“No hay más moral política para este gobierno que la aplicación estricta de la ley”, declaró Santiago Creel secretario de gobernación foxista y, lo que ése gobierno hace a diario es violar la máxima ley del país, la Constitución política. Para traicionar a México el foxismo no tiene moral. Propone destruir la Constitución, para entregar al capital extranjero el patrimonio energético de la Nación.

Con la asesoría del consejero jurídico de la presidencia de la República, el panista Juan de Dios Castro, el mismo que perdió todos los "alegatos" presentados por Fox ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el gobierno foxista insiste ahora con un proyecto de modificaciones y adiciones a los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar a la industria energética nacionalizada.

La pretensión de Fox no solo consiste en privatizar la industria eléctrica sino también a la industria petrolera a través de un proyecto que denomina de “reforma estructural del sector energético” según versiones que circularon entre los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

La propuesta se resume en dos cuestiones centrales que atentan directamente contra la Nación. Ambas consisten en abrir totalmente al sector privado: 1) la generación, distribución y venta de electricidad y, 2) la explotación de los hidrocarburos y sus derivados.

Estas propuestas significarían sencillamente DESNACIONALIZAR a las industrias petrolera y eléctrica, conquistadas en memorables jornadas de lucha del pueblo mexicano.

El 16 de agosto pasado, Fox envió al Senado varias iniciativas de ley. En la primera de estas Fox propone modificar a la Constitución para privatizar a la industria eléctrica nacionalizada. Las otras leyes consisten en adecuaciones para regular la privatización. Por el momento, no envió iniciativas sobre el petróleo, tal vez lo haga después. No obstante, las propuestas sobre energía eléctrica significan la entrega del patrimonio nacional al extranjero.

Con estas propuestas Fox se coloca abiertamente contra la Nación. El proyecto foxista será rechazado por el pueblo pero no basta, es necesario proceder contra el foxismo pernicioso y revocarle el mandato, justamente en los términos de la propia Constitución.

El artículo 39 indica que “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”

La argumentación del foxismo y asesores es simplista, se limita a repetir el discurso del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás organismos financieros imperialistas, en ausencia de todo diagnóstico y con bases técnicas sumamente endebles. Es el discurso de Enron, transnacional defraudadora convertida en cerebro de Fox.

No obstante que el Senado de la República rechazó apenas en abril dos iniciativas (del PRI y del PAN) que pretendían la modificación constitucional para privatizar la industria eléctrica, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó en contra del decreto de Fox que pretendía otorgar facultades anticonstitucionales a favor de las empresas privadas extranjeras para comercializar la energía eléctrica que ilegalmente generan, el gobierno federal vuelve a insistir en lo mismo.

¿A que obedece la necedad de Fox? Seguramente al pacto que realizó con las transnacionales para que financiaran su campaña presidencial a cambio de entregarles el patrimonio nacional.

Lo dijimos oportunamente y hoy queda ratificado: las elecciones presidenciales anteriores fueron fraudulentas y representan un gran engaño para todos los mexicanos. Más que un ejercicio de democracia se trató de una simulación pactada entre los cárteles de inversionistas extranjeros y mafias políticas incluyendo al propio Instituto Federal Electoral, apoyadas por los medios privados de comunicación electrónica y ciertos oportunistas autollamados “intelectuales” que propusieron el “voto útil” aún en contra de sus propias candidaturas.

El foxista gobierna con descaro y en la ilegalidad. Es preciso que redoblemos la movilización y fortalezcamos la organización social independiente, en plan de abierta rebelión del pueblo contra la usurpación y la traición.

Los legisladores de la oposición tienen una alta responsabilidad política y debieran asumir su papel, legislando en forma y a fondo. La propuesta política coherente implica rechazar en todos sus términos la Ley foxista y culminar la nacionalización de la industria eléctrica con su cabal integración industrial. No hay medias tintas que valgan. La Patria está en peligro y reclama de sus mejores hombres y mujeres para defender las conquistas logradas al precio de la sangre de millones de mexicanos.

¡Abajo el gobierno foxista!

¡Viva México!