Como primera acción de su gobierno, Peña Nieto y los partidos políticos (PRI, PAN y PRD) firmaron lo que llaman Pacto por México. En materia energética es contra México porque, simulando el impulso al desarrollo nacional, los partidos signantes se obligan a impulsar las reformas legislativas de Peña que implican la privatización energética furtiva.

Enrique Peña Nieto y las tres principales fuerzas políticas del país suscribieron el Pacto por México en el Castillo de Chapultepec que de entrada impulsará tres reformas en el corto plazo: cambios en la legislación de telecomunicaciones; reforma educativa y una ley de responsabilidad hacendaria que garantice mayor control de las finanzas de los estados y municipios.

Peña convocó a las otras fuerzas políticas, líderes empresariales, sindicatos, académicos, a organizaciones civiles y a la sociedad en general a sumarse a este pacto que, dijo, forma parte de la nueva etapa del país.

El FTE de México no solamente NO se suma sino que se expresa abiertamente EN CONTRA. Revolviendo aspectos, Peña Nieto engaña a la nación e introduce los “compromisos” que hizo durante su campaña política para hacerlos programa de gobierno pretendiendo que se lo agradezcamos. Pero lo que propone no es correcto.

Entre esos “compromisos” está la privatización de Pemex y de la CFE, cuestión inaceptable para la nación viviente conciente.

Los siguientes son algunos comentarios referidos a los sectores hídrico, energético, minería y agua del tal Pacto.

1. Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades.

El siguiente paso de la democracia mexicana es la creación de una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales y reduzca los altos niveles de desigualdad que hoy existen entre las personas y entre las regiones de nuestro país.

Mediante este Pacto, los signatarios acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas y que las fuerzas políticas pactantes impulsarán reformas legislativas, así como acciones políticas que amplíen la libertad y la gama de derechos exigibles y efectivos para todos los mexicanos.

Según se indica en el párrafo segundo, “las fuerzas políticas pactantes impulsarán reformas legislativas”. He allí la trampa. En materia energética, esas reformas serán la modificación regresiva a los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica, así como el correspondiente párrafo cuarto del artículo 28 constitucional.

A eso se está comprometiendo el PRI, neoliberal y privatizador, el PAN súbdito de las transnacionales y el PRD que supuestamente representa a la “izquierda”.

2. Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad.

El mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. México debe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB en inversión e incrementar la productividad de la misma. Para lograr dicho fin es necesario impulsar las siguientes reformas:

El argumento es falso. Tratándose de las privatizaciones, las transnacionales NO crean empleo NI crecimiento económico en NINGUNA parte del mundo. México es un ejemplo ilustrativo. No obstante, Peña y asesores proponen la misma receta que ha demostrado a nivel mundial que es remedio nocivo para los pueblos y naciones.

2.4. Desarrollo Sustentable.

El cambio climático es un reto global que se debe enfrentar con responsabilidad y realismo. Es necesaria una nueva cultura y compromiso ambiental que modifique nuestro estilo de vida, la forma en que se produce, consume e incluso se desecha. Para lograrlo, se realizarán las siguientes acciones:

El discurso es parte de la moda neoliberal sobre la afectación al clima, resultado de la industrialización desordenada, problema que no tiene solución en el marco del capitalismo, causante del deterioro incluso artificial del clima en el planeta.
Con ese discurso aparente se propone:

Para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, se impulsará la inversión para la investigación y el desarrollo de proyectos de energías a partir de fuentes renovables, como la energía solar y la eólica. (Compromiso 49).

Ese “compromiso” suena muy bien en apariencia pero oculta veneno. Impulsar la investigación de las fuentes renovables de energía es correcto. Pero, ¿dónde, quiénes la harán? Para ello se necesita de un Instituto de Energía, uno solo, integrado en la industria energética nacionalizada encargado de la investigación y desarrollo de TODAS las fuentes de energía. ¿Eso se propone? ¡No!

Los proyectos a partir de fuentes renovables de energía son muy importantes. ¿Quiénes los harían? Peña y sus partidos paleros no lo dicen. Pero, de acuerdo a su compromiso 49 serán las transnacionales, como ya lo están haciendo actualmente. Allí está el veneno.

A las corporaciones imperialistas, filiales y prestanombres no interesa auspiciar un planeta limpio sino el lucro y la ganancia, a partir del despojo de los recursos naturales de la nación. Ese es el veneno.

México debe aprovechar sus recursos renovables pero a través de la industria energética nacionalizada no de los privados, especializados en envenenar al medio ambiente.

