La privatización será total, la desnacionalización será plena, el cambio en el régimen de propiedad será absoluto. Es la Expropiación Petrolera Extranjera, el regreso de las compañías transnacionales, el despojo a la nación. De acuerdo al predictamen que preparan el PRI y el PAN, se privatizará TODO en materia petrolera y eléctrica. Habrá todo tipo de contratos, incluyendo los de producción compartida y las concesiones, llamadas “licencias”. El pago por la explotación de petróleo será en efectivo y en especie. En materia eléctrica, habrá generación privada y contratos para la transmisión y distribución eléctrica. Las industrias nacionalizadas serán descuartizadas por las atrocidades de Peña y Videgaray.

Industria energética nacionalizada

La nota de prensa publicada por I. Rodríguez, en La Jornada, revela las atrocidades que están preparando los legisladores, a solo unas horas del golpe traidor contra la nación. En el dictamen sobre la reforma constitucional de Peña Nieto para DESNACIONALIZAR a las industrias petrolera y eléctrica, los legisladores proponen todo lo que se les ocurre. Tal vez la entrega de más de medio territorio a los norteamericanos en 1848 palidezca ante la agresión de hoy, que entregará todo el territorio nacional, incluyendo las aguas patrimoniales, al capital extranjero.

Hace 500 años, cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, los totonacas les entregaron regalos que aumentaron la ambición de los conquistadores. Esta vez, Peña Nieto les ofrece como regalo nada menos que el patrimonio energético de la nación.

Lo anterior confirma lo señalado oportunamente por el FTE de México. No se trata de una privatización convencional, sino de la DESNACIONALIZACION energética, caracterizada por el cambio en el régimen de propiedad que afectará al proceso de trabajo energético completo.

“La apertura en el sector energético propuesta por el Ejecutivo federal y el Partido Acción Nacional (PAN) plantea la desaparición de la explotación del petróleo como actividad estratégica, para permitir la participación del sector privado en todas las actividades de la industria de hidrocarburos, según se desprende del último borrador de la propuesta para la ley secundaria de la reforma energética, cuya copia tiene La Jornada. (Rodríguez I., en La Jornada, p.3, 1 diciembre 2013).

“En esta iniciativa de modificaciones legales no hay restricciones a la integración vertical, y en consecuencia se permiten los oligopolios privados extranjeros, desde los campos petroleros hasta las estaciones de servicio, incluyendo la refinación.

“El documento preliminar destaca que la exclusividad del Estado se limitará al otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos, y se sugiere la desaparición de Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Como resultado, Petróleos Mexicanos (Pemex) será más pequeño y estará dividido en dos: por un lado exploración y extracción y, por otro, industrialización y comercio”.

Lo indicado por la nota de prensa es la consecuencia de eliminar a los hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad, como actividades estratégicas. Estas, actualmente a cargo exclusivo del Estado, pasarían a ser privadas. En principio, la privatización sería mediante la transferencia de las funciones que constituyen a los procesos de trabajo, eléctrico y petrolero. Enseguida, se constituirá una nueva infraestructura industrial de total y absoluta propiedad privada. Junto con esto, vendrá la apropiación privada de los recursos naturales energéticos y, consecuentemente, la obtención de ganancia y la acumulación de capital privado, principalmente extranjero.

Durante meses, Peña Nieto y su gobierno han repetido que su propuesta “no es privatización”. El FTE ha demostrado que sí es privatización. Hoy, los hechos lo comprueban.

Refiere Rodríguez que, “entre los puntos más relevantes contenidos en el amplio borrador, que aún no es la versión final, pero permite percatarse de hasta dónde quiere el gobierno llevar la reforma energética, se destaca que la propiedad pública de los hidrocarburos sólo aplica cuando están en el subsuelo, y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo.

“Adicionalmente, se plantea que el Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos; será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, pero no en la Constitución, sino en la legislación secundaria, al llamarlas “licencias”.

“Las compañías extranjeras estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos; podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones.

“De esta manera, se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado”.

Peña Nieto y su gobierno han repetido que el petróleo “seguirá siendo del Estado”. Pero el Estado NO tiene la propiedad, menos el gobierno, sino la nación. Hoy, sin embargo, se revela que el petróleo NO seguirá siendo de la nación, vaya ni siquiera del Estado, será de las transnacionales.

Esa “privatización” significa un REGALO a las corporaciones. Que la propiedad de los hidrocarburos aplique “solo al subsuelo” es una baratija. Ese patrimonio colectivo será extraído por las corporaciones y, desde la “boca de pozo” será suyo. Con inaudito cinismo Peña y adláteres dirán que el petróleo “seguirá siendo de los mexicanos”. Será otra vulgar mentira.

Los contratos a otorgarse serán de TODO tipo. Eso quiere decir que podrán ser de utilidad compartida, de producción compartida e, incluso, concesiones territoriales (y marinas). Los dos últimos tipos son los favoritos de las transnacionales. Cínicamente, a las concesiones los legisladores les llaman ahora “licencias”. Son lo mismo, la entrega descarada del patrimonio energético al capital extranjero.

