La comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima obtuvo un triunfo parcial en su lucha contra la minería depredadora. Un juez decretó la suspensión de 2 concesiones mineras, así como, diversos artículos de la ley minera, en el juicio de amparo interpuesto por la comunidad. La mina sería de Oro y Plata y se abastecería de agua del manantial de la región, al que destruiría. Ahora, la Suprema Corte de Justicia deberá decretar la nulidad de las concesiones. La lucha ha sido difícil pero importante y debe continuar.

En Zacualpan la comunidad ha llevado a cabo una lucha destacada contra la minería.

Primero, se ha desarrollado la conciencia respecto a las consecuencias dañinas de la minería, especialmente de Oro. En este caso, se utilizan compuestos de cianuro en la metalurgia extractiva que afectan a la salud, medio ambiente y agua. Esta es, especialmente contaminada, usada en grandes cantidades e inutilizada. En este caso, la fuente de agua que ha previsto la minera es el manantial de la zona, de donde se abastece la comunidad y la zona conurbana Colima-Villa de Álvarez.

Instalar una mina de Oro en estas condiciones es un verdadero crimen. De hecho, la minería lo es, porque los concesionarios privados saquean los recursos naturales de la nación y dejan tras de sí un desastre. El concentrado de Oro y su posterior procesamiento les representa una cuantiosa fortuna. ¿Que queda a la población? El desastre, expresado en la depredación de las tierras, el aire, el agua, las enfermedades y la muerte. Los comuneros perderían sus tierras e, incluso, el derecho a vivir en sus cercanías, tendría que abandonarlas en éxodo masivo.

Segundo, la comunidad ha tomado iniciativas políticas, empezando por destituir al comisariado de bienes comunales, contrario al interés comunitario. Acto seguido, la asamblea nombró a un nuevo comisariado que se ha puesto al frente de la lucha. La iniciativa más importante fue el acuerdo de la asamblea para declarar a la zona como territorio libre de minería.

Tercero, la comunidad y sus aliados han llevado a cabo una lucha decidida, contra la empresa minera y el mismo gobierno estatal. Han enfrentado, incluso, a la represión. En materia legal, también han ejercido los recursos disponibles, aún dentro de las limitaciones del caso. Ahora, un juez les ha dado la razón y habrá que hacer valer la resolución. Falta, sin embargo, que la Suprema Corte sea coherente, lo cual no es seguro, habida cuenta que este aparato ha demostrado estar explícitamente contra la nación.

En el ámbito legal, el gobierno insiste demagógicamente en el llamado “Estado de derecho”. Ese no existe, lo que vale es el derecho burgués, lo demás son simples promesas. Lo mismo hacen las mineras, que siempre ofrecen engañosos beneficios que son falsos y, por supuesto, jamás los cumplen.

¿Por qué, entonces, el gobierno federal ha otorgado más de 28 mil concesiones mineras? Porque así conviene al capital, del cual, el gobierno es sirviente. Los gobiernos en turno son de mentalidad colonial y hacen todo lo posible por mantener el colonialismo, regalando los recursos naturales de la nación, sin importarles la vida de la población viviente. Esos gobiernos son simples “encomenderos” de las transnacionales, sus filiales y prestanombres.

Un grave problema es que la Constitución política del país, desde siempre ha permitido el otorgamiento de concesiones privadas. Consecuentemente, la ley minera autoriza lo mismo. Con el uso discrecional y arbitrario de esas leyes, es que gran parte del territorio nacional está concesionado al capital privado, nacional y extranjero.

El 9 de abril, Carlos Fernández-Vega escribió en La Jornada, en su columna México, SA lo siguiente:

Sólo en la primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje, de 1521 a 1821, en lo que hoy es México.

En esa década panista, con Fox y Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 380 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53 mil 500 toneladas, respectivamente, en los tres siglos citados.