Aprovechamiento del viento con base en el despojo transnacional y la protección de las armas del Estado. Ejemplo: La Venta II, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca FOTO: A. Pérez

El agua es un recurso estratégico en todo el mundo, México no es la excepción. Su futuro depende de su manejo inteligente y sustentable.

El agua de lluvia debe ser un recurso, no una amenaza. Por ello, se creará un programa para el impulso de la infraestructura para la captación y el almacenamiento del agua pluvial.. Asimismo, se concluirán las obras de control de inundaciones en diversos estados del país. (Compromiso 50).

Se incrementarán las coberturas de agua, drenaje y tratamiento. Se llevará a cabo la revisión y rehabilitación de 115 presas con alto riesgo, se inspeccionarán 5,000 km de bordos y se realizarán las acciones correctivas correspondientes. (Compromiso 51).

Se atenderán de manera prioritaria y oportuna las sequías que afectan el norte y centro del país. Se impulsará el agua de mar como fuente de abastecimiento con plantas desalinizadoras. Para llevar a cabo todo lo anterior se impulsará la aprobación de la nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformar la Ley de Aguas Nacionales. (Compromiso 52).

Muy bien en aprovechar el agua de lluvia. Muy atractivo impulsar la desalinización del agua de mar. Incrementar “las coberturas de agua, drenaje y tratamiento” suena re´bonito. Otra vez: ¿Quienes lo harán? A la fecha, prácticamente todas las fases principales del proceso de trabajo hídrico han sido puestas en manos de las transnacionales, tanto por el gobierno federal como los estatales y municipales.

¿Peña Nieto propone que siga la privatización furtiva del agua? El Pacto no lo explicita, como todo lo demás lo deja en el nivel general y borroso. Pero, de acuerdo a su propio “compromiso” de campaña, será a través de las corporaciones ya posesionadas de la infraestructura y funciones.

¿Acaso la pretendida nueva Ley de Agua Potable y Saneamiento, y la Ley de Aguas Nacionales serán reformadas a fondo? ¡No! porque para ello se requiere de reformas constitucionales coherentes, las que indiquen el derecho social al agua, el dominio exclusivo de la nación en la materia y la prohibición para otorgar concesiones y contratos. Nada de eso pretende Peña.

Laguna de Zapotlán, Jal.

Se impulsará una reforma energética que convierta a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor.

Este rollo es demagógico y tramposo para imponer compulsivamente la regresión. De acuerdo a sus propios “compromisos”, Peña y partidos políticos quieren traicionar a México. Sí, porque Peña propone la privatización furtiva de Pemex y de la CFE. ¿Cómo plantea el crecimiento económico? “A través de la atracción de inversión” ¿Qué inversión? Privada, por supuesto. ¿Quiénes la harán? Las corporaciones transnacionales imperialistas.

Esa declaración, que corresponde a lo indicado constitucionalmente, es demagógica y parte del discurso de ornato de Peña y demás neoliberales.

Se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de PEMEX como empresa pública. En todos los casos, la Nación recibirá la totalidad de la producción de Hidrocarburos. (Compromiso 54).

El discurso es engañoso, por primera vez Peña dice que la propiedad es de la nación pero lo hace de manera ambigua y tramposa. Confunde “propiedad” y “control”, a través del Estado pero la propiedad es de la nación, el control es a cargo del Estado. No es lo mismo. La propiedad es de los recursos naturales energéticos y de la infraestructura física para la realización del proceso de trabajo.

¿De qué habla Peña? De Pemex “como empresa pública”. Pero Pemex no es empresa, sino que representa a la INDUSTRIA petrolera nacionalizada. Empresa e industria no son lo mismo. ¿Qué pretende Peña? Eliminar a la INDUSTRIA para convertirla en empresa y no solo fraccionar a la industria, como se viene haciendo a la fecha, sino privatizarla empezando por la intervención privada en las funciones constitucionalmente estratégicas.

Eso conduciría a eliminar las disposiciones constitucionales vigentes en la materia, para ajustar la legislación secundaria anticonstitucional a las “nuevas” disposiciones primarias.

Se realizarán las reformas necesarias, tanto en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales, como en el del sector energético y fiscal para transformar a PEMEX en una empresa pública de carácter productivo, que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial. Para ello, será necesario dotarla de las reglas de gobierno corporativo y de transparencia que se exigirían a una empresa productiva de su importancia. (Compromiso 55).

Las propuestas son explícitas. Peña y partidos anuncian las “reformas necesarias”. ¿Cuáles? Reformas constitucionales regresivas o, al menos, la profundización de la legislación secundaria anticonstitucional. Peña explicita que esas reformas serán “en el ámbito de la regulación de entidades paraestatales” del sector energético. La “regulación” para los neoliberales es sinónimo de privatización, fea palabra que les disgusta y la sustituyen por un eufemismo al que llaman “regulación”.

