energía, periódico del Frente de Trabajadores de la Energía

En 24 páginas, se dice que, este trabajo se enfoca en los problemas que enfrenta el sector de hidrocarburos del país y en los principios más importantes que deben guiar una reforma de la industria de hidrocarburos en México. Esto es relevante pues, a pesar de que existen múltiples diagnósticos del sector, no se ha dado a conocer ninguna revisión profunda e integral de los principios y objetivos que deben guiar la política nacional en materia de hidrocarburos.

Sin que nadie los nombrara representantes de nada ni de nadie, los “expertos empiezan pecando de soberbios. Hablan, nadamenos, de los “principios” que deben guiar una reforma petrolera, esto es, del “Credo” para Peña Nieto. Aseguran que esta sí es una “revisión profunda e integral de los principios y objetivos que deben guiar la política nacional en materia de hidrocarburos”:

No es cierto. Los “principios” de que hablan son vulgares dogmas neoliberales y, como tales, los expresan sin demostrarlos, es simple dogmática religiosa. El documento ni siquiera es un diagnóstico, mucho menos “revisión profunda e integral”. Tampoco hacen referencia a ninguna “política nacional en materia de hidrocarburos”.

El documento es un mamotreto lleno de expresiones, carentes de contenido jurídico, que reflejan una posición política. No hay datos que sustenten al “diagnóstico” de los “expertos”, ni metodología ni pruebas de nada. Simplemente hacen afirmaciones sin sustento. Para este grupito se agotó la Constitución y hay que patearla. Consideran que llegó el momento de “cambiarla” y proponen una reforma regresiva.

La política energética nacional no les interesa, les importa cambiar el régimen de propiedad de la industria petrolera representada por Pemex. Esto es, proponen la privatización, palabra que no mencionan los “expertos” pero hacia la cual están orientadas todas sus “recomendaciones”.

En este “Credo”, los “expertos” rinden culto al capital privado transnacional, para ello fueron contratados. Por supuesto, el “estudio” que no es tal sirve para agradar al gobierno norteamericano y sus corporaciones. Se trata de una burda propuesta contra México.

En el “selecto grupo” está Lourdes Melgar, misma que además de ajena al sector funge como subsecretaria de electricidad y promueve la privatización de la CFE, no es ninguna experta; Juan Eibenschutz, promotor de las transnacionales nucleares desde hace décadas, especialmente, de la tecnología norteamericana General Electric de reactores nucleares de uranio enriquecido; Fluvio Ruiz, ex asesor del PRD en la Cámara de Diputados quien es consejero profesional de Pemex por designación, ajeno a la industria petrolera y oportunista declarado; David Shields, promotor a sueldo de los privatizadores.

Los demás son intelectuales de la derecha, empleados de las transnacionales y/o súbditos de coronas extranjeras.

Las conclusiones de estos “expertos” están, de entrada, en entredicho. Entre otras, son:

ii. Los serios problemas que enfrenta el sector de hidrocarburos en general, y Pemex en particular, requieren acción urgente de parte del Estado mexicano;

iv. el modelo actual de los hidrocarburos, en términos de su estructura legal, regulatoria y organizacional, pero sobre todo en términos de su capacidad de respuesta a las demandas de la economía nacional, está agotado. Se necesita un nuevo modelo mexicano

vi. Para impulsar este nuevo modelo es necesario un cambio constitucional y regulatorio. El marco constitucional existente ha sido llevado hasta el límite por el legislador a través de los distintos gobiernos en su búsqueda por acoplarse al cambio de las circunstancias con proyectos “vendibles” políticamente.

viii. Los principios de flexibilidad operativa y maximización del beneficio nacional deben tener una posición central en la búsqueda del nuevo marco;

viii. Es preferible que cualquier nuevo arreglo constitucional respecto de la política de hidrocarburo sea lo más simple y directo posible, para que amplíe, en vez de acotar, el espectro de alternativas del Estado mexicano, proveyendo a las autoridades de oportunidades para fomentar el crecimiento y dándoles instrumentos regulatorios para ejercer una rectoría eficaz, honesta y moderna del Estado;

ix. Es de vital importancia que cualquier discusión sobre las posibles reformas al sector energético en México sea llevada a cabo utilizando conceptos claros y precisos. Es crucial, por ejemplo, que se haga una distinción entre el dueño de los hidrocarburos – la Nación –y los operadores autorizados para extraer y transformar esos recursos –que pueden ser compañías públicas o privadas. El Estado puede maximizar el valor de la propiedad de sus recursos de distintas maneras y debe considerar una gama más amplia de opciones para la operación de los campos mexicanos de petróleo y gas, con la directriz de maximizar la creación de valor para el Estado por la explotación y transformación de dichos recursos;

x. Es claro que Pemex, por sí mismo, ya no puede cumplir con sus responsabilidades de asegurar el futuro energético de México; en particular extraer, transformar y transportar todos los hidrocarburos que el país requiere, particularmente en aguas profundas y campos no convencionales. México requiere de más operadores. Es imperativo que se dé a Pemex mayor libertad de acción en términos financieros, operativos y en la elección de socios y modos de asociación, así como generar espacios de participación de terceros en áreas en las que Pemex no se da abasto; y

xi. El problema de la regulación en el sector sigue siendo un reto mayor. En años recientes, la innovación en ese respecto ha fracasado en producir un cuerpo regulatorio que de confianza y certidumbre al manejo eficiente de los hidrocarburos, que traiga inversión, tecnología, conocimiento y talento, o bien que fomente el desarrollo responsable de estos recursos.

En suma, el “diagnóstico” o “revisión profunda” de los “expertos” se centra en declarar “agotado” el modelo actual de Pemex, “en términos de su estructura legal, regulatoria y organizacional” y proponen, sin más, “un cambio constitucional y regulatorio”.

Eso sí, piden que los cambios sean “lo más simple y directo posible”, utilizando “conceptos claros y precisos”. También piden que se haga un clara distinción entre el dueño de los hidrocarburos, que en la letra sería la nación, pero las facultades constitucionalmente estratégicas serían de las transnacionales, llamadas eufemísticamente “los operadores autorizados para extraer y transformar esos recursos”.

En suma, para los “expertos” Pemex está desahuciado y el capital extranjero es el único salvador. La historia terminó, dijeron en 1992 los neoliberales; triunfo el liberalismo. Hoy, parafraseando a sus congéneres repiten: Pemex fracasó, la única salvación es el capital privado. Evidentemente, no hay tal “diagnóstico” o “revisión profunda”, sino una vulgar lista de mandamientos de la política neoliberal.

En 8 apartados, incluyendo las Consideraciones finales, se describen las ideas fundamentales del “diagnóstico” que no es tal, o “revisión profunda” que no lo es, de los “expertos” que tampoco son. De hecho, el documento es un rollo ni siquiera tiene estructura, por lo menos, no está normada. Se trata de una sucesión de ideas-ornato para justificar la reforma energética de Pena Nieto.

Presentamos el documento, y comentarios del FTE, para el conocimiento de los trabajadores y mexicanos concientes. (Los subtítulos son nuestros, el texto de los “expertos” se indica en cursivas).

Los “expertos” del ITAM-WWC no representan a la nación pero sí la traicionan. Este es un alegato contra tales propuestas que consideramos antinacionales.

Los “expertos” se refieren a la insuficiencia de la reforma energética de 2008, es decir, esa reforma anticonstitucional que legalizó la privatización furtiva de TODAS las fuentes, renovables y no renovables de energía, les parece poco y van por más.

Señalan las coincidencias entre la visión del candidato del PRI y su contrincante por el Partido Acción Nacional (PAN) pues ambos partidos hacen énfasis en la apertura del sector a actores privados y extranjeros.

De pasada mencionan a Andrés Manuel López Obrador, quien vigorosamente se opuso a la noción de apertura del sector. Eso es un decir, porque tal oposición la hubo pero distó de ser vigorosa.

Luego indican que Enrique Peña Nieto y su equipo de transición han continuado haciendo referencias a este asunto. Específicamente mencionan que durante su visita a Brasil en septiembre de 2012, Enrique Peña Nieto alabó el modelo empleado por Petrobras, mientras que en su círculo cercano aumentaron los comentarios sobre la inminencia de una iniciativa legislativa para reformar la política energética mexicana.

Peña Nieto ha hecho referencias explícitas en el extranjero, principalmente en Europa, ofreciendo la apertura privada de Pemex. En Inglaterra, declaró a The Financial Times que habría cambios constitucionales para darles “certeza” a los inversionistas.

Los “expertos” dicen que el próximo debate acerca de cómo resolver los problemas del petróleo y el gas será complejo y controvertido pero, modestamente, con su trabajo buscan contribuir a alcanzar dicho entendimiento.

Al respecto, dicen los “expertos” que a situación de las reservas presenta un panorama igualmente preocupante. Luego dicen que, aunque es altamente probable que México aún tenga vastas reservas de petróleo por descubrir en el territorio nacional, durante la última década Pemex ha fallado en aumentar las reservas probadas. ¿”Altamente probable”? ¿“vastas reservas” por descubrir? Los señores del ITAM no aportan un solo dato para hacer sus estimaciones. Las reservas “por descubrir” se llaman recursos prospectivos, es decir, recursos no descubiertos, mismos que por no estar todavía descubiertos se ubican de dos categorías: hipotéticos o imaginarios. En estos momentos no se puede hablar de “vastas reservas” porque, simplemente, no se sabe.

