido importantes fuentes de ingresos para financiar el desarrollo nacional. Las privatizaciones únicamente han servido para el enriquecimiento desmedido de grupos empresariales y de funcionarios en turno.

En este contexto, el gobierno federal insiste en la privatización de la industria eléctrica nacionalizada favoreciendo la apertura total al capital privado en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Con esa propuesta, el gobierno neoliberal pretende cambiar las disposiciones constitucionales vigentes respecto al servicio público de energía eléctrica. Tales medidas serían regresivas al interés nacional. Otro tanto se propone con relación a la industria petrolera. En este caso, se trata de operar la industria con criterios empresariales privados prosiguiendo una política petrolera a favor de los intereses norteamericanos. En ambos casos, se busca crear las condiciones para la integración energética con Norteamérica vulnerando la soberanía nacional y entregando el patrimonio y recursos energéticos del país al imperialismo. Los trabajadores y pueblo de México reiteramos nuestro total rechazo a éstas políticas.

De la misma manera, expresamos nuestro desacuerdo con la propuesta de reforma fiscal del gobierno orientada a captar ingresos adicionales expropiando el salario de los trabajadores. De acuerdo con la propuesta oficial, tal reforma implicaría sustraer cuantiosos recursos a la mayoría de la población para otorgárselos a las cúpulas empresariales. Estos grupos serían los únicos beneficiados, no es Estado ni la Nación, con el nuevo impuesto al valor agregado (IVA) sobre alimentos, medicinas y libros. Si la reforma fiscal foxista prosperara, la consecuencia inmediata sería la pulverización de los salarios, situación agravada con las previsibles repercusiones próximas de la desaceleración de la economía norteamericana y la contracción en el crecimiento económico que amenaza con ser menor a las estimaciones oficiales, primero del 7%, luego 4.5% y ahora, tal vez, del 3%. La reforma fiscal foxista sería criminal para la economía y la cultura de los mexicanos.

Persiste como una lacra, el apoyo del gobierno al charrismo sindical. No obstante el cúmulo de irregularidades y la consecuente impugnación de los trabajadores a los procesos electorales viciados, las autoridades laborales insisten en reconocer a representantes sindicales carentes de representatividad y consenso. Es el caso de Leonardo Rodríguez Alcaine y Carlos Romero Deschamps en los sindicatos de electricistas y petroleros respectivamente. Pero, también ocurre algo similar en los sindicatos de ferrocarrileros, de minero-metalúrgicos y de maestros.

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado "inconstitucional" a la cláusula de exclusión. Este hecho tiene importantes consecuencias. Durante décadas, la cláusula de exclusión ha servido para que el charrismo sindical, en contubernio con las empresas, reprima a los trabajadores excluyéndolos de los centros de trabajo al margen de las disposiciones laborales. Esa cláusula ha sido un efectivo mecanismo de control de los charros sindicales sobre los trabajadores pues, con la amenaza del despido, han inhibido todo tipo de protesta y acción sindical. Ahora, al declararse la inconstitucionalidad de esa cláusula, los trabajadores podrían hasta dejar de pertenecer al sindicato sin que esto implique dejar de laboral en la empresa contratante. Tal medida, debe ser aprovechada para activar la acción sindical, expulsar al charrismo y recuperar a las organizaciones sindicales en la perspectiva de reorganización democrática del movimiento obrero basada en grandes sindicatos nacionales de industria. La relativa libertad no debe servir para salirse de los sindicatos ni para crear estructuras que tiendan a pulverizar más al sindicalismo mexicano. Los sindicatos pertenecen a los trabajadores, son conquistas de éstos que han sido usurpados por mafias antiobreras y debemos rescatarlos como medio para la defensa individual y colectiva de los derechos obreros.

Pero, la injusticia laboral continúa. Las instancias oficiales siguen haciendo caso omiso de los reclamos obreros. No solamente existen condiciones de trabajo deplorables en la mayoría de los sectores productivos. A la fecha se mantiene un fuerte rezago en las controversias laborales. En el sector petrolero hay más de 14 mil demandas laborales de los trabajadores afectados por la empresa y el charrismo sindical sin que se hayan atendido debidamente por las autoridades laborales y políticas responsables.

En contraparte, el gobierno auspicia, apoyado por el charrismo sindical, una supuesta "Nueva cultura laboral" basada en propuestas de incremento en la productividad que significarían la flexibilización de las relaciones de trabajo para favorecer una mayor acumulación de capital en detrimento de las condiciones laborales. A tal propósito, esas medidas tenderían a una reforma laboral regresiva e inaceptable que pondría en riesgo la contratación colectiva de trabajo, la jornada laboral y a las propias organizaciones sindicales. Esa cultura no tiene nada de nuevo y corresponde más bien a la visión del oscurantismo para imponer nuevas formas de esclavismo tecnologizado con apariencia de una supuesta calidad que no es tal.

Los trabajadores de la energía de México (FTE) estamos en lucha por un México con soberanía e independencia. Hemos hecho varias propuestas alternativas y tenemos en desarrollo una Política Energética Independiente y un Programa por la Democracia Sindical con hondas raíces históricas en la lucha de electricistas, petroleros y nucleares. Llamamos a los trabajadores mexicanos a hacer de este 1º. de Mayo una Jornada de lucha en defensa de nuestros intereses inmediatos e históricos. En todo el país nos manifestamos por el pleno ejercicio de nuestros derechos, a saber:

1. El derecho al empleo digno y decoroso para todos los mexicanos.
2. El aumento de salarios, en términos constitucionales, tendiente a la recuperación del salario real.
3. El rechazo a la política económica oficial basada en las privatizaciones. En particular, rechazamos los intentos de privatización de las industrias eléctrica y petrolera, así como la política del gobierno federal sobre la integración energética con Norteamérica.
4. Rechazamos la reforma fiscal foxista por atentatoria al interés mayoritario de los mexicanos.
5. Exigimos la democracia sindical como medio para imprimir un rumbo democrático al país.
6. Exigimos el respeto a la contratación colectiva de trabajo y la solución a las demandas laborales pendientes de los trabajadores reclamantes.
7. Exigimos el reconocimiento a los derechos indígenas expresados en las propuestas zapatistas del EZLN.