Se pretende rechazar las reformas constitucionales y aprobar las reformas a la LSPEE. Estas últimas constituyen un Plan B y son igualmente privatizadoras. La coincidencia del PAN-Fox con el PRI y PRD son lamentables. En mínima congruencia, PRI y PRD debieran revisar sus propuestas y corregirlas. Más aún, deben (y pueden) derogar las contra-reformas Salinistas de 1992.
Con o sin la “reforma” propuesta por el Banco Mundial, el gobierno del Fox sigue auspiciando la privatización eléctrica y petrolera en la práctica. En los hechos se está perdiendo aceleradamente el patrimonio nacional.
En el caso eléctrico, las bases legaloides son las reformas del salinismo a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Con esas reformas se deformó al concepto de servicio público de energía eléctrica, a partir de una interpretación torcida del párrafo sexto del artículo 27 constitucional.
Al nacionalizarse la industria eléctrica se integró a la Constitución el párrafo sexto del artículo 27, el que establece que “Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgaran concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.
Quince años después, en el marco de la lucha de los electricistas en todo el país, se aprobó la primera Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Con esta ley se pretendía afirmar la nacionalización. En la LSPEE de 1975 se definió, originalmente en el artículo 3, lo relativo al servicio público de energía eléctrica. Esa definición fue la políticamente posible, con todas las limitaciones inherentes. El servicio público se definió de manera incompleta. Hoy está peor porque el concepto original se ha deformado cada vez más.
ARTICULO 4º. Para los efectos de esta ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende:
- La planeación del sistema eléctrico nacional;
- La generación, conducción ,transformación, distribución y venta de energía eléctrica; y
- La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.
En 1992, cuando se hicieron reformas a la LSPEE, se “fabricó” un nuevo artículo 3 que vendría a representar un severo retroceso a la nacionalización.
Para Salinas de Gortari y sus asesores del Banco Mundial, la salida era muy simple: solamente habría que ampliar lo que NO es servicio público.
ARTICULO 3º. No se considera servicio público:
- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
- La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
- La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;
- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y
- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. (D.O.F. 23 de diciembre de 1992).
En 1999, Zedillo presentó su propuesta de reforma constitucional, misma que, ante el rechazo nacional, fue detenida en el Senado de la República. Este terminaría rechazándola en 2002. Mientras, el gobierno de Zedillo se dedicó a quebrar a CFE. Sin ninguna reforma de ningún tipo, bastó no invertir y la CFE dejó de generar. A la fecha la situación es alarmante por escandalosa.
Con la invención de esas “figuras jurídicas” los gobiernos en turno han otorgado 214 permisos privados para generación eléctrica por casi 20 mil Mw. La mayoría de estos permisos son fraudulentos y se han otorgado unilateralmente a monopolios transnacionales según criterio discrecional de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Hasta 1999, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había logrado una capacidad instalada de 35 mil Mw, actualmente el gobierno declara que son 40 mil 800 Mw pero se incluye la, cada día mayor, contribución privada que genera electricidad para su venta a CFE.
En las iniciativas primero de Zedillo y ahora de Fox, se insiste en seguir ese camino antinacional. En el caso de las propuestas foxista se propone ratificar el artículo 3 de Salinas y adicionar un nuevo artículo 4 a la LSPEE, que implica una nueva “figura” adicional a las de 92.
Artículo 4°.- Tampoco se consideran servicio público las actividades de generación, importación, conducción, transformación y venta directa o indirecta de energía eléctrica a los usuarios con requerimientos de consumo superiores a 2,500 MW hora por año en actividades industriales, comerciales o de servicios, ni cualquier tipo de exportación de electricidad.
Lo lamentable es que otros partidos políticos, como el PRI y el PRD, proponen exactamente lo mismo. Una diferencia está en que Fox pretende modificar la Constitución y la legislación secundaria, los demás partidos (PRI y PRD) únicamente a ésta última.
La tirada del Fox es clara: como no tiene consenso, ni siquiera mayoría en el Congreso de la Unión, es previsible que las propuestas de modificaciones constitucionales serán rechazadas. Después de todo, Fox no necesita que la Constitución sea modificada para continuar con la privatización furtiva.
Sin embargo, es previsible un Plan B consistente en reformar la legislación secundaria. Al respecto, Fox hace una propuesta que profundizaría la privatización en marcha. Los demás partidos podrían NO estar de acuerdo en esa propuesta foxista específica pero SÍ, en general, con el Plan B. El Fox estaría feliz conque se mantuvieran las reformas de Salinas. Con esas medidas sería suficiente para desnacionalizar la industria eléctrica en su sexenio.
En su iniciativa de reformas a la LSPEE el PRI se propone:
ARTÍCULO 1. El objeto de la presente Ley es establecer el régimen de prestación del servicio público de energía eléctrica, de conformidad con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es también objeto del presente ordenamiento la formulación de disposiciones que permitan el desarrollo de actividades no comprendidas en el servicio público de electricidad.