¿Qué Pemex ha fallado? ¿Por qué? No lo dicen. Lo único cierto es que no ha habido descubrimientos relevantes, los yacimientos gigantes ya no existen.

México sólo tiene petróleo probado suficiente para los próximos 9 años, señalan los “expertos”. Más o menos. Y agregan: Si se quiere incrementar la producción actual y garantizar sustentablemente la de mediano plazo, se debe asegurar el descubrimiento y certificación de nuevas reservas. Ese es solo un deseo, muy bueno para sus objetivos subyacentes, pero ¿cómo se aseguran los descubrimientos, quién tiene la fórmula?

Aparentemente preocupados, indican que, esta doble caída en reservas y producción llega cuando se nos está acabando el “petróleo fácil”. México se enfrenta ahora con el reto de extraer los recursos remanentes de campos maduros o abandonados y de descubrir y extraer.

Habría que precisar que México todavía está en el nivel de petróleo barato pues el costo de extracción de Pemex es notoriamente inferior al de otras petroleras. Pemex es la más rentable de todas. Eso es lo que ofertan el ITAM y Peña Nieto al capital extranjero.

En 2012, el costo de extracción de Pemex era de 6.2 dólares por barril de petróleo crudo, frente a 6.57 de Total, 7.19 de Statoil, 9.45 de Exxon, 10.08 de British, 11.0 de Shell, 12.89 de Petrobras ó 13.98 de Chevron.

Los “expertos” hacen referencia, sin indicarlo, a generalidades. Hemos pasado de un escenario en el que extraer un barril de petróleo costaba unos cuantos dólares a uno en el que la extracción se eleva hasta sesenta dólares o más. Evidentemente, están repitiendo el discurso norteamericano, están hablando como gringos. Pero, ese no es todavía el caso de México.

Agregan: A la complejidad de estos retos se agregan las dificultades que Pemex ha experimentado en mantener las reservas probadas de gas natural.

De estas “argumentaciones” concluyen que el modelo actual, que pone toda la operación sobre Pemex, toda la tecnología en el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y toda la carga económica en el presupuesto no es adecuado para la era del “petróleo difícil”.

Eso es pontificar empíricamente, no les gusta Pemex como industria nacionalizada y, entonces, cualquier “argumento” es bueno para descalificarla. Eso no tiene fundamento.

Bajo el modelo actual, México no cuenta con la capacidad para invertir con suficiencia en la exploración y el descubrimiento de nuevas reservas, en el desarrollo de nuevas tecnologías de exploración y producción (E&P), y en el mantenimiento y construcción de la infraestructura necesaria, debido a la excesiva demanda de ingresos fiscales por parte del Gobierno Federal, señalan.

Aquí habría que distinguir entre la capacidad productiva de Pemex, expresada en sus resultados financieros y capacidad de inversión propiamente. En el primer caso, Pemex obtuvo en 2012, 1 billón 646 mil 900 millones de pesos (126 mil 600 millones de dólares) por concepto de ventas totales. Se trata de cuantiosos recursos, de ningún modo se puede hablar de carencia de los mismos.

Un indicador financiero son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBIDTA) que, en 2012, fue de 1 billón 145 mil 600 millones de pesos (88 mil millones de dólares). Esto significa casi el doble o más que cualquier otra petrolera del mundo. EL EBITDA de Pemex es el mayor de todas.

En cuanto a inversiones en bienes de capital (CAPEX), Pemex supera a América Movil, Walmart, Grupo México, Femsa, Televisa, peñoles, Minera Frisco, Alfa, Bimbo y Liverpool, todas juntas.

Ahora bien, la estructura fiscal a la que está sometida la paraestatal mexicana es desastrosa. En 2012 Pemex obtuvo un rendimiento antes de impuestos y derechos de 907 mil 900 millones de pesos (69 mil 800 millones de dólares). Pero entregó al gobierno como impuestos y derechos la cantidad de 902 mil 900 millones de pesos (69 mil 400 millones de dólares), esto es el 99.5% del rendimiento, mismo que puede rebasar el 100% considerando los impuestos especiales sobre productos y servicios. Contablemente, el rendimiento neto siempre es negativo.

En tales condiciones, es obvio que se carece de recursos para invertir. Pero no es que Pemex no genere los suficientes recursos, al contrario. Corregir esta situación implica modificar el régimen fiscal pero, en ningún caso, la privatización de Pemex y menos con una reforma constitucional.

Luego, los “expertos” dicen que Pemex no opera bajo la lógica de generar valor, sino de extraer renta. Así, Pemex carece de recursos, experiencia o incentivos para sostenerse a sí misma. La declaración es imprecisa, Pemex sí genera valor, podría generar más, si no lo hace es porque la política petrolera oficial se limita a extraer petróleo crudo y exportarlo, debiendo procesarlo internamente. En el primer caso, el petróleo también produce valor, no se comercializa gratuitamente. Este valor podría ser mayor pero no ocurre, precisamente, porque en vez de elaborar productos petrolíferos se importan, especialmente las gasolinas, reciclando los petrodólares obtenidos de la exportación de crudo y porque tampoco se elaboran los productos petroquímicos, mismos que en su mayor parte están ya en manos privadas.

La llamada renta petrolera son las utilidades, la ganancia que se obtiene y esta no surge sola a partir del valor de usos y del valor de cambio. Esta renta es muy cuantiosa, mayor a las 5 mayores empresas juntas que cotizan en el IPC de México, tales como, America Movil, Walmart, Femsa, Cemex y Alfa. El EBIDTA de Pemex es superior a America Movil, Grupo México, Banorte, Walmart, Femsa, Peñoles, Cemex, Grupo Modelo, Televisa y Alfa, todas JUNTAS.

Después, señalan que el que Pemex tenga que pagar frecuentemente más del 100% de sus ganancias al gobierno, en forma de impuestos y otros cargos, es una situación absolutamente insostenible e irresponsable.

Eso es parcialmente cierto pero no es lo que les importa a los privatizadores. Ellos mismos lo dicen cuando agregan: Sin embargo, aun cuando esa carga se aligerara, a México “no le alcanza”. Se requiere de un modelo que haga a Pemex responsable de sí misma, que permita a la economía mexicana crecer, y al Estado mexicano contar con los recursos fiscales necesarios para reducir la inequidad social.

Esto es, lo que importa a los “expertos” es que Pemex se privatice, como una solución para salvarla. No quieren que Pemex haga inversiones propias, la “responsabilidad” es que sean privadas.

Para los “expertos” la paraestatal mexicana está técnicamente en bancarrota debido a su inmensa deuda. Dicen que eso se debe a las obligaciones generadas por pensiones y demás prestaciones laborales. Y agregan que, décadas de ceder ante las demandas del sindicato, combinadas con el fracaso de separar fondos para futuros desembolsos, han dado lugar a que Pemex sea incapaz de cubrir sus pasivos actuales.

El hecho es contablemente cierto. De acuerdo al Balance general consolidado al 31 de diciembre de 2012, el total pasivo es superior al activo. Del primero, el pasivo a largo plazo es dominante sobre el pasivo a corto lazo. El total pasivo a largo plazo era de 2 billones 54 mil 445 millones de pesos (158 mil 296 millones de dólares). Del pasivo a largo plazo, la deuda a largo plazo era de 672 mil 618 millones de pesos (51 mil 700 millones de dólares) y la reserva para beneficio a los empleados era de 1 billón 288 mil 541 millones de pesos (99 mil 42 millones de dólares).

Evidentemente, la política petrolera oficial antinacional ha llevado a Pemex a endeudarse excesivamente. Pero también debe considerarse que la deuda no se paga de inmediato, los pasivos son de largo plazo. Lo mismo ocurre en el caso de los pasivos laborales.

Cierto es que las administraciones (y gobiernos federales) en turno han auspiciado la corrupción sindical y ésta ha corroído al sindicato y a Pemex.

Pero nada convence a los “expertos”. Dicen que no tiene sentido limpiar pasivos sin antes cambiar los incentivos. Lo que quieren es la privatización de Pemex y punto. Descartan a priori cualquiera otra opción. Que la deuda actual la pague el Estado, lo mismo los compromisos laborales. Las transnacionales, por supuesto, se responsabilizarían de sus propias deudas. En cuanto a pasivos laborales no habría porque no tendrían sindicato ni menos contrato colectivo de trabajo, operarían en la ilegalidad total y absoluta.

Los resultados de Pemex van de la mano con su falta de recursos técnicos y tecnológicos. México, y Pemex en particular, no han invertido lo suficiente en investigación y desarrollo en el sector energético a pesar de contar con presupuestos récord desde hace más de una década. Más aún, por las características del sector, las corrientes de pensamiento se encuentran aisladas de la cooperación tecnológica que está ocurriendo alrededor del mundo, critican los “expertos”.

¿Cuáles son esos presupuestos “record” para invertir en investigación y desarrollo? No lo indican. El hecho es que la investigación y desarrollo ha sido severamente castigada por dos razones, una porque se ha abandonado deliberadamente, sustituyendo los programas de investigación por los portafolios de negocios, la investigación se ha sustituido por la facturación de servicios. Dos, también deliberadamente, se ha suprimido la ingeniería de proyectos en todas sus especialidades.

En esas condiciones, no es la falta de cooperación tecnológica la culpable sino la política destructiva a ultranza la que ha venido imposibilitando a Pemex para desarrollar suficientemente su propia tecnología, se ha preferido comprar todo, en vez de desarrollar sus potencialidades. El asunto es de política, se necesita de una verdadera Política Energética Independiente, que incluya un Programa de investigación y desarrollo (I&D) en energía y, para ello, no es necesaria la privatización.

