La iniciativa de Peña Nieto ya fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales. Ahora, abogados y sindicatos promueven amparos. Serán más de 1 millón, dicen. La medida es insuficiente y limitada.

Marcha en la capital

Retomar y superar la experiencia de los amparos contra la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2007 es uno de los propósitos que persiguen sindicatos, grupos sociales, abogados democráticos, juristas y académicos que impulsan solicitar los amparos contra la reforma laboral, aseguró Eduardo Miranda Esquivel, uno de los litigantes e integrante del actual grupo de promotores de los recursos de garantías (Gómez C., en La Jornada, p.33, 13 ene 2013).

Indicó que aunque se busca cancelar la reforma laboral, también pueden tenerse ciertos avances, tal como ocurrió con los amparos contra la Ley del ISSSTE.

Manuel Fuentes, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) e integrante del grupo de litigantes que promueven los amparos coincidió con el hecho de que al presentar las demandas en contra de la reforma se puede lograr que se declaren inconstitucionales e inconvencionales algunos artículos, porque los hay no sólo que van contra la Constitución, sino también adversan convenios internacionales signados por México.

Remarcó que con los recursos en contra de la Ley del ISSSTE también hubo logros, aunque no se consiguió anular toda la legislación y añadió que mañana lunes (14 ene) se prevé que presenten sus amparos estudiantes universitarios de la UAM, IPN y de la UNAM que consideran que con estas modificaciones se atenta contra la estabilidad en el empleo y se abona a la precariedad salarial.

También interpondrán recursos trabajadores de diversas secretarías, entre ellas de la Sagarpa y la Reforma Agraria, pues aunque se encuentran en el Apartado B, también serán afectados por la reforma porque el artículo 11 de la ley señala que la Ley Federal del Trabajo puede aplicarse de manera supletoria en materia de salarios caídos y de contratos temporales.

En conferencia de prensa aparte, Antonio Vital, dirigente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, aseguró que ya se ha rebasado el millón de amparos.

Como se desprende de la información periodística, los actores son los mismos, el guión es el mismo, la “política” es la misma, ¿qué ha cambiado?

Los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuyo sindicato rebasa el millón de agremiados anunció que se amparará contra la reforma laboral, aún cuando el SNTE es un sindicato sujeto al Apartado B del artículo 123 constitucional y la reforma se aplicará a los trabajadores sujetos al Apartado A.

Al vencerse el plazo legal para que se inconformen los afectados por las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, el SNTE y la agrupación de profesores disidentes presentarán más de un millón 100 mil amparos en contra de la reforma laboral (Avilés K., en La Jornada, p.13, 14 ene 2013).

Fuentes de la cúpula sindical revelaron que se habían contabilizado más de un millón de maestros que interpondrán ese recurso. Mientras que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) estimó que alrededor de 100 mil docentes recurrirán a esta vía jurídica.

En el caso del SNTE, estos recursos jurídicos estarán encabezados por los secretarios generales de las 55 secciones. Incluso, hay versiones de que los integrantes del comité ejecutivo nacional e, incluso Elba Esther, aunque eso estaría por verse.

En las diferentes sedes seccionales en la capital del país, se observaron largas filas de docentes que fueron a entregar las siete copias de su credencial de elector, igual número de copias de su talón de pago para que hoy (14 de enero) a las tres de la tarde y de manera simultánea en todo el país, interpongan este recurso jurídico ante los juzgados de distrito en materia laboral. Fuentes del sindicato sugirieron que el mismo procedimiento podrían realizarlo contra la reforma educativa, una vez que ésta se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Al consultar a los educadores que se encontraban en las filas, se constató que existe una total confusión, ya que muchos expresaron que esta medida es contra la reforma educativa.

El líder del magisterio democrático de la sección 9, en la capital del país, Francisco Bravo, informó que la CNTE estima interponer 100 mil amparos como mínimo, y aclaró que esto sólo corresponde a los maestros de Oaxaca, zona metropolitana de la ciudad de México y Michoacán.

Se informó que los profesores disidentes de 12 entidades, entre ellas Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla, estado de México y Distrito Federal saldrán en marcha del Zócalo hacia los tribunales de San Lázaro, donde efectuarán un mitin y comenzará la entrega de estos recursos a lo largo del día y hasta las 12 de la noche del 15 de enero en que vencería el plazo.

Tan sólo de Oaxaca se esperaba que 76 mil docentes recurran a esta medida, por lo que el número total de demandantes por parte de la CNTE puede rebasará los 100 mil.

En las secciones 9, 10 y 11 de la parte institucional del sindicato, algunos representantes sindicales llevaron por paquete la documentación y decenas de listas con las firmas de sus compañeros. Otros se presentaron a título personal. Jaime León Navarrete señaló que cerca de 7 mil maestros de la sección 10 se habían sumado a este recurso.

Los tribunales laborales en México a veces responden más a cuestiones políticas e intereses ajenos a su naturaleza y no se apegan a la ley, violando los derechos de los trabajadores, señalaron abogados que participaron en la elaboración del amparo contra la reforma laboral, al ser cuestionados sobre si estos amparos no correrán la misma suerte que los que se interpusieron contra la nueva Ley del ISSSTE y no prosperaron (Muñoz P., en La Jornada, p.14, 14 ene 2013).

