A los senadores Manuel Bartlett (PRI) y Demetrio Sodi (PRD), el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE) de México entregó personalmente diversos documentos, entre otros, denuncias documentadas sobre los ilegales permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
LA NUEVA ETAPA DE LUCHA
CONTRA LA PRIVATIZACION
- Por vez primera en la historia política del país, dos poderes de la Federación: el Senado de la Republica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos representan el primero al Legislativo y el segundo al Judicial, se enfrentan al poder Ejecutivo de manera clara y abierta en un asunto esencial para el futuro de nuestro país: la soberanía energética nacional.
- Los principales argumentos contenidos en las resoluciones arriba señaladas, recuperan las mismas razones históricas, políticas y técnicas, que diversos grupos sociales y políticos de la oposición, ofrecimos y planteamos para rechazar los proyectos privatizadores de la Industria Eléctrica, que han pretendido imponer tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox.
- Los Poderes Legislativo y Judicial, por diversos intereses e intenciones, recogieron y expresaron el extenso y profundo rechazo de millones de Mexicanos, integrantes de todas las clases sociales, a la privatización eléctrica.
- Las resoluciones de referencia validan, justifican y respaldan, el pensamiento y el accionar de las diversas Fuerzas Populares y Patrióticas que luchamos en la defensa del Patrimonio y la Soberanía Nacionales y en especial, de la Industria Eléctrica Nacionalizada.
- En este diario batallar, el Movimiento 27 de Septiembre del SME y el Frente de Trabajadores de la Energía, junto con otras organizaciones, realizamos nuestra aportación incorporando elementos de juicio y de análisis, que junto a la actividad organizativa y política desplegada tanto en lo interno del Sindicato como fuera de él, contribuyeron en la determinación jurídica y política que adoptaron el Senado y la Suprema Corte.
EL CARÁCTER DE LOS PROYECTOS DE REFORMA ELECTRICA.
- Fueron presentadas en un escenario político cuyo eje central era el debate sobre una reforma eléctrica, que consideraba modificaciones al texto constitucional, particularmente a los párrafos I y IV del articulo 25, VI del articulo 27 y IV del articulo 28 de la Carta Magna, y por tanto ignoraban el carácter y el contenido que la resolución del la SCJN incorporaría, a partir de que es emitida.
- Los proyectos priista y perredista avalan el abandono gradual de las Obligaciones y Facultades Constitucionales que el Estado Mexicano ha venido practicando, cuando menos de 1982 a la fecha, en lo que se refiere a los artículos 25, 27, y 28, particularmente en materia eléctrica.
- Los proyectos de referencia son convergentes con las propuestas neoliberales, al cuestionar y modificar inconstitucionalmente, el concepto sobre el carácter de servicio publico de la energía eléctrica, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 25, 27 y 28, al aceptar, prácticamente las modificaciones salinistas de 1992 a la Ley de Servicio Publico de Energía Eléctrica que amplió y desnaturalizó la figura del Autoabastecimiento y creó figuras nuevas como son cogeneración, pequeña producción, producción independiente, generación para exportación e importación de electricidad.
- Finalmente, dichos proyectos permiten y aceptan la apertura a la inversión privada extranjera en generación, el establecimiento de un mercado eléctrico mayorista para los grandes consumidores en Alta y Media tensión y el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía, engendro salinista cuya principal actividad ha sido el otorgamiento ilimitado e inconstitucional de permisos para la generación privada.
Esta política del Estado ha mantenido inconclusa la Nacionalización Eléctrica de 1960, sosteniendo una división ficticia con dos grandes empresas eléctricas, impidiendo su cabal integración técnica, operativa y financiera separándolas, además, de los institutos responsables de la investigación científica y el desarrollo tecnológico del sector.
Lo anterior coincide con los planes e intereses del imperio norteamericano y de sus instrumentos financieros: El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en términos de imponerle a las empresas publicas, dinámicas empresariales de carácter privado (fines de lucro, criterios de rentabilidad, índices de productividad, etc.) al insistir que funcionen bajo la lógica de una supuesta e irreal Autonomía presupuestal y de gestión.
La desregulación eléctrica ha generado graves crisis de suministro y propiciado la reintegración de monopolios energéticos transnacionales (asociados ahora con el subsector gas natural) con las respectivas implicaciones de macro-corrupción que propicia. Enron es apenas una advertencia de lo que está sucediendo en lo profundo del modelo neoliberal.
Lo indicado implica la aceptación tácita del desmantelamiento de las funciones en la organización integral y vertical de la industria, es decir, la separación de la generación respecto de la transmisión, la transformación, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica.
Este acto da lugar a la constitución furtiva de una verdadera "Industria Eléctrica Mejicana" (como la denominan desde ya algunos consultores en el extranjero), de propiedad totalmente privada, y que abarca desde la planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones para generación de energía eléctrica e instalaciones relacionadas, hasta la generación y comercialización de energía eléctrica, mediante infinidad de empresas, subsidiarias de las grandes transnacionales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, según la conveniencia de la "ingeniería financiera" privatizadora.
NUESTRA PROPUESTA POLITICA
Por nuestra parte, los trabajadores y el pueblo, agrupados en sindicatos y organismos sociales, populares y políticos, tenemos la obligación de señalar aquellos aspectos centrales que debe contener una nueva ley reglamentaria en materia eléctrica, para mantener intocados los preceptos constitucionales ya señalados, y dispuestos a movilizarnos en su defensa, manteniendo una estricta vigilancia sobre las discusiones que habrán de darse en el Congreso de la Unión.
Más aún, sostenemos que deben darse pasos firmes y sólidos para concluir el proceso de Nacionalización que inició en 1960, con la adquisición de las acciones de la vieja Mexican Light and Power Company y continuó con la Unificación de Frecuencia, la Interconexión Eléctrica (ambos, pasos entre Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y Comisión Federal de Electricidad), que propició un acelerado proceso de electrificación, que hoy alcanza ya mas del 95 % de la población total de nuestro país.
No nos queda la menor duda, que para enfrentar con verdadero éxito la globalización neoliberal e imperialista, cuyo anhelo es el regreso a los tiempos ya idos del porfirismo para apropiarse de nuestras industrias estratégicas, solo podrá realizarse construyendo una poderosa empresa eléctrica nacional. En una palabra, la plena integración operativa, organizativa y financiera del Sector Eléctrico Nacionalizado y la Unidad Democrática de los trabajadores serán las palancas de defensa más eficaces para vencer la necedad y la voracidad de los neoliberales.
Obstáculos existen muchos; los organismos financieros internacionales, las empresas eléctricas multinacionales, el gobierno foxista, los lideres charros del SUTERM, etc., etc. Pero la lucha que los electricistas hemos dado para otorgarle a la Nación, la propiedad y el control de nuestra industria, nos indica que ese es el verdadero camino patriótico y soberano, y al mismo tiempo, digno de nuestra larga historia proletaria.
Servicio Publico de Energía Eléctrica
Mucho se ha discutido sobre los alcances y características de la conceptualización de Servicio Público de energía eléctrica, pero a nuestro parecer la concepción más acertada es la establecida en la LSPEE aprobada en 1975, por lo que debe recuperarse tanto su espíritu como su letra, en tanto es plenamente congruente con el párrafo VI del articulo 27 Constitucional, al establecer que “Corresponde exclusivamente a la nación generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público”. “En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”
Por lo tanto, deben eliminarse las nuevas figuras introducidas en 1992, que sólo han servido como verdaderos instrumentos para la privatización encubierta e ilegal, que ha venido llevándose a la práctica, desde las altas esferas gubernamentales, de Salinas pasando por Zedillo y ahora con Fox, igualmente debe limitarse al autoabastecimiento a la situación original de la ley de 1975.
Constitucional en materia eléctrica
Para tal fin, es necesario que el Congreso de la Unión establezca un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) a efecto de garantizar electricidad barata para toda la población, y resarcir así, la enorme deuda social para con los más pobres de nuestra Nación.
Movimiento 27 de Septiembre del SME
Frente de Trabajadores de la Energía, de México
Responsables de la publicación:
José Manuel Pérez Vázquez, comisión política del FTE, frente@fte-energia.org;
Juan Carlos Escalante, comisión de energía del FTE, prensa@fte-energia.org