Pero los “expertos” insisten y para ellos la sola solución es la privatización. Lo dicen: al negársele a Pemex la posibilidad de trabajar con empresas privadas y extranjeras que sí cuentan con tecnología de punta para el sector, se le condena al atraso y a la dependencia tecnológica. Actualmente, Pemex sólo cuenta con lo que los demás ponen a la venta, que es, por definición, tecnología obsoleta.

Los mismos “expertos” se contradicen. Si la tecnología en venta es “obsoleta” ¿porqué insisten en comprarla?, si esa tecnología es la de las transnacionales, ¿para qué privatizar mas?

Agregan que, se necesita, de manera urgente, más inversión pública y privada para desarrollar más capacidad de investigación. Esto es, otra vez, la privatización es la fórmula mágica. No es así. El sector privado no está interesado, nunca lo ha estado, en invertir en I&D para el desarrollo nacional, su interés está en su propio desarrollo, en sus investigaciones para la ganancia privada.

En el documento del ITAM-WWC los “expertos” se preguntan lo que esperan de la nuestra industria petrolera y gasera y ellos mismos se responden a conveniencia. Dicen que, tradicionalmente, la respuesta ha sido que los hidrocarburos nacionales deben ser explotados por el Estado con el fin de maximizar la renta de la Nación y ser palanca de desarrollo. Para llevar a cabo lo anterior, se decidió limitar la operación de esa actividad a una sola empresa estatal, y enfocar la renta a servir de sostén de las finanzas públicas. Esa lógica quizá tenía sentido hace treinta años, cuando estábamos sumidos en una gran crisis y se optó por despetrolizar la economía. Hoy, este modelo no parece servir más al interés nacional.

La argumentación es harto tramposa para deslizar que el desarrollo petrolero se ha limitado por ser a través de “una sola” empresa estatal y que tal esquema ya no funciona. El asunto es muy cuestionable. Primero, Pemex no es empresa sino industria y lo es por encargarse de todo el proceso de trabajo petrolero no solo de una parte. La integración industrial es una necesidad técnica habida cuenta que el proceso de trabajo constituye una unidad orgánica. Esa integración es necesaria para cumplir sus objetivos nacionales, el esquema fragmentado es propio de las compañías extranjeras previas a la expropiación de 1938, mismas que representaron una calamidad criminal para la nación.

Hoy, fragmentar esos procesos solamente sirve para la privatización, el lucro y la ganancias privada, y todos los grandes monopolios privados promueven la integración, vertical y horizontal. Pero, entre los mecanismos privatizadores, el plan consiste en fragmentar al sector nacionalizado. Eso ya ocurre actualmente con Pemex y CFE. Después, los privados tienden a crear nuevos monopolios una vez que se han apoderado, primero de las funciones estratégicas y, después, de la nueva infraestructura industrial de propiedad totalmente privada. Así que el “mal” de Pemex no deviene de ser “una sola” entidad, al contrario, la integración es su fortaleza por eso la han minado desintegrándola.

Enseguida, los “expertos” señalan que, a pesar de la riqueza de las dotaciones naturales de México, la capacidad de nuestra industria de hidrocarburos para garantizar la seguridad energética se ha visto mermada en los últimos años.

A Pemex se le critica en exceso pero se reconoce la gran riqueza de hidrocarburos que posee la nación. No obstante los “expertos” dicen que no se garantiza la seguridad energética. Les faltó precisar ¿de quién?

La seguridad energética es una expresión típica del imperialismo, repetida constantemente por los gobiernos norteamericanos en turno. Lo dicen así porque carecen de suficiente petróleo propio y necesitan mucho más para su economía de derroche energético. La seguridad de qué hablan se refiere a los abastecimientos seguros de petróleo crudo, entre los cuales, cuentan con México.

Actualmente, Pemex está entre los 5 mayores productores del mundo, casi en el nivel de la China National Petroleum y de la Kuwait Petroleum, solo detrás de la National Iranian Oil y de la Saudi Aramco.

En cuanto a exportadores de crudo a Estados Unidos, Pemex es el tercer suministrador, después de Canadá y Arabia Saudita.

En 2012, Pemex produjo un promedio de 2 millones 256 mil barriles diarios, no obstante el sostenido declive de Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y otros activos desde 2004. Esa producción no es para garantizar la seguridad energética de México sino la de los Estados Unidos. Ese año, las exportaciones de petróleo crudo ascendieron a 1 millón 256 mil barriles diarios, amplia y mayoritariamente hacia los Estados Unidos.

De manera que Pemex produce mucho más de la demanda nacional. Si se exporta cuantiosamente desde hace ya varias décadas es para satisfacer las necesidades norteamericanas porque ni siquiera existe negocio, ya que Pemex exporta crudo e importa derivados, principalmente gasolinas, diesel, gas y petroquímicos.

La idea, entonces, de aumentar la plataforma de producción de Pemex tiene el evidente propósito de aumentar, también, la plataforma de exportación de petróleo crudo. Para ello, los “expertos” proponen abatir las escasas reservas probadas.

Dicen que, frecuentemente se cita la falta de inversión en E&P por parte de Pemex como causal del descenso de la producción y reservas, así como a la falta de inversión en capacidad de refinación. La causa de fondo es la despetrolización de la economía. Es decir, ahora que nuestra economía se diversifica, evoluciona, crece y se adapta, el modelo petrolero basado en una sola compañía, sin señales de mercado claras, es lento e insuficiente para cubrir las necesidades nacionales. Es más, frecuentemente es un freno para el desarrollo nacional.

Esto es, el problema no es la falta de inversiones, como en otras partes dicen, sino la existencia de Pemex como “una sola compañía”. Además de contradictorios los “expertos” son ridículos. Pemex no es ninguna compañía, nuca lo han sido, esos eran y son las empresas extranjeras. Ese modelo es el que molesta a las transnacionales y los “expertos” se dedican a repetir que tal modelo frena el desarrollo nacional, sugiriendo el regreso de las compañías extranjeras expropiadas.

Enseguida proponen la “autonomía” para Pemex, como lo hacen todos los partidos políticos. Los “expertos” teorizan a su modo a los políticos oficiales y proponen forzar a Pemex a ser autónomo, a sostenerse a sí misma sin depender más del presupuesto, a una adecuación del significado de la rectoría del Estado a los nuevos tiempos, y a aceptar a terceros que sean lo suficientemente eficientes como para mantener los actuales niveles de renta e incluso aumentarlos, y además proveer a la economía de la energía que necesita. Para esto se necesita una redefinición constitucional.

Los “expertos” del ITAM-WWC explican lo que los políticos ocultan. Primero, revuelven el asunto de la autonomía con la rectoría del Estado, misma que se aplica solo al sector privado, omitiendo que en materia de hidrocarburos (y de energía eléctrica) la Constitución NO habla de rectoría del Estado sino del dominio de la nación, que no es lo mismo. También omiten que las actividades relacionadas con los hidrocarburos son constitucionalmente “estratégicas”, a cargo exclusivo del Estado y en ningún caso son “prioritarias”, llamadas así a las actividades en las que participa en sector privado.

Tramposamente, plantean la autonomía para Pemex considerándola, a la vez, como entidad privada o privatizada. Tan es así que, bajo el concepto de autonomía proponen “aceptara terceros”. Se refieren a las transnacionales, las cuales ya incluso participan anticonstitucionalmente pero quieren más. Para ser precisos, quieren todo. Para ello, dicen, “se necesita una redefinición constitucional”.

¿En que consistiría ese “redefinición”? Muy sencillo, eliminar del párrafo 4º del artículo 28 las palabras “hidrocarburos” y “electricidad”, actividades consideradas actualmente como estratégicas. Por otra parte, suprimir del párrafo 6º del artículo 27 constitucional las palabras “no se otorgarán concesiones ni contratos”. Consecuente, ahora sí los habría, especialmente los contratos de producción compartida y las concesiones que son el objetivo principal de las transnacionales.

Después, para argumentar sus “principios” los “expertos” acuden a la demagogia priísta. Dicen que, en este reporte se busca llamar al gobierno a reconocer la importancia de una estrategia nacional de manejo de hidrocarburos que permita a las futuras generaciones beneficiarse de este patrimonio nacional. Esto significa optimizar el uso de las inversiones para la exploración del gas y de aceite, aplicar las mejores prácticas de la industria petrolera internacional de extracción que maximicen el petróleo recuperable de las reservas probadas de hidrocarburos, y la implementación de políticas energéticas eficientes que resulten en el uso racional de los hidrocarburos producidos.

Ese párrafo bien podría ser el texto de un spot de televisión, desde luego, falso y mentiroso. Hablan del futuro de las nuevas generaciones pero son sus propuestas las condenan a priori. Las inversiones que mencionan serían privadas con el objetivo que señalan: aumentar la extracción del “petróleo recuperable de las reservas probadas”. Esa es la intención central de las transnacionales: apoderase de las reservas probadas, en primer lugar. Y, cínicamente, se atreven a hablar de uso racional de los hidrocarburos.

Enseguida, deslizan las propuestas puestas en práctica en otros procesos privatizares de los hidrocarburos. Afirman los “expertos” que, en lo relativo a las utilidades generadas por el sector y que se transfieren al Gobierno Federal, éstas no deben destinarse a proyectos de motivación política, gasto corriente de los estados o proyectos que busquen beneficios de corto plazo para algunos grupos de la población actual, sino que deben invertirse en rubros como la educación y la infraestructura.