Respondieron que algunos tribunales han hecho un lamentable papel en muchas de las demandas y juicios laborales, de manera que tienen ojos ciegos y oídos sordos a los reclamos obreros, por lo que el destino legal de los amparos y otros recursos no lo determina el que estén o no bien fundamentados, ni siquiera la cantidad de personas o trabajadores que los interponen, si no otros intereses que no tienen nada que ver con el derecho o las órdenes que reciben del gobierno para acallar algunos reclamos.

Del destino que espera en tribunales a los cientos de miles de amparos interpuestos contra la reforma, el abogado Manuel Fuentes Muñiz puntualizó que el caso es diferente de la Ley del ISSSTE, porque ahora la argumentación se basa en jurisprudencias de la Corte en materia de violaciones a los derechos humanos laborales; así como en el desconocimiento y violación de más de 30 tratados y acuerdos internacionales firmados por México.

Incluso se tiene previsto llevar este litigio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y para ello tienen un plazo de seis meses, si los tribunales internos no dan una respuesta favorable a estos amparos. El proceso podría llegar hasta la CIDH, explicó Fuentes Muñiz, de la ANAD.

También explicó que en estos amparos vamos por cosas específicas, es decir, se busca echar abajo modificaciones a ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo, que violan los derechos humanos laborales a la estabilidad, al salario digno y otras, que se consideran inconstitucionales.

Los jueces federales que analizan las miles de demandas de amparo contra la reforma a la ley laboral prevén aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desechar la mayoría de las impugnaciones hechas por los quejosos, fundamentalmente con el argumento de que dicha modificación sólo afectará a los trabajadores que interpusieron sus demandas de garantías hasta que les sean aplicados los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en situaciones concretas, revelaron fuentes judiciales (Méndez A., en La Jornada, p.45, 16 ene 2013).

Desde la semana pasada el Poder Judicial Federal ha recibido miles de demandas de amparo contra la reforma laboral, en las cuales se impugnan básicamente alrededor de 50 de los más de 200 artículos de la LFT que fueron modificados, agregados o derogados de una norma que tenía más de 30 años sin ser cambiada.

Un funcionario judicial reveló a La Jornada que existe jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte que establece la improcedencia del amparo cuando se alegan cuestiones de constitucionalidad que no han tenido aplicación directa en casos concretos.

De acuerdo con ese criterio de la SCJN, en el juicio de amparo sólo procede el análisis de la constitucionalidad de cualquier reforma a leyes o códigos cuando sus actos de aplicación han tenido consecuencias en la vida jurídica de alguna persona.

Si los jueces que revisan las miles de demandas de amparo contra la reforma laboral adoptan ese criterio de la segunda sala de la SCJN, lo más probable es que los juicios no prosperen, amén de que las demandas quedarían sobreseídas.

Si eso sucede, los miles de trabajadores que buscaron el recurso legal deberán esperar a verse afectados en sus intereses y derechos laborales (colectivos o particulares) para que puedan tener elementos de prueba que les permitan litigar en tribunales para demostrar la posible inconstitucionalidad de las reformas.

Desde la semana pasada al menos 10 jueces federales en tres estados del país se negaron a suspender provisionalmente la aplicación de las reformas a la LFT, impugnadas por decenas de sindicatos y miles de trabajadores.

Cinco jueces de distrito en materia de trabajo con sede en la ciudad de México, cuatro en Guadalajara y uno más en Cuernavaca han rechazado la petición de los quejosos, de suspender los efectos y consecuencias de la reforma mientras se tramitan los juicios, informaron fuentes judiciales.

Los jueces han argumentado que la modificación, publicada el 30 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, es un hecho consumado, amén de que lo más frecuente es que se niegue la suspensión en litigios en los que sólo se impugna una ley por su entrada en vigor.

Los amparos serán concentrados en los juzgados primero y segundo auxiliares en el Distrito Federal, que en el pasado han lidiado con litigios masivos, como el de la Ley del ISSSTE en 2007.

El FTE de México ha sostenido que en México el derecho de amparo NO existe. Recientemente lo vimos con motivo de la ley del ISSSTE. Es muy probable que lo volvamos a ver, ahora con la reforma laboral y, luego, con la educativa.

Recurrir al amparo es un recurso válido pero muy limitado, no solamente porque el Estado no lo respeta sino porque es una medida pasiva que no contribuye a la organización ni a la movilización del movimiento, ni a su educación. Todo queda en manos de abogados que litigarán el procedimiento sin poder superar las imposiciones estatales.

Los amparos podrían funcionar mejor si se acompañan por un programa de lucha que implique vertebrar un movimiento de alcance nacional. Eso NO se ha hecho, la reforma pasó casi sin protesta. Ahora, la lucha que se anuncia NO la hará el SNTE. Las fuerzas de la CNTE no son suficientes, otros sindicatos ni siquiera han reaccionado o lo han hecho solo a través de sus abogados.

La suspensión provisional a los amparos no se otorgará, contrariamente a lo que dice el abogado Héctor Barba, y la suspensión definitiva tampoco. Los juzgados encargados de revisar los amparos los negarán pero, además, ratificarán a la reforma laboral ya aprobada. ¿Eso quieren los amparistas?

Todo lo que no se hizo antes está por hacerse y no son precisamente amparos.


Fuente: 2013, elektron 13 (16) 1-4, 16 de enero de 2013, FTE de México.

Marcha de maestros de la CNTE en la capital mexicana