21 Foro de Energía
DECLARACIÓN FINAL

Este 52 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica de México constatamos una de las ofensivas más descarnadas, del neoliberalismo y sus gobiernos en turno, en contra de los trabajadores y de la nación.

Los sucesivos gobiernos están destruyendo sistemáticamente el patrimonio energético colectivo. En esta materia está rota la legalidad constitucional. Lo que caracteriza a la política oficial es el regreso a cien años atrás.

La industria petrolera, representada por Pemex, y la eléctrica, representada por la CFE cada día son menos nuestras sujetas a severos procesos de privatización furtiva.

En 1992, 1995 y 1996 se iniciaron estos procesos con reformas regresivas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VI y el Anexo 602.3 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

En 2008, todos los partidos políticos aprobaron una contra-reforma energética que avaló las reformas regresivas previas y, más aún, generalizó la privatización de todas las fuentes renovables y no renovables de energía.

Hoy el panorama en el sector es devastador. Mediante 665 permisos privados de generación, la Comisión Reguladora de Energía ha privatizado el 52% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional y el proceso sigue incontenible. Otro tanto existe en materia de gas natural y gas LP.

En el caso petrolero, Pemex está abandonando sus funciones constitucionalmente estratégicas. Ya se otorgaron los primeros contratos de servicios integrales en Exploración y Producción de hidrocarburos, en las regiones norte y sureste del país, y se preparan los siguientes en el paleocanal de Chicontepec para continuar en las aguas del Golfo de México.

Con la pretensión de mantener y aumentar las plataformas de producción y exportación de petróleo crudo, se auspicia una mayor privatización. La política antinacional en la materia ha llevado a la administración en turno a financiar, mediante la compra de acciones, contratos e inversiones a transnacionales españolas, y la contratación de deuda en paraísos fiscales.

La privatización de la energía se extiende al agua, el viento, el biogas y la radiación solar, mediante inconstitucionales permisos privados de generación en los cuales participan ya varios municipios, gobiernos de los estados e instituciones públicas.

A la privatización energética se suma la del abastecimiento y suministro del agua potable y la minería de todos los recursos metálicos y no metálicos, siendo en este caso ya 27 mil concesiones privadas.

Por si fuera poco, en estos momentos está a punto de imponerse, por los poderes ejecutivo y legislativo, una reforma laboral tendiente a abaratar más la fuerza de trabajo sin afectar en nada a la super estructura corporativa del sindicalismo con el Estado, cuestión estratégica que constituye la mayor tragedia para los trabajadores mexicanos.

No se ha aprobado todavía esta contra-reforma laboral y ya está en marcha otra contra-reforma energética. Dentro y fuera del país, el próximo gobernante ha venido ofertando al capital la entrega de Pemex y de la CFE.

Como en ocasiones anteriores se habla de "apertura" privada y se aclara que eso "no significa privatización". Es el mismo discurso dogmático y falso que se repite hasta el desgaste. En la práctica sería una evidente privatización furtiva. Las intenciones consisten en reformar los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional, así como el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, en materia de hidrocarburos y de energía eléctrica

También existe la opción de no reformar a la Constitución sino aplicar lo indicado por el TLC con Norteamérica y volver a “reformar” la legislación secundaria para profundizar más la contra-reforma de 2008.

En el caso eléctrico, se trata de privatizar el 100% de la generación eléctrica, de acuerdo alo indicado en el Memorándum confidencial entregado por el Banco Mundial a Ernesto Zedillo en 1995.

Pero los actuales mecanismos instrumentados a través de la Comisión Reguladora de Energía no parecen satisfacerles a los privatizadores. Quieren más, esto es, la participación directa en la propiedad de la industria eléctrica nacionalizada. No les basta utilizar a su servicio las redes de transmisión y distribución eléctrica; pretenden la operación, al menos, de las redes de distribución para comercializar el servicio público no solo entre su cartera de clientes industriales sino ahora de los consumidores domésticos.

En el caso petrolero también se propone la intervención directa del capital en la propiedad de Pemex, mediante inversiones directas y contratos especiales, siendo los de producción compartida los favoritos de las transnacionales. También pretenden privatizar la refinación del petróleo crudo, la distribución, transporte y almacenamiento de productos petrolíferos y petroquímicos, así como la privatización total de la petroquímica.

Esto significaría la entrega a las transnacionales, filiales y prestanombres, del patrimonio energético colectivo de la nación. Tal pretensión es, por supuesto, inaceptable.

El gobierno entrante tiene prisa y ha anunciado que, en el despacho de neoliberales salinistas perniciosos, se preparan las respectivas iniciativas, mismas que probablemente se aborden en el presente período ordinario de sesiones, a fines de este año.

De entrada, exigimos que en un asunto tan importante los legisladores se abstengan de seguir legislando "al vapor". El pueblo de México tiene derecho a decidir sobre su propio patrimonio. Desde luego, los legisladores volverán atraicionar a la nación y simularán el debate pero no habrá tal.

En consecuencia, el FTE de México llama a los mexicanos (as) concientes a tomar iniciativas y realizar todas las acciones al alcance, para impedir la total privatización furtiva de la industria energética nacionalizada y, en su momento, revertirla mediante la re-nacionalización.