Los “expertos” mienten. ¿Cómo invertir en educación e infraestructura en un esquema en que Pemex aportaría menos al erario? Eso lo hace actualmente pero no podría hacerlo con menores ingresos y menos compartiéndolos con los privados, que probablemente ni impuestos paguen, como ocurre ahora.

Lo que pretenden los “expertos” es inducir a Peña Nieto a adoptar un modelo privatizado, para crear un fondo soberano, similar al noruego, al que se destine un porcentaje de las rentas obtenidas. No se debe olvidar que si el petróleo es propiedad de la Nación, le pertenece también a los mexicanos del futuro. La última parte es vulgar demagogia. ¿Cuáles mexicanos del futuro? Para ellos no habría petróleo, por dos razones: una, el capitalismo ha despilfarrado en cien años la mitad del petróleo existente en el mundo y proyecta eliminar el restante 50% en los siguientes 30 años. Dos, si el petróleo es propiedad de la nación, entonces, por elemental congruencia no caben las transnacionales, la privatización que propone los “expertos” es absurda, a menos que se contradigan deliberadamente para engañar a la nación. ¡Vaya “expertise”!

Dicen los expertos que, el actual debate nacional acerca de la reforma energética sufre de una seria debilidad: las élites políticas y económicas, así como la población en general, han mostrado una marcada tendencia a confundir términos clave, generando malentendidos y entendimientos contradictorios. Un claro ejemplo está en el uso confuso de los conceptos dueño y operador por comentaristas y responsables de política. Esta distinción se hace alrededor del mundo, donde generalmente la Nación mantiene la propiedad de los recursos, permitiendo que otros actores estatales y no estatales operen los campos de gas y petróleo.

No solo se han malentendido los términos sino que estos han sido deliberadamente tergiversados. Para los políticos y empresarios, la privatización no es privatización. Entonces, ¿qué es? Modernización, contestan sin explicar. Dicen que jamás han mencionado la palabra privatización pero todas sus propuestas son privatizadoras.

Ahora, los “expertos” del ITAM-WWC abundan con nuevos términos y las definiciones a conveniencia, tergiversando no solo el lenguaje sino el derecho mismo de la nación.

Primero, repiten que la nación mantiene la propiedad de los recursos pero permite a otros la operación de los campos de producción de hidrocarburos. Dicen: en algunos países, esto se realiza a través de una alianza entre la compañía nacional y empresas privadas; en otros, la operación de los campos se deja completamente al sector privado. Cualesquiera sea la modalidad, sería bienvenida para las transnacionales, especialmente la segunda.

Señalan los “expertos” que de acuerdo con la Constitución mexicana, la Nación es dueña de los hidrocarburos y, desde 1958, los gobiernos han legislado que Pemex tiene la responsabilidad exclusiva de operar todos los niveles de la cadena de valor de los hidrocarburos (entre 1933 y 1958 se permitía la inversión mixta, aunque rara vez se hizo).

Si esto es así, ¿por qué propone el ITAM-WWC la privatización de Pemex? La Constitución indica que corresponde la nación el dominio directo sobre sus hidrocarburos, cuyas actividades son estratégicas, a cargo exclusivo del Estado. Esto es, la participación privada está prohibida, si bien, la legislación secundaria la permite contraviniendo a las disposiciones constitucionales.

Evidentemente, lo que proponen los “expertos” es lo contrario para que Pemex se privatice constitucionalmente. Lo explicitan cuando dicen que, “los operadores son responsables de monetizar las reservas y surtir de energía a la economía, mientras que es responsabilidad del Estado mexicano determinar cómo maximizar el beneficio derivado de los recursos de la Nación. Esta es la rectoría del Estado bien entendida.

De acuerdo a lo anterior, Pemex cedería sus funciones estratégicas a las transnacionales. Estos “operadores”, eufemismo para designar a las transnacionales imperialistas de rapiña, serían los encargados de comercializar (monetarizar) las reservas, nada menos, y la “responsabilidad” del Estado sería la de mirar de lejos y en silencio. A eso le llaman “Rectoría del Estado bien entendida”.

Bien entendida, reiteramos, la rectoría del Estado se aplica, cuando ocurre, al sector privado. En el caso de Pemex, la Constitución no habla de ninguna “rectoría” sino del dominio de la nación.

Con estas “definiciones”, la nación sería dueña de los hidrocarburos tal vez en algún papel, pero de palabra; en los hechos, los dueños serían los operadores, es decir, las transnacionales. ¡Qué manera tan cínica y deshonesta de formular “definiciones”!.

Las siguientes “definiciones” de los “expertos” revelan los propósitos del latrocinio; sus consideraciones son sumamente graves y lesivas para la nación.

Dicen que, además de entender bien quién es el dueño, es importante hacer otra distinción fundamental, aquella entre el operador y contratista.

Indican que, el contratista es contratado por el operador para realizar algunas funciones a cambio de una cuota. Es decir, gana independientemente del resultado y por ello no corre ningún riesgo. Sus funciones son determinadas por el operador, generalmente para reducir costos, contar con especialistas en actividades muy específicas (como perforación o sísmica), y así ejecutar con mayor velocidad.

En pocas palabras, el operador es la transnacional y el contratista su socio menor secundario. Explican que, en el mundo petrolero, esto significa que a los contratistas se les paga independientemente de si encuentran petróleo o no, o si este petróleo se obtiene de manera rentable o no. En contraste, a los operadores sólo se les paga cuando encuentran petróleo; si no es así, ellos absorben las pérdidas.

Refieren los “expertos” que, bajo esta definición, desde 1958 la participación privada en el sector energético mexicano se ha limitado a actividades de contratismo, y en años recientes se ha buscado que se asuman riesgos en los llamados “contratos incentivados”, esquema diseñado de tal manera que claramente ha logrado la participación de los contratistas, mas no de los operadores.

Sí, el contratismo ha corroído a Pemex desde hace décadas, miles de contratistas nacionales y extranjeros han expoliado a la paraestatal, esa es una de las causas del desastre. En 2008, la contra-reforma energética de Calderón “legalizó” el otorgamiento de contratos de todo tipo, especialmente en actividades estratégicas como la Exploración y la Producción, varios de los cuales ya se han otorgado.

Esos contratos se han entregado a las transnacionales. No es cierto que los operadores los hayan desdeñado. Lo que pasa es que no son los negocios de su principal interés pero sí intervienen. Como siempre ocurre, generalmente las transnacionales no aparecen directamente, lo hacen a través de sus filiales, protegiendo a la matriz. Por eso lesa llaman “operadores”, son los que operan en nombre de la transnacional en cuestión, en otros casos como el eléctrico les llaman “desarrolladores”.

Argumentan los “expertos” que, en el resto del mundo, los operadores absorben el riesgo; desde la óptica del Estado, la Nación les transfiere el riesgo de desarrollar estos recursos y a cambio les permite obtener un pequeño porcentaje de ganancia.

¡Qué humilditos se ven! De acuerdo a lo que dicen los “expertos”, los operadores se apropian de las reservas de hidrocarburos y funciones estratégicas del proceso de trabajo petrolero, a cambio de una pequeña “ganancia”. Si Pemex fuera una tiendita podría creérseles a los “expertos” pero no es así, se trata de una industria de las más importantes del mundo. Actualmente sus ganancias con cuantiosas, en manos privadas esa “pequeña ganancia” estaría representada por de miles de millones de dólares.

No solamente sería esa “pequeña ganancia” de la que se apropiarían las transnacionales. Los “expertos” explican que, que los operadores, al encargarse de las funciones estratégicas, eso les da un derecho y una obligación de desarrollar reservas sobre un número determinado de años, sin transmitirles jamás la propiedad de los hidrocarburos.

Esa sería la concesión otorgada a los operadores. Dicen que es el derecho y obligación de desarrollar las reservas por varios años. En el caso del petróleo, desarrollar implica extraer las reservas y comercializar las a discreción. Agregan que esos se haría sin tener jamás la `propiedad de los hidrocarburos.

¡Vaya cinismo! Es obvio que teniendo a los hidrocarburos consigo, siendo de su propiedad ficta, no la transmitirían a nadie, por el momento. Pero sí pueden hacerlo, y lo hacen, en el momento en que comercializan esos hidrocarburos. Para eso están las transnacionales, para obtener valor de cambio en este caso con los recursos ajenos.

Lo siguiente es verdaderamente grave. Dicen los “expertos” que, por llevar a cabo esta obligación, el operador tiene derecho de reportar el trabajo que realizará sobre estas reservas ante autoridades financieras, generalmente. A lo que no tiene derecho es a las reservas en sí, pues éstas son propiedad de la Nación y de nadie más. La obligación del Estado es generar condiciones de crecimiento sin tener que llevar a cabo las actividades económicas directamente.

¡Que manera tan tramposa para apropiarse de lo ajeno! Le llaman “obligación” al reporte de las reservas ante autoridades financieras, como la norteamericana Securities and Exchange Commission y la Bolsa de Valores de Nueva York. Estas serían sus “autoridades”, las mexicanas serían nada. ¿Dónde queda, entonces, la propiedad de la nación si “el dueño” ni siquiera sería informado de nada? Todavía se atreven a decir que las reservas son propiedad de la nación. Entonces, que las reporte la nación, ¿porqué las transnacionales?