Peña insiste en transformar a la industria en empresa y agrega “de carácter productivo”. ¿Acaso Pemex no tiene esa carácter, si para eso hubo en 1938 una expropiación petrolera, como en 1960 una nacionalización eléctrica?

Contradiciéndose y, al mismo, tiempo reiterando sus falsas concepciones Peña plantea que PEMEX “se conserve como propiedad del Estado”. Una vez más reiteramos que Pemex NO es propiedad del Estado sino de la nación, que no es lo mismo.

Se ampliará la capacidad de ejecución de la industria de exploración y producción de hidrocarburos mediante una reforma energética para maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano. (Compromiso 56).

Esa contra-reforma energética, dicen Peña y Videgaray, será para “maximizar la renta petrolera para el Estado mexicano”. ¿Qué quieren decir? ¿Acaso las transnacionales harán gratuitamente el trabajo? ¡No, lo primero que harán será, precisamente, apropiarse de parte de la renta petrolera, como lo hacen en todas partes del mundo.

¿Quiénes harán la exploración y producción de hidrocarburos? Las transnacionales petroleras, las más voraces y de rapiña. Eso, actualmente está prohibido constitucionalmente. Lo que pretenden hacer Peña y Videgaray es terminar con el dominio de la nación en la materia y entregar los recursos naturales, funciones estratégicas y patrimonio colectivo al capital extranjero y socios menores de la burguesía nacional.

Se realizarán las reformas necesarias para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, sin privatizar las instalaciones de PEMEX. (Compromiso 57).

Ese “entorno de competencia” en los procesos de refinación del petróleo crudo, petroquímica y transporte de hidrocarburos es, ni más ni menos, que la privatización de la refinación y de la petroquímica, incluyendo el transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos.

¿Quiénes serán los competidores de Pemex? Las transnacionales.

La refinación del petróleo crudo y la petroquímica son fases fundamentales del proceso de trabajo petrolero y constituyen funciones constitucionalmente estratégicas. Si Peña pretende su privatización, terminará con la INDUSTRIA para fraccionarla en varias empresas, de las cuales Pemex sería solamente una, encargada de las funciones mínimas SIN operación.

Peña y Videgaray dicen pomposamente que la privatización se hará “sin privatizar las instalaciones de Pemex”.

Esos “expertos” que no lo son, pues no conocen a la industria petrolera ni jamás han trabajado en ésta, creen que están descubriendo el agua tibia y se ufanan en engañar a la nación. Privatización no es solamente vender las instalaciones, “los fierritos” como dicen los priístas. No, las instalaciones actuales no interesan a ninguna transnacional.

O, ¿hay alguna transnacional interesada en las instalaciones de alguna de las actuales 6 refinerías, cuando todas han rebasado su vida útil de 30 años, Cadereyta la más “nueva” lleva casi 34 años de operación. ¿Pemex posee algún complejo petroquímico si los que construyó ya los privatizó? ¿Acaso Pemex dispone de plataformas marinas propias?

No, las transnacionales no quieren instalaciones obsoletas, listas para el costoso desmantelamiento a cargo de Pemex, lo que pretenden y Peña les entregará son las funciones constitucionales estratégicas, mismas que realizarán con infraestructura industrial propia de su exclusiva propiedad privada. Así lo hacen ya las transnacionales eléctricas que generan inconstitucionalmente para la CFE.

Se reformarán las leyes reglamentarias para ampliar las facultades y fortalecer al Órgano Regulador, es decir, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, e incluir obligaciones que permitan someter a PEMEX a las exigencias de eficiencia y transparencia que enfrentan las empresas petroleras del mundo. (Compromiso 58).

Apenas en 2008 se creo a la CNH pero Peña, en consonancia con sus planes privatizadores, anuncia la ampliación de facultades a esa Comisión para “someter a Pemex” no a la eficiencia y la transparencia sino al servicio de las transnacionales.

Se convertirá a PEMEX en el motor de promoción de una cadena de proveedores nacionales y se reforzará su papel en la producción nacional de fertilizantes. (Compromiso 59).

Eso es, luego de concluir la destrucción de la industria petrolera nacionalizada, el papel que Peña le reserva a la “empresa” Pemex será la de promotora “de una cadena de proveedores nacionales” y extranjeros. ¿Cómo reforzará su papel en la producción de fertilizantes si hace tiempo dejó de hacerlo y ahora se propone privatizar totalmente a la industria petroquímica?

Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía. (Compromiso 60).

