La Mesa Ciudadana de Observación de la Energía convoca “a los Legisladores, al Poder Ejecutivo Federal y a los directivos de los partidos políticos a resolver positivamente, en el próximo periodo extraordinario del Congreso, la autonomía de las empresas y las nuevas bases para su desarrollo” Loable petición que, sin embargo, omite cuestiones esenciales para la industria eléctrica nacionalizada de México.
A través de su página electrónica, la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía (MCOE), convocó “a los Legisladores, al Poder Ejecutivo Federal y a los directivos de los partidos políticos a resolver positivamente, en el próximo periodo extraordinario del Congreso, la autonomía de las empresas y las nuevas bases para su desarrollo”
La MESA parte correctamente del dictamen aprobado en abril pasado, mediante el cual, el Senado de la República desechó las iniciativas del PRI y del PAN para la modificación constitucional y, consecuentemente, la privatización eléctrica. Reivindica al servicio público de energía eléctrica como “fundamental para toda la actividad económica y para el bienestar de la población”
Luego se refiere a las iniciativas, (una) del PRI y (dos) del PRD “que hoy existen en el Congreso” señalando que “coinciden en lo fundamental y tienen el respaldo mayoritario de los legisladores para:
“Consolidar el dominio de la nación sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales para la generación, transmisión, distribución y abasto de energía eléctrica.
“Modernizar la prestación del servicio público de energía eléctrica y garantizar que los usuarios puedan tener acceso de manera suficiente a él, con la más alta calidad y a las menores tarifas posibles.
“Fortalecer la capacidad de autofinanciamiento de las empresas Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, y dotarlas de autonomía de gestión, presupuestal y financiera.
“Profundizar la capacidad técnica y normativa de la Comisión Reguladora de Energía a la que debe dotársele de los recursos necesarios para ello.
“Crear un sistema integral de planeación energética para hacer un uso racional de los recursos naturales y financieros, que promueva un desarrollo sustentable y dinámico de este sector y coordinar todas las políticas del área”
Dice la MESA que “Estas coincidencias son resultado de un amplio movimiento social en defensa del mandato constitucional, conformado por trabajadores, técnicos, profesionistas, académicos, investigadores y muchos otros ciudadanos”
Nos congratulamos de las preocupaciones de la MESA por hacer prevalecer, en general, el interés de la Nación en materia eléctrica. Reconocemos la importante labor que realizan cercanos a importantes niveles de decisión. Su asesoría al Senado es valiosa e implica alta responsabilidad. En el pasado reciente, la participación del licenciado en economía, Sergio Benito Osorio, fue destacada siendo presidente de la comisión de energéticos de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, expresamos nuestro desacuerdo con sus propuestas actuales. Creemos que debe considerarse, de entrada, la situación que se ha creado en los hechos al auspiciar el gobierno federal, tanto con Zedillo como con Fox, la privatización eléctrica furtiva.
En el debate no es posible hacer abstracción de la multitud de permisos “fraudulentos” que el gobierno federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, ha otorgado a empresas transnacionales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió una controversia interpuesta por los legisladores contra el titular del Poder Ejecutivo. La Suprema Corte declaró anticonstitucional al decreto foxista y fue más allá al encontrar serias irregularidades en los permisos otorgados. Pero nada se ha hecho para restablecer la legalidad.
Nos parece que hacer caso omiso de estos graves hechos dan lugar a permitirlos, como ocurre con las ilegítimas reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que deformó a éste para permitir la entrada de la inversión (y propiedad) privada en la industria eléctrica nacionalizada. Hoy, la participación privada en generación eléctrica es ya escandalosa y sus promotores, soberbios, hablan de la Industria Eléctrica Mejicana para referirse a la nueva industria privada que se construye impunemente en el país a la luz del día.
Consideramos que es desafortunada la propuesta para “Profundizar la capacidad técnica y operativa de la Comisión Reguladora de Energía”, misma que ha incurrido en evidentes fraudes a la Nación. Eso significaría legitimar a la privatización eléctrica furtiva.
Las “coincidencias” a que se refiere la Mesa no son, precisamente, las coincidencias del “amplio movimiento social en defensa del mandato constitucional, conformado por trabajadores, profesionistas, académicos, investigadores y muchos otros ciudadanos”
Trabajadores, profesionistas, académicos e investigadores de la energía, organizados en el FTE de México, consideramos que las actuales iniciativas deben revisarse, antes de dictaminar sobre las mismas, en sus términos actuales son inadecuadas para salvaguardar el interés general de la Nación. No hay coincidencia ni siquiera entre los partidos promoventes, el PRD sostiene 2 (dos) iniciativas sobre lo mismo.
Estamos de acuerdo en una reforma energética integral”, sí, a partir de una Política Energética Independiente que, en materia eléctrica, incluya la integración de la industria eléctrica nacionalizada como una de las acciones fundamentales. Sobre esas bases, podrá establecerse la planeación energética en el sector, así como los programas estratégicos de desarrollo en el marco de un Programa Nacional de Energía y un Plan Eléctrico Nacional, formulados, supervisados y concretados por los propios trabajadores de la energía en todo el país.
En la legislación correspondiente, el servicio público de energía eléctrica corresponde a la Nación. Tal servicio implica el conjunto de actividades del proceso de trabajo eléctrico que constituyen a la industria eléctrica nacionalizada. En esta materia no debe haber concesiones a los particulares y, el derecho de propiedad de la Nación, sobre su patrimonio y recursos debe ser inalienable e imprescripitible.
Es necesario, por tanto, restablecer la legalidad constitucional transgredida por el gobierno en 1992 y años subsiguientes. La verdadera Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Energía Eléctrica debe afirmar, sin ambigüedades, limitaciones, deformaciones ni flexibilidades, el derecho de la Nación establecido en el artículo 27 de la Constitución mexicana.
De ningún modo se deben regular (maquillar), en la industria energética de México, inversiones privadas, tramposas y alevosas, determinadas unilateralmente en las altas esferas del imperialismo norteamericano.
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¡Electricistas, Ni un Paso Atrás! FOTO: tigerpress |
¡No, a la
Privatización Eléctrica Furtiva!
¡Sí, a la
Política Eléctrica Independiente!
¡Sí, a la
Integración de la Industria Eléctrica
Nacionalizada!
Frente de Trabajadores
de la Energía
MEXICO
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