El Estado que se dedique a otras cosas pero no a las actividades económicas directamente, dicen los expertos. En otras palabras: que se olvide de las reservas de hidrocarburos, para empezar.

Tomando al Estado como menor de edad y retrasado mental, los “expertos” indican que, sí es su obligación aumentar su patrimonio (cada reserva, aunque descubierta por el operador, es propiedad de la Nación), y generar mayores ingresos al monetizar las reservas vía impuestos, derechos y regalías. El incentivo para los operadores es que, entre más reservas reporten, mayor viabilidad les otorgan los mercados, pues demuestran que tienen mecanismos para ganar dinero por muchos años.

De palabra, las reservas serían propiedad de la nación pero los operadores se encargarían de su custodia y explotación, a cambio de impuestos, derechos y regalías, esto es, migajas sobrantes. Es decir, todo para los operadores (transnacionales), incluyendo las reservas de hidrocarburos, y nada o casi nada para la nación. ¡Bonita privatización!

Todo no queda allí, los mismos “expertos” se encargan de explicitar, cuando hacen la distinción entre contratista y operador. Dicen: un contratista, aunque reciba honorarios por sus servicios, no puede contabilizar las reservas de gas y petróleo, ni puede reclamar la propiedad de los hidrocarburos que ayuda a explotar, mientras el operador sí lo puede hacer.

Esto es sumamente grave y confirma que “la propiedad de la nación” son solo palabras de vulgar demagogia. El operador (la transnacional) sí puede reclamar la propiedad de los hidrocarburos, mismos que registra a su nombre.

Sí, el concepto de los operadores impone contabilizar y bursatilizar las reservas de gas y petróleo y reclamar su propiedad. Ese atraco, para ser impune, reclama modificar regresivamente a la Constitución política mexicana vigente. Para eso, Peña Nieto, el PRI, el PAN y el ITAM-WWC proponen la reforma energética constitucional, para “legalizar” el robo, privatización es poco, se trata de un latrocinio a la nación.

Para los expertos la diferencia entre propiedad y reporte de reservas es fundamental. ¿Cómo no a ser si con las definiciones tergiversadas se consuma el robo?

Dicen esos “expertos” que, el reporte de reservas, por otro lado, se refiere al proceso financiero a través del cual las compañías declaran la cantidad de reservas a las que, en virtud de un mandato, tienen acceso para explorar, explotar y vender el hidrocarburo, así como la correlativa obligación de pagar al Estado regalías, derechos e impuestos.

Es decir, los “expertos” confiesan sin ambages sus propósitos aviesos, es decir, la entrega a las transnacionales del patrimonio energético transnacional. La “propiedad” seguiría siendo la nación pero solamente de palabra. Mediante el “reporte” la propiedad la tendrían las transnacionales. Esa es tan cacareada “apertura a la inversión privada”, la transferencia furtiva de la propiedad nacional a la privada.

Mediante este mecanismo financiero, las transnacionales declaran la cantidad de reservas que hayan descubierto. ¿Mediante cuál “mandato”? Las concesiones otorgadas que no son ningún mandato sino un verdadero regalo que les otorgaría derecho para depredar a la nación y sus recursos naturales. No nadamás, esas concesiones les otorgarían a las corporaciones el derecho (le llaman “acceso”) para explorar, explotar y vender los hidrocarburos. Nada menos. Y, ¿el Estado qué? Reiteramos, limitado a mirara de lejos y en silencio cómplice.

Todo esto significa que las transnacionales “declaran” las reservas que no son suyas, exploran explotan (producen) y venden los hidrocarburos de la nación. A cambio, tendrían la “obligación” de pagar al Estado regalías, derechos e impuestos. ¡Migajas! ¿Dónde quedó, entonces, la ganancia? Con las transnacionales y no es “pequeña”. De palabra no son dueños de los hidrocarburos pero en los hechos sí lo son. Esto es colonialismo transnacional, por decir menos.

En inaudito cinismo los “expertos” agregan que, es común el caso en el que el operador, dado que le ha sido otorgada una concesión o ha firmado un acuerdo de producción compartida, puede contabilizar reservas sin tener la propiedad del subsuelo. Esto en nada afecta a la contabilidad nacional. La Nación siempre es dueña de todas las reservas.

Esto es, como ha dicho el PRI, los hidrocarburos estando en el subsuelo son de la nación. Pero, ¿estando fuera, qué? Son de las transnacionales. Los “expertos” del ITAM dicen que, las transnacionales, mediante concesiones o contratos de producción compartida pueden contabilizar, y registrar, las reservas sin tener la propiedad del subsuelo. ¡Mienten! Esa propiedad también se la apropian furtivamente porque al contabilizar y registrar a su nombre las reservas, estas son las que se encuentran en el subsuelo, mismo que no es de su propiedad pero las reservas de hidrocarburos sí lo serían.

En el colmo del cinismo los “expertos” señalan que, la contabilidad nacional y la de las empresas no son comparables, por lo que no existe doble contabilidad. Esto es, que el Estado se encargue de las cuentas nacionales, las transnacionales de las cuentas con los hidrocarburos. A esa apropiación furtiva le llaman “no comparable”, ni menos “doble” contabilidad. El despojo es tal que, aprobada la reforma energética privatizadora, el Estado y la nación deben olvidarse ipso facto de su petróleo. Robo es poco, se trata de un verdadero asalto a la nación.

Los “expertos” disertan sobre tergiversaciones adicionales. Dicen que, las discusiones sobre la política de hidrocarburos en México confunden el término renta económica con beneficio y utilidad económica.

Los confusos son ellos mismos pero agregan: debemos remarcar que, mientras renta hace referencia al dinero que recibe el Estado por la explotación del recurso, beneficio económico se refiere a la capacidad que tiene el sector de satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad., mientras que utilidad se refiere a lo que obtienen los operadores tras descontarse la renta económica.

Las definiciones de los “expertos” y transnacionales a las que sirven se prestan a la confusión. El dinero que recibe el Estado son las regalías, derechos e impuestos que pagan los operadores, obviamente en cantidades inferiores al valor de los hidrocarburos, de cuya propiedad se apropian las corporaciones. El beneficio económico es algo más general que no depende solo de los ingresos petroleros y, la utilidad, es la ganancia (adicional) después de descontar la renta económica. Así vista, la utilidad siempre es positiva y no es “pequeña” pero, la verdadera ganancia está en la propiedad furtiva.

Bajo su tergiversación, los “expertos” consideran que, sin utilidad, la renta y el beneficio económico no son sustentables. Esto es, ponen por delante, como condición sine qua non, a la ganancia, su ganancia. Eso es opuesto a lo que hoy existe. Pemex obtiene ganancia, produce renta y contribuye al beneficio económico, sin privatizarse. No es cierto que sin ganancia no haya sustentabilidad. Lo que pasa es que, para los privados, la ganancia es sagrada, sin ganancia no hay negocio. Pero reiteramos, esa ganancia, correspondiente al plusvalor es importante pero en este caso no es la principal, lo relevante es la propiedad furtivamente adquirida de las reservas de hidrocarburos.

Para finalizar, los “expertos” vuelven a introducir las reiteradas patrañas. La causa de que los operadores no se hayan apropiado del petróleo mexicano es por culpa de Pemex. No deben pues sorprender los problemas que enfrentamos en México si el único operador, al no obtener utilidades, no tiene incentivos para maximizar la renta y el beneficio económico, dicen. Eso es, por ser una sola entidad, el único operador le llaman a Pemex, no se han obtenido utilidades. Esto es falso. Aún ser estar totalmente integrada y sin privatización, Pemex obtiene cuantiosas utilidades cada año y siempre va al alza. Reiteramos, es la petrolera más rentable del mundo. No lo decimos solo nosotros, así se reconoce por el propio gobierno y agencias internacionales. He allí el interés de las estas: Pemex es un suculento y grandioso pastel, obtenerlo gratuitamente, a través del pago de regalías, derechos e impuestos, a cambio de la propiedad de las reservas, es verdaderamente atractivo. Y, ¿la nación? ¡Bah!, las transnacionales y sus “expertos” no piensan en eso, el capital no tiene patria.

Empiezan refiriéndose a lo que llaman las formas en que ha cambiado el sector de hidrocarburos alrededor del mundo en años recientes. Hablan de las dificultades para acceder al petróleo “fácil” y dicen que, durante los últimos veinte años ha habido un cambio fundamental en la disponibilidad de petróleo. Las llamadas “reservas fáciles de petróleo” del pasado se están acabando gradualmente y los nuevos descubrimientos suceden en lugares de acceso cada vez más difícil: ya sean aguas profundas o en campos que requieren inversiones masivas en tecnología e infraestructura para poder ser extraídas.

Ese es el verdadero problema para la geopolítica energética del imperialismo. El petróleo accesible cada vez es menos. El acelerado consumo, especialmente en el sector transporte, caracteriza al capitalismo y las transnacionales automotrices tienden a inundar más al mundo con un desmedido parque vehicular. Por ello, el centro de la geopolítica energética imperialista consiste en extraer e petróleo donde quiera que esté sea en el Medio Oriente, las aguas profundas o el polo Artico, y apropiarse de todas las reservas.

Saben que el petróleo se ha vuelto cada vez más difícil y costoso de extraer. Mencionan que, como respuesta a esto, hemos visto una consolidación de la industria global de petróleo, con las grandes compañías petroleras privadas fusionándose entre ellas para mantener liderazgos.

