Tal como fue anunciado por Peña Nieto, el Senado ratificó la desnacionalización de la industria eléctrica y su privatización. En la legislación secundaria aprobó la desintegración industrial y su fraccionamiento para entregar el proceso de trabajo eléctrico a las transnacionales. Lo que las compañías extranjeras no pudieron hacer en 100 años, Peña y legisladores lo han hecho de un solo manotazo.

Son ya la envidia de Victoriano Huerta y compinches. No pudiendo convencer mediante la política basada en argumentos, datos y razones, optaron por la imposición dictatorial. El imperio no tuvo necesidad de seguir una vía sangrienta, como en Irak, aquí infiltró al propio Estado y desde dentro decidió lo mismo: apoderarse impunemente de los recursos energéticos de la nación.

La infiltración fue “voluntaria”, le bastó cabildear con dinero a los partidos políticos y sus legisladores simularon una discusión inexistente votando enseguida los dictámenes que las propias transnacionales elaboraron.

Afirmamos que los senadores NO leyeron ni la iniciativa ni el dictamen. Aún leyéndolo NO entenderían de qué se trata. Sus propios asesores son incapaces. Además, aún cuando leyeren no les está permitido decir nada pues la crítica no está incluida en el cabildeo, la obligación es votar y ya.

Si los legisladores lo fueran de verdad, debieran hacer las leyes y no las hacen, se las hacen. Si fueran patriotas revisarían las implicaciones antes de votar. Jamás hacen eso, se limitan a cumplir sus pactos con el capital. Eso se llama traición a México a cambio de dinero.

En consecuencia, el Senado carece de razón de existir. Al capital le servirá pero no a la nación. Esta vez volvió a traicionarnos. ¿Por qué se debe mantener a un instrumento contrario al interés general de la población?

El oprobio de este aparato del Estado contra el pueblo se implica directamente de la información pública de la propia prensa nacional.

Entre reclamos de legisladores de PRD y PT, el Senado aprobó anoche en lo general las leyes de la industria eléctrica y la de energía geotérmica. La oposición criticó la decisión de “desmantelar” la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar entrada a empresas nacionales y extranjeras a las que se garantiza la entrega de los terrenos que requieran para sus proyectos (Becerril A., Saldierna G., en La Jornada, p.3, 20 julio 2014).

Luego de más de siete horas de discusión, durante la sesión extraordinaria, con 92 votos en favor y 25 en contra, se avaló el segundo dictamen de la legislación secundaria en materia energética.

El perredista Isidro Pedraza denunció ante el pleno que los legisladores “más apasionados” en impulsar las normas que pulverizan a la CFE son los que defienden los negocios de empresas extranjeras, las cuales, operadas por funcionarios o ex funcionarios, van a entrar al gran negocio de la electricidad.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón trataron de acabar con el servicio eléctrico, pero ha sido Enrique Peña Nieto “el que acepta el mandato del imperio” para destruir a la CFE y abrir paso a trasnacionales estadunidenses.

Expuso que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) había presiones para que la industria eléctrica se abriera a inversionistas estadunidenses.

Como ya parece costumbre en los trabajos de dictaminación de la legislación energética, priístas y panistas acordaron introducir cambios de última hora por los que se elimina la palabra expropiación, que permanecía en el documento, aunque mantuvieron otros ordenamientos para obligar a propietarios privados, ejidales y comunales a entregar sus tierras a las empresas que se encargarán de generar y distribuir la electricidad.

Se modificó el artículo 71 de la ley, en el que la industria eléctrica se considera de utilidad pública y “procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria, conforme a la ley de expropiación y demás disposiciones aplicables”.

La parte referida a expropiación se eliminó también del artículo 11, fracción 30, en la que se daban a la Secretaría de Energía facultades para “promover la expropiación, la ocupación temporal, parcial o total o la limitación de los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar acabo las actividades de la industria eléctrica”.

En caso de que los propietarios no lleguen a un acuerdo con la trasnacional sobre el pago por sus propiedades o por las afectaciones que le provoquen, luego del avalúo sugerido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) podrá proponer al Ejecutivo federal “la constitución de una servidumbre legal por la vía administrativa”.

Por medio de esa figura la empresa tendrá “derecho” para el tránsito de personas, de transporte, de conducción y almacenamiento de materiales para la construcción” en el terreno requerido para la realización de su proyecto. Asimismo, para instalar o mantener la infraestructura y demás actividades y obras para el desarrollo de la industria eléctrica.

La ley de la industria eléctrica no prevé que los afectados pudieran participar en las utilidades de la empresa, como se instauró en la ley de hidrocarburos en el caso de propietarios afectados por empresas petroleras.

Durante la prolongada discusión, priístas y panistas defendieron el dictamen. El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, rechazó que se privatice la CFE y dijo que se fija “un nuevo modelo de la industria eléctrica nacional” que permitirá al Estado mantener la rectoría económica y aprovechar la competencia para ofrecer mejores servicios.

La senadora panista Sonia Mendoza reivindicó que las leyes aprobadas “garantizan el abasto de energía a las nuevas generaciones”.

La perredista Dolores Padierna advirtió que más allá de los discursos en los que se repiten eslogans, en la ley se señala la desintegración de la CFE para abrir paso a un mercado privado de la electricidad, que dejará de ser un servicio público.

Penchyna carece de escrúpulos. Su propuesta NO garantiza ninguna rectoría del Estado. Además, lo que había era “dominio de la nación” no rectoría del Estado, cuestiones muy diferentes. Penchyna es un senador vendido a las transnacionales, no más.

Los panistas son unos facinerosos. Solo la industria nacionalizada puede garantizar el acceso a la energía, nunca lo harán las transnacionales. El discurso de Bartlett (PT) y Padierna (PRD) es correcto pero limitado a la lucha de aparato en ausencia y desdén de la lucha social.

El PRI es un partido que devino en sicario del propio pueblo. Los priístas peñistas son los sucesores de Huerta, dedicados al asesinato de las conquistas sociales del pueblo de México. Carranza se quedó corto. Peña es el adalid de la propiedad privada elevada constitucionalmente al nivel de ridículo fetiche.


Ref: 2014, elektron 14 (243) 1-2, 20 julio 2014, FTE de México.