Parte del servicio de agua en el Distrito Federal se pondrá en manos del sector privado. Será mediante contratos para la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua para reuso, la detección y reparación de fugas y la instalación de 525 mil micromedidores. No es privatización dice Mancerita. ¿Qué es? “Modernización”, cual Peña dixit. La correspondiente ley está en manos de la ALDF de mayoría perredista.

Desbasto de agua en Iztapalapa FOTO: A. Domínguez

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) pondrá en manos del sector privado durante 15 años la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua para reuso, la detección y reparación de fugas y la instalación de 525 mil micromedidores, mediante la firma de contratos de prestación de servicios, sin que ello “signifique la privatización del servicio o el incremento a las tarifas” (Gómez L., en La Jornada, p.30, 15 abril 2014).

Después del intento en la administración pasada de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y permitir la participación de la iniciativa privada, en los próximos días se enviará el proyecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde “sólo se nos permite firmar contratos con ella para determinadas acciones”, precisó Ramón Aguirre.

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) señaló que desde el año pasado se trabaja en una iniciativa conjunta con la Comisión de la Gestión Integral del Agua de la ALDF, con la finalidad de que sea aprobada en el actual periodo de sesiones, y en la que queda claro que los diputados serán quienes fijen las tarifas y propondrán subsidios específicos a grupos vulnerables.

El funcionario explicó que dichos recursos se devolverían al organismo mediante un fondo compensatorio, por lo cual “no habría ningún incremento para los contribuyentes y se mejoraría la cobranza, que es de 74 por ciento, porque muchas cuentas domésticas –de 150 a 30 mil pesos bimestrales– y algunas empresas no pagan, y nos evitaría perder el ciento por ciento de los juicios interpuestos”.

Tan sólo el año pasado, dijo, se perdieron 2 mil juicios de usuarios por un monto de 200 millones de pesos, y “nos está saliendo barato, cuando mejorar la cobranza en 93 por ciento incrementaría en mil millones los ingresos del organismo, que suman 6 mil millones, y realizar inversiones en infraestructura en las redes de agua potable y drenaje previstas en el programa de inversiones a 25 años”, indicó.

Con la participación del sector privado se busca que un millón 600 mil personas que carecen del servicio de agua diario lo tengan, y 2 millones 850 mil tengan la cantidad suficiente; asimismo, eliminar el riesgo de inundación que enfrentan 45 colonias, reducir de 13.5 a 7.2 metros cúbicos por segundo las fugas de agua y duplicar la extracción de agua subterránea a 17 metros por segundo y reuso de 6.4 metros cúbicos.

La sustitución de concesiones por “nuevos y modernos contratos de prestación de servicios, para lo cual no hace falta la descentralización del organismo”, permitirá pagar por metro cúbico de agua potabilizada, reusada o recuperada en fugas.

El jefe del GDF, Miguel Ángel Mancera, negó que la propuesta de reforma para descentralizar el Sacmex signifique la privatización del servicio de agua potable, aunque reconoció que se prevé la participación de la iniciativa privada en distintos esquemas de financiamiento (Cruz A., en La Jornada, p.30, 17 abril 2014).

“No hay ningún esquema de privatización, sino de modernización; es la primera vez que se va a tener un plan hídrico para la ciudad de largo alcance, transexenal”, cuyo propósito es dar garantías de abasto, suministro equitativo y de calidad en la prestación del servicio, afirmó en conferencia de prensa.

Recordó que el presupuesto del organismo es de 10 mil millones de pesos anuales, de los cuales sólo 2 mil se pueden invertir para el mejoramiento de la infraestructura, pues el resto se destina a gasto operativo.

En ese sentido, explicó, con la participación privada se puede lograr en un solo ejercicio fiscal la inversión que se requiere en este momento para mejorar el servicio, que es de 10 mil millones de pesos y no hasta en cinco años si se hace en los esquemas tradicionales.

Señaló que la iniciativa de ley que se enviará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal “ha sido ya trabajada con las diferentes fuerzas políticas; obviamente se está acompañando en una iniciativa con la fracción del Partido de la Revolución Democrática”.

Exactamente igual a Peña Nieto, Mancera profesa el mismo dogma: solo la participación privada podrá salvar a la ciudad y al país. El planteamiento es falso. ¿Pruebas? La construcción de la Línea 12 del Metro, escándalo reciente puesto en evidencia por la actual administración del GDF. ¿Quiénes fueron? Oficialmente nadie pero son los mismos que han gobernado a la ciudad en los últimos 20 años.

No es solo un caso sino toda una política. Peña y Mancera son politiquillos que mienten flagrantemente. En el presente caso, se privatiza el servicio del agua y el GDF dice que no es tal. ¡Mienten! La privatización no es total sino parcial y eso no resolverá los serios problemas relacionados con el servicio público del agua.

¿Por qué niega Mancera que sea privatización? Por las mismas razones que lo hace Peña Nieto. Llamarle privatización se oye feo, mejor decirle “modernización”. Pero el objetivo es el mismo: entregarle las funciones al capital y promover la acumulación privada de este.

De hecho, el GDF realiza una deficiente gestión del agua, cobra lo que quiere, hace la cobranza irregularmente, toma lecturas erróneas e incurre en abusos impunes. ¿Qué tiene la iniciativa privada, qué técnicas desconocidas posee, cuál es su ética, de cuándo acá el contratismo dejó de ser corrupto? No hay nada nuevo. Otra cosa es la ineptitud burocrática del GDF para realizar sus funciones por administración directa.

Aquí y en China poner el servicio del agua, en cualquiera de sus fases del proceso de trabajo, en manos privadas es privatización y es un error. El sector privado tiene como objetivo el negocio, el lucro y la ganancia, jamás el servicio público. Justamente, éste es el criterio fundamental. Evidentemente, igual que Peña Nieto Mancera habla de una supuesta “modernización” para encubrir la eliminación del concepto de servicio público, en este caso, del agua. La ALDF, de mayoría perredista, debe rechazar la “cocinada” ley.


Ref: 2014, elektron 14 (152) 1-2, 26 abril 2014, FTE de México.