Entonces, introducen la referencia de sus modelos privatizantes. Compañías petroleras nacionales, como Saudi Aramco, Petrobras y Statoil, se han hecho más grandes y más fuertes que nunca, pues sus Estados han fomentado mecanismos mixtos que les ha permitido acceder a tecnología a cambio de compartir la operación con las compañías privadas.

He allí de nueva cuenta su fórmula dogmática: privatizar, dejar la “operación” a compañías privadas, dicen.

Argumentan que, es crucial reconocer que estas compañías han prosperado en gran medida gracias a las alianzas que han formado con firmas privadas, quienes les han ayudado a obtener acceso a las tecnologías que necesitan, así como también han compartido el riesgo involucrado en la localización y extracción del petróleo en los complejos y desafiantes campos de ahora.

El discurso que se maneja es borroso. ¿Cuál acceso a las tecnologías y para qué? Las transnacionales se encargan de realizar directamente las operaciones estratégicas utilizando su propia tecnología, misma que no transfieren. Además, ¿para qué la quieren las empresas privatizadas si ya no realizan las funciones estratégicas?

Por lo demás, Pemex no necesita de momento ir a las aguas profundas. Hay tiempo para desarrollar la tecnología propia, sobre la base de una Política Energética Independiente. En estos momentos ni siquiera se sabe de qué recursos se habla. El gobierno y sus voceros oficiosos siguen hablando de recursos “prospectivos”, con los mismos datos del sexenio pasado. Esos datos son cuestionables y se refieren a recursos “no descubiertos”. Los 26 mil 600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, de que hablan, están en la categoría de recursos hipotéticos e, incluso, imaginarios.

Los recursos con mayor probabilidad de accesibilidad técnico-económica están en las aguas someras. Allí es donde debe explorarse y explotarse. Para ello, NO se requiere privatizar a Pemex, a menos que se quiera entregar a los “operadores” transnacionales los recursos ya descubiertos en las aguas someras.

Luego, abordan lo que llaman gran cambio en la industria global de hidrocarburos en años recientes ha sido el poder acceder a las grandes reservas de gas y aceite de lutita (shale) y otros hidrocarburos no convencionales.

Es la repetición del discurso de las agencias del imperialismo que han tomado de moda y dicen: como es bien sabido, México tiene el cuarto lugar mundial en reservas de gas de lutitas, reservas gigantescas en Chicontepec, que también cuenta con reservas no convencionales, y con potencial de petróleo de lutitas.

Eso que dicen no es bien sabido, los “expertos” solamente repten el rollo. Sí, desde hace muchas décadas se sabe que el gas de lutitas existe pero también se sabe que es muy difícil extraerlo por ser costoso e inconveniente ambientalmente. Decir que México es la cuarta potencia mundial está por verse, en realidad no se sabe bien, se trata de estimaciones de las agencias que están en el nivel especulativo. Pemex mismo solamente ha estimado recursos “prospectivos” en el norte y noreste del país. Una verdadera política energética no puede basarse en especulaciones tipo “burbuja”.

No obstante, los “expertos” señalan que, México podría beneficiarse de la explotación eficiente de estos recursos, aumentando la disponibilidad de gas para la industria y de petróleo para las finanzas públicas, además de crear un gran desarrollo regional, estimulando su competitividad.

Esas “propuestas” no tienen las bondades que dicen, al contrario. Tan solo en el ámbito regional, no habría desarrollo sino desgracias.

Para los “expertos” todo se resuelve con medidas administrativas. Se requiere de una regulación apropiada para no convencionales. Es por eso que, a pesar de la gran oportunidad y, en el caso de Chicontepec, a los grandes presupuestos invertidos, Pemex se ha mostrado incapaz de explotar los recursos no convencionales de manera eficiente. Un pozo de lutitas cuesta tres veces más en México que en EEUU o en Canadá, y aunque Chicontepec recibe inyecciones de miles de millones de dólares, ha fallado en lograr sus metas de producción (hoy produce sólo 70 mil de los 700 mil barriles que se esperaban para esta fecha) del recurso convencional. Mientras no se genere una regulación apropiada para recursos no convencionales, con menores tasas impositivas y que fomente el desarrollo tecnológico, y la Constitución prohíba la entrada del sector privado en su E&P para aumentar la capacidad de ejecución, será difícil aprovechar esta nueva oportunidad.

Eso es lo que interesa a los “expertos”: la reforma constitucional regresiva para privatizar los energéticos de México. Lo demás les vale. Por ejemplo, un pozo de lutitas en México no es solamente costoso sino altamente inconveniente. Para perforar ese pozo se debe fracturar la roca y el agente fracturante es nadamenos que el agua, con arena y otros compuestos químicos. El fracking hidráulico genera muchísimos problemas que son motivo de protestas en los propios Estados Unidos. En México, se proyecta perforar pozos de lutitas en una región donde la disponibilidad de agua está en el nivel de “muy baja” y “extremadamente baja”. Para un solo pozo se necesitan decenas de millones de litros de agua. Pero no sería solo un pozo sino miles de pozos. Esos volúmenes de agua se necesitan para el consumo de los seres vivos. ¿Qué dicen al respecto los “expertos”? Ni una palabra. Esos problemas, para ellos, no existen y si existieran se resuelven con lo mismos: la privatización, así sea a priori.

Con base en incongruencias los “expertos” pontifican y sentencian. La evidencia presentada anteriormente muestra de manera clara la necesidad de un cambio profundo en la administración y organización del sector de hidrocarburos en México. El sistema actual ha llegado a su límite.

En ningún momento se refieren los “expertos” a la política energética antinacional seguida por los sucesivos gobiernos en turno. El problema es Pemex, en tanto industria nacionalizada. Para ellos, Pemex ya no sirve. No es que así sea, simplemente, lo que quieren es privatizar a la paraestatal y ya.

Lo dicen claramente: a la economía mexicana no le basta con Pemex como único proveedor de petróleo y gas, como ejemplifican las alertas críticas y el déficit de gasolina y petrolíferos. Es evidente que el modelo actual se agotó. Claro, quieren las funciones constitucionales, y las reservas de hidrocarburos, para las transnacionales.

En consecuencia, hacen deliberadamente borrosas sus propuestas y dicen: los cambios en la industria global del petróleo y gas descritos con anterioridad señalan la necesidad de que el modelo energético mexicano sea responsivo y flexible.

¿Qué quieren decir con “responsivo” y “flexible”? No lo precisan. Responsivo es una palabreja inventada a conveniencia y flexible implica renunciar al manejo del proceso de trabajo petrolero a cargo exclusivo de Pemex.

Para loes “expertos” Pemex no sirve, debe privatizarse y, para ello, revuelven varias cuestiones. Dicen que, el modelo actual fue creado para una industria petrolera concentrada en la producción de reservas de fácil acceso en tierra y aguas someras y una economía de autoconsumo, y las restricciones impuestas por la Constitución, así como la insistencia del Gobierno Federal en maximizar la renta, se han traducido en la incapacidad de Pemex para responder a los retos de una industria moderna de petróleo y gas. Cualquiera que sea el nuevo modelo, éste debe ser lo bastante abierto como para permitir adaptaciones de cara a cambios futuros.

Esas “restricciones constitucionales” son las que molestan al ITAM-WWC y sus “expertos”. Quieren, por tanto, la reforma constitucional que modifique el régimen de propiedad nacional de Pemex para volverlo privado. Es decir, que las actividades relacionadas con los hidrocarburos dejen de ser “estratégicas” para volverlas “prioritarias” y, entonces, pueda participar el sector privado extranjero, no solo para realizar las funciones sino para apropiarse de las reservas de hidrocarburos que constituyen un patrimonio energético colectivo de la nación.

En seguida le recomiendan a Peña Nieto lo que debe de hacer. En lugar de proscribir opciones, el marco legal del sector debe dotar a los futuros gobernantes con la capacidad para buscar estrategias que sirvan al interés nacional. ¿Cuál interés nacional? Lo que proponen es la traición a la nación.

También hacen recomendaciones a los diputados y senadores. Otro de los principios que deben guiar a los legisladores nacionales cuando evalúen nuevos modelos legales debe ser la flexibilidad, anteponiendo los intereses de la Nación sobre los estrictamente financieros del gobierno. Los tomadores de decisiones en México deben adoptar un modelo que se base en la satisfacción de las necesidades nacionales, en lugar de en consideraciones ideológicas o filosóficas.

EL ITAM-WWC recomienda justamente lo que no hace. Sus “recomendaciones” están basadas, precisamente, en la ideología burguesa, la que sostiene que el capital es la salvación de todo, la fórmula fetiche que con invocar la privatización resuelve todos los males. Eso no necesitan decírselo al PRI ni al PAN, entregar la nación al capital es parte de su ideología ni siquiera filosofía. Los políticos del PRI dicen que se quitarán de esos tabúes y privatizarán, culpando a los opositores de basarse en consideraciones ideológicas, siendo ellos los ideologizados.

Agregan los “expertos” que, la experiencia en otros países demuestra cómo, si se basa la estrategia nacional de hidrocarburos en la flexibilidad, se puede proteger mejor el interés nacional y, al mismo tiempo, incrementar la riqueza y el poder del Estado, sin que con ello se socave o soslaye la soberanía nacional.

