Organizaciones e individuos proclives a la privatización eléctrica piden que la legislación secundaria energética les conceda todo. No les basta la propiedad privada otorgada constitucionalmente. Todos se dicen analistas o expertos en algo. No hay tal. Son grupos surgidos para apoyar a las transnacionales eléctricas.

En El Universal publicaron una inserción pagada a plana entera, el 3 de marzo de 2014. Lo suscribe la “Red por la transición energética” y propone los aspectos que debe “necesariamente incluir” la legislación energética secundaria “para asegurar una transición más efectiva hacia un sistema eléctrico de las energías renovables y una mayor eficiencia energética”. Se trata de un discurso borroso. A los firmantes del documento lo que interesa es el negocio, ni siquiera para sí sino para las transnacionales.

En consecuencia piden que en las leyes secundarias se les otorguen todo tipo de facilidades, e incentivos. No les basta que con la reforma constitucional a los artículos 27 y 28, Peña Nieto les haya otorgado la propiedad privada al concederles las funciones estratégicas de generación y comercialización eléctrica.

1. Establecer metas vinculantes de generación eléctrica con energías renovables. Se propone generar en 2024 el 35% de la matriz eléctrica con fuentes renovables con la participación de la CFE y los generadores privados. Según los firmantes, las leyes “deben detallar” un programa con disposiciones vinculantes.

2. Reflejar la competitividad económica y de sustentabilidad ambiental de las energías renovables. Dicen que las energías renovables no producen gases de efecto invernadero ni otras emisiones de contaminación atmosférica.

3. Favorecer el mercado y despacho de las energías renovables. Estas deben tener prioridad en el despacho, por sus marginalidades prácticamente nulas y externalidades ambientales negativas, dicen. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la secretaría de energía (SE) “deben desarrollar planes para ampliar la red de transmisión” para la potencia renovable. Eso quiere decir que la CFE lo haga, con recursos públicos, como ahora sucede con la construcción de la infraestructura de interconexión, al gusto de las transnacionales.

De los privados piden que “el mercado de electricidad” contemple explícitamente criterios que favorezcan la generación con fuentes renovables. ¿Cómo? Por medio de “metas obligatorias” y un sistema de certificados comercializables. Esto es, la privatización de las renovables debe ser obligatoria, como lo indica la reforma constitucional, especialmente, con relación al artículo 25.

4. Estructurar incentivos fiscales. De entrada, piden que siga la actual deducción del 100% de las inversiones realizadas durante el primer año. Ahora piden, como “incentivo fiscal”, “créditos fiscales” en el caso de que las personas físicas o morales no tengan un impuesto sobre la renta que pueda compensarse contra la depreciación acelerada.

5. Favorecer la generación distribuida, la interconexión y las contraprestaciones. Se trata de incentivos a las personas físicas y morales, es decir, los privados, a que generen su propia electricidad mediante políticas financieras y disposiciones regulatorias. En su caso, los generadores podrán vender sus excedentes a la red más cercana.

En la legislación secundaria se debe favorecer a empresas que financien la generación eléctrica distribuida, a nivel de viviendas, comercios y pequeñas empresas. La legislación federal debe prever la adecuación de la legislación estatal y municipal para garantizar mecanismos crediticios.

6. Desarrollar una red inteligente. En este sentido, le piden al gobierno la evolución hacia una red inteligente “con metas de inversiones” hacia el 2024. La CRE y otras dependencias, deben desarrollar instrumentos regulatorios y tarifarios, reglas de despacho y herramientas técnicas, aumentar la eficiencia en el consumo, fomentar la generación en pequeña escala, reducir pérdidas de distribución, optimizar el uso de la capacidad instalada, prevenir fallas, mejorar la calidad y continuidad del suministro. También, gestionar riesgos de operación, propiciar la electrificación rural, ofrecer una facturación detallada por franjas horarias. Esto es, la CRE, sin facultades operativas, sería la “nueva” industria eléctrica.

7. Apoyar el financiamiento. Dentro del Fondo petrolero, la legislación secundaria debe contener una asignación para el Fondo para la Transición Energética de, por lo menos, 3 mil millones de pesos anuales. Los recursos serían para la investigación e infraestructura de transmisión. ¿Para quién sería esa infraestructura? para las transnacionales. ¡Pobrecitos! Además, se debe crear el Fondo para las Energías Renovables (Fonader) como institución público-privada. Su finalidad sería financiar obras de infraestructura de transmisión, así como a la modernización de las redes.

8. Evitar los impactos sociales negativos. Dicen los “expertos” que las energías renovables “impactan positivamente en el desarrollo local”. Para ellos, el despojo y la violencia de las transnacionales es sinónimo de “desarrollo”. Para evitar impactos negativos, la legislación secundaria debe ofrecer “beneficios claros a los propietarios de la tierra” y a las comunidades involucradas mediante “esquemas transparentes de negociación y el pago de contraprestaciones bajo el marco de derechos humanos”. ¡Demagogia pura para ejercer el despojo impune! No es asunto de derechos humanos sino de derechos sociales.

Ah, por supuesto, le piden a la Sener que establezca “certeza jurídica a los generadores” y el derecho a la consulta de las comunidades. ¡Claro, esa certeza seria para el capital, en cuanto a la consulta se solicita la manipulación de la misma!

9. Incentivar la eficiencia energética. La legislación secundaria debe incentivar, en cualquier proceso de la generación y uso de energía para lograr la meta del 20% de ahorro en los próximos 5 años. El ahorro debe lograrse en la industria, el transporte, el comercio, zonas residenciales y sector agropecuario. Se trata de generalidades ilusorias.

10. Redirigir los subsidios. Piden que la legislación evite la regresividad de los subsidios destinados al consumo eléctrico. Parte de los recursos obtenidos de la eliminación de subsidios deben destinarse al Fonader. Otra parte sería para electrificación rural.

Aparte de darle órdenes al gobierno, se dedicarían al lucro y obtención de la ganancia. Todo lo necesario para lograrlo lo tendrían a su disposición, hasta en el medio rural. ¿Algo más?

Entre los “analistas” y “expertos” de las energías renovables están David Shields y Gabriel Cuadri de la Torre, el loquito que fue candidato presidencial del Panal de Elba Esther Gordillo. Desde luego, también hay organizaciones disque relacionadas con las energías renovables, el clima y el ambiente. Su función es muy clara: impulsar a las transnacionales y sus filiales para apropiarse de los recursos naturales de la nación y hacer sucios negocios privados con las energías renovables. ¿Por qué jamás propusieron nada cuando existía la industria eléctrica nacionalizada? Por que están al servicio del capital privado, así de simple.


Ref: 2014, elektron 14 (82) 1-2, 4 marzo 2014, FTE de México.