El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga los hechos relacionados con los 43 normalistas desaparecidos, insiste en que se permita el acceso al 27 batallón de infantería en Iguala. También denuncia un alto porcentaje de torturas a los detenidos implicados. Como en otras ocasiones, el gobierno rechaza una reunión siquiera con los militares. La Sedena no ha informado sobre el destino de los mandos que estuvieron aquel día de la masacre; los militares fueron removidos, reubicados y premiados de inmediato, los actuales jefes y soldados son otros.

Si para el gobierno de Peña Nieto el Papa Francisco está mal, la ONU está mal, evidentemente, la CIDH también está mal. Quieren ocultar el Sol con un dedo. Pero lo que hacen es delatarse cada vez más. Estado y gobierno tienen responsabilidad en los hechos y, a la fecha, no han demostrado la versión oficial de los hechos. Por el contrario, sigue aumentando el cuestionamiento.

La participación de los militares sigue siendo opaca y el gobierno la ha vuelto turbia. Reiteradamente, se ocupa de encubrir al ejército y no de aclarar nada.

Precisamente, para esclarecer el caso Ayotzinapa, los expertos de la CIDH consideran que se debe entrevistar "directamente" a los elementos que estuvieron presentes los días 26 y 27 de septiembre pasado.

"El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos insistió en la necesidad de que el gobierno mexicano le permita el acceso al 27 batallón de infantería del Ejército, con sede en Iguala, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’ a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes (Petrich B., en La Jornada, p.3, 12 mayo 2015).

"Consideran que esta diligencia es ‘‘clave’’ en el proceso de esclarecimiento, ‘‘porque ellos estuvieron en varios escenarios’’ de los hechos la noche del pasado 26 de septiembre.

"Al rendir el tercer reporte de avances de la misión, desde que iniciaron su trabajo de coadyuvancia en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos y la investigación judicial de los hechos –que desembocaron además en el asesinato de tres estudiantes y heridas de gravedad a dos más, que permanecen hospitalizados desde hace siete meses–, integrantes del GIEI advirtieron ayer sobre el grave riesgo de impunidad que podrían entrañar las referencias recabadas por la delegación sobre situaciones de tortura, malos tratos o violaciones al debido proceso, denunciadas por varios de los presuntos responsables detenidos en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, mayoritariamente policías ministeriales e integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, señalados por la PGR".

"Entre las recomendaciones destaca la urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, en colaboración con sus padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme a estándares internacionales. Subrayaron también la necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y dispersas en seis juzgados distintos, en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar de detenidos en tres penales de máxima seguridad: Altiplano (estado de México), Tepic (Nayarit) y Puente Grande (Jalisco).

"Anunciaron que a partir del 20 de mayo, cuando el grupo regrese a México, acudirán al penal de Tepic a entrevistarse con la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda. Para la reunión con el mismo Abarca –recluido en Tamaulipas– no hay fecha aún, aunque se prevé que sea una de las últimas diligencias que realice el GIEI.

"Admitieron que aunque desconocen todavía cuál es el nivel de involucramiento del ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, ‘‘obviamente es parte de lo que se deberá investigar’’.

"Los expertos "confirmaron que, entre los 16 procesados con los que el GIEI se entrevistó en Tepic recientemente, ‘‘un número lamentablemente alto’’ refirieron haber sufrido tortura. En uno de los casos, el defensor de oficio incluso pidió la aplicación del protocolo de Estambul. Otros 10 presentaron recursos de queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Se preguntó a los expertos si, de confirmarse la tortura, esta circunstancia puede tirar el caso contra los implicados. Respondieron que una vez tomada nota de las denuncias, procederán a contrastarlas con lo que está en el expediente y los reportes médicos para determinar la veracidad. ‘‘El análisis exhaustivo de esas denuncias es fundamental’’ ya que, de confirmarse, tendría ‘‘consecuencias legales y un impacto muy negativo’’.

"Como en la presentación del segundo reporte, el GIEI insistió en que los delitos del caso Ayotzinapa se deben investigar por desaparición forzada, no por secuestro, como figura actualmente en las averiguaciones previas. Pero además, deben incluirse otros ilícitos graves como tortura, en particular en el caso del estudiante Julio César Mondragón, el joven de la Normal Rural de Ayotzinapa desollado por sus atacantes. También citaron los delitos de tentativa de homicidio, en el caso de Aldo Gutiérrez y Édgar Vargas, los dos que aún permanecen hospitalizados graves, después de siete meses.

"Añadieron que hay otras irregularidades como encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, uso no adecuado de la fuerza, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. ‘‘Estos delitos también deben ser adecuadamente investigados’’.

"Una de las recomendaciones centrales de los expertos al gobierno mexicano fue la integración de las más de 13 causas penales dispersas en seis juzgados de distintas ciudades (Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y el estado de Jalisco) y el internamiento de los presuntos responsables detenidos hasta ahora en tres penales de alta seguridad (Tepic, Puente Grande y el Altiplano).

"Apuntan que, de no unificarse la investigación sobre lo anterior, podría perderse ‘‘la visión integral de los hechos’’ y se corre el riesgo de ‘‘pérdida de evidencia para los acontecimientos conexos”.

Insistieron: ‘‘Se requiere de una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes considera esta medida fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera clave para determinar la responsabilidad y modus operandi’’.

La CIDH es una organización dependiente de la OEA, departamento de colonias de los Estados Unidos, por lo mismo su confiabilidad no es mucha. Más aún, sus facultades son muy reducidas limitadas a emitir recomendaciones y, generalmente, es muy lenta pare resolver.