Eso no es cierto, la experiencia es al revés. La soberanía no solo se soslaya se suprime. No se protege al interés nacional, se entrega y subordina al capital transnacional. La “flexibilidad” es un eufemismo utilizado por los “expertos” y transnacionales como sinónimo de “entreguismo” del patrimonio energético colectivo, mismo que no es de los gobiernos, ni siquiera es del Estado, es de la nación.

Para concluir este apartado, los “expertos” señalan: Primero, se requiere un cambio constitucional y regulatorio que abra la opción para reducir el riesgo operativo por parte del gobierno federal, trasladándolo a un amplio abanico de operadores de distintos tamaños y especialidades; además de ampliar las posibilidades de inversión privada sin renunciar al control y a la rectoría económica que constitucionalmente se le exige al Estado mexicano.

Ese es el cambio “profundo” de los “expertos”, el cambio constitucional y regulatorio. Es decir, la ruptura total y definitiva del llamado Pacto político de la Nación, surgido de la Revolución Mexicana y expresado en materia energética en los artículos 27 y 28 constitucionales.

Sería la Expropiación petrolera extranjera, a través de un nuevo “pacto” que entregaría el territorio, la tierra y los recursos naturales del subsuelo, a las transnacionales. Todo se haría, simplemente, mediante un manotazo legislativo para cambiar a la única parte decente que queda de la Constitución política mexicana. El atraco solo tendría parangón con la invasión de conquista española de hace 500 años.

A continuación, los “expertos” del ITAM-WWC presentan sus propuestas con los modelos de Noruega. Colombia y Brasil. Afirman, sin escrúpulos, la forma en que las transnacionales se apropian de los recursos energéticos de la nación. En los tres casos, los “expertos” se entusiasman porque se trata de casos privatizados. La experiencia, sin embargo, es lesiva alas naciones.

Empiezan diciendo: En estos países, la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo permanece en manos de la Nación, pero se permite su operación por parte de múltiples actores: públicos y privados, nacionales y extranjeros. En efecto, estando en el subsuelo los recursos son de la nación pero, una vez extraídos, dejan de serlo, son de las transnacionales que los extraen. Lo peor es que tales recursos dejan de ser de la nación aún estando en el subsuelo porque las reservas de hidrocarburos (que se encuentran todavía en el subsuelo) son cuantificadas, reportadas y registradas por las transnacionales a su nombre.

¿Cómo ha ocurrido este atraco? Lo dicen los “expertos”: En cada uno de estos países, la compañía nacional petrolera ha sido reformada para poder maximizar su capacidad de extraer las reservas existentes y asegurar nuevas reservas para el futuro.

Los cambios regresivos los explicitan con sus nuevos modelos de supuesta “tercera vía”. Esto incluye permitir a la firma quedarse con una proporción más alta de sus ganancias para reinvertirla en proyectos productivos y en el desarrollo de nuevas tecnologías; firmar acuerdos de producción compartida con empresas privadas (nacionales y extranjeras) y operar fuera del territorio nacional para incentivar la experiencia internacional, la obtención de nuevas reservas y la formación de alianzas a largo plazo con socios extranjeros. Son modelos “de tercera vía”, entre el estatismo y el mercado puro.

No hay ninguna “tercera vía”. Se trata de modelos llanamente privatizadores.

Este es un modelo que muchos celebran y quisieran para México pero Pemex, sin privatización, es superior a Statoil.

Según los “expertos” el modelo consistió en la creación de una compañía nacional petrolera (Statoil) altamente rentable, así como de un fondo de riqueza soberano (el Fondo Gubernamental de Pensiones).

Sí Statoil es rentable pero no “altamente”, Pemex es más rentable y sin privatización.

En Noruega, Statoil, pertenece mayoritariamente al Estado noruego, dueño del 67% de las acciones. ES decir, está privatizada, Statoil es una empresa estatizada parcialmente a través de acciones. En México, el Estado no es dueño de Pemex, la propiedad es de la nación. Estado y nación no son lo mismo. Para México, el modelo noruego sería regresivo.

Presumen los “expertos” que el objetivo de Statoil es asegurar contratos para desarrollar reservas. Es decir, entregar las funciones estratégicas a las transnacionales y sus “operadores”, así como, el desarrollo de una industria proveedora nacional especializada. Eso es lo que proponen para Pemex, convertirla en “proveedora”, en vez de “realizadora”.

Agregan los “expertos” que así se busca la administración de la riqueza a largo plazo. Ni a eso llega, una empresa concesionaria ni siquiera administra, menos planea, todo queda a la discreción de los “operadores”.

Lo que les gusta a los “expertos” es la poca interferencia no-comercial en la política operativa de Statoil. Claro, lo que plantean es la “libertad” absoluta para las transnacionales.

Argumentan que la competencia es una fuerza de valor añadido. Esa “competencia” es solo entre transnacionales y es la competencia por la ganancia. ¿Dónde queda el desarrollo social? Un Fondo de pensiones es importante pero eso ocurre a cambio de entregar la soberanía nacional y el patrimonio colectivo de la nación viviente que es de todos, no solo pertenece a los pensionados.

Este caso es verdaderamente patético. ¿Cómo ocurrió? Según los “expertos”, mediante la flexibilidad como base de su modelo nacional de gas y petróleo. ¿En qué consistió esa “flexibilidad”? En la entrega de los recursos energéticos nacionales a las transnacionales.

Eso se hizo, a través de la revisión integral de la regulación del sector de hidrocarburos. Primero, con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Para los neoliberales, la “regulación” es sinónimo de privatización porque lo que regulan es, precisamente, a ésta. La ANH es el órgano regulador, encargado de darle forma jurídica alas decisiones políticas (privatizadoras), esto es, las decisiones nacionales sobre el patrimonio energético colectivo, queda al criterio y discreción de un grupito de burócratas a sueldo de las propias transnacionales.

Dicen los “expertos” que, las condiciones para la E&P mejoraron con la baja en las regalías, ofreciendo uno de los regímenes impositivos más atractivos de América Latina, en particular para recursos no convencionales. Esto es, las transnacionales no solamente se apropiaron de los hidrocarburos colombianos sino que, además, les bajaron las “regalías” que deben otorgar al Estado. Evidentemente, ese régimen impositivo es muy atractivo para el capital extranjero.

Peor aún, señalan los “expertos” que el gobierno ha ofrecido nuevas concesiones. Esto revela la entrega desmedida del gobierno colombiano a las transnacionales. Esto tiene como agravante que los hidrocarburos de Colombia no son del gobierno sino de la nación, el gobierno entrega lo que no es suyo.

La situación es verdaderamente indignante. Indican los “expertos” que, bajo los nuevos términos, las compañías petroleras internacionales ya no necesitan estar asociadas con Ecopetrol, lo que les permite tener control absoluto sobre sus operaciones; sin embargo, como se ve ronda tras ronda, los actores privados prefieren asociarse con Ecopetrol.

El entreguismo es total y absoluto, al grado que las transnacionales “no necesitan” asociarse con Ecopetrol, tienen el “control absoluto” sobre sus operaciones.

A eso los “expertos” le llaman “éxito colombiano” y lo explican por:

El modelo brasileño es de los favoritos del gobierno de Peña Nieto y de los “expertos” pero con “asegunes”.

El modelo está basado en el pragmatismo, la flexibilidad y el desarrollo de la capacidad nacional, dicen los “expertos” y, agregan que, Brasil también ha sido muestra de los errores de intervención estatal excesiva.

Afirman que, todo empezó en 1997, cuando el Congreso aprobó la Ley de Inversión en Petróleo, creando un nuevo marco legal y agencias reguladoras autónomas, al tiempo que liberalizaba el sector para crear fuerzas competitivas. Mientras el monopolio estatal de la producción de petróleo y gas llegaba a su fin, Petrobras fue reformada para permitirle operar de la misma manera que una compañía privada, pero con propiedad estatal mayoritaria.

Esa vez también había sido desahuciada Petrobras pero, con la privatización todo cambió, dicen. ¿Cómo fue? Mediante la llamada “autonomía”, para eso sirve ésta y lo dicen.

La autonomía operativa de la compañía, a través de la cual se le autoriza e incluso incentiva a asociarse con firmas privadas y extranjeras, combinada con la capacidad de reinvertir sus ganancias en proyectos de E&P y el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, ha permitido a Petrobras convertirse en un líder mundial en proyectos de aguas profundas.

Esto es, para los “expertos” la colaboración con el sector privado ha sido clave, es decir, sin privatización no hay nada. Es el dogmatismo a ultranza.

La apología a Petrobras privatizada es excesiva. Dice que, mientras que la compañía se ha beneficiado enormemente de la inyección de capital privado, tanto en Brasil como en el extranjero, el Estado mantiene el control mayoritario de los votos en la compañía. Esto le permite al gobierno seguir beneficiándose de la renta derivada del éxito de la compañía y utilizarla como herramienta de desarrollo. Sin embargo, aun cuando mantiene el control mayoritario, el Estado ha concedido gran autonomía operativa a Petrobras y rara vez interviene en sus decisiones de negocio. Esta autonomía operativa y financiera es uno de los factores principales que explican el éxito de la compañía.

Esa “autonomía” les encanta a los “expertos” y transnacionales. “rara vez” interviene el Estado brasileño en las “decisiones de negocios”. Claro, esas decisiones las toman las transnacionales que siempre se imponen a sus socios “estatales” de Petrobras, modelo de sociedad anónima.

Pero no todo les gusta a los “expertos”. Petrobras ha fallado en lograr sus metas los últimos tres años, señalan. ¿Por qué? Porque no les gustaron las reformas de Lula. ¿Cuáles y por qué?

