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MEXICO
 e n e r g i a 
PERIODICO DEL FRENTE DE TRABAJADORES DE LA ENERGIA DE MEXICO
 Vol. 2, No.32         Noviembre 20 de 2002
Innecesaria Inversión Privada

La industria eléctrica nacionalizada en su conjunto genera importantes excedentes que pueden financiar parte de su propio desarrollo. NO se requiere inversión privada. La entrada de capital privado genera gastos “ocultos” a la empresa pública. Los generadores privados evaden el pago del “aprovechamiento” lo cuál terminará por descapitalizar al sector.

 

México dispone actualmente de un modelo de industria eléctrica auto-sustentable, que ha permitido apoyar con oportunidad el desarrollo del país, creciendo a una tasa media anual, de 1960 a 2000, del 7%. Vale la pena defender este modelo, veamos porqué.

La industria eléctrica nacionalizada genera recursos propios. Por ejemplo, según el estado de resultados de CFE de 2001, esta empresa tuvo ingresos totales por unos 130 mil millones de pesos (MMP): 101 por concepto de venta de energía y alrededor de 29 MMP transferidos al fisco por concepto de aprovechamiento (concepto contable empleado para cargar a las empresas públicas los subsidios al consumidor). Considerando que el gasto de explotación real de ese año fue de 85 MMP (eliminando la depreciación, otro concepto tramposamente aplicado, dado que los costos por depreciación y obsolescencia de los activos fijos de la empresa pública no tienen nada que ver con los de una empresa privada), ello significa que CFE obtuvo un excedente neto de 45 MMP.

Lo mismo ha venido sucediendo en años anteriores, de manera que mediante una contabilidad correcta, parte de dicho remanente podría destinarse a financiar el desarrollo básico del sistema eléctrico nacional, recurriendo al financiamiento externo en condiciones menos urgentes. Para ello no se requiere autonomía financiera, solamente reglas de inversión claras y no depender de la supervisión de la Secretaría de Hacienda.

CFE, en los hechos, es “autónoma” únicamente para proponer, jamás para disponer. Este tratamiento constituye un juego contable destinado a simular una industria nacionalizada “subsidiada” operativamente. El subsidio real es al usuario, pero debe asumirlo el gobierno, dado que es el costo de su propia ineficiencia para garantizar un ingreso suficiente a la población.

El caso de LyFC es distinto, porque al estar sujeta a las mismas reglas contables de CFE y al adquirir de ésta prácticamente la totalidad de la energía que distribuye, ―a un precio mayor que el de venta al consumidor―, a pesar de que, salvo en el sector industrial, la tarifa promedio de LyFC es menor que la de CFE, y otorga, exceptuando el sector agrícola, un monto proporcional de subsidios mayor que el de CFE (considerando el número de usuarios de cada cual), según se desprende de los datos presentados en el II informe de gobierno-, por lo que su condición contable aparente es de quiebra permanente.

Lo que hoy se pretende legislar (Fox, pero también las propuestas de la oposición lo plantean) implica que la ampliación de la capacidad de generación en nuestro país sea financiada legalmente por particulares, mediante concesiones ―como las otorgadas inconstitucionalmente hasta ahora― por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), no sólo concediendo permisos para Productor Independiente de Energía (PIE), sino también otros, con características muy irregulares, para autoabasto y cogeneración.

Tarifas de energía eléctrica
por sector de consumo

Concepto

CFE

LFC

Residencial

Tarifa

0.62

0.59

Subsidio a consumidores

25,811

10,438

Comercial

Tarifa

1.34

1.30

Subsidio a consumidores

2,867

Servicios

Tarifa

1.14

1.09

Subsidio a consumidores

605

525

Agrícola

Tarifa

0.31

0.29

Subsidio a consumidores

5,979

126

Industrial

Tarifa

0.57

0.68

Subsidio a consumidores

7,432

7,561

Tarifa en $/KWh y Subsidio en Millones de pesos.

Vicente Fox, II Informe de Gobierno

Se plantea además de mantener el financiamiento externo en modalidades siempre ventajosas para los inversionistas privados, similares a los llamados PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro de Gasto), cuyo riesgo finalmente es asumido por la industria nacionalizada (CFE y PEMEX), por lo cuál no se justifica el elevado costo del servicio de este tipo de endeudamiento.

Esto último es importante porque constituye la base del financiamiento para ampliar la capacidad de transmisión, transformación y distribución, funciones en las cuales CFE y LyFC asumen totalmente los costos de expansión, que no son menores, si se considera que por cada peso invertido en generación, se debe invertir otro tanto en infraestructura para transportar y comercializar dicha energía. Esto es lo que se financia con presupuesto propio y deuda de muy alto costo (se menciona que de cada 10 dólares invertidos por la IP, se le han devuelto 3 por concepto de intereses en los últimos cinco años, 1997-2001. La Jornada 22.03.02).

A pesar de ello, la industria eléctrica mexicana ha generado considerables excedentes (valorados en 300 MMP en el período de 1995 al 2001, J. Apodaca, http://www.energia.org.mx/analisis_y_opinion/2002/l

09/reflexiones.html) que la Secretaría de Hacienda recibe, junto con las enormes transferencias de PEMEX, como única fuente segura de recursos para cubrir el elevado déficit fiscal (derivado principalmente de una deficiente política de recaudación de impuestos, cuyo responsable directo es la propia SHCPP).

Es cierto, la propuesta de apertura no implica la privatización directa de los activos actuales de la industria eléctrica nacionalizada, pero al concesionar sus funciones estratégicas (generación, distribución y la construcción de obras nuevas), las "rentas" y las "utilidades" que se generan en el sector terminarán privatizándose. Además, sin posibilidad de reinversión, al paso del tiempo la venta de los activos restantes será un imperativo.

Esto no es correcto, porque la industria eléctrica nacionalizada es auto-sustentable, pero los recursos que genera (incluidas los obtenidos por la reducción del subsidio del 8 de febrero de 2002) son “embargados” a cuenta del aprovechamiento. Por cierto ¿Se estará cobrando este 9% sobre el valor de sus activos fijos netos a las empresas privadas que generan ya electricidad en nuestro país? Finalmente utilizan también gran parte de la infraestructura nacional para “vender” su energía.


 C O N T A C T O 

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