Primero, el PRI propone como objeto de la Ley eléctrica lo concerniente a las actividades que NO son servicio público, es decir, de entrada se acepta la deformación. Después, el PRI le da muchas vueltas para llegar a lo mismo.
ARTÍCULO 52. En los términos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no forma parte del servicio público, y sólo podrá ser autorizada como actividad excepcional y no sustitutiva del mismo, la producción de energía eléctrica, por medio de procedimientos de generación convencional o por cogeneración, de conformidad con lo establecido por los artículos 57 a 68 de esta Ley.
¿Cuáles son esos procedimientos para la generación "convencional"? En los artículos que siguen, del 57 al 90, el PRI reitera explícitamente que la CRE otorgará permisos privados para: autoabastecimiento, cogeneración, producción privada independiente, pequeña producción, importación y exportación de energía eléctrica. ¡Exactamente lo mismo que Salinas! Nada de esto dice la Constitución, sino las reformas de Salinas a la LSPEE.
Por su parte, el PRD a través de sus diputados propone que las reformas de Salinas permanezcan exactamente igual. De esta manera, se legitiman las figuras inventadas para la privatización. Además, se propone fortalecer a la CRE la cual tendría facultades amplias, incluso, para fijar las tarifas eléctricas.
En una segunda iniciativa, los senadores del PRD se van a fondo, superando no solamente a sus compañeros diputados o a los senadores del PRI sino, incluso, a Salinas de Gortari. La iniciativa de los senadores del PRD solamente es superada por las regresiones del Fox. Sodi propone legalizar todas las figuras inventadas por Salinas así como una nueva, la de “productores externos” (de energía). Dice la segunda iniciativa del PRD:
Artículo 4.- Dentro de los límites que establece esta Ley, y siempre que no se configuren actividades correspondientes a la prestación del servicio público, los particulares podrán generar electricidad en las siguientes modalidades:
- La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;
- La generación de energía eléctrica que realicen los productores externos exclusivamente para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;
- La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y
- La generación de energía eléctrica destinada en su totalidad para su exportación;
- La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.
Todas las propuestas (PRI, PAN, PRD) se caracterizan por una definición extremadamente pobre del concepto de servicio público de energía eléctrica. De hecho, todos los partidos políticos aceptan la formulación de Salinas de Gortari incluyendo las deformaciones y, algunos, (PAN y PRD) hasta las aumentan.
No es la única coincidencia PAN-Fox-PRI-PRD; está también lo concerniente al FORTALECIMIENTO de la CRE y a la Autonomía de Gestión. Respecto a la CRE resulta absurdo proponer fortalecer a la entidad privatizadora por excelencia, la misma que ha otorgado todos los permisos privados a discreción e incurrido en reiterados fraudes.
Todos esperamos que la mayoría de senadores (del PRI y PRD) procedan en consecuencia y rechacen TODAS las iniciativas de Fox, pero, no es tan seguro que sean TODAS. En un acto de mínima congruencia debieran revisar sus propuestas y retirar todos los aspectos que lesionan a la Nación, principalmente, los relacionados con la legitimación de la privatización eléctrica furtiva.
Sí, la coherencia está en rechazar, derogando, las reformas de Salinas de Gortari. Basta, tan solo, que no se mencionen en las iniciativas del PRI y PRD, que las dejen inexistentes. No faltará quien diga: ¿y qué se va a hacer con los permisos que ya se otorgaron? La respuesta es obvia: deben REVOCARSE por atentar contra el interés nacional, la misma LSPEE lo prevé en general. ¿Es muy difícil? Pues, ¡no se puede defender a la Nación a “medios chiles”!.
El momento político es crucial y los legisladores y partidos políticos tienen una alta responsabilidad que podrán cumplir o no.
Para los trabajadores de la energía agrupados en el FTE es inaceptable cualquier Plan B. ¡La Patria No Se Vende, tampoco se negocia! Menos aún, cuando la industria eléctrica nacionalizada está siendo expropiada aceleradamente en medio de la complacencia de muchos. Mientras se intenta convencer a los partidos políticos de legislar en serio, éstos insisten en mantener sus propuestas. Estas de ningún modo son viables y soberanas, son PRIVATIZADORAS.
En estos momentos, 20 mil Mw privados representan la mitad de la capacidad instalada de CFE. Los capitalistas privados ya nos han arrebatado media Patria equivalente. La privatización eléctrica furtiva es ya un intolerable despojo extranjero del patrimonio nacional.
¿Habrá que seguir así hasta que a los legisladores les caiga el veinte? ¡No! Debemos, entonces, intensificar la movilización para que el debate se resuelva en las calles, asambleas, centros de trabajo, foros y todos los eventos al alcance. La situación es muy grave e importante, para dejarla únicamente en manos de los partidos políticos tradicionales. ¡Venceremos!