Esta reforma del Presidente Lula da Silva, al fomentar un modelo de operador único, ha desarticulado el éxito de los últimos años, indican los “expertos” y se lamentan.

Casi se podría decir que mientras nosotros hemos considerado adoptar elementos del modelo brasileño anterior a Lula, en Brasil se ha adoptado el modelo Pemex de operador único.

Los “expertos” omiten que, luego de la Expropiación petrolera de 1938, los brasileños tomaron ejemplo de México y nacionalizaron su petróleo en 1952. En la década de los 90’s empezó la privatización de Petrobras y ahora, el PRI y los “expertos” del ITAM-WWC quieren que México tome ejemplo de Brasil. Hasta las tímidas acciones de Lula les molestan.

Los “expertos” atribuyen el éxito brasileño a lo siguiente:

• La voluntad de cambiar la Constitución;

• Un enfoque pragmático hacia la producción compartida y las alianzas estratégicas, a través de múltiples operadores;

• Gran inversión en la compañía nacional petrolera.

• La inyección de capital privado en la compañía, sin perder el control Estatal sobre la misma, así como el fomento de la participación de capital privado internacional y del desarrollo de empresas privadas nacionales.

Esto es, la misma receta, empezando por la reforma constitucional regresiva. Lo mismo que proponen para México, es decir, la privatización constitucional de los hidrocarburos, la reversión de la nacionalización para entregar el patrimonio energético a las transnacionales.

Para concluir, los “expertos” listan los mandamientos con que informan a los gobiernos mexicano y norteamericano.

El grupo de trabajo del WWICS/ITAM hace las siguientes recomendaciones a los legisladores y responsables de la política energética nacional:

1. Urge una reforma al sector de hidrocarburos mexicano. El modelo actual ha llegado a sus límites y ya no puede garantizar la seguridad energética nacional. Además, hace mucho que este modelo dejó de maximizar la utilidad económica que aportan los hidrocarburos a la Nación y está llegando al punto en el que ni siquiera será capaz de proveer las rentas económicas que el Gobierno Federal requiere.

2. El debate sobre la reforma debe estar basado en definiciones claras y comunes de conceptos clave para evitar confusiones y asegurar que se alcance un verdadero consenso político y social acerca de cómo organizar la industria nacional de hidrocarburos.

3. El debate sobre la reforma debe basarse en consideraciones de seguridad energética y maximización de la utilidad del sector petrolero en el interés nacional, en lugar de concentrarse

4. únicamente en maximizar las rentas para el gobierno. Las experiencias noruega, colombiana y brasileña sugieren maneras en las que esto puede ser logrado.

5. Se requiere un cambio constitucional y regulatorio para poder llegar a estas metas. Las prohibiciones actuales a los contratos de riesgo, producción compartida y concesiones, así como el monopolio otorgado a Pemex, impiden que el sector de gas y petróleo pueda superar los profundos retos a los que se enfrenta.

5. Este cambio constitucional y regulatorio debe ser certero e integral. El ambiente económico y político actual es favorable a un cambio significativo en el sector, pues entre la mayoría de los principales actores políticos existe un consenso acerca de la necesidad de la reforma.

6. Los nuevos arreglos constitucionales deben quedar escritos de tal manera que maximicen la flexibilidad que requiere la empresa pública y el Estado para tomar decisiones estratégicas de negocio, sin renunciar a la rectoría económica.

7. Se necesita otorgar a Pemex mayor libertad financiera y operativa. El nuevo arreglo constitucional y las leyes secundarias que se deriven deben permitirle operar de acuerdo a una lógica económica y de negocios, en lugar de servir a las necesidades fiscales del Gobierno Federal. Es decir, debemos hacer a Pemex responsable de sí mismo. Como está ahora, Pemex carece de la tecnología, experiencia y capital necesarios para explotar las enormes reservas de hidrocarburos que existen en las aguas profundas del Golfo de México y los yacimientos no convencionales, en particular las lutitas gasíferas y petrolíferas. Se necesita una reforma que le otorgue a Pemex estas facultades y le permita continuar contribuyendo a la seguridad energética nacional. Debe permitírsele formar sociedades e invertir en tecnología y capital humano para E&P, además de obtener ganancias para ser autosustentable; es decir, sacar a Pemex del Presupuesto de Egresos de la Federación y destinar esos recursos a necesidades más urgentes de la sociedad.

8. Es urgente fortalecer a los reguladores de petróleo y gas. A menos que se provea un campo de acción nivelado en el sector de hidrocarburos que garantice reglas competitivas para todos los participantes, el interés privado en el sector será limitado. La experiencia colombiana nos demuestra cómo una regulación efectiva y eficiente puede aumentar la competitividad del sector de manera dramática. Más aún, es en la regulación que se ejerce la rectoría del Estado, por lo que se requiere de entes autónomos, fuertes, profesionales y con visión de largo plazo.

Estas son realmente breves, todo está dicho anteriormente. Tan es así que el documento no tiene conclusiones. De hecho, es un documento deficientemente estructurado. Lo que importa a los “expertos” es dejar claro lo que quieren: reformar regresivamente a la Constitución mexicana para privatizar a Pemex.

Terminan diciendo que, México se encuentra en un momento crucial para el desarrollo futuro de su sector de hidrocarburos, es decir, consideran que es el momento político oportuno para el atraco.

Insisten en que, se necesita un cambio profundo en el manejo de la industria. En realidad, con ese “manejo” están proponiendo algo mayor: la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos de México a las transnacionales.

Dicen que, los legisladores nacionales deben comprometerse a realizar un intenso debate. Eso es un “decir”, los legisladores no harán ningún debate solo simularán reuniéndose con quienes quieren oír, entre ellos los “expertos” del ITAM-WWC y otros voceros oficiosos.

Finalmente, expresan su confianza en Peña Nieto, el cual ya tiene en la agenda los dictados de los organismos financieros del imperialismo.

Hay signos alentadores de que el gobierno entrante del presidente electo, Enrique Peña Nieto, está dispuesto a considerar una reforma profunda del sector. Lo que se necesita ahora es una conversación racional, informada y comprehensiva sobre cuál es la mejor manera de equipar al sector de hidrocarburos mexicano para el futuro.

Lo saben bien, Peña Nieto es el mejor representante en México del capital extranjero en estos momentos y está más que dispuesto para una reforma energética regresiva y antinacional. Respecto a la “conversación”, no habrá tal y menos racional, informada y comprensiva sino al revés, irracional, desinformada y tergiversada. El operativo está en marcha con el apoyo mediático privado.

Las propuestas de los “expertos” del ITAM-WWC son lesivas para México. Expresan la receta para el despojo a la nación. Las recomendaciones están basadas en consideraciones ideológicas, las de la burguesía, y giran alrededor de la propiedad. Lo que quieren los “expertos” es modificar el actual régimen de propiedad nacional por el privado.

Se trata de que las transnacionales se apropien de los recursos mexicanos de hidrocarburos, a través de las concesiones y contratos de producción compartida. La apropiación sería de los recursos a boca de pozo y los del subsuelo. El Estado se limitaría a mirar de lejos y en silencio, ni siquiera llevar las cuentas de los recursos y menos de las actividades realizadas. A través del reporte de reservas, éstas dejarían de ser de la nación para ser registradas a nombre de las transnacionales.

La apropiación furtiva es explícita, sería al Expropiación petrolera extranjera. Para eso es que quieren reformar regresivamente a la Constitución. Son dos modificaciones centrales, 1. Eliminar del párrafo 6º del artículo 27 constitucional la prohibición para otorgar concesiones y contratos (en materia petrolera y eléctrica) y 2. Eliminar a los hidrocarburos y a la electricidad como actividades “estratégicas” del párrafo 4º del artículo 28 constitucional.

Mediante estos “simples” cambios, se otorgarían concesiones a las transnacionales y, con ello, el patrimonio energético colectivo de la nación viviente. Al dejar de ser “estratégicas” las actividades relacionadas con el proceso de trabajo de los hidrocarburos, y el eléctrico, esas actividades se considerarían “prioritarias”, en las cuales, de acuerdo al párrafo 5º del artículo 25 constitucional, puede participar el sector privado.

Lo demás es rollo, en múltiples aspectos muy cuestionable pero que a los “expertos” y políticos sirve para adornar el atraco.

Lo grave es que el documento del ITAM-WWC constituye una de las grandes inspiraciones de Peña Nieto y demás priístas, mismo que está en sintonía con la geopolítica norteamericana y los dictados al gobierno mexicano de los organismos financieros del imperialismo.

Ante semejante despojo a la nación, los mexicanos conscientes debemos levantar la voz, ponernos de pie, movilizarnos y estructurar orgánicamente a la insurgencia obrera y popular. Sin ésta, se podría consumar el mayor despojo a la nación desde la invasión de conquista española.

Lamentablemente, la ofensiva del Estado mexicano y su gobierno es muy intensa y cruel, avalada por los partidos políticos y gente vendepatrias. La resistencia de abajo está muy fragmentada, confusa y desestructurada, deliberadamente desviada de los grandes objetivos nacionales.

Estamos solo a unos días de que se conozca públicamente la iniciativa de reforma energética de Peña Nieto que será, eminentemente, privatizadora en materia petrolera y eléctrica. No debemos esperar más, lo que tengamos que hacer, lo que debamos hacer, lo que podamos hacer, hay que hacerlo ahora.

¡PeMex sí, PeUSA no!