Si se actualizan las cifras hasta 2014 (últimas disponibles), la depredación de los colonizadores españoles se quedó corta frente a lo alcanzado por un grupúsculo de impunes barones de la minería (nacionales y extranjeros) cobijados por los últimos cinco inquilinos de Los Pinos (de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto), con la complicidad del Congreso que se dice mexicano.

Lo anterior, porque sólo entre 2011 y 2014 el saqueo de oro mexicano sumó unas 430 toneladas adicionales (en cuatro superaron la extracción de 300 años de Corona española) y 22 mil toneladas de plata.

Con la información actualizada que se cita, en lo que va del siglo XXI los barones de la minería en México se han apropiado de 810 toneladas de oro (2.13 veces más que el obtenido por la Corona española en tres siglos) y más de 50 mil toneladas de plata (prácticamente el mismo volumen que lo acumulado en esos 300 años).

En 20 años, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron en concesión 97 millones 800 mil hectáreas a empresas mineras nacionales y extranjeras (falta documentar la extensión entregada por Peña Nieto en sus dos años y pico en Los Pinos).

Lo anterior resulta espeluznante: prácticamente la mitad del territorio nacional ha sido concesionada a unos cuantos empresarios (principalmente al tóxico Germán Larrea –el de Pasta de Conchos–, Alberto Bailleres (totalmente Palacio), Carlos Slim –a quien señalan como preponderante en el mundo de las telecomunicaciones, pero ni de lejos lo mencionan, al igual que a los otros dos, por lo mismo en el sector de la minería– y un pequeño grupo de trasnacionales canadienses.

Aún con todas las dificultades, la comunidad de Zacualpan avanza en la defensa de sus derechos.

El juzgado primero de distrito del Poder Judicial Federal, con sede en Colima, determinó suspender provisionalmente dos concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en territorio indígena de la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, así como los artículos 6, 10, 15, y 19, fracción IV, de la ley minera, por considerarla anticonstitucional y anticonvencional (Flores J. C., en La Jornada, p.24, 28 marzo 2015).

Esto, en virtud de un juicio de amparo que interpusieron los habitantes de esa localidad el 24 de marzo, porque la actividad perjudica su territorio. La resolución se produjo un día después y este 26 de marzo se notificó a la comunidad que se le concede la suspensión de plano.

Esperanza Salazar, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), consideró que es un paso importante contra la instalación de una mina de oro y plata que contaminaría el manantial que abastece la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, habitada por más de 300 mil personas.

Este juicio se llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la nulidad de las concesiones, así como la inconstitucionalidad de la ley minera que violenta los convenios internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, entre otros, adelantó la activista.

El juicio de amparo, con expediente 450/2015-II-A, fue promovido por autoridades agrarias y en calidad de comunidad indígena contra actos de funcionarios de las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, la delegación de la Procuraduría Agraria, la secretario de Gobernación y las comisiones nacionales del Agua y para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El juez federal decretó la suspensión de plano de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar cualquier acto tendente a privar de sus derechos agrarios (propiedad, posesión y disfrute) a la comunidad indígena de Zacualpan, con motivo de los títulos de concesión minera 227572 y 201872, situación que deberá prevalecer hasta en tanto cauce ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del presente juicio.

Lo anterior se deriva del hecho de que son actos que pueden tener el efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que implican una posible afectación del disfrute de bienes comunales a los habitantes de Zacualpan por los titulares de las concesiones mineras que se reclaman, ya que se encuentran invadiendo tierras de la comunidad.

(Con información de Alfredo Valadez Rodríguez).

Nos congratulamos de este triunfo parcial, pero triunfo, que da la razón a quienes defendemos los derechos de la nación viviente.

Felicitamos a la comunidad de Zacualpan y a la Rema en la región, y los exhortamos a continuar luchando incansables, hasta hacer de México un territorio libre de minería.


Ref.: 2015, elektron 15 (105) 1-3, 15 abril 2015, FTE de México.

Manantial de Zacualpan, Comala. FOTO: Berber76/internet