En tales condiciones, las corporaciones podrán disponer libremente del petróleo que produzcan, para eso se les entregará. Por ello, podrán exportarlo, refinarlo y procesarlo.

Teniendo las funciones estratégicas en sus manos, la infraestructura industrial será la consecuencia, la que se extenderá por todo el país, incluso integrada.

Este sería el regreso apoteósico de las compañías extranjeras, en una acción de retroceso sin precedentes e innecesariamente.

Dice Rodríguez que, “en el texto preliminar, que permite conocer hasta dónde y con qué profundidad se quiere hacer la apertura y la entrega del sector energético a privados, se propone la creación de un organismo público especializado en la operación de la red de gasoductos, al que se denominaría “Gestor de la red”.

“Además, se plantea la apertura total de la petroquímica y se propone que los precios de la gasolina sean administrados al principio, pero en el futuro fluctuarán en función de los mercados internacionales”.

La consecuencia de la reforma constitucional es evidente. Cuando el FTE se refiere al proceso de trabajo, se incluyen todas las fases de este, a saber, exploración y producción de hidrocarburos (petróleo y gas), refinación de petróleo, procesamiento de gas, y desarrollo de la petroquímica. Es decir, todo. Se incluye, además, la planeación expresada en los planes de negocios, planeación nacional no existirá; la ingeniería de proyectos, a realizarse de manera privada, lo mismo que la construcción. Por supuesto, el transporte, distribución, almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, y su comercialización, serán actividades privadas. Las actuales redes nacionales de ductos, oleoductos, gasoductos y poliductos serán privadas. Por el momento, el “Gestor de la red” fungirá para dar acceso a los privados en la actual red a cargo de Pemex, luego serán los propietarios.

Rodríguez escribió que, “según este documento, la nación seguirá siendo propietaria del subsuelo y los minerales que contiene, así como la única habilitada para explorar y extraer los hidrocarburos, pero este último derecho lo ejercerá por medio de operadores públicos y privados.

“Las empresas públicas de otros países serán admitidas siempre y cuando cumplan algunos requisitos, para evitar que los derechos queden en manos de estados o gobiernos extranjeros. La nación administrará el subsuelo por conducto de autoridades federales.

“Por su parte, el presidente de la República definirá por decreto qué porciones del territorio estarán abiertas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos, y qué zonas se dejan para explotación futura.

“Del primer conjunto, la Secretaría de Energía (Sener) determinará las áreas puestas a disposición de los productores, así como los términos y condiciones con los cuales podrán llevar a cabo los trabajos y actividades. Algunas facultades y responsabilidades menores serán encargadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

“La propuesta inicial será que la Sener otorgará permisos de reconocimiento y exploración superficial, así como títulos de explotación agrupados en dos categorías: asignaciones y contratos. Las primeras se entregarán mediante adjudicación directa y se reservan para Pemex y sus organismos subsidiarios, a condición de que actúen solos, es decir, al margen de socios privados; los segundos por subasta pública.

“A su vez, los contratos se otorgarán a empresas privadas, pero también a Pemex, que podrá ir solo o en asociación con otras firmas. Del conjunto de contratos, la Secretaría de Energía podrá escoger entre una amplia gama de posibilidades, como los contratos de riesgo puro, de reparto de la producción, de utilidad compartida y las licencias (que pueden interpretarse como concesiones disfrazadas). La selección de una u otra modalidad dependerá de las características petroleras de las áreas puestas a disposición de los productores”.

La tergiversación del derecho es inmediata. La nación tendrá la propiedad de los recursos minerales del subsuelo pero el derecho lo ejercerá a través de los “operadores” privados, es decir, las transnacionales. ¡Qué derecho tan chueco! De nada servirá tener ese “derecho” si solo lo pueden ejercer “otros”. Así, el derecho de la NACION pasará a ser el derecho de las corporaciones. La transferencia del régimen de propiedad es inocultable y corresponde a la DESNACIONALIZACION.

¿Quién administrará el subsuelo? ¡Las autoridades federales!

El presidente de la República definirá “por decreto” las áreas territoriales sujetas a exploración y producción de hidrocarburos. ¿Cómo lo hará? Seguramente a través de una oficina de burócratas que “por decreto” entregarán a pedazos el patrimonio de la nación.

La secretaría de energía, a través de otra oficina de burócratas, determinará la asignación a las transnacionales, incluyendo permisos, contratos y “licencias”. La decisión quedará en sus manos, de entre “la amplia gama de posibilidades”.

Serán las concesiones (o licencias) y los contratos de producción compartida los que prevalezcan. La Sener NO decidirá serán las transnacionales. Para eso es que Peña Nieto propone reformar regresivamente la Constitución y desnacionalizar a Pemex y a la CFE.

Explicó Rodríguez que, “la remuneración será en efectivo o en especie, según el tipo de contrato. En las licencias el contratista se quedará con toda la producción y en los contratos de generación compartida sólo con una parte. Los términos económicos serán definidos por la Secretaría de Hacienda. El crudo que reciba el Estado será comercializado por entes públicos o privados.