Esa es demagogia. ¿Cómo será esa “lucha contra el cambio climático” si la producción, excesiva y voraz, de hidrocarburos será puesta en manos de las transnacionales? A estas lo que menos importa es el clima, al que alteran artificialmente produciendo nefastas consecuencias para la vida en el planeta.

¿Desarrollo de energías renovables? ¿Qué desarrollo será ése en manos de transnacionales? El “desarrollo” basado en la depredación de los recursos naturales y el medio ambiente. ¿Ahorro de energía? ¿Quiénes lo harán? Los industriales privados que son quienes más consumen y dilapidan energía, principalmente la proveniente del carbón, petróleo y gas natural, los mayores contaminantes de la atmósfera, la tierra y el mar?

¿Quienes dirigirán esa “política”? Un mozalbete neófito, ignorante de la industria petrolera, donde jamás ha trabajado y ni idea tiene? ¿Un político de medio pelo encargado de la cabeza del sector? ¿Un burócrata quemado encargado de la industria eléctrica nacionalizada?

Refinería de Salamanca FOTO: A. Domínguez

2.6. Transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable.

Los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas en donde ésta se establece. Para ello se acordará lo siguiente:

Peña propone que las transnacionales mineras sigan apoderándose del territorio nacional y lo destruyan. A cambio sugiere “incluir a los habitantes” de las zonas mineras. Es decir, sugiere que las corporaciones otorguen migajas a los habitantes a cambio de continuar saqueando los recursos minerales de la nación.

Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.

Se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector. (Compromiso 61).

No, primero se necesitan cambios constitucionales para establecer el dominio de la nación sobre sus recursos minerales. Actualmente, la Constitución permite la concesión privada de esos recursos. Eso no es correcto. La nueva ley reglamentaría debe ser coherente y congruente estableciendo que en esa materia no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares.

Pedirle a las transnacionales que se porten bien es algo iluso e indignante. Eso no interesa a ninguna transnacional, por eso es que actualmente arrasan con el territorio, recursos naturales y poblaciones enteras.

Prohibir la explotación minera del carbón, a través de los “pocitos” es correcto pero debe ser definitiva. Peña engaña a los demás y la restricción que pone es inútil. Dice “en tanto no se garantice plena seguridad” a los mineros, mismos que están en la indefensión patronal, debido a la esclavitud impuesta por el gobierno, patrones y charros sindicales.

Con esas medidas tan tibias, bastará un acuerdo debajo de la mesa con los narcos y la infame operación seguirá como hasta ahora, en la impunidad total. Actualmente hay más de 27 mil concesiones mineras, que comprometen a una amplia extensión del territorio nacional, y el Estado solo mira desde lejos y en silencio, no tiene manera siquiera de inspeccionar las minas.

¡Fuera transnacionales mineras!

Los “expertos” de Peña olvidaron referirse explícitamente a la industria eléctrica nacionalizada representada por la CFE. En sus “compromisos” de campaña Peña fue claro al plantear la privatización de la CFE.

A la fecha, el 52% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional ya está en manos de transnacionales, filiales y prestanombres, mediante ilegales permisos otorgados a discreción por la oficina del Banco Mundial en México: la Comisión Reguladora de Energía.

¿Acaso fue un olvido? No, probablemente los “gabinetes” no han terminado de decidir como “descuartizar” a la industria eléctrica nacionalizada. Pero, entre tanto, ya los partidos políticos firmaron apoyar las reformas legales, antes de que se conozcan en detalle las respectivas iniciativas. Pronto se conocerán las propuestas y todas serán antinacionales.

La firma del Pacto es un cheque en blanco entregado por los partidos políticos al muñeco de trapo de los organismos financieros del imperialismo.

El FTE reitera que el Pacto, en materia energética, es contra México y estamos en total y absoluto desacuerdo.

Peña simula guardar las formas engañando a la nación. El Pacto es para desnacionalizar a México en materia de energía, agua, minería, ferrocarriles y telecomunicaciones, todas actividades estratégicas. Peña y partidos políticos no están preocupados por la paz social, ni el desarrollo nacional, su interés es favorecer la acumulación voraz de capital transnacional.

Seria amenaza contra la industria eléctrica nacionalizada por la política privatizadora de Peña Nieto. Ya está privatizada el 52% de la generación; el Banco Mundial ordenó en 1995 que sea el 100%. ¿Van también por la distribución eléctrica? Debiendo existir solo una industria, ya hay casi 700 empresas eléctricas, ¿Quieren que sean miles? Ese escenario ominoso sería peor que el previo a la nacionalización.

Frente de Trabajadores de la Energía,
de México