Esta vez, el caso Ayotzinapa es tan grave que la respuesta de la CIDH ha sido relativamente rápida. Sus resultados siguen al nivel de recomendaciones pero esas observaciones son veneno para el gobierno de Peña Nieto.

Entre esas recomendaciones, destacamos tres.

1. Investigar los hechos por desaparición forzada, no por secuestro y, además, incluir la tortura.

2. Unificar los expedientes del caso, actualmente, dispersos.

3. Entrevistar directamente a los militares adscritos al 27 batallón de Iguala.

Los señalamientos son serios. En el primer caso, se contrapone con la versión oficial del gobierno, el cual niega la desaparición forzada. Tan es así que, a ninguno de los probables responsables actualmente detenidos se les ha imputado ese delito.

Respecto a la tortura, cuestión ampliamente utilizada por el Estado desde hace décadas, el gobierno simplemente la niega, así lo hizo con el informe que presentó el relator especial de la ONU. Más aún, las declaraciones de algunos testigos las ha presentado como "la verdad".

En cuanto a entrevistar a militares, es evidente que hay dudas sobre los mismos pero eso tiene dos limitaciones, Una, que el gobierno los encubre y no lo permitirá; dos, esa recomendación NO obliga a Peña Nieto y, aunque la CIDH ingresara al 27 Batallón, ya no encontraría a nadie de quienes estuvieron en aquella fecha de la masacre, TODOS fueron cambiados hace tiempo.

En reunión del titular de la CNDH con los expertos de la CIDH, Luis Raúl González Pérez, instó a sus colaboradotes directos en el caso "a que se profundice la indagatoria de los asuntos en los que se han señalado hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, como tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante" (Arellano C., en La Jornada, p.4, 12 mayo 2015).

Muy distinta fue la reacción de Miguel Ángel Osorio, secretario de gobernación de Peña. En el seminario México: 35 años de tradición, compromiso y solidaridad internacional con el refugio, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia, dijo que ‘‘México es reconocido en el mundo por su labor humanitaria y por contar con una legislación de vanguardia a escala internacional en la protección de refugiados’’ (en La Jornada, p.5, 12 mayo 2015).

Simple demagogia. El reconocimiento era en el pasado, hace mucho tiempo que los gobiernos en turno abandonaron esa tradición, hoy la política exterior mexicana está plenamente subordinada al imperio.

¿Cómo puede hablar Osorio de "labor humanitaria" cuando en México la violación a los derechos humanos es cotidiana? Solo un ejemplo, ¿dónde esta la labor humanitaria con los 43 normalistas desaparecidos que el gobierno da por muertos?

"Ante la petición del grupo de expertos de la CIDH para el caso Ayotzinapa de entrevistar a los militares de la región de Iguala, el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, prácticamente rechazó la solicitud (Martínez F., Aranda J., en La Jornada, p.3, 13 mayo 2015).

"–¿Cuándo les dará la entrevista con los militares? –se le preguntó.

"–Ha sido muy clara la posición. Hay un proceso, tenemos nuestro propio procedimiento, nuestras leyes, y bajo esas normas nos vamos a seguir manejando en México.

"Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, dijo que están obligados a respetar el marco legal que rige el proceso. ‘‘No encontramos, ni en el marco legal ni en la jurisprudencia, sustento para estas diligencias’’, comentó a La Jornada

"Osorio refrendó su apoyo al trabajo y resultados de la indagatoria de la procuraduría, la cual determinó que los normalistas fueron asesinados, calcinados y la mayoría de los restos esparcidos en un río".

La secretaría de la defensa nacional (Sedena) ni siquiera ha informado sobre los mandos que estuvieron en Iguala.

"El principal responsable jerárquico de los militares en ese momento, el general Alejandro Saavedra Hernández –quien era comandante de la 35 zona militar, la cual tiene bajo su mando al 27 batallón de infantería con sede en Iguala–, fue ascendido a divisionario en noviembre pasado y días después fue nombrado comandante de la novena región militar con sede en Acapulco (Aranda J., en La Jornada, p.3, 13 mayo 2015).

"Sobre el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, la Sedena mantiene en reserva si actuó internamente en contra de ese mando, pese a que el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que al momento de la agresión a los estudiantes el coronel estaba en una fiesta con el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa.

"Por otra parte, la Secretaría de la Defensa tampoco cumplió con el compromiso asumido por el gobierno mexicano de permitir a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares –al menos al de Iguala–, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición".

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 dijo que el rechazo del gobierno a permitir que los expertos de la CIDH se reúnan con militares implicados muestra que se mantiene al ejército como "intocable".

"Aclaró que no se está diciendo que el Ejército sea culpable, sino que hay elementos probatorios dentro de la investigación que lo involucran, por lo que se hace necesario abrir líneas de investigación para descartar cosas e indagar en busca de la verdad" (Román J. A., en La Jornada, p.4, 14 mayo 2015)

La respuesta de Osorio motivó acciones de protesta. "Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, apoyados por alumnos del plantel, tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, en la Autopista del Sol México-Acapulco" (Ocampo S., en La Jornada, p.5, 14 mayo 2015).

En el lugar, reiteraron boicot a las elecciones del próximo 7 de junio.

¿Qué significa lo anterior? Que el gobierno de Peña sigue inamovible en "su versión" y solapa la impunidad.

Ahora tocó el turno a la CIDH. El gobierno rechazó públicamente una de las recomendaciones, hace tiempo lo hizo con las otras. Sostener "su versión" es una necedad patológica.


Ref.: 2015, elektron 15 (134) 1-4, 14 mayo 2015, FTE de México.

Marcha por Ayotzinapa, 26 de abril de 2015, ciudad de México. FOTO: Ap