“Los contratistas tendrán libertad de disponer de la producción que les corresponda: podrán exportarla, comercializarla localmente o aprovecharla en sus procesos, pues toda la industria petrolera estará liberalizada.

“Las empresas contratistas no podrán registrar las reservas como suyas, pero sí reportar a las bolsas de valores los beneficios que esperan obtener de los contratos firmados con el Estado mexicano; en otras palabras, no podrán hacer el registro de manera directa, pero sí indirectamente”.

Tratándose de las remuneraciones, el pago será en efectivo o en especie. Como lo dijo el propio ITAM-WWC, los “operadores” prefieren el pago en especie, en este caso, hidrocarburos que suben continuamente de valor (de uso y de cambio). Eso en el caso de contratos de producción compartida. En esta modalidad, la parte que le toque al Estado será comercializada mediante contratistas, paso inmediato, obligado y seguro para robarse los ingresos obtenidos.

Pero, en el caso de concesiones (o licencias), los “operadores” serán los dueños absolutos de lo que encuentren y produzcan. Ambos, contratistas y concesionarios, podrán disponer libremente de los recursos y producción obtenidos.

Los contratitas no podrán registrar las reservas como suyas pero los concesionarios sí. Pero, ambos podrán apropiarse las reservas, los concesionarios lo harán de manera directa, los contratistas, de manera indirecta.

En la nota de Rodríguez también se hace referencia a la industria eléctrica.

“En materia de electricidad, el texto preliminar señala que la exclusividad constitucional del Estado se limita al control del sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía. En estas actividades no se otorgarán concesiones, pero el Estado podrá celebrar contratos con particulares.

“Además, podrán establecerse contratos de transmisión y distribución. En consecuencia, la generación, transformación y comercialización (interna y externa, al mayoreo o al menudeo) ya no son parte del servicio público y pueden ser realizadas por el sector privado. La Secretaría de Hacienda sigue fijando las tarifas de electricidad para los pequeños usuarios (“usuarios del servicio estándar”), y los precios a los grandes consumidores serán liberalizados, además de que la red de transmisión y distribución será de libre acceso”.

En materia eléctrica, primero, la iniciativa de Peña propone privatizar la generación eléctrica de manera TOTAL. Eso se hará mediante la construcción, sin ton ni son, de centrales generadoras privadas mismas que comercializarán la energía producida. Es brevísima descripción, será el regreso ominoso de las compañías extranjeras.

Según el borrador de dictamen, el Estado conservaría el control del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), referido solamente al actual Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), pues el SEN incluye a la generación, misma que el gobierno separa absurdamente. Con ese SEN fragmentado, se conservaría el “servicio público” de transmisión y distribución eléctrica. No se otorgarán concesiones pero sí contratos. Esto es, las redes también serán privatizables.

Los contratos serán de transmisión y distribución. Eso conducirá a descuartizar el SEN, en miles de contratos y contratitos, para otras tantas empresas y empresitas, especialmente, de distribución en todo el país.

Con esas propuestas, se habrá proscrito al concepto de servicio público de energía eléctrica. Durante algún tiempo, el más breve posible, la CFE seguirá proporcionando el servicio, actualmente reducido debido a la privatización furtiva. En poco tiempo, el servicio será ofertado por los privados. Las tarifas para los pequeños usuarios las seguirá fijando la secretaría de hacienda. A mayor privatización, mayores serán las tarifas. Para los grandes usuarios, habrá libertad total; las tarifas también aumentarán.

Lo señalado en el predictamen de los legisladores sobre la reforma energética de Peña Nieto es una atrocidad contra la nación. Pemex y la CFE serían descuartizadas para entregarle las funciones, infraestructura yb recursos naturales a las transnacionales.

Será la agresión más absurda, innecesaria y sanguinaria contra la nación. Lo menos que se puede decir es que hay traición explícita y confesa. En términos de una regresión histórica es una barbaridad.

Para el asalto a la nación, al imperialismo le ha bastado imponer en la presidencia a Peñita e instrumentar una venganza largamente acariciada. Los “nuevos” artículos 27 y 28 de la “nueva” Constitución serán la expresión de la mayor contra-revolución burguesa que haya existido en la historia de México. La entrega del patrimonio energético de la nación a las transnacionales es un acto de despojo colectivo que no debiera quedar impune.

Gobierno, partidos políticos, empresarios, medios, el Estado en su conjunto, están a punto de traicionar a México. Los mexicanos en su conjunto tenemos responsabilidad por permitir este atraco vil. Hay, por supuesto niveles de la responsabilidad pero nadie puede excluirse. La llamada “izquierda” oficial también está descalificada.

Ahora tendremos un reto mayor: volver a recuperar el dominio de la nación sobre sus recursos naturales energéticos. Eso se expresa en la propuesta levantada oportunamente por el FTE de México: la re-nacionalización energética, misma que se hará por ser necesaria.


Ref: 2013, elektron 13 (452) 1-5, 1 diciembre 2013, FTE de México.

El FTE contra